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domingo, octubre 08, 2006

Resistencia al Neoliberalismo en la Ciencia Argentina (1989-1995)

Resistencia al Neoliberalismo en la Ciencia Argentina Restricciones en el CONICET (La Prensa, 25-VIII-1989) Investigadores y docentes rechazaron distintas medidas de organización interna y restricciones presupuestarias impuestas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que funciona en la órbita del estado. Por el contrario, el secretario de Ciencia y Técnica, Raúl Matera, dijo que desde su área se pretende “mejorar sensiblemente” la situación salarial de los Investigadores del CONICET. Matera negó enfáticamente que se tenga previsto suprimir el sistema de apoyo a los investigadores universitarios. Un grupo calificado de estos últimos –entre ellos el Adjunto Eduardo Saguier—coincidieron en expresar su rechazo a “toda discrecionalidad en la composición de las Comisiones Asesoras”. Extendieron su condena a “toda restricción presupuestaria que atente contra el ingreso de nuevos científicos y la continuidad de los esfuerzos practicados por los becarios de todas las categorías”. En un documento difundido por Saguier se planteó que las anomalías en la conformación de las comisiones, “sin participación de los investigadores” fue una constante durante el gobierno anterior y aún continúa. “Las elecciones practicadas para nominar dos delegados en el Consejo Asesor de Ciencia y Técnica, donde ocho miembros son nominados por el gobierno, constituyó una parodia de elección pues violó las más elementales normas de cualquier comicio democráticamente convocado”, se indicó. Fuente: La Prensa, 25-VIII-1989 Un Premio rechazado (Página 12, 7-I-1994) El profesor titular del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Eduardo Saguier, renunció ayer al premio a la Producción Científica por la “naturaleza falaz, discrecional y regresiva del premio que viene a acentuar la humillación del cuerpo docente”. En una carta dirigida al rector Oscar Shuberoff y fechada el 5 de enero, Saguier considera que “se ha degradado la noción de lo que debe ser un premio académico, reduciéndolo a una mísera bonificación o incentivo salarial” y califica la distinción otorgada por Resolución No.4728/93 del Consejo Superior como “un soborno de campaña preelectoral, destinado a comprar la voluntad de la docencia universitaria, que creyó en la convocatoria rectoral. Saguier recuerda que oportunamente impugnó las bases y el jurado del premio sin recibir respuesta alguna de las autoridades de la Universidad, razón que lo lleva a pensar que “percibo la concesión de este premio como un intento de debilitar mi9 postura, porque de aceptarlo aparecería cambiando una actitud moral por una suma de dinero”. El profesor del Departamento de Historia fundamentó también su rechazo en que la concepción de la distinción legitima “el decreto 2427 del Poder Ejecutivo nacional denominado Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, que suplirá de ahora en mas al premio a la Producción Científica, y extiende a escala nacional los criterios impugnados, y viola la Ley Universitaria al introducir en todas las universidades el poder de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación”. Fuente: Página 12, 7-I-1994 Denuncian a la UBA y al CONICET (Ambito Financiero, 10-I-1995, p.14) Eduardo Saguier, profesor titular de Historia en la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET, publicó ayer una carta abierta al rector Oscar Shuberoff en la que denunció presuntos casos de corrupción en el CONICET, órgano en el que, según él, algunos de sus miembros estarían confabulados para distribuirse subsidios, y también oscuros manejos en la UBA. Según Saguier, muchos medios académicos del país están sumidos en una serie de hechos turbios, y entre ellos destaca –con tono de pregunta—el caso del jefe del Departamento de Historia de la UBA –profesor Tandeter—quien recibió en 1987 de manos de la Comisión de Historia del CONICET un subsidio trianual del Programa de Investigación y Desarrollo (PID), y luego, cuando pasó a formar parte de esa comisión, él mismo otorgó el PID a quien lo precedió en el cargo (profesor Romero) y que, por otra parte, había sido quien le había conferido el subsidio en su momento. Subsidios Asimismo, el profesor denunció “actos violatorios de los principios del régimen republicano de gobierno y de igualdad ante la ley” en el otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA (UBACYT) mediante “jurados secretos, designados por dicha Secretaría, y como tales no susceptibles de ser impugnados” y pidió al rector que intervenga dicha secretaría como lo hizo en el resonado caso del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE). Fuente: Ambito Financiero, 10-I-1995, p.14 EL BAYH-DOLE ACT Y SU PLAGIO Y FRAUDE EN ARGENTINA (III-2003) por Eduardo R. Saguier-Investigador Independiente del CONICET Entre las funciones de control simbólico y jurídico se destacan como claves las denominadas transferencias tecnológicas. Estas funciones no son nuevas en Argentina por cuanto remontan sus orígenes a las épocas colonial y decimonónica, cuando las transferencias tecnológicas practicadas en la industria minera fueron transferidas desde España, y las industrias frigoríficas y ferroviarias desde Inglaterra y Francia. Pero la reciente y moderna noción de transferencia tecnológica, como etapa crucial en la tendencia