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lunes, octubre 09, 2006

Dictadura, Terrorismo de Estado y Neoliberalismo en la Destrucción de la Cultura Argentina (1966-2001)

Dictadura, Terrorismo de Estado y Neoliberalismo en la Destrucción de la Cultura Argentina (1966-2001) por Eduardo R. Saguier INDICE Introduccion Capítulo I- Resistencia Radical a la Dictadura en Argentina (1966-68) Capítulo II- Complicidad de la Iglesia con la Dictadura (1966-67) Capítulo III- Colaboracionismo del Mundo Académico con el Proceso (1980) Capítulo IV- Justicia y Dictadura. Convivencia imposible y preludio del Cordobazo (1968) Capítulo V- Resistencia al Proceso desde el Exilio (1979-80) Capítulo VI- Resistencia al Neoliberalismo en la Ciencia Argentina (1989-95) Capítulo VII- Descomposición Moral en la Ciencia Argentina (1987-2006) Capítulo VIII- Corrupción en la Universidad Argentina (1995-2004) Capítulo IX- Despotismo Burocrático en la Investigación Argentina Capítulo X- Fragmentación Urbano-Disciplinaria de la Educación Superior Argentina Capítulo XI- Defensa de la Memoria Histórica-Archivos en Argentina (1986-2006) Capítulo XII El Terror Enquistado en una Democracia de Baja Intensidad. Sus orígenes y consecuencias. Apéndices Bibliografía Notas Introducción En esta obra de recopilación nos hemos propuesto recoger una serie diversa de testimonios correspondientes a los últimos cuarenta (40) años de vida política argentina. Esta serie comprende un entramado temático que arranca con la resistencia político-partidaria a la Dictadura de Ongania, y luego prosigue con la complicidad de la Iglesia Católica en dicha Dictadura. Más luego nos referimos a la complicidad que mantuvo el mundo académico oficial con la dictadura genocida del Proceso. Asimismo, encaramos el análisis de la relación entre justicia y dictadura, estudiando el conflicto entre el Poder Judicial de Santa Fé y las autoridades nacionales, hechos ocurridos durante la Dictadura de Ongania que fueron un preludio de la rebelión de masas acontecida en Córdoba al año siguiente. A continuación encaramos el estudio de la resistencia a la dictadura del Proceso desde el exilio. Posteriormente aludimos a los actos de resistencia al Neoliberalismo en los campos de la ciencia y la educación superior (1989-2001). Por otro lado, analizamos la descomposición moral de la ciencia argentina, la corrupción en las carreras universitarias, y el despotismo burocrático en los aparatos de investigación científica. También encaramos el análisis de la fragmentación geográfica de la Universidad de Buenos Aires, y volcamos un proyecto de deslocalización y peatonalidad universitaria. Por último, estudiamos el estado de la memoria histórica, analizando las denuncias expuestas acerca de los archivos históricos del país. Finalmente, culminamos la obra con una somera explicación del clima de miedo y terror padecido por la intelectualidad y enquistado en democracias de baja intensidad, como la Argentina posterior a los traumáticos hechos de Diciembre de 2001. Capítulo I Resistencia Radical a la Dictadura en Argentina (1966-68) En la resistencia a la dictadura de Ongania en Argentina (1966-70), se registraron numerosos acontecimientos en ocasión de efemérides caras a la historia del Radicalismo argentino donde se puso en evidencia la voluntad de oponerse a la misma. A continuación hemos recogido algunas de dichas expresiones, que quedaron estampadas en los periódicos de la época. Incidentes-Efectuóse el sepelio de la señora Silvia E. M. de Illia (La Nación, jueves 8 de septiembre de 1966) Crecida concurrencia asistió al acto del sepelio de la señora Silvia Martorell de Illia, realizado ayer en la Recoleta. Cuando en las primeras horas de la tarde, después de una ceremonia religiosa en la iglesia del Pilar y dos discursos ante la tumba de Alvear, en la entrada de la necrópolis, el ataúd cubierto de orquídeas fue depositado en la bóveda de la señora Marcelina Alem de Irigoyen, la gente colmaba la zona del cementerio. En repetidas ocasiones saludó el paso del cortejo con pañuelos en alto y, concluídas las ceremonias fúnebres, cuando el doctor Arturo Illia se retiró del lugar, fue ovacionado al grito de “presidente! ¡presidente!”. Toda la plana mayor del gobierno del doctor Illia, desde ministros a funcionarios, y desde jefes partidarios hasta numerosos simpatizantes, estuvieron presentes en las ceremonias. Poco después de retirarse el ex presidente, a la salida de la Recoleta, parte de la gente inició una manifestación que circuló hasta las inmediaciones de Callao y Santa Fé, donde fue dispersada por las fuerzas policiales de un carro de asalto. Los manifestantes en los primeros momentos calculados en unas trescientas personas, agitaban pañuelos y gritaban estribillos como Illia presidente!, Gobierno civil! Y Militares al cuartel!”. Entre los manifestantes se vió al yerno del ex presidente Gustavo Soler, y a muchos dirigentes de las organizaciones juveniles de la disuelta UCRP. El cortejo fúnebre Una docena de carrozas repletas de ofrendas florales y un coche fúnebre conduciendo el ataúd inició a las 10.40, desde el domicilio del doctor Nicolás Romano, donde fueron velados los restos de la señora de Illia, en Uriburu 1020, la marcha hacia la Recoleta. Inmediatamente detrás del coche fúnebre se ubicaron el doctor Illia, sus hijos y otros familiares, ex ministros y dirigentes de la UCRP; todos iniciaron la marcha a pie hacia el cementerio, seguidos por un público que colmaba aproximadamente la extensión de dos cuadras. Un patrullero policial y algunos motociclistas encabezaban el cortejo abriéndole camino entre el numeroso público. Desde las 5 de la mañana la afluencia de gente al lugar del velatorio se había renovado, repitiéndose largas filas para tener acceso al lugar. A las 9 había ya un denso gentío en la zona y el tránsito estaba cortado. A las 9.30 el doctor Illia, acompañado de sus hijos y otros íntimos se dirigió hacia la capilla donde se velaban los restos de su esposa y poco después se clausuraron las puertas del recinto y se procedió a sellar el féretro. Con dificultades debido a la densidad del público, el cortejo fúnebre tomó por la calle Uriburu y luego por Juncal, Ayacucho, hasta desembocar en la avenida Quintana, frente a la iglesia del Pilar. La inhumación Concluidos los discursos, y con las mismas características de confusión, el cortejo se dirigió por la avenida principal de la Recoleta y luego por una de las laterales hasta el frente del mausoleo de Marcelina Alem de Irigoyen. En el mismo, luego de una corta ceremonia, se colocó el féretro de la señora de Illia. A continuación descendieron para despedirlo el Dr. Arturo Illia, sus hijos Emma, Leandro Hipólito y Miguel, y el profesor Ricardo Illia. Leandro salió del mausoleo con una orquídea, que entregó a su hermana Emma, y luego los dos, junto con el doctor Illia, se dirigieron hacia la salida tomando diferentes calles internas para evitar al público, pero sin poder escapar a numerosos apretujones y empellones de los que al grito de “Presidente”, trataban de estrechar la mano del doctor Illia. Al llegar el cortejo junto a la salida, los jóvenes comenzaron a saltar y agitar pañuelos blancos al grito de “Gobierno civil”, o “Illia presidente”, mientras algunos trataban de imponer silencio y los menos entonaban el Himno nacional. Finalmente, una avalancha acercó al doctor Illia a un coche del cortejo, donde entró con sus dos hijos, despedido por aclamaciones. La manifestación Al partir el doctor Illia y sus familiares, quedaron en el lugar recibiendo el saludo de los asistentes, los ex integrantes de su gabinete, doctores Palmero, Solá y los hermanos Leopoldo y Facundo Suárez. Al mismo tiempo, eran ya las 13.30, alrededor de 200 jóvenes que habían asistido al sepelio marcharon en manifestación por la avenida Quintana en dirección a Callao reclamando reimplantación del gobierno de Illia y estribillos como “No nos puede gobernar un gobierno militar”. Al llegar a Callao, dos coches patrulleros cruzaron la manifestación, a la cabeza de la cual aparecía el doctor Gustavo Soler, yerno del doctor Illia, pero también el resultado fue negativo. En Las Heras, con otro carro de asalto, logróse dividir a los manifestantes en dos grupos. El más reducido y exaltado siguió por Callao hacia Santa Fe, quebrando el vidrio de un camión estacionado chapa 771.351, y profiriendo insultos contra la policía. En la esquina de Callao y Santa Fé, de este grupo se destacó un joven rubio, de barba recortada, y que luego de insultar a los policías desde corta distancia, mientras agitaba un pañuelo rojo, fue detenido. Al obligarlo a ascender a un camión de la Guardia de Infantería, que se encontraba en el lugar, el joven propinó una trompada en la cara al oficial que realizó la detención, lanzando el casco del mismo a regular distancia. Al mismo tiempo, con singular encarnizamiento, repartió puntapiés y trompis en la cara de los servidores del orden que se encontraban en el interior del vehículo. Estos respondieron con sus bastones, y luego se procedió a lanzar una bomba lacrimógena para dispersar a los que se encontraban en el lugar. Detenciones La jefatura de Policía informó que el joven detenido en el incidente se llama Eduardo Ricardo Saguier, argentino, de 23 años, soltero, estudiante, y que además fue detenido Rodolfo Banclari, argentino, de 40 años, soltero, empleado. Fuente: La Nación, jueves 8 de septiembre de 1966 Rindióse homenaje ayer a Yrigoyen y Sáenz Peña (La Nación, jueves, 13-X-1966) Con asistencia del ex presidente Illia se ofició ayer al mediodía una misa en la basílica del Pilar, con motivo de cumplirse cincuenta años en que Hipólito Irigoyen alcanzó la primera magistratura del país. Estuvieron, además, presentes en el homenaje, que fue organizado por la comisión nacional de la disuelta UCR del Pueblo, que preside el doctor Ricardo Balbín, el ex vicepresidente de la Nación, doctor Perette; los ex ministros Miguel Angel Zavala Ortiz, Leopoldo Suárez, Carlos Aleonada Aramburu, Fernando Solá y Juan Carlos Pugliese; el ex Intendente Rabanal; los ex presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, respectivamente; señores Arturo Mor Roig y Eduardo Gamond, y muchas figuras vinculadas a la administración anterior. El doctor Illia llegó a la iglesia a las 11.40 en compañía de su hijo Leandro Martín y de su hermano, el profesor Ricardo Illia. La llegada del ex mandatario hasta la entrada del templo se hizo con mucha lentitud debido al crecido número de personas congregadas en el lugar. En la oportunidad se escucharon expresiones como éstas: “Viva el presidente argentino¡”, “Viva el hombre de América¡” y “!Viva el doctor Illia¡”. Al término del oficio religioso se renovaron las expresiones de adhesión al presidente depuesto. La concurrencia se dirigió luego hasta la tumba de Irigoyen, donde se guardó un minuto de silencio y fue depositada una ofrenda floral que tenía la siguiente inscripción: “Homenaje del radicalismo del Pueblo”. Terminó la ceremonia con el Himno Nacional y la marcha “Adelante, radicales”. Frente al sepulcro se oyeron expresiones como “!Viva la UCRP¡” y “!Viva la Democracia¡”. Acto seguido, se dirigieron hasta la tumba del ex presidente Roque Sáenz Peña, donde también las autoridades de la comisión nacional de homenaje colocaron una ofrenda floral. Nuevamente se volvió a entonar la marcha que distingue a la agrupación y a la salida del cementerio una nutrida concurrencia gritó a viva voz: “Presidente, presidente, presidente!”