hacia la corporativización de las universidades, y como eufemismo fraudulento para ocultar la cesión de la investigación pública a los intereses privados, se inició en Estados Unidos en 1980 como forma de superar al Japón en la carrera tecnológica, y tuvo su origen conceptual en la aprobación por el Congreso Norteamericano de algunas enmiendas a la Ley de Patentes, conocidas como el Acta o Ley de Bayh-Dole (Public Law 96-517, patrocinada por los Senadores Birch Bayh y Robert Dole en 1980), y como el Acta de Transferencia Tecnológica Federal de 1986 (PL 99-502). Esta noción legal de transferencia tecnológica, o de concesionamiento monopólico de patentes y royalties, se operacionalizó en Estados Unidos a través de las universidades y fué aparentemente exitosa tanto en materia de producción de patentes universitarias, como en cuanto al aumento del producto bruto y el empleo de mano de obra calificada. Pero en Argentina, donde dicha Acta recién se la terminó de plagiar o mimetizar en 1995 (Ley de Educación Superior No. 24521 y el Decreto 1331/95), su traducción en Leyes y Decretos tendió aún mas que en USA a privatizar la investigación pública y a sujetarla a una estratificación geopolítica del conocimiento, acentuando así la brecha científica que separa las metrópolis imperiales con los llamados países en desarrollo y con el Tercer Mundo, e imposible de cubrir sólo con una red global de educación a distancia (Global DistEdNet), tal como hipócritamente lo perora el Banco Mundial. Esta estratificación opera no solo mediante los Portales electrónicos y las Bases de Datos, los cuales se hallan cada vez más arancelados en manos de grandes conglomerados privados multinacionales, y por ende cada vez más reservados y secretos para el acceso de las instituciones y universidades de los países periféricos, sino tambien mediante las autorestricciones impuestas por el Consenso de Washington, tales como aconteció con las investigaciones misilísticas y satelitales desarrolladas en Falda del Carmen, Córdoba (Cóndor II). Las contrataciones de transferencia tecnológica hechas a imitación de esta Ley Yanqui se originaron en Argentina en la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, Ley 23.877 de 1990, proyectada por el Diputado Nacional Jorge Rodríguez (La Pampa), aunque redactada por el físico Conrado González, y en la Ley de Educación Superior de 1995, cuyas cláusulas pertinentes habrían tenido su verdadero orígen en la Bayh-Dole Act (1980). Esta Ley 23.877 y sus Decretos son muy semejante a la Ley Básica de Ciencia y Tecnología de Colombia, así como a los Programas de Apoyo a la Competitividad Industrial y a la Calidad y Productividad en Brasil. Estas Leyes y Decretos, promulgadas en Argentina, debieron además, como aconteció en Estados Unidos, presuponer una radical descodificación de antiguas concepciones acerca del conocimiento, la investigación y la educación superior, y de sus relaciones con el poder político y la industria, que nunca fueron públicamente debatidas. Todo conocimiento --ya sea descubrimiento, invención o interpretación-- debe de acuerdo con esta Ley superar la tradicional concepción de la propiedad intelectual, que en las universidades consistía en compartir la propiedad de las mismas en forma común o colegiada y abierta. Por el contrario, a partir de estas Leyes y Decretos dichos conocimientos innovadores deben devenir propiedad individual y secreta, susceptibles de ser registrados, patentados y comercializados, es decir capaces de ser comprados y vendidos y por ende concesionados al mejor postor privado. Y la sede de toda educación superior, debe dejar de ser una "torre de marfil", de reflexión pública e independiente, y debe constituirse en una suerte de corporación capitalista moderna. Pero para poner en funcionamiento dicha Ley de Fomento y Transferencia Tecnológica, se necesitaba reglamentarla mediante un Decreto del PEN. La inescrupulosidad y urgencia de quienes reglamentaron dicha Ley, mediante el Decreto no.508 del 26 de marzo de 1992, llegó a estimular la corrupción y las prácticas perversas otorgando incentivos promocionales a personas jurídicas procesadas y condenadas por delitos dolosos así como a personas físicas exoneradas de la Administración Pública. Estas circunstancias-- que si bien son reconocidas en los considerandos del nuevo Decreto de 1995-- no son en ella debidamente detalladas y documentadas, ni siquiera en apéndices. Por ello, cuando en 1995 se concretan las perspectivas de lograr un préstamo del BID y del Banco Mundial para las universidades, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se vió precisado a elaborar un nuevo Decreto, el no. 1331/95, modificatorio de dicha Ley 23.877, y a colocar en las áreas respectivas al nuevo personal gerenciador capaz de llevarlas a cabo a toda marcha y sin escrúpulos. En este aparente nuevo Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para codificar su verdadero caballo de Troya, consistente en una institución plagiada del Bayh-Dole Act de 1980, que establece en su art.1o, inc.a, que "...podrán ser beneficiarios de los incentivos promocionales las mismas Universidades Nacionales". A su vez, este furtivo y subrepticio inciso se amparaba taimadamente en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc. e) de la Ley 24.521 de Educación Superior, que incentivaba a las mismas Universidades Nacionales para que constituyan "...personas