. El público se disgregó luego en perfecto orden. En Santo Domingo Por la tarde, en la Iglesia de Santo Domingo se efectuó otro oficio religioso en memoria del ex presidente Irigoyen, acto que contó con la asistencia del ex presidente Dr. Arturo Illia, el ex vicepresidente, doctor Carlos Perette y numerosos dirigentes de la UCRP. Incidencias Finalizado el oficio religioso, a las 20.40, diez minutos después salió del templo el ex presidente Illia, rodeado de correligionarios, mientras se agregaban a la comitiva unos cincuenta jóvenes que habían entonado cánticos alusivos al derrocamiento del gobierno Radical del Pueblo. El ex presidente ascendió a un automóvil estacionado en Defensa, que lentamente se puso en marcha rodeado de numerosos jóvenes, entre los cuales había algunas mujeres. Mientras tanto en la intersección de la avenida Belgrano y la citada calle se habían apostado efectivos de un carro de asalto del Cuerpo Guardia de Infantería, y como se extendiera en demasía la despedida del doctor Illia comenzaron por dispersar por la fuerza a aquellos. Produjese entonces una refriega que en algunos instantes fue violenta y uno de los jóvenes que resultó herido en la cabeza fue llevado al carro de asalto. Esta situación enardeció a los que permanecían aún en el atrio de la iglesia que comenzaron a gritar contra la policía, hasta que la intervención del R.P. Defalconioni hizo que las cosas se apaciguaran. Durante los hechos resultaron varios agentes con contusiones, así como también Eduardo Saguier, argentino, de 23 años, soltero, estudiante. Este fue detenido juntamente con Marcos Antonio Di Caprio, argentino, de 23 años, soltero; Oscar Raúl Di Filippo, argentino, de 34 años; y Andrés Viajeras, argentino, de 22 años. A los cuatro mencionados se les instruye sumario por atentado a la autoridad, lesiones y desacato. Desorden También a las 20.40 en la esquina de Lavalle y Esmeralda, un grupo de personas, intentó organizar una manifestación relámpago. Inmediatamente intervinieron agentes de las comisarías 3ª y 1ª, dado que el lugar mencionado es el deslinde entre ambas jurisdicciones. La policía intimó a los componentes del grupo a disolverse, y detuvo a cuatro de ellos que no acataron la orden. Los detenidos son Roberto Asisa, argentino, de 23 años, Leopoldo Raúl Vivas, argentino de 20 años, y dos menores de edad. A los detenidos se les instruye en la comisaría 1ª un sumario por desorden, estableciendo las autoridades que se trata de personas de tendencia Radical, que arrojaron algunos volantes –los cuales no pudieron ser secuestrados—en los que se formulan alusiones y severas críticas al gobierno. Los menores, una vez que se proceda a su debida identificación, serán entregados a sus padres. Fuente: La Nación, jueves, 13-X-1966 Le fueron aplicados al Dr. Raúl Alfonsín 30 días de arresto (La Nación, 4-IV-1968 La Plata.- El jefe de policía de la provincia, en su condición de juez de faltas, dispuso ayer la libertad de cinco de los detenidos a raíz de un acto político realizado en esta ciudad. Al mismo tiempo aplicó 30 días de arresto no redimible por multa al ex presidente del comité de la provincia de la disuelta Unión Cívica Radical del Pueblo, doctor Raúl Alfonsín. Como se informó en una edición anterior, con motivo de un acto relámpago realizado el martes último en la intersección de las calles 7 y 50, fueron detenidos lo señores Alfredo Camarlinghi, ex Ministro de Acción Social durante el gobierno del doctor Anselmo Marini; Edgardo Carlos Ferrari, José Fontán y Fulgencio Romero, ex senadores provinciales y Eduardo Saguier. A raiz de esta situación, los doctores Carlos Aleonada Aramburu, Antonio Troccoli, y Miguel B. Zselagowski interpusieron ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia un recurso de Habeas Corpus a favor de los mencionados, en cuya nómina no se incluyó al doctor Alfonsín por considerarse que su situación era distinta frente a los hechos. Así planteadas las cosas, ante un pedido de informes sobre la situación de los nombrados a favor de los cuales se interpuso el recurso, el juez de faltas comunicó al titular del alto tribunal, doctor Amílcar Baños, que una vez notificados de la falta que se les imputaba, ayer había dictado sentencia absolutoria, disponiendo la libertad de los nombrados. En cuanto al doctor Alfonsín, continúa detenido en la comisaría 3ª de esta ciudad, sin que existan, según se informó, restricciones en torno de visitas, de familiares y amigos. Al respecto pudo conocerse que el doctor Alfonsín, una vez notificado de la resolución de arresto, decidió presentar apelación, a cuya redacción se encuentran abocados los profesionales ya mencionados anteriormente. Fuente: La Nación, 4-IV-1968 Hubo incidentes en la Recoleta al prohibirse un homenaje a Yrigoyen (La Prensa, Domingo 13 de octubre de 1968 Fue impedido por la policía el acto de homenaje al expresidente Hipólito Irigoyen, que se había anunciado para ayer a las 11, en el cementerio de la Recoleta. Había sido organizado por el disuelto Comité de la capital de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y consistía en la colocación de una palma de flores en la tumba que guarda sus restos, ceremonia que según manifestaron dirigentes de aquella agrupación, debía realizarse en silencio y en forma ordenada. Se hallaban presentes entre la concurrencia los doctores Arturo U. Illia y Ricardo Balbín, y el señor Francisco Rabanal. Cuando la columna se dirigía al lugar donde se halla la tumba al ex presidente, la policía, encabezada por el comisario de la seccional 19 impidió su realización. Hubo protestas y varias personas fueron detenidas. El público fue alejado a empellones y gritos por la Guardia de Infantería y cuando las protestas arreciaron, algunos de los asistentes fueron golpeados por los soldados. Para dispersarlos intervino el camión hidrante Neptuno, que mojó, inclusive a miembros de cortejos fúnebres, que eran ajenos a los sucesos. Fue desalojada la plaza y los alrededores, mientras que los detenidos eran trasladados por automóviles patrulleros a la sección 19. Posteriormente, en la Plaza San Martín, los organizadores del acto colocaron la palma de flores destinada a Hipólito Irigoyen en el monumento a San Martín. En esta oportunidad, pronunció una breve alocución el doctor Angel Beiró. En la Recoleta Como el acto que se pretendió realizar en la Recoleta había sido prohibido por la policía. Ésta en previsión de que lo intentaran, situó en las inmediaciones del cementerio un camión Neptuno, dos carros de asalto de la Guardia de Infantería, dos automóviles patrulleros de la sección 19, y numerosos agentes de uniforme y de civil. Previamente se colocó una guardia de agentes uniformados rodeando el monumento al ex presidente, ubicado a 150 metros de la puerta del cementerio, que alejó a las personas que trataban de acercarse a él. Cuando algunas personas habían comenzado a ponerse en movimiento en dirección al sepulcro, el comisario de la sección 19 señor Roberto Estéban Pidal, dispuso que cinco agentes uniformados formaran una valla en el camino de acceso a pocos metros de la entrada principal del cementerio, maniobra que obligó a los concurrentes, cerca de 150 personas, a agruparse en la entrada. En ese lugar los asistentes, fueron advertidos por el comisario mencionado de la prohibición del acto, lo que originó protestas entre la concurrencia. El doctor Angel Beiró trató de disuadir al funcionario reclamando por lo que consideraba “un abuso y una injusticia”. Igualmente, el señor Rabanal, apeló ante el policía, éste mantuvo su actitud porque se produjeron entonces diversas manifestaciones de protesta por parte de los asistentes. En esos instantes en medio del tumulto, se vio caer al comisario, quien era tenido por las manos por un joven mientras otras personas trataban de prestarle apoyo. Al ver esto, los cinco agentes que formaban la valla se lanzaron entre el público y se llevaron detenido al joven que lo había sostenido, después de aplicarle algunos golpes en el cuerpo. Actúa la policía Mientras esto ocurría, numerosos hombres y mujeres aclamaban a la libertad y arrojaban volantes con leyendas como estas: “Pese a los golpes militares, defendiendo ideas y no hombres” y “UCRP siempre en la lucha junto al pueblo”. Varios policías uniformados llevaron a empujones al detenido hacia un vehículo policial donde lo introdujeron a viva fuerza, entre las protestas del público y el llanto de varias mujeres que “pedían que no lo golpearan mas”. En su defensa corrió el doctor Ricardo Balbín y junto al automóvil mantuvo una discusión con el sub-comisario Santiago Vilas. Este se hallaba visiblemente exasperado y repetía: “Doctor, le pido que se retire”, mientras que el doctor Balbín, también en alta voz, hacía oir sus protestas. Pudo saberse que el detenido era Eduardo Saguier, estudiante de sociología, de 25 años de edad. Este hecho distrajo un tanto la vigilancia policial, oportunidad que aprovecharon los manifestantes para encaminarse hacia la tumba. Advertido el hecho marchó hasta allí una columna de la Guardia de Infantería, junto con policías en traje civil, entre los que se