jurídicas de derecho público o privado", o participen en dichas personas jurídicas "...no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877". Las sucesivas reglamentaciones de dicha Ley, en 1992 y 1995, pusieron a las Universidades Nacionales a merced de una red de funcionarios aventureros interesados en bastardearlas y lucrar con las mismas. En otras palabras, el estado nacional, que crónicamente se había desinteresado de la suerte de las Universidades Nacionales, limitándose a fundarlas como fruto de negociaciones políticas y a dejarlas libradas a la buena de Dios, súbitamente cuando se encontró con los fondos del Banco Mundial se entró a interesar por ellas, para lo cual ideó este último Decreto reglamentario, que vino a acicatear o extorsionar a las Universidades Nacionales para que se corrompieran, o mas bien se prostituyeran, con la cuasi certeza de que por ser autónomas y autárquicas estarían más cubiertas de la persecución de la justicia. No obstante este preciso Decreto, también se dictaron otros Decretos mas y Ordenanzas específicas para incentivar la adopción de la transferencia tecnológica, que dieron nacimiento --a posteriori del Pacto de Olivos (1994)-- a nuevas instituciones, tales como el Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (FOMEC), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), el Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y con cuyos respectivos Comités de Pares pudieron luego incurrir sin sobresalto alguno en reiterados prevaricatos e irregularidades de toda laya. Instituciones como la transferencia tecnológica del Bayh-Dole Act, las practicas de la confidencialidad en las funciones evaluativas, y la acreditación de instituciones y programas académicos, y otras como el voucher y la escuela charter, que en Argentina no alcanzaron a concretarse, tan utilizadas y criticadas en el país del Norte, son manipuladas en países como los nuestros de una manera soez y obscena, y habrían venido a feudalizar y a legalizar la privatización de espacios públicos indelegables e intransferibles, tales como las Universidades Nacionales, sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico, corporativo y financiero. Las políticas de filantropía corporativa y las estrategias fiscales que promueven el mecenazgo en las instituciones científicas, incluídas las universidades, mediante donaciones y créditos impositivos tendría mucho que ver con la apropiación privada del mundo académico por parte del poder corporativo y financiero, lo cual vendría a agudizar aún mas la estratificación geopolítica de la investigación científica. Estas actividades filantrópicas y crediticias, para beneficio de una supuesta transferencia tecnológica, habrían devenido así en prácticas que fueron desinformadoras de la opinión pública, corruptoras de las actividades legislativas y administrativas asi como corruptora de una nutrida minoría de la planta de Investigadores del CONICET, y discriminatorias para con aquellos Investigadores que amén de la investigación ejercen complementariamente la docencia en establecimientos públicos. Todo esto ha derivado en un cuadro de especulación cultural y científica al privatizar la investigación pública mediante contratos, transferencias y peajes, y sembrar las universidades con un ambiente de lucro y de un sálvese quien pueda que ha acentuado el clima de desolación y estrago moral y espiritual existentes. Fuente: Pol-Cien-III-2003) Porto-Salonia o Jano Bifronte (VI-2003) A propósito de aquellos que han depositado efusivas expectativas en las designaciones producidas en el ámbito educativo, es nuestra responsabilidad advertir que los verdaderos cambios no son los que consisten en nombramientos de personas, por mas idóneas y honestas que estas fueren, sino aquellos otros que generan en la estructura del estado transformaciones de fondo de tal envergadura, que renueven viejas instituciones o en su defecto impulsen otras nuevas, que reparen las injusticias del pasado y hagan imposible el retorno de sus fantasmas. Es en ese sentido, que nada sirve poner en comisión a un centenar de jueces, médicos y docentes, o dar de baja a un centenar de generales, si aquellos nuevos jueces, médicos, docentes y generales, que los habrán de reemplazar, arrastran consigo los mismos o peores vicios y taras estructurales que sus predecesores; ¿cómo hacer entonces para atacar las causas profundas que generan dichos vicios y taras, que permanentemente corroen las filas de nuestros graduados universitarios y de nuestros eventuales integrantes de la burocracia estatal? Primero que nada, habrá que localizar, cual un médico clínico, donde y en que espacios residen los focos infecciosos que crónicamente reproducen la hidra de la degradación. Un primer diagnóstico nos indicaría que dichos focos residen en las Asociaciones Profesionales o Colegios de Graduados, espacios donde los aspirantes a cubrir las vacantes de la administración pública se agremian, y donde dirimen electoralmente sus permanentes luchas por viejos y nuevos espacios o polos de poder. Se dirá entonces que nuestro drama institucional se resolvería interviniendo a dichos organismos para oxigenarlos de forma tal que dando baraja nuevamente sería posible lograr los cambios anhelados. Sin embargo, la experiencia nos recuerda la frustración que significó esta estrategia, pues los cuadros que vinieron a reemplazar a los antiguos reprodujeron las mismas lacras y que incluso las agravaron. Acudiendo nuevamente a la metáfora clínica, en un segundo diagnóstico, este nos revelaría que la madre del borrego está en los contenidos de la educación y en sus estructuras de poder y no en el recambio personal o generacional, es decir en la formación ética, humanística y científica que reciben nuestros graduados, en las expectativas vocacionales que dicha formación les pueda inspirar, y en la estructuración de sus diferentes poderes académicos. Ahora bien, ¿dónde se forman nuestros jueces, nuestros médicos, nuestros educadores, y nuestros militares? Nos contestarán que se forman en universidades y establecimientos especiales, sin vinculación institucional alguna entre sí, y que los mismos son provistos con dotaciones docentes reclutadas corporativamente. Pues bien, en esta sincera respuesta se halla el meollo de la cuestión. La educación de la intelligentzia argentina está en manos de una elite elegida corporativamente, donde las asociaciones gremiales, el Episcopado Argentino, las Academias Nacionales, las Cámaras del Congreso Nacional, y un internismo feroz y endogámico, son los que cortan el bacalao. Pruebas al canto. La universidad pública argentina está regida, en su diagrama de poder, por un cogobierno cuyo estamento docente está integrado por aquellos profesores regularizados mediante concursos de oposición y antecedentes, evaluados por Jurados cuya selección y comportamiento carece de supervisión o control ministerial alguno, y está representada exterior e institucionalmente por sus Rectores. Dichos Rectores se hallan a su vez agrupados corporativamente y en igualdad de condiciones y prerrogativas (asimetría institucional entre universidades cuyas matrículas son absolutamente desiguales) en una institución de segundo grado denominada Consejo Inter-universitario Nacional (CIN), la cual tiene su sede central en la Academia Nacional de Educación, sita en Pacheco de Melo 2084, de esta Capital, lugar donde se celebran sus Plenarios de Rectores, y desde donde opera su Comité Ejecutivo y sus Comisiones Permanentes. Esta ignota y corporativa institución, nacida en 1986, fue catapultada al poder académico nacional sobre la base de acuerdos preestablecidos desde la fecha de su creación, por medio de la Ley de Educación Superior 24.521, que fue sancionada y promulgada en 1995, la cual facultó a sus autoridades, en sus artículos 47 y 72, para: a) participar en el Consejo de Universidades que preside el Ministro de Educación; b) integrar conjuntamente con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), con tres (3) representantes cada uno, y con la Academia Nacional de Educación (un representante) el Directorio de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), compuesto de doce (12) miembros; y c) emitir pública opinión acerca de numerosos items, tales como la creación y cierre de instituciones universitarias nacionales, las actividades de acreditación y evaluación de la CONEAU, y las políticas de evaluación y auto-evaluación externa de sus miembros. En cuanto a la institución anfitriona, que es la Academia Nacional de Educación --aparte de su representación en la CONEAU, conjuntamente con el CIN y la CRUP-- no nos ha sido posible visualizar otros lazos que la unan al CIN, salvo la cohabitación en un mismo inmueble propiedad del estado, y los incontables y ocultos lazos informales que los agruparían. Estas sospechas se cimentan en la identidad de su Presidente (Avelino Porto), estrechamente vinculado al empresariado universitario privado y ex Ministro Menemista, quien preside dicha Academia ininterrumpidamente desde su creación en 1984, hace casi veinte años; así como en la identidad de los miembros de su Comisión Directiva, la cual se encuentra integrada, también desde su creación, por ex ministros responsables de las sucesivas políticas que llevaron a la destrucción de la educación argentina (Antonio Salonia, Alberto Taquini, van Gelderen, etc.). La circunstancia de que tanto Porto como Salonia hubieren integrado el gabinete del primer gobierno de Menem, que fuere Salonia el responsable de haber elevado la posteriormente consagrada Ley Federal de Educación 24.195 de 1993, y que su colega en el gabinete renunciara al mismo apenas Salonia lograra su objetivo legislativo, nos revelan su muy estrecha vinculación e intereses, que nada tienen que ver con la ciencia educativa, a la que supuestamente la Academia Nacional de Educación está consagrada y debe servir. Las preguntas finales a formular serían entonces ¿es posible admitir que un organismo con facultades electoras, que tiene la atribución de elegir representantes ante otros niveles y organismos del estado, como es el caso de la Academia Nacional de Educación que escoge su propio delegado en el Directorio de la CONEAU, tenga por Presidente y miembros de su Comisión Directiva las mismas personas que vienen operando desde hace casí dos décadas? ¿es posible que estos organismos del estado, como las Academias Nacionales, convivan con los representantes de las Universidades Nacionales y paralelamente cuenten con autoridades cuasi-vitalicias, malversen sus funciones puramente académicas, padezcan de una vida enteramente endogámica, y carezcan del más mínimo control democrático por parte del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo? ¿No estaríamos en el caso de la Academia Nacional de Educación --por ser su Presidente