hallaban el comisario Pidal y el sub-comisario Vilas. Bastones y gritos Ya junto a la tumba, hasta donde había podido llegar parte de la concurrencia, intervino la policía y, mientras los soldados de la Guardia de Infantería rodeaban el monumento esgrimiendo sus bastones y carabinas, el comisario Pidal se dirigió al ex presidente de la Nación Arturo U. Illia, que en esos momentos avanzaba con varias flores en la mano. “Doctor –dijo—usted que es sensato, pida a esa gente que se retire. El acto no se puede realizar y yo cumplo ordenes”. El doctor Illia inició el regreso rodeado de varias personas y en esos momentos una señora expresó a gritos su protesta “ya estamos cansados de tanta policía”. “Basta de injusticias” expresó, y entonces fue sujetada entre dos agentes y trasladada hasta un vehículo policial. Se trataba de la profesora Ana Rivero Almagro de Paz. En el ínterin los asistentes eran desalojados del lugar a empujones entre los gritos de los soldados de la Guardia. También, utilizaron los bastones y las culatas de las carabinas, que portaban. En estas condiciones, parte de la concurrencia fue obligada a marchar hasta la puerta de entrada del cementerio. Otros Incidentes Al llegar a ese lugar, el joven Gabriel Salas Oroño, argentino de 17 años, fue arrojado contra una puerta, produciéndose la rotura del vidrio de la misma. El joven fue tirado al suelo y entre los restos de vidrio castigado a golpes de bastón y a culatazos por 5 o 6 soldados de la Guardia de Infantería. Arreciaron sobre él los bastonazos y puntapiés que en forma sostenida le propinaban los agentes produciéndole una herida cortante en la cabeza. En esos momentos, el padre del menor, José Salas Oroño, argentino de 51 años, se lanzó sobre los policías tratando de castigarlos con el mango de un paraguas. Esta reacción irritó aún mas a los soldados y mientras unos lo sostenían tratando de reducirlo, otros le aplicaban golpes en la cabeza con los gruesos bastones. Cuando el hombre cayó al suelo, atontado por los golpes, varios agentes continuaron con su acción violenta. Luego fue arrastrado por la acera y al querer incorporarse le aplicaron un golpe que lo arrojó de espalda sobre el cordón de la acera, entre aguas estancadas. Luego se lo tomó e introdujo en un vehículo policial. Agua y nuevos detenidos En el exterior, mientras la Guardia de Infantería se aprestaba a desalojar la plaza vecina, el camión Neptuno ejercía su acción contra las personas que se hallaban en la acera del cementerio. Con su potente chorro de agua fueron empapados puesteros de flores, periodistas, asistentes al acto y otras personas ajenas a lo ocurrido. Allí fue detenido Rubén Extinguí, argentino, de 25 años, soltero. Acto en la plaza San Martín A las 12, varias personas que descendieron de automóviles se dirigieron hacia el monumento al general San Martín. A su frente marchaba el doctor Angel Beiró y el profesor Antonio Caputo, quienes llevaron la corona que no pudo colocarse en el sepulcro del ex presidente Irigoyen, y que finalmente fue colocada al pie del monumento al Gran Capitán. En esa oportunidad, habló el doctor Beiró para expresar: “Esta palma, que representaba al homenaje de la UCRP a Hipólito Irigoyen y que por obra de la violencia no pudo ser colocada en la Recoleta, ha sido puesta ahora en el monumento al Libertador, como un homenaje imperecedero al espíritu civilista de don José de San Martín”. Fuente: La Prensa, Domingo 13 de octubre de 1968 Capítulo II Complicidad de la Iglesia con la Dictadura (1966-67) En oportunidad de irrumpir la Dictadura de Ongania (1966-67), en el seno de las instituciones de educación superior dependientes del Arzobispado argentino se registraron algunos actos de resistencia que tuvieron más luego repercusiones políticas. A continuación reproducimos aquellos eventos que consideramos tuvieron alguna relevancia. Una Ceremonia (La Razón, 29-VIII-1966) Bendijo el Cardenal Caggiano la nueva sede de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica en presencia del Ministro del Interior. Destacó el Rector Monseñor Derisi, el prestigio logrado por la institución de alta enseñanza. A su vez el Padre Mercedario Juan V. de la Vega dijo que “debemos rehacer la Patria” y que “ésta es la última oportunidad que Dios nos concede para ello”. Sostuvo también que la Iglesia jamás estuvo ausente, aún en los momentos más difíciles, en aportar soluciones a los grandes problemas nacionales. Un joven reclamó de viva voz la libertad de los estudiantes detenidos y manifestó su apoyo a la autonomía universitaria. Los detalles. El Cardenal Primado doctor Antonio Caggiano, en su calidad de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, presidió anoche el acto inaugural de la nueva sede de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de dicha institución de enseñanza superior y cuya construcción data de 1601. ………………………………………………………………………………………..l Actualmente se encuentra bajo la custodia de los Padres Mercedarios. Además, el Arzobispo de Buenos Aires, a quien acompañaban el Ministro del Interior e interino de Educación y Justicia, doctor Enrique Martínez Paz –que concurrió en representación del jefe del Estado, teniente general Juan Carlos Ongania—y el titular del Consejo de Administración doctor Carlos Pérez Companc, bendijo las instalaciones de la casa de altos estudios. Seguidamente el Rector, monseñor Octavio N. Derisi, hizo notar que la Universidad poseía 12 Facultades, varios institutos, mas de 750 profesores y alrededor de 4.000 alumnos. No se ha limitado –dijo—a los cursos normales de las carreras, ha creado cursos superiores para graduados en diversas disciplinas como los abogados de empresas, y tres tipos de doctorado en derecho, los de investigación operativa en Ingeniería, los cursos especiales para las Fuerzas Armadas, y últimamente cursos para directores y gerentes de empresa. ………………………………………………………………………………………….. Concluyó [el Prior] formulando la siguiente pregunta al Purpurado: ¿No habrá llegado ya el momento oportuno para que la Basílica de la Merced se reintegre para completar el Convento Grande de San Ramón? No sé lo que Dios reserve para el futuro, pero personalmente creo, pienso, que vuestra eminencia debe crearnos la parroquia universitaria”. Al terminas su discurso el Padre de la Vega se produjo un incidente protagonizado por el alumno Eduardo Saguier que prorrumpió gritando: “¡Que se libere a los estudiantes detenidos¡ ¡Viva la libertad y la autonomía universitaria¡ Varios jóvenes rodearon en esas circunstancias al nombrado y forcejeando con el mismo lo alejaron del lugar, restableciéndose la calma. A continuación el cardenal acompañado por las autoridades mencionadas, monseñor Derisi, el decano de la Facultad Dr. Francisco Valsecchi, otros miembros de la Universidad, ayudantes de autoridades militares, el escribano mayor de gobierno Jorge Garrido, el párroco de la Merced y varios invitados especiales recorrió las aulas y salones que han sido restaurados dentro del estilo colonial. Fuente: La Razón, 29-VIII-1966 Cartas desde el exilio Chileno (1967) ESTUDIANTES En virtud del silencio que se impusiera a sí mismo sobre los conflictos existentes en su institución el rector de la Pontificia Universidad Católica “Santa María de los Buenos Aires”, Monseñor Dr. Octavio N. Derisi, en el reportaje que le hiciera la revista de su digna dirección cumplimos con el deber de informarle de los acontecimientos que han llevado a dicha institución a la crisis presente que padece. Infinidad de actitudes, individuales y colectivas, formales e informales, signaron este largo proceso. Ya en 1964 los estudiantes de Derecho Pedro González Trabucco, Rubén Mendoza y Miguel A. Sejem manifestaban en la Declaración de Principios del Movimiento de Acción Comunitaria de Extensión Social (A.C.E.S.) lo siguiente: “No podemos conformarnos con una Universidad llamada no sin sentido ulterior ´privada´, sujeta a la beneficencia también privada, y a los peligros que de ella se derivan. Los inconvenientes económicos de su mantenimiento, bien se sabe, traen un aumento arancelario excesivo que vedan o dificultan el ingreso o la permanencia a los estudiantes de vastos sectores del pueblo. El peor mal que puede aquejar a una casa de estudios católica es la de ser clasista, siendo el dinero un factor relevante…Como católica debe ser de todos; estar espiritualmente y de hecho al lado de los que padecen necesidades como siempre lo sostuvo Cristo”. Con motivo de ella el Rector reunió a los alumnos de todos los cursos para afirmar que tal Declaración obedecía a la debilidad del Decanato y para enrostrar a sus firmantes delante de sus compañeros la condición de becario que gozaba uno de ellos. Como es de suponer renunció el Decano, Dr. Bidart, más luego a pedido del Rector retiró su dimisión al cargo. Con respecto a los alumnos, les pidió una retractación bajo amenazas de expulsiones. De ahí en adelante A.C.E.S. vio trabado permanentemente su accionar tanto en lo que hace a los Boletines donde se denunciaba el creciente autoritarismo, clasismo y profesionalismo en que estaba cayendo nuestra universidad como en lo que se refiere a las conferencias, que a diferencia de los permisos brindados al R.P. Meinvielle y al denominado Instituto de Sovietología, prohibiéronse los del R.P. Gera, decano de la Facultad de Teología, y las del Pbro. Mejía, profesor de la casa y perito conciliar. Finalmente la misma existencia de A.C.E.S. fue vedada en nuestra casa de estudios. En 1965, 45 estudiantes del penúltimo curso de la Escuela de Administración fueron severamente amonestados por reclamar con energía la reimplantación del turno nocturno, uno de los factores condicionantes de la actual estratificación social de su población, y las inquietudes que algunos de sus miembros elevaran al rector y a uno de los visitadores apostólicos fueron desatendidas. Cabe decir que lo mismo aconteció con los memoriales presentados por A.C.E.S. y los estudiantes de Sociología. En el mes de septiembre, el director y cuerpo de profesores de la Escuela de Sociología conjuntamente con el centro de estudiantes de la misma, A.C.E.S., y otras entidades católicas se vieron en la obligación de esclarecer a la opinión pública sobre el significado y entronque del moderno concepto del cambio social dentro de la Doctrina Social de la Iglesia (La