el Rector y propietario de la Universidad de Belgrano, y por consiguiente uno de los miembros plenos del CRUP-- frente a una suerte de Jano Bifronte, que estaría incurriendo en la inmoral falta de imparcialidad de ser y haber sido simultáneamente juez y parte interesada en el accionar procesal del mismo organismo invalidando así de nulidad absoluta sus actos y resoluciones? ¿No tendría el actual Ministro de Educación del gobierno de Kirchner la obligación de denunciar la representación de la Academia Nacional de Educación frente a la CONEAU? Cordialmente, Eduardo R. Saguier e-mail: saguiere@ssdnet.com.ar Observatorio Científico o Comisariato Político en Argentina Buenos Aires, miércoles 28 de abril de 2004 Sr. Presidente de la República Dr. Néstor C. Kirchner Dirección de Documentación Presidencial Balcarce 24 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1062) Ref.: Observatorio Científico o Comisariato Político. De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a Vd. con el propósito de poner en su conocimiento que el sistema científico argentino no para de sufrir agravios y expropiaciones de toda laya. Pareciera ser que estamos condenados a ser rehenes de cuanto aventurero u oportunista ande lucrando en las arenas presupuestarias de las burocracias nacional e internacional. Hace sólo un par de meses, en febrero de 2004, el recientemente creado Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SeCyT), del Ministerio de Educación; formalizó su incorporación en la red global como miembro afiliado del Observatorio Científico Tecnológico de la Unión Europea. El objetivo de estos Observatorios es el de recopilar información-base para ser catalogada, compilada, analizada y convertida en indicadores para que sean empleados en diferentes análisis y mecanismos de toma de decisiones. Sin embargo, en el caso Argentino, esta toma de decisiones pareciera asimilarse mas a una planificación autoritaria de un comisariato absolutista que a una planificación democrática, si nos hemos de atener a las declaraciones y a los mecanismos de acumulación informativa y de designación de las autoridades del ramo. En efecto, esta incorporación supone una cesión gratuita de nuestra información científico-tecnológica, que sumado a nuestro enfeudamiento de los recursos energéticos y comunicacionales al reino de España hace de nuestro país una de las naciones más vulnerables del planeta. Más aún, el actual Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio Abel del Bono --a quien he cuestionado recientemente por su carencia de idoneidad moral-- manifestó el 17 de abril ppdo. en Página 12, en un objetado reportaje que actualmente figura en la portada de la SECYT en Internet, que el propósito de su gestión es el de "integrar el sistema científico con objetivos, estrategias, acciones y prioridades comunes". Las dudas que ha despertado este emprendimiento oficial y estas declaraciones son numerosas y fundadas, tal como le manifesté a Vd. últimamente en el mensaje titulado Autoritarismo en la Ciencia Argentina (Del Bono-2004). En principio, entendemos que dejar librada la planificación del sistema científico-tecnológico de un país profundamente dependiente a merced del comportamiento de meros indicadores cuantitativos, cuando menos merece el calificativo de ingenua y también el de profundamente sospechosa. Los sistemas científico-tecnológicos de los países avanzados, por estar dotados de altos grados de transparencia en los procedimientos, participación democrática y competitividad y excelencia científica, su performance puede ser exitosamente medida por indicadores cuantitativos. Pero en aquellos otros países de la periferia, donde en sus sistemas de ciencia y técnica prevalecen todo tipo de patologías, intentar medir su performance mediante dichos indicadores cuantitativos llevaría directamente al fracaso más rotundo, debido a la carencia de fiabilidad, credibilidad y confiabilidad de dichos números. En este tipo de sistemas, gangrenado por una creciente corrupción académica, se impone una cirugía mayor que instaure definitivamente estructuras institucionales y standards de conducta equivalentes con los que nos rigieran en nuestros orígenes como república independiente y democrática y con los vigentes en los países centrales. En segundo lugar, las designaciones de los responsables de aquellos emprendimientos que cuentan con financiación internacional suelen recaer siempre en los mismos personajes, aún con distintos gobiernos, tal como si fueran los soldados del repertorio de Aída, siempre rodeados de una nube impenetrable, situación que expuse recientemente en un extenso artículo que me publicara electrónicamente el Archivo Analítico de Políticas Educativas, de la Arizona State University (ASU) (Saguier, 2004). Así, en este caso la Coordinación del Equipo Técnico al frente de la sede nacional de dicho Observatorio ha recaído en el Dr. Mario Albornoz, el mismo que otrora trabajara en UBACYT, en tiempos del Rector Delich; luego dirigiera el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); y fuera durante el Menemato fuertemente financiado por la gestión del Secretario de Ciencia y Técnica Lic. Juan Carlos del Bello. Para comenzar, se ignora el mecanismo empleado para su nueva designación pues nadie fue consultado al respecto. Tampoco se conoce el método empleado para el nombramiento de los demás integrantes del Equipo Técnico (a saber: Guillermo Anlló, Rebeca Guber, Lucas Luchilo, Manuel Marí, Diego Ratto, y Leonardo Vaccarezza). Las dudas recaídas sobre el Dr. Albornoz, actual Director de REDES - Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, perteneciente al Programa del CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), obedecen a su pasado desempeño académico y a que nunca arriesgó en su larga carrera en instituciones vinculadas con la ciencia y la tecnología una sola palabra acerca de la corrupción en los medios científico-académicos y tampoco manifestó su opinión respecto a las recientes y comprometedoras declaraciones publicadas en Página 12 por el Secretario Tulio Del Bono. Ya hace cuatro (4) años, el 5 de Julio del año 2000, decíamos en la Lista de Discusión Pol-Cien, en un mensaje intitulado ¿Perdieron la Fe?, que nunca fue contestado, con relación a dicho Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que la "... información referida a los fondos recibidos [de manos de la Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica durante la gestión Del Bello] tampoco alcanzan para disipar las dudas recaídas sobre la gestión del Dr. Albornóz. Los datos cuantitativos por él brindados no citan fuente alguna, se reducen a porcentajes de una cifra total aún desconocida, correspondiente exclusivamente al año 1999, y esconden las magnitudes absolutas de los guarismos brindados y no publicados en su sitio web y que la SECYT, no brinda desagregada por institutos y/o universidades beneficiadas". Tampoco la información prestada por la página web del Instituto dirigido por el Dr. Albornoz "…ilustra acerca de los mecanismos de reclutamiento del personal docente o investigador ignorándose hasta el presente si en dicha Universidad [de Quilmes], presidida por el Rector [Julio] Villar, y en dicho Instituto dirigido por el Dr. Albornoz, se contempla la publicidad de las vacantes y los concursos públicos por oposición y antecedentes. Por ejemplo, se ignora cuál ha sido el concurso ganado en dicha Universidad por el ex Secretario.Juan Carlos Del Bello [quien figura en la nómina del Instituto dirigido por Albornóz]. Esta fiel observancia de los concursos, tan caros al mundo académico argentino, no era ni es supervisada por la Secretaría de Políticas Universitarias, ex Secretaría de Educación Superior, del Ministerio de Educación. Además, el hecho de que en el reclutamiento del personal investigador del Instituto que en el pasado dirigiera el Dr. Albornoz "...prevalezca la naturaleza político-partidaria por sobre la excelencia científica y por consiguiente la exclusión de quienes no pertenezcan a la secta o facción de marras esta corroborado por la propia curricula dada a luz en la Web, donde al menos en una decena (10) de casos se destaca notoriamente su afiliación a organismos estatales o para-estatales (Asesores de Gabinete y Consultores de Bancos, Ministerios y organismos internacionales)". Y en cuanto a la naturaleza de las líneas de investigaciones promovidas en dicho Instituto "...una pormenorizada lectura de dicha currícula revela que existe un marcado sesgo en pos de los indicadores cuantitativos en ciencia y tecnología, que es como decir la contaduría de la ciencia, esa extraña simbiosis de teología y hermetismo, que coincidentemente es la temática que mas cultiva el Dr. Albornoz, consignada en su propia curricula". Finalmente, nunca se conocieron los verdaderos motivos de las desavenencias entre el Rector Villar y el Prof. Albornoz, que derivaron en la separación de este último de la UNQ. Pero todo pareciera indicar que el incidente no obedeció a razones de principios o teorías científicas sino a meras diferencias presupuestarias. Por último, el Dr. Albornoz logró montar tienda en el CYTED, asiento desde el cual logró programar su actual, inconsulto y antidemocrático desembarco en la SECYT. En conclusión, Sr. Presidente, lo que se impone es impedir que la dirigencia política se convierta en un comisariato partidario que se inmiscuya en la tarea de fijar metas y objetivos, dictándole a los científicos lo que deben o no deben investigar, y engañando la buena fe presidencial haciéndole firmar un decreto por el cual se le exige al Conicet la entrega de su base de datos de científicos. Decíamos hace ya un lustro, en un mensaje del 30 de Noviembre de 1999, publicado en Pol-Cien, y titulado Rémoras o Supervivencias, que lo que nuestra sociedad está exigiendo a la elite política es que "...imponga en los ámbitos científico-académicos claras pautas de transparencia, honestidad, democracia y publicidad de sus actos de gobierno, de manera tal que el aparato científico-tecnológico funcione como un verdadero sistema, sin cortocircuitos, encapsulamientos ni enclaustramientos que afecten su necesario clima de libertad y de diálogo, su movilidad interna y su productividad final, y que contribuya a la disminución de la creciente brecha cualitativa que nos separa de los centros científicos mundiales". Por todo ello entendemos, Sr. Presidente, que en la cuestión del Observatorio Científico y en la selección de sus integrantes hoy se impone con la premura del caso una urgente revisión y una necesaria y respetuosa consulta democrática dirigida a todas las instituciones científicas especializadas en Ciencias de la Educación, Sociología de la Ciencia, Antropología Cultural y Psicología y Filosofía de la Ciencia, y en general a todo el público investigador del país