Nación, 8-IX-65). Dicha actitud mereció de las autoridades severas amonestaciones a sus autores y la sanción de la conocida Ordenanza XXIV. Durante el pasado año los aumentos arancelarios motivaron a o0tro numeroso grupo de alumnos de diversas facultades a indagar por los ocultos balances anuales de la Universidad la tan mentada situación deficitaria. Pactose una tregua merced a la intercesión de algunos miembros del Consejo Superior, y posteriormente, uno de dichos estudiantes, luego de citado a comparecer frente al Rector, fue severamente amonestado por retirarse de dicha citación. Abandono este provocado por el descomedido trato sufrido. El patrocinio de nuestra universidad a las conferencias del profesor Frederick D. Wilhelmsen (La Nación, 4-VIII y 9-VIII-66) y la disociasiva disertación del Dr. Estanislao del Campo Wilson en nuestra casa de estudios (La Nación, 28-VI-66) caldearon los ánimos. La conferencia pronunciada en 1962 por el entonces Ministro de Economía e interino del Interior, Ing. Alvaro Alzogaray (La Nación, 4-X-62), los conocidos cursos para oficiales de las Fuerzas Armadas inaugurados el ante-año próximo pasado, el gran número de profesores que aceptaron cargos en el gobierno de facto instaurado en el país, la visita del rector al Gral. Ongania a los cuatro días del golpe militar (La Nación, 2-VII-66), la declaración publicada con motivo de la intervención a la Universidad de Buenos Aires por nuestro Consejo Superior (La Nación, 6-VIII-66) y el cursillo que sobre el Acta y Estatutos de la Revolución Argentina dieran en nuestra casa de estudios los Dres. De Pablo, Bidart y Estrada (La Nación, 28/29/30-ix-66) nos fue revelando una abierta complicidad de nuestra universidad con la Revolución Argentina. Complicidad que se acentúa con las amonestaciones recibidas por 42 profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y con la suspensión de 78 alumnos de Sociología, Administración y Derecho en virtud de declaraciones públicas de condena a dicha intervención (La Nación, 6-VIII-66 y La Prensa, 7-VIII-66). Fue entonces que dirigentes de la Liga Humanista y de Derecho, Administración y Sociología de la U.C.A. conversaron con autoridades de F.E.U.S. y F.E.U.C.A. a los efectos de lanzar una declaración conjunta. Frustrada ésta por la amenaza de ambos rectores sólo se celebraron dos misas, casi a hurtadillas, por el alma de Pampillón. En el mes de agosto en un acto que contaba con la presencia del ex ministro del Interior Dr. Martínez Paz y el Arzobispo de Buenos Aires Cardenal Caggiano, y a renglón seguido de un discurso del Prior de los Mercedarios un estudiante de 5º año de Administración y 3º de Derecho, Eduardo Saguier, reclamó a viva voz la libertad de los estudiantes presos y la autonomía universitaria. Ello le significó dos años de suspensión en ambas carreras. Cabe consignar que dicho Prior dijo entre otras cosas: “Esto que se está dando en llamar la Segunda República es la última oportunidad que Dios nos concede para rehacernos en el plano institucional, moral, económico e intelectual. La opción sólo puede ser por uno de los dos términos del dilema: el orden o el caos” (La Prensa y La Razón, 30-VIII-66). En el mes de septiembre el Consejo Superior rechazó la propuesta, a un estudiante, para una ayudantía de cátedra por el motivo de haber firmado la anterior declaración. Ese mismo alumno, Enrique Amadasi, presidente a la sazón del Centro de Estudiantes de la Escuela de Sociología, fue luego suspendido por el término de un año al expresar en el Boletín del Centro que “se nos ha prohibido lo más grande que tiene el interesado en problemas humanos: el hablar, el llevar nuestro propio mensaje, lo que equivale a prohibir el pensamiento. Era lo último que nos quedaba como universitarios, como católicos y como argentinos”. Por esa época, la revista estudiantil Reencuentro, dirigida por Carlos Grosso, de Letras, fue erradicada de circulación y suspendida en adelante su publicación por orden del rector. La Asociación de Estudiantes de Sociología, entre tanto, elabora los “Pasos a seguir en orden a lograr algunos cambios significativos en la universidad” ocupando el principal lugar la institucionalización de la libertad académica mediante la provisión de las cátedras por concurso en virtud del derecho natural del alumnado de aprender y escuchar en sus mismas universidades disciplinas y profesores con puntos de vista contrarios o diversos sin discriminación alguna por razones de orden racial, político, ideológico o religioso, pues tratase de una universidad agnóstica o de una dedicada a un credo único siempre se trata de una necesidad interna de síntesis ecuménica. Asimismo eleva, al igual que el cuerpo de profesores, un memorial a los obispos reunidos en la Conferencia del Episcopado Nacional donde entre otras cosas dice: “Creemos expresar con justeza nuestro pensamiento si decimos que la Universidad Católica Argentina no es plenamente una universidad, y creemos llegar al fondo del asunto si agregamos que ello obedece a que no es plenamente católica, todo lo cual lleva a no ser tampoco plenamente argentina”. Más luego expresa: “La autoridad jerárquica ha adquirido características autoritarias y paternalistas totalmente reñidas con el sano ideal de la autoridad que alientan la apatía de unos y la rebeldía de otros, que tienden a acallar el sano dinamismo de los cuerpos intermedios de la universidad y pretende imponer una suerte de uniformidad de ideas, métodos, y criterios, generalmente algo rígidos, lo cual choca contra el espíritu de comunidad y de diálogo que debe imperar en todo centro de estudio y de investigación como condición previa para que del esfuerzo de todos surja y se proclame la luminosa verdad… La universidad tiende a convertirse así en una “torre de marfil” en la cual no resuenan “el gozo y la esperanza, el dolor y la angustia de los hombres de este tiempo, sobre todo de los pobres y afligidos de todas clases´”. Termina expresando: “La Universidad Católica Argentina, salvo excepciones, se proyecta muy débilmente sobre la sociedad que la rodea, ilumina muy pobremente y escruta muy escasamente ´los signos de los tiempos´, se adapta muy poco ´a las perennes interrogaciones de los hombres´ ni ´conoce ni entiende el mundo en que vivimos, sus expectativas, sus deseos y su condición a menudo dramática´”. Pese a todo ello el Episcopado confirma al rector dándole un voto de confianza (La Nación, 20-XII-66). Sobrevino luego la prohibición del ciclo de conferencias a cargo del Lic. Hugo Callelo, sobre el tema Cambio Social, aduciendo para ello el Dr. Valsecchi, determinados antecedentes ideológicos del orador. A continuación suspendiese a un alumno del último curso de Sociología, ex presidente de su asociación de estudiantes –Juan José Llach—por los siguientes términos de su renuncia a un cargo del centro, publicada en su Boletín, a saber: “La conducción actual de la Federación ha absorbido ahora nuestros símbolos de protesta y se embandera con ellos. Pero se trata tan sólo de los símbolos pues la Universidad espantosamente burguesa que somos lo seguirá siendo quizás por mucho tiempo…” Ante este hecho el claustro de profesores envía al Consejo Superior por intermedio del Rector un pedido de revocatoria de la sanción que no sólo no es cursada al órgano destinatario sino que es devuelto por considerar improcedente sus términos. Coincidentemente con la publicación de un semanario se revoca dicha sanción. Esta, no está demás decirlo, afirmaba que nuestra Universidad es autocrática, sectaria y clasista, y carece de libertades académicas, igualdad de oportunidades en el acceso a sus claustros y autonomía con respecto a la Jerarquía Eclesiástica (Confirmado, número 72). Pero a partir de estos hechos y como culminación de muchos otros se suceden renuncias masivas de profesores en solidaridad con la del Director del Departamento de Sociología Dr. José E. Miguens (La Nación, 17-XII-66). La Universidad, entonces, los acusa públicamente de no actuar limpiamente (La Nación, 20-XII-66, La Prensa, 21-XII-66). Posteriormente, el Consejo Superior suspende por el término de un año a tres alumnos del 2º curso de Sociología –Carlos Prego, Fernando Perera y Roberto Martínez--, miembros del Consejo Directivo de la revista del Centro, en virtud de la orientación impresa en ella donde estos mismos alumnos habían publicado una carta dirigida al rector del siguiente tenor: “quizás haya errores en nuestra concepción de la Universidad; pero si hay algo de lo que estamos íntimamente convencidos es que ésta sólo puede surgir de la libre confrontación de las ideas, y que la coacción y la represión siempre fueron caminos burdos para lograr su fuerza, aún cuando aquéllas estuvieren contaminadas por el equívoco. Por ello no creemos defender slogans cuando proclamamos vigorosamente la exigencia de la libertad académica, de pensamiento y de expresión, sin discriminaciones ideológicas; y como miembros de la Universidad Católica Argentina lo sabemos muy bien, porque vivimos su necesidad demasiado frecuentemente. Por eso hoy no podemos acallar nuestra voz…porque somos partidarios de la crítica leal y abierta más que de la obediencia obsecuente; porque las conciencias no pueden silenciarse indefinidamente. Y, sobre todo, porque somos responsables de la publicación que hoy provoca la injusta sanción de un compañero, que afecta sus estudios, si situación en la Universidad, y su dignidad como persona. Somos responsables de ese delito y lo seguiremos siendo, pues estamos moralmente obligados a ello. Porque no creemos que sea delito crear una publicación al servicio de la libre expresión de las ideas mientras ellas no afecten la moral, máxime cuando expresan toda una trayectoria existencial y pueden colaborar efectivamente al bi9en común de la institución, aunque duelan como duelen muchas realidades, tristes pero ciertas. Y porque nuestras conciencias nos impiden seguir confirmando con nuestro silencio un tal estado de cosas, con visas de prolongarse indefinidamente, apilando injusticia sobre injusticia”. Como colofón a todo este repertorio de arbitrariedades se suceden las declaraciones agraviantes a la persona del R.P. Justino O´Farrell por parte del Rector de la Conferencia del Episcopado Nacional, la toma de partido de la Universidad en un diferendo suscitado