y del CONICET. Cordialmente, Eduardo R. Saguier Investigador Independiente del CONICET e-mail: saguiere@ssdnet.com.ar Bibliografía. Barcelona, Eduardo y Julio Villalonga (1992) : Relaciones carnales, la verdadera historia de la construcción y destrucción del mísil Cóndor II (Buenos Aires : Planeta Espejo) ; Foray, Dominique y Ali Kazancigil (1999) : Science, Economics and Democracy : Selected Issues, World Conference on Science, UNESCO-ICSU (Budapest, Hungary), 26 June-1 July 1999 ; http://www.unesco.org/most/foray.htm Madani, Blanca (2000) : New Report Links Syria to 1992 Bombing of Israeli Embassy in Argentina, Middle East Intelligence Bulletin, v.2, n.3, March 2000 ; Minsky, Leonard (2000) : "Dead Souls : The Aftermath of Bayh-Dole," en White, Geoffry D. y Flannery C. Hauck ed., Campus Inc : Corporate Power in the Ivory Tower (Prometheus Books), pp. 95-105 ; http://www.calfac.org/Future/Minsky.html ; Mowery, Daniel C. ; Richard R. Nelson ; y Bhaven N. Sampat et. al. (2000) : The growth of patenting and licensing by US universities : an assessment of the effects of the Bayh-Dole act of 1980, Research Policy, v.30, n.1, 99-119 ; http://www.vannevar.gatech.edu/pdfs%20of%20publications/respolicy.pdf Noble, David (1984) : Science for Sale, in Thought and Action : The NEA Journal of Higher Education, Fall 1984, 25-39 ; http://www.nea.org/he/heta00/f00p15.pdf Santoro, Daniel (1998) : Venta de Armas : Hombres del Gobierno (Buenos Aires : Grupo Editorial Planeta) ; Soley, Lawrence C. (1995) : Leasing the Ivory Tower : The Corporate Takeover of Academia (Boston : South End Press) ; http://www1.umn.edu/urelate/kiosk/2.96text/ivory_tower.html Vessuri, Hebe M. C. (1997) : Investigación y desarrollo en la Universidad Latinoamericana, Revista Mexicana de Sociología, v.59, n.3, 131-160 ; White, Geoffry D. y Flannery C. Hauck ed. (2000) : Campus Inc : Corporate Power in the Ivory Tower (Prometheus Books) ; NOTAS 1 ver Noble, 1984 ; Minsky, 2000 ; y Foray y Kazancigil, 1999. 2 Para una estimación de los efectos cuantitativos positivos de la Bayh-Dole Act en USA, ver Mowery, Nelson y Sampat, 2000 ; 3 ver Barcelona y Villalonga, 1992 ; Santoro, 1998 ; y Madani, 2000. 4 El art. 5º. de la Ley 23.877 autoriza a las instituciones oficiales de investigación y desarrollo (eufemismo con el cual buscaron disfrazar la identificación de las Universidades Nacionales) que adhieran a dicha misma Ley a "...establecer y/o contratar unidades de vinculación [entes no estatales constituídos para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica] con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les permita una relación más ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o servicios". 5 ver Vessuri, 1997, 153. 6 Para una estimación de los efectos cualitativos negativos de la Bayh-Dole Act en Estados Unidos, ver Soley, 1995 ; White y Hauck, 2000 ; y Foray y Kazancigil, 1999. 7 ver Minsky, 2000. 8 En ese preciso sentido, la CONEAU dictó en 1998 la Ordenanza 002, por la cual en su artículo 4º. se establece que en sus Informes anuales las instituciones universitarias que buscan ser acreditadas deberán prioritariamente indicar si la institución dió inicio o no a las estrategias de producción y transferencia. 9 Sobre la apropiación del mundo académico por parte del poder corporativo, ver Soley, 1995 ; y White y Hauck, 2000.

2 Comments:

At 12/05/2006 01:26:00 p.m., Blogger PROFESOR COCCA said...

AMOS JUAN COMENIUS
PAULO FREIRE
PROFESOR EDUARDO MARCELO COCCA jpg

Titulo
El Profesor Universitario
Autor
Eduardo Marcelo Cocca
Resumen
Debemos tener en claro, si queremos una educación universitaria artesanal, amateur, o una educación en manos de verdaderos profesionales de hecho y de derecho, como corresponde y nos merecemos, y sobre todo en un país en serio, donde debe reinar por encima de todo el Estado de Derecho, al todos debemos propender para que su ejercicio, no sea una expresión de deseos, sino una realidad, a la que todos sin ninguna duda aspiramos.
Lo habitual, tanto en universidades publicas como privadas y con la anuencia de sus autoridades, los Profesores Universitarios, son solamente de hecho, detentan una carrera de grado y tanto ellos como las autoridades, consideran suficiente merito para habilitarlos como profesores, en abierta contradicción con las leyes que regulan el ejercicio de la profesión, L.E.S. Art.. 36, Código Penal, etc.
Palabras claves
Usurpación de Titulo, Profesor Universitario, Estado de Derecho
Fecha de envío
24/11/06
Fecha de recepción
24/11/06
Introducción
Desde un punto de vista estrictamente jurídico estamos frente a una flagrante violación de la ley, delitos penales incluidos, creo que no es necesario recordar que todo ciudadano tiene obligación de conocer la ley, ni que decir si se trata de letrados.
Desgraciada y alegremente tanto participes necesarios, como autoridades que nombran en estos puestos, están incursas en el delito, recordar el CP, cuando nos dice aquel que designe a alguien sin titulo suficiente, podemos cerrar los ojos o mirar para otro lado, tal como hemos hecho hasta ahora,pero después nonos quejemos de los resultados o busquemos chivos expiatorios en la escuela secundaria, cuando el verdadero problema, núcleo de esta cuestión es la universidad misma, que claro, manejada por amateurs y no verdaderos profesionales, titulados los resultados no pueden ser otros que los que se exhiben, lamentablemente.