en el seno de la Iglesia (La Prensa, 21-XII-66), nuevas renuncias de profesores y la guardia de asalto policial en las puertas de la Facultad solicitada por el señor Decano –en resguardo de una supuesta ocupación que jamás estuvo en el ánimo de sus alumnos--. A fines del año el Rector manifestó, en un acto de inauguración, aclarando “sobre algunos casos desagradables aparecidos en los periódicos” que “no era posible que tantas cosas fueran indiferentes al espíritu del mal. Si tenemos que morir, moriremos por la verdad” (La Nación, 20-XII-66). Últimamente, las declaraciones del rector en la revista Criterio y en el semanario Esquiú y las falsas ponderaciones logradas de una publicación de esta capital (Primera Plana, N.221) nos confirman plenamente en nuestra actitud. Por todo lo anterior se produce un éxodo masivo de estudiantes, unos hacia Chile, los más hacia la UBA y el Salvador. Sobre estos últimos sólo se conocen los impedimentos formulados en forma de equivalencias, debido a presiones de la Curia, que harían imposible dicho traslado. Guillermo Salatino, 3º Sociología Eduardo R. Saguier, 5º Administración Daniel Cormick, 3º Sociología Fuente: Inédito (Buenos Aires), año I, n.16, del 12 de abril de 1967, pp.30-31 Cartas desde Chile (Propósitos, n.197, Buenos Aires, 20-VII-1967; y Confirmado, Buenos Aires,10-VIII-1967, p.76) Santiago de Chile, junio 20 de 1967 Sr. Director de Propósitos De nuestra mayor consideración: De resultas de la honda crisis recientemente desencadenada en la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” con motivo de la larga y penosa lucha contra su estructura altamente clasista, dogmática, autocrática y profesionalista, y que culminara en el despotismo hecho sistema por sus autoridades merced al voto de confianza que a las mismas brindara la 16ª sesión de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino (La Nación, 20-XII-66) tácitamente confirmada por la última Asamblea Extraordinaria del mismo celebrada en Embalse Río Tercero, Provincia de Córdoba, los abajo firmantes, voluntariamente exilados en este país hermano de Chile, hacemos pública la denuncia elevada a la Asociación Internacional de Universidades Católicas, la Unión de Universidades de América Latina, la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de la Santa Sede, la Unión Internacional de Estudiantes, la Confederación Latinoamericana de Estudiantes, la Federación Universitaria Argentina, la Unión de Federaciones de Universidades de Chile y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, con el fin de poner en conocimiento lo siguiente: 1º) Que a los 42 profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas amonestados por condenar públicamente la intervención a las Universidades estatales; a los 78 alumnos de Sociología, Economía y Derecho suspendidos por idéntico motivo; a la liquidación de los periódicos estudiantiles “Reencuentro” y “Sociología”; a los carros de asalto de la Guardia de Infantería apostados en las puertas de la Universidad a solicitud del Decano Dr. Valsecchi; a la suspensión por dos (2) años del alumno Eduardo R. Saguier y por uno a los alumnos Roberto Martínez, Fernando Perera y Carlos Prego, hechos todos ocurridos con anterioridad al voto de confianza otorgado por el Episcopado Argentino, viene a sumarse hoy la suspensión por un año del casi egresado alumno del Departamento de Sociología, Juan José Llach, con pérdida de la medalla de oro y recepción de su diploma en público, por el solo acto de refutar falsas apreciaciones hechas sobre la universidad por parte de un semanario de Buenos Aires (Primera Plana, 4-10/IV/67); 2º) Que el Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina, destruido durante el año próximo pasado por haber resistido el autoritarismo del Rector –como lo corroboran las renuncias de 29 profesores que constituyen el 95% de su cuerpo docente específico—subsiste hoy con el beneplácito de ambas Asambleas del Episcopado Argentino en el fraude más inescrupuloso e impune y en un clima de terror para la libre expresión de las ideas, atestiguado por el reciente éxodo voluntario de treinta (30) de sus doscientos (200) alumnos a la Universidad del Salvador (Buenos Aires), seis (6) a la Universidad Católica de Chile (Santiago) y otros a diferentes instituciones del país y el extranjero; 3º) Que el Cardenal Caggiano, tras haber obtenido para las autoridades de la Universidad un voto de confianza de la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino (La Nación, 20-XII-1966), incurre –en las declaraciones formuladas en un acto específicamente universitario (La Prensa, 20-XII-1966)—en la total confusión de su rol de Arzobispo de la Iglesia Católica con el de Gran Canciller de la Universidad, erigiendo a esta en tribuna de los diferendos suscitados en el seno de la Iglesia, confusión que convalida de inmediato el Consejo Superior tomando partido en ellos (La Prensa, 21-XII-1966); todo lo que sumado a una serie interminable de arbitrariedades ha herido profundamente la autonomía universitaria, la cual aunque bajo una necesaria coordinación y planificación central exige total independencia tanto del control estatal como del eclesiástico, pues trátese de una universidad agnóstica como de una confesional siempre ha de satisfacer una permanente necesidad interna –esencial a la naturaleza filosófica del espíritu universitario—de acelerada síntesis ecuménica en todas las dimensiones de la composición social, racial, religiosa y nacional y del conocimiento científico, artístico, filosófico y teológico; 4º) Que el Episcopado Argentino tanto en la Asamblea Plenaria celebrada en Buenos Aires a fines del año próximo pasado como en la Asamblea Extraordinaria celebrada en el presente año en Embalse Río Tercero, Provincia de Córdoba, ha convalidado con el voto de confianza otorgado a las autoridades de la Universidad Católica (La Nación, 20-XII-1966) la declaración del Consejo Superior de ésta con motivo de la intervención a las Universidades estatales (La Nación, 6-VIII-1966), donde en base a falsos criterios de preservación ideológica y perpetuación elitista se avala la conculcación de la autonomía universitaria y la violación de las libertades académicas con que se ha sumido a nuestro pueblo en un más acentuado subdesarrollo intelectual y acrecentado limitacionismo educativo, que agudiza la relación de dependencia con el imperialismo cultural de los centros del mundo y las oligarquías consulares porteñas, alimentando así el éxodo de científicos y técnicos, la caza del éxito, el prestigio, el poder y el dinero a través de las cátedras, la investigación y cultura importadas y la recreación de “fábricas de títulos” y “torres de marfil”, en detrimento de la formación de un hombre nuevo que dé lugar a la personalidad del argentino del mañana para la comunidad de una Latinoamérica integrada y un mundo donde reine la Paz y la Justicia. Sin otro particular, le agradecemos infinitamente la atención y le saludamos muy atte. Patricio Biedma, 5º Sociología Daniel Cormick, 3º Sociología Fernando Perera, 3º Sociología Hugo Perret, 5º Sociología Carlos Prego, 3º Sociología Eduardo R. Saguier, 5º Economía, 3º Derecho Guillermo Salatino, 3º Sociología P.D. Para cualquier referencia dirigirse a Patricio Biedma, J. Miguel de la Barra 536, Dpto. 501, Santiago de Chile Fuente: Propósitos, n.197, Buenos Aires, 20-VII-1967 y Confirmado, 10-VIII-1967, p.76) Capítulo III Colaboracionismo del Mundo Académico con el Proceso (1980) Durante el Proceso se registraron numerosos testimonios de intelectuales e instituciones culturales que no tuvieron ningún empacho para prestarse en tareas de maquillaje de la feroz dictadura desatada en Argentina. De dichos testimonios aquí volcamos algunos documentos que pueden ser útiles a los efectos de evaluar su comportamiento. Opinión académica sobre la ley de Educación (La Nación, 30-V-1980) “Consideramos que la historia que se enseña en las aulas oficiales o privadas debe estar inspirada en la verdad y justicia y ceñirse a los grandes lineamientos de una Nación que en su trayectoria buscó conseguir la libertad para sí y para sus hermanas, defendió su territorio y procuró asegurar los beneficios de la libertad dentro de un marco conceptual del mundo occidental al que pertenece por sus orígenes y por su evolución”, expresa la Academia Nacional de la Historia, en un pronunciamiento dado a conocer en relación al proyecto de la ley general de Educación, y formulado a petición del Ministerio de Cultura y Educación. Fue redactado por los académicos Edmundo Correas, José M. Mariluz Urquijo, Carlos S. A Segreti y Andrés R. Allende, y aprobado en sesión privada por la Corporación. En el planteo general del tema señalase que dicha Ley “debe ser un instrumento de fundamental importancia para el presente y futuro nacional”, asimismo que “debe elaborarse sobre la base de nuestra realidad humana y social contemporánea pero con la visión del Estado y la Nación deseables y posibles”. Continuidad nacional Manifiéstase a continuación que “el presente y el futuro tienen que seguir una esclarecida línea de continuidad con el pasado histórico, en cuanto de él surge la autenticidad del ser individual argentino y de la sociedad a la que pertenece con los rasgos de una nacionalidad propia y exclusiva con estilo de vida, ideas, sentimientos, carácter y conciencia nacionales que han de afirmarse en sus calidades superiores y depurarse en sus notorias deficiencias”. En función de tales objetivos “la educación, en todos sus ciclos, debe proponerse dar a cada sujeto la capacidad de “saber ser” en tres aspectos que integran su personalidad como miembro de una comunidad organizada: a) “Saber ser humano” mediante el mejor y más pleno desarrollo de su individualidad, siempre perfectible; b) “Saber ser social”, o sea la correcta participación y convivencia dentro de la sociedad, aceptando el orden vigente sustentado en el orden jurídico, lo que no excluye la movilidad social y los cambios necesarios por medios pacíficos; y c) “saber ser ciudadano”, miembro de la colectividad política de acuerdo con el sistema constitucional del Estado”. Misión formativa El pronunciamiento académico indica también que “la ley general de educación debe renunciar a la neutralidad ideológica y espiritual. Su misión formativa recae sobre un determinado tipo humano –el hombre argentino—una determinada concepción de la vida y del mundo, una definida nacionalidad insertada en la civilización occidental cristiana, y en cuanto a civismo, debe atender celosamente a la capacitación de gobernantes y gobernados como ciudadanos de nuestro país republicano, representativo y federal, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional que es “la Nación hecha ley” Esa educación –afírmase—“debe dar prevalencia a los valores espirituales creando defensas contra los factores deshumanizante derivados del progreso científico-técnico, que fuera de sus innegables aportes civilizadores tiende a imponer un materialismo en el que las cosas más que servir al hombre lo convierten en su esclavo”. A la vez, la ley tiene que “asegurar una faena educativa sistematizada, que valga como medio de saber y creación de cultura”, elementos complementarios, a los que debe acompañar en los programas, “la información de los sucesos actuales, nacionales y mundiales”. Por último, sobre el tema de la enseñanza de la historia se señala que “es inadmisible que se utilice la cátedra para inculcar o difundir versiones antojadizas que deforman nuestro pasado poniendo la historia al servicio de doctrinas políticas contrarias a nuestras esencias nacionales”. Fuente: La Nación, 30-V-1980 Profesores critican un dictamen (La Nación, Domingo 4-VIII-1985) Condenan un pronunciamiento de la Academia de la Historia Una reflexión crítica” y la solicitud de una declaración que subsane aunque sea parcialmente los daños y perjuicios ocasionados a los derechos humanos, al contenido científico y humanista de la docencia argentina y a la credibilidad, prestigio, competencia y autonomía de las academias nacionales” elevó un grupo de más de sesenta escritores, historiadores y científicos al Presidente de la Academia Nacional de la Historia, profesor Enrique M. Barba. La declaración se refiere a un Dictamen producido en mayo de 1980 por la corporación a pedido del entonces Ministro de Educación, doctor Juan Llerena Amadeo, sobre la enseñanza de la historia en la educación argentina. Los firmantes de la nota señalan que “el contenido del dictamen entra en contradicción con los principales de la Constitución, constituye una resignación colectiva de los principios más primordiales de toda vida académica, agravia nuestras libertades de pensamiento y de cátedra, atenta contra la integridad de la ciencia, menoscaba el prestigio y vulnera la representatividad de esa corporación, desborda su competencia, expone su autonomía, su inmunidad y pluralismo y compromete a sus futuros miembros”. La nota critica los textos del dictamen que se refieren a que”la educación debe proponerse aceptar el orden vigente sustentado en el orden jurídico”; la exhortación al gobierno militar a “crear defensas contra los factores deshumanizante derivados del progreso científico-tecnológico, que fuera de sus innegables aportes civilizadores, tiende a imponer un materialismo en el que las cosas más que servir al hombre lo convierten en su esclavo”; la indicación de que “la ley general de educación debe renunciar a la neutralidad ideológica y espiritual” para agregar que “debería impartir una determinada concepción de la vida y del mundo” y la necesidad de insertarla “en el marco de la civilización occidental y cristiana”, y por fin la determinación de anatematizar las “doctrinas políticas contrarias a nuestras esencias nacionales”. Fuente: La Nación, Domingo 4-VIII-1985 Piden revisar una doctrina de Historia (La Razón, 14-VIII-1985) por Ana Villarreal, exclusivo de La Razón Cerca de un centenar de escritores, historiadores, docentes universitarios e intelectuales solicitaron al titular de la Academia Nacional de la Historia, Enrique Barba, que sea revisada la doctrina, aprobada en sesión secreta por los miembros de esa entidad, a instancias del Ministro de Educación del régimen militar Juan Llerena Amadeo. La carta que ha logrado la adhesión de entidades y personalidades de América y Europa fue dirigida al Presidente de la Academia el 7 de junio, y hasta la fecha, no ha obtenido respuesta alguna. El dictamen en cuestión fue formulado por la entidad en mayo de 1980, a pedido de la cartera educativa con motivo de la promulgación –no concretada—del anteproyecto de Ley General de Educación y con el propósito de “orientar la historia que se enseña en las aulas oficiales y privadas”. Los firmantes del petitorio, en este aspecto, sostienen que “nos llena de preocupación la nociva vigencia que dicho pronunciamiento representa para los claustros docentes y el precedente que sienta para el respeto de los derechos humanos y el contenido científico y humanista de la docencia primaria, media y superior”. La carta enviada a la Academia Nacional de la Historia dice, además que “cuando la entidad señala, en mayo de 1980 que, la educación debe proponerse aceptar el orden vigente sustentado en el orden jurídico, estaba, en ese momento, implícita o tácitamente, convocando a la docencia argentina a acatar la Doctrina de la Seguridad Nacional y, contradiciéndose a sí misma—se remarca en la solicitud—a subordinar nuestra Constitución a las Actas Institucionales y el Estatuto del llamado Proceso de Reorganización Nacional”. El dictamen observado especifica el exhorto al gobierno de facto a “crear defensas contra los factores deshumanizante derivados del proceso científico técnico que fuera de sus innegables aportes civilizadores tiende a imponer un materialismo en el que las cosas más que servir al hombre lo convierten en su esclavo”. Sobre este aspecto quienes suscriben la solicitud al profesor Enrique Barba definen que se “refrendaba –de esta forma—la práctica de un oscurantismo que, como es sabido, generó en ese entonces, en muchos lugares del país, la eliminación y subestimación de la enseñanza de la sociología, la antropología, y la psicología, así como la deformación de otras ciencias”. “De igual manera –señala el texto enviado a la Academia—al indicar que, la ley general de educación debe renunciar a la neutralidad ideológica y espiritual, estaba –la Academia—justificando abiertamente al Ministro de Cultura para que se impusiera una determinada postura filosófica y religiosa, que de hecho se impuso”. Entre los firmantes del petitorio se encuentran León Pomer, Eduardo Saguier, Alberto Rex González, Fermín Chávez, Leonardo Paso, Osvaldo Bayer, Mario Rapoport, David Viñas, Oscar Terán, Iván Hernández Larguía, Marta Bonaudo y Germán Fernández Guizzetti. Fuente: La Razón, 14-VIII-1985 La Fabulación Exculpatoria de una ex-colaboracionista del PROCESO (VII-2006) La historiadora e Investigadora Superior del CONICET Noemí Girbal de Blacha, miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y del Directorio del CONICET, se atribuye en un reportaje publicado en el diario “El Urbano", del barrio de Palermo, en su suplemento de Ciencia y Tecnología titulado Universo, del miércoles 22 de marzo de 2006, página 2, el status político de “exiliada interna", que habría padecido durante la dictadura del PROCESO. Para demostrar dicho status de “exiliada interna", la historiadora-directorial Girbal abusa del olvido y manipula la memoria disponiendo “…de las huellas del pasado en función de los compromisos del presente" (Candau, 2001, 61; Ricoeur, 2004, 572). En ese sentido, para impedir que el recuerdo de su pasado claudicante arrase la imagen que fabula o simula de su identidad presente, la historiadora-directorial Girbal construye un pasado “fraudulentamente metamorfoseado", con la intención de que sea canonizado, evocando melancólicamente como único antecedente de ese trágico entonces, que “…trabajaba como profesora adjunta del Dr. Benito Díaz, en la cátedra de historia argentina de la UNLP". Asimismo, en el reportaje citado, para enmascarar sus recuerdos humillantes con supuestas memorias enaltecedoras, añade candorosamente que el titular de su cátedra era padre a la sazón de Pablo Díaz, el sobreviviente de La Noche de los Lápices. La historiadora-directorial de la UNQ Noemí Girbal elige discrecionalmente lo que quiere recordar y no alcanza a rememorar ninguna otra circunstancia que le llegue personalmente y que hubiere acontecido en esos infernales años. Al decir de Jöel Candau (Memoria e Identidad, 2001), la verdad de la Noemí Girbal es lo que ella con vergüenza y esforzadamente oculta, es decir, “el hecho de ocultar es también su propia verdad" (Candau, 2001, 68). No se trata entonces de una amnesia psicogénica, producto de un trauma como podría ser el Síndrome de Estocolmo, sino que se trataría de una amnesia manipulada, una fiebre crónica, como el Sindrome de Vichy, fruto de una claudicación moral, si es que alguna vez ejerció la ética de la responsabilidad o la conciencia moral. Sin ser nuestra paciente y sin poder practicar la cura psicoanalítica por ausencia de credenciales profesionales, es nuestra obligación como colegas historiadores ayudarla a movilizar su memoria, a practicar su duelo, o a lograr la transferencia mediante algunos humildes estímulos de los episodios culturales donde estuvo directamente involucrada, y de los cuales la opinión pública y la comunidad científica tienen todo el derecho a conocer sus pormenores, y porque no también su modesta autocrítica, si es que alguna vez se propone practicarla, especialmente aquellos detalles referidos a la conducción del CONICET en esos trágicos años, en que al personal de la Carrera de Apoyo Dante Guede le fue quitada la vida. En ese rumbo, la historiadora-directorial de la UNQ Noemí Girbal, para alimentar su fábula del “exilio interno" oculta el íntimo vínculo que como Becaria y luego Investigadora de Carrera del CONICET cultivaba con el también profesor titular de la UNLP, Horacio Juan Cuccorese, quien a su vez fue durante el PROCESO el Coordinador de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET, y quien amedrentaba a los postulantes a Ingreso a Carrera que no eran “tropa propia" con la advertencia de que tenían que llenar los formularios de la SIDE. Más aún, la historiadora-directorial Girbal también alimenta su fábula exculpatoria del “exilio interno" ocultando que en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNLP (donde ella venía actuando desde 1967, cuando ingresó como alumna), habían “desaparecido" en 1977 