Desarrollo
El Estado Nacional, a través del Ministerio de Educación otorga como corresponde, autorización a diferentes universidades publicas y privadas, el permiso para el post- grado de Profesor Universitario y posterior otorgamiento del titulo correspondiente, luego de cursada y aprobada la curricula especifica de la carrera.
Ahora bien, la gran mayoría de los profesionales que ejercen como docentes universitarios, salvo raras excepciones, carecen del titulo de Profesor Universitario.
El Profesor Universitario, cuando esta en clase frente al alumnado, no esta en calidad de abogado, juez, medico, ingeniero, etc., sino cumpliendo la función y desempeñando el rol de Profesor Universitario, y para lo cual y se cae de maduro que su carrera de grado no es suficiente para el ejercicio profesional como Profesor Universitario, tal como lo marca el sentido común y las regulaciones de las leyes.
Prima facie, estos profesionales, sin titulo de Profesor Universitario, estarían alcanzados por el Art.. 246.- inc.1.-Usurpación de Títulos.-del Código Penal, que dice:el que ejerciera o asumiere funciones publicas sin titulo.- Art., 247.- Según ley 24527.- Usurpación de Títulos,- Código Penal.- que dice: el que ejerciere actos propios de una profesión......, sin poseer titulo...... y luego dice: el que se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.
La ley de Educación Superior N* 24521, Art.. 36, nos dice: los docentes de todas las categorías deberán poseer titulo universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia.........,o sea que si ejercen como Profesor Universitario, tal como taxativamente lo marca la ley, deberán tener titulo de Profesor Universitario, además del titulo de la carrera de grado que lo habilita en la especialidad.
Las universidades otorgan el titulo de Profesor Titular, Asociado, Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos. Le recuerdo aunque parezca una verdad de Perogrullo, para acceder al titulo de Profesor Universitario, hay que cursar y aprobar una determinada curricula. La ley de Educación Superior, que la que norma, contiene y da marco legal a las universidades, ni aun en el párrafo referido a la autonomía universitaria, no dice en ninguna parte que estas puedan nombrar a cualquier profesional con titulo insuficiente como Profesor Universitario.
Desde el punto de vista del Derecho, supongamos que alguien que ejerce la profesión de Abogado, pero no sabe que es el Código Civil, ni quien fue Vélez Sarsfield, con toda seguridad ningún letrado aceptaría esta situación,sin embargo la mayoría de los Profesores Universitarios ( de hecho ), no saben quien fue Amos Comenius, ni que decir de su " Didáctica Magna ", o incluso mas en nuestros días, el colega Abogado y Pedagogo Paulo Freire, quizás el mas importante en la historia de la educación latinoamericana, con su celebre texto " La Pedagogía del Oprimido ".
El Profesor Universitario, tiene la obligación de conocer, perfecta y profundamente, las corrientes didácticas imperantes, para que de acuerdo con su leal saber y entender, y luego de todos los análisis pertinentes, se enrolaren en la corriente conductista, humanista, constructivista o mixta, o incluso alguna elaboración personal basada en conocimientos que los especialistas elaboraran día a día, para aquellos a los que de verdad nos importa la educación universitaria abrevemos.
Lo mismo sucede con cual es la metodología de enseñanza, que aplicaremos con el alumnado, será lineal, concéntrica o espiralada, el manejo de cualquiera de estas técnicas, debe ser algo tan habitual para el verdadero profesional, que cumple el rol de Profesor Universitario, como el hablar o escribir para cualquiera de nosotros.
Lo expuesto hasta aca, no llega a ser ni la punta del iceberg
Entonces señores de una vez `por todas a llegado el momento de ponernos los pantalones largos, y que asumamos como no puede ser de otra manera, que no se puede ejercer una profesión, ni ser un profesional de la misma sin titulo habilitarte.
Como colofón y para dejar palmariamente demostrado todo lo expuesto hasta aquí, digamos que todos los meses cobramos una limosna, a la que las universidades llaman sueldos, y las remuneraciones son en concepto de Profesor auxiliar, jtp, adjunto, asociado o titular, insisto a cualquiera de estas categorías llegaron por una varita mágica que los designo inmerecidamente contra de todas las leyes del sector incluso reitero el Código Penal, que en este caso no cumple su función preventiva como debería y todos estamos esperando el irrestricto cumplimiento de la norma
Conclusión
Seria deseable, que las autoridades competentes y dando un plazo de 24 o 36
meses, para que los actuales Profesores Universitarios de hecho, se conviertan en Profesores Universitarios de Hecho y de derecho, para orgullo propio y de toda la comunidad educativa.
Temas a debatir
Profesores Universitarios de hecho o de hecho y de Derecho
Profesores Universitarios Profesionales de la educación o amateurs de la educación universitaria
Bibliografia
Ley de Educacion Superior Nro. 24521
Codigo Penal Argentino

--
Posted by PROFESOR COCCA to PROFESOR COCCA at 11/25/2006 12:19:00 PM

 
At 4/05/2007 12:08:00 a.m., Blogger stelios the big easy guy said...

911 was an inside job. Bush and Silverstein did it themselves.
**TRUTH** and the same goes for 7/7 7 up

 

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