dos de sus colegas y compañeras de promoción, una de ellas hija del Académico Andrés Allende. También oculta que tanto dicho Allende (padre) como los profesores y académicos Enrique Barba, Benito Díaz y Horacio Juan Cuccorese, de la misma UNLP, nunca habían renunciado a las cátedras cuando ocurrió lo de la Noche de los Bastones Largos (1966) ni se conoce que dichos académicos se hubieren pronunciado públicamente contra la Dictadura de los Bastones (1966-72). Incluso, la historiadora-directorial Girbal ceba su fábula reivindicativa ocultando el ceñido vínculo que la unía a la Academia Nacional de la Historia, espacio institucional oxigenador de la Dictadura, donde merced a su Secretario General Sr. Poidvent (marido de su socia y actual miembro de la Comisión Asesora de Historia y Antropología del CONICET y autora de refritos históricos en Página 12 Prof. Aurora Ravina), fue premiada en 1976 por su tesis doctoral y alcanzó a publicar media docena de artículos, en el Boletín de la misma, en la revista Investigaciones y Ensayos, y en las separatas de los diferentes Congresos organizados por dicha Academia en 1980 (Conquista del Desierto, Quinto Centenario de la Fundación de Buenos Aires, etc.). Para mayor bochorno, la historiadora-directorial Girbal nutre dicha fábula del “exilio interno" auto-amnistiando con el olvido su estrecha ligazón con la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC), institución financiada por el CONICET, que fue fundada en 1972 por el ex mandamás del mismo Dr. Tramezzani, dirigida en ese entonces por el Académico José María Mariluz Urquijo y su esposa Daisy Ripodas Ardanaz de Mariluz Urquijo, miembros de la Junta de Historia Eclesiástica, espacio académico donde en 1978 la historiadora-directorial Girbal publicó su tesis doctoral, la misma que había sido previamente premiada en 1976 por la Academia Nacional de la Historia. Y, finalmente, la historiadora-directorial Girbal alcanza el paroxismo de la manipulación selectiva de la memoria, cuando oculta su estrechísimo vínculo con el Instituto Bibliográfico “Antonio Zinny" (IBIZI), institución donde registra su presencia el Director de la revista nazi Cabildo Antonio Caponetto, y en donde publicó en esos años uno de sus artículos de historia, el más escondido de todo su currículum, razonable motivo que la lleva a ella y al resto del Directorio a aprobar periódicamente sin cortapisa alguna los Informes de los miembros investigadores del IBIZI. Por ese motivo, creo que deberíamos comunicar estos hechos a la Oficina Anti-Corrupción (OA), y llamar urgentemente a Junta Médica que aconseje alguna terapia, algún electroencefalograma, que nos aclare las profundas razones psiquiátricas de esta amnesia selectiva, de esta patológica represión de la memoria, por parte de una activa docente-historiadora de la Universidad más cruelmente golpeada de Argentina, la UNLP, y que paradojalmente como Investigadora Superior del CONICET comparte ahora su Directorio, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y lo que es ya el colmo de la usurpación moral --que en breve habremos de denunciar internacionalmente-- la representación argentina ante la National Science Foundation (NSF) y ante la Economic and Social Research Council de Gran Bretaña. Desde dichos notorios y expectables lugares, la historiadora-directorial Girbal triunfa electoralmente en las elecciones del CONICET (merced al fraudulento y clientelístico Reglamento pergeñado por el ex Secretario del Bello, que según rumores asesora actualmente al Secretario Tulio del Bono), y celebra “pactos de no agresión" o “acuerdos de cúpula" con los electoralmente derrotados colegas de la Universidad Nacional de San Martín (Tandeter, Sábato, Palacio, Romero), expresados en la Jornada Académica sobre “Tradición y Renovación en las Ciencias Sociales y Humanas", ocurrida en noviembre de 2003 (donde también participaron Oscar Terán, Ernesto Villanueva y Mariano Narodowski, y donde lo llevaron engañado al Prof. Guillermo O´Donnell, el mismo a quien en el CONICET la mafia de Cuccorese & Cía. le había hecho desaparecer el legajo que lo identificaba como Investigador de Carrera). Y desde dichos lugares la Coordinadora Girbal también subsidia sus revistas cautivas (Theomai y Mundo Agrario); y ejerce la discriminación y la persecución de todas aquellas voces críticas que puedan poner límites a su poder y a su mediocridad, y desde donde también encubre la más fenomenal corrupción del sistema científico argentino, responsabilidad de la cual no está exento por cierto el actual Presidente del CONICET Dr. Eduardo Charreau. Eduardo R. Saguier ¿"Exiliada Interna"? En el diario “El Urbano", que es un diario del barrio de Palermo, en su suplemento de Ciencia y Tecnología titulado Universo, del miércoles 22 de marzo de 2006, página 2, se publica un reportaje a la miembra del Directorio del CONICET Dra. Noemí Girbal de Blacha, con foto incluida, en la que se transcribe lo siguiente: “…¿Cuál es el nexo que se da entre el 66 y el 76? A partir del 76 se profundiza lo que se había iniciado diez años antes, a partir de allí la situación es mucho más difícil. La libertad de expresión desaparece. Yo tenía entonces 28 años y era profesora adjunta del profesor Benito Díaz en la Universidad Nacional de La Plata, de donde egresé. El profesor Benito Díaz era el papá de Pablo Díaz –el chico que sobrevivió a la Noche de los Lápices- y puedo asegurarles que no era tarea sencilla enseñar historia argentina del siglo XX en el contexto que nos rodeaba. Esa es mi historia personal, pero creo que se repite en cada uno de nosotros. Abordábamos temas exclusivos, mientras otros quedaban solapados o no se trataban para poder seguir subsistiendo. Por eso digo que no sólo hubo exiliados externos, sino también exiliados internos. ¿Por qué esta idea repercute tan fuerte? A la comunidad científica nos llevó tiempo entender que los exiliados eran de dos tipos, y que quizás la pasaron tan mal unos como otros. El exilio no pasaba por estar dentro o fuera. Aunque el exilio externo es muy duro de interpretar, también es muy duro estar exiliado en el propio país. Y mientras los Comandantes de la Junta obtenían su libertad (a razón de los indultos presidenciales), los científicos sociales todavía seguían pensando en ese exilio externo e interno. En realidad deberíamos pensar el aporte que cada uno pudo hacer, no solo con su ciencia sino con la sociedad". Fuente: Nuestra America.info 19-07-2006 YO ACUSO-COLABORACIONISMO y BUROCRATISMO SINDICAL El jueves 23 del corriente (23-III-2006) a las 14.30 horas me apersoné en la sede del CONICET, donde se iba a proceder a celebrar un acto de homenaje a los Desparecidos de dicho organismo. En las puertas del Salón de Actos destinado al efecto procedí a distribuir entre los invitados que iban llegando un volante titulado "Ausencia de Autoridad Moral para Honrar a los Científicos Desaparecidos", firmado por la Mesa Coordinadora de PetitionOnline-Carta al Presidente Kirchner. Hallándome en medio de esa tarea de difusión fui conminado a cesar de distribuir el volante por un muchacho de alta estatura que se identificó como Secretario General de ATE-CONICET, y más luego por el Lic. Carlos Girotti, quien me endilgó la expresión de ".que el Acto no me pertenecía", y que yo era un "Provocador". Por cierto, hice caso omiso a ambas conminaciones y continué distribuyendo el volante. Arribado al lugar el Ministro de Educación Daniel Filmus, se procedió a dar inicio al Acto, presidido desde una mesa-escritorio donde se hallaban sentados Girotti, Girbal, Filmus, Charreau y el Secretario General de ATE-CONICET. Comenzó la lista de oradores dicho Secretario General, seguido por un Investigador que había Desaparecido y que posteriormente se incorporó al organismo. Luego tomó la palabra el propio Presidente del CONICET Eduardo Charreau, quien tras breves palabras operó como dueño del acto, pues se arrogó la facultad de invitar a hablar a la Dra. Noemí Girbal de Blacha, miembro del Directorio del CONICET, la misma profesora que formó parte de la estructura político-académica que produjo la Desaparición del Homenajeado, paradójicamente amigo del sindicalista Girotti. Es decir, las autoridades de ATE-CONICET le cedieron al Presidente del CONICET --principal responsable de la corrupción que embarga al organismo y del enmudecimiento general que reina en sus filas- la conducción del Acto-Homenaje para que operara como el anfitrión del mismo, y le otorgaron la palabra a una intelectual colaboradora del establishment Procesista, que actualmente controla como miembro del Directorio la constitución de casi una veintena de Comisiones Asesoras del Área de Humanidades y Ciencias Sociales. En oportunidad que dicha Dra. Girbal de Blacha comenzó a hablar leyendo un texto, la interrumpí a viva voz y le negué autoridad moral para hablar en la ocasión, aduciendo que había sido Colaboradora del PROCESO, pues en ese trágico entonces había colaborado activamente con instituciones y personas que le dieron apoyatura intelectual a la Solución Final del Proceso, entre ellas la Academia Nacional de la Historia, la misma que publicó en mayo de 1980 a pedido del Ministro Llerena Amadeo un Manifiesto sobre los contenidos religiosos y patrióticos con que debe contar la enseñanza de la Historia; con la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC), fundada por el Dr. Tramezzani, procesada por desfalcos y malversaciones de caudales públicos; con el Instituto Bibliográfico "Antonio Zinny" (IBIZI), institución esta última a la que pertenece el Investigador del CONICET Antonio Caponetto, Director de la revista Cabildo (órgano del Nazismo criollo), autor de un reciente libelo titulado "La Iglesia y el 24 de Marzo"; y con el historiador Horacio Juan Cuccorese, Coordinador de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET durante el PROCESO. Como la Dra. Girbal insistía que ella iba a continuar haciendo uso de la palabra, y que ".si no me gustaba podía retirarme", le increpé que su persona era una "fascista", y como tal no podía homenajear a un Desaparecido. Como dicha Doctora se empecinaba en el uso del micrófono me retiré indignado, trasladándome a la Facultad de Ciencias Exactas, donde a las 18 horas se celebró otro acto en homenaje a los Desaparecidos de Exactas, y donde tuve total libertad de volantear el escrito firmado por la Mesa Coordinadora de PetitionOnline-Carta al Presidente Kirchner (documento que ya cuenta con casi un centenar de firmas extranjeras de todas las ramas del conocimiento). http://www.PetitionOnline.com/3954edus/ . Extiendo copia de la presente denuncia al Sr. Víctor de Genaro y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por entender que la conducta de ATE-CONICET, en esta ocasión, se asemeja a una suerte de asociación con personajes de una gestión que encubre a los Colaboracionistas del Proceso, y que reproduce peligrosamente la conducta de la Burocracia Sindical, que tanto había combatido Dante Guede, y en cuya lucha le fue la vida. Eduardo R. Saguier saguiere@ssdnet.com.ar http://www.er-saguier.org AUSENCIA de AUTORIDAD MORAL para HONRAR a los CIENTIFICOS DESAPARECIDOS Los Investigadores y Científicos, que hemos padecido persecuciones, cárceles, tormentos y/o exilios, desde la Dictadura de los Bastones Largos (1966-72), pasando por el Gobierno de la Triple A (1974-75), y culminando con la Solución Final de la Dictadura del Proceso (1976-83), negamos autoridad moral para homenajear a nuestros colegas Desaparecidos a todos los actores y socios de los gobiernos mencionados. La presencia del Secretario de Ciencia y Técnica, y del Presidente y Directorio del CONICET, en el acto convocado por ATE-CONICET, desnaturaliza el objetivo del homenaje, pues lo contamina con elementos no gratos, encubridores de la corrupción del organismo, espacio donde aún no se ha producido autocrítica ni se ha purgado de sus filas a los cómplices activos de un pasado oprobioso (Levato-Girbal de Blacha). La supervivencia de personeros y socios del PROCESO y de un impostor en la conducción del sistema de Ciencia y Técnica http://argentina.indymedia.org/news/2004/08/216928.php agravia a la comunidad científica, obstaculiza el libre acceso a la Sociedad del Conocimiento, deslegitima a sus autoridades, y arroja sobre nuestra comunidad un manto de miedo y escarmiento, que se ha venido diseminando con discriminaciones, acosos y ostracismos, y con un régimen electoral fraudulento impuesto por el Neo-Liberalismo Menemista durante la gestión Delbellista (1995-99). http://www.indymas.com.ar/?p=851 http://argentina.indymedia.org/news/2006/03/385431.php La comunidad científica argentina, no podrá evitar la desjerarquización y la fragmentación hasta tanto no logre erradicar de sus estructuras legales y destituir de sus filas a todos los elementos que vehiculizaron y practicaron la colaboración material o simbólica con el PROCESO. Para esa tarea expiatoria e higienizante, y para que nuestra comunidad cultural y científica pueda remontar del profundo atraso, fraccionamiento y enmudecimiento en que yace mortalmente sumida hemos logrado la adhesión expresa de más de medio centenar de académicos del mundo que se solidarizaron con nuestro proyecto y nuestras reivindicaciones y que han firmado y continúan refrendando la Carta Abierta al Presidente Kirchner http://www.PetitionOnline.com/3954edus/ Mesa Coordinadora de PetitionOnline y de la Carta al Presidente Kirchner Colaboracionismo con el Terrorismo de Estado en Argentina (2003) por Eduardo R. Saguier* En una contribución anterior de mi autoría titulada "Indiferencia Moral durante la Dictadura sobre los Desaparecidos, por parte de una Elite Intelectual Argentina", me centre exclusivamente alrededor de la figura de la "indiferencia moral", una suerte de punto intermedio entre los extremos de la resistencia y el colaboracionismo. En este escrito de hoy quisiera explayarme sobre las connotaciones y naturaleza del colaboracionismo, como expresión de complicidad con los gobiernos de facto que practican el terrorismo de estado. Sabido es que el colaboracionismo con los regimenes despóticos es tan viejo como la historia, pues se dio en tiempos de los faraones egipcios, los emperadores romanos, los papados medievales, las monarquías absolutas, las dictaduras decimonónicas, y los totalitarismos modernos (fascismos, nazismos, stalinismos). Pero también es cierto que no todos los colaboracionismos fueron de igual entidad o ponderación, pues en la historia de la humanidad se dieron diversos tipos de colaboracionismos, comenzando con el colaboracionismo obtenido a instancias de la tortura, pasando por el colaboracionismo venal o táctico-económico, y por los colaboracionismos institucionales e ideológicos, hasta alcanzar el grado máximo con el colaboracionismo de estado, categoría esta ultima que se dio durante las guerras mundiales por parte de aquellos estados vasallos o amenazados por la conquista o la invasión (e.g. : la Francia de Vichy, la Hungría de Horthy, la Noruega de Quisling). Entre los más bajos en la escala, los colaboracionismos venales o táctico-económicos fueron los mas hipócritas, pues estuvieron orientados por el mero interés económico, de los cuales nuestra historia ofrece innumerables ejemplos tanto en nuestro pasado reciente como así también en el mas remoto. Como olvidarnos de la conducta política del Partido Comunista en tiempos de Videla a los efectos de garantir la venta de trigo a la Unión Soviética. Ni que hablar de la conducta de la Unión Industrial, de la Sociedad Rural, y de nuestros grandes periódicos, vorazmente interesados en la licitación publica de Papel Prensa, la cual fuera violentamente confiscada de manos de la familia Graiver-Papaleo. En cuanto a los colaboracionismos institucionales cabe establecer una nueva desagregación, pues se dieron colaboracionismos sindicales, eclesiásticos, educativos y culturales, los cuales tampoco fueron gratuitos, pues en el caso de nuestra burocracia sindical estaba seducida con el control de las obras sociales, en el caso de la burocracia educativa con la habilitación de los títulos profesionales, en el caso de la burocracia eclesiástica con el mantenimiento del vicariato castrense y el encubrimiento de la pedofilia clerical, y en el caso del colaboracionismo cultural, como el de las Academias Nacionales, fueron compradas con un plato de lentejas (subsidios para congresos internacionales con consiguientes besamanos presidenciales públicamente publicitados). Y en cuanto a los colaboracionismos ideológicos, los mas elevados en la escala de responsabilidades, han sido los mas deletéreos y perversos, pues cuentan en su haber con la responsabilidad de haber legitimado intelectualmente, de una forma activa o pasiva, tacita o expresa, la opresión y el genocidio, los cuales también cuentan en la historia universal con innumerables precedentes, unánimemente condenados por el juicio histórico. Este colaboracionismo ideológico puede asimismo desagregarse en colaboracionismos periodísticos, universitarios y científicos, cada uno de los cuales contaba también con un alcance muy desigual en la masa de la población. Por cierto, de todos ellos el que cuenta con la dosis mas alta de responsabilidad es el colaboracionismo periodístico, pues fue el que se encargo durante la ultima y genocida dictadura, de alimentar un ciego odio irracional contra los llamados "subversivos", y luego de dicha dictadura, procuro curiosamente asumir un rol apaciguador clamando por la paz y el olvido, difundiendo hasta el hartazgo la Teoría de los Dos Demonios. Asimismo, este colaboracionismo periodístico debe también desagregarse en los colaboracionismos escritos, radiales y televisivos, contando los mismos con muy diversa penetración, donde el colaboracionismo escrito llegaba a las clases superiores y los colaboracionismos de los medios radio-televisivos (e.g. : Neustadt-Grondona) inundaba al común de la población (ver Knudson, 1997). El análisis del colaboracionismo escrito viene precisamente a cuento, no con motivo de la prensa terrorista y sus periodistas lacayos (e.g. : diario Convicción), o de la prensa confiscada (e.g. : La Opinión), sino por cuanto en el día de ayer, Sábado 16 de agosto (2003), esa Tribuna de Doctrina, que es el diario La Nación, ha publicado sendas notas de los periodistas Félix Luna y Santiago Kovadloff, en las cuales dichos intelectuales confunden adrede la verdad histórica al no diferenciar el terrorismo de estado practicado por gobiernos legítimos (Triple A) de aquel otro practicado por gobiernos ilegítimos, dando así rienda suelta a una conocida teogonía demoníaca, metamorfoseada con un barniz ilustrado de factura jesuítica. ¿Cómo es posible que Félix Luna, quien además de periodista oficia justamente de historiador y correligionario, pueda mostrarse "triste" y "confundido" porque un gobierno legitimo pretenda juzgar el pasado tenebroso de un gobierno ilegitimo que permanece aun impune ? ¿Cómo es posible que el historiador Luna evoque elogiosamente el ejemplo del fusilamiento de Cuitiño, Badia, Alen y otros sicarios Mazorqueros, y supongo que también la condena a muerte del Edecán Antonino Reyes, practicado por las autoridades del Estado de Buenos Aires, para simultáneamente desacreditar dicho elogio al sostener que ello fue un "blanqueo" de la propia sociedad porteña, cómplice del terrorismo Rosista ; y en cambio, cuando se refiere a nuestra propia actualidad, donde prevalece una mayoría de golpistas terroristas de estado aun impunes (que no han sido siquiera debidamente procesados, ni soñar debidamente ejecutados), nos viene a insinuar la conveniencia de una contradictoria, cínica y eterna amnesia ? ¿Cómo es posible que el historiador Luna llame a clausurar una Caja de Pandora cuando su propia persona, desde su tribuna de Todo es Historia, se canso de ejercitar durante el Proceso una autocensura internalizada, institucionalizada y quiero creer libre de publicidad oficial --semejante a la que Pedro de Angelis practicaba en el Buenos Aires Rosista-- al extremo de que nunca su publicación fuera prohibida ni censurada ? ¿Cómo es posible que un periodista lucido y comprometido como Santiago Kovadloff caiga en la implementación de la teoría del Demonio Bicéfalo igualando a los terroristas de estado con aquellos otros que mal o bien procuraron inútil y temerariamente resistir al terrorismo de estado ? ¿de que otra forma puede interpretarse su caracterización de igual "inflexibilidad", "intolerancia", "intransigencia", y "repugnancia", formulada justamente desde un periódico que en tiempos del Proceso guardo un prudente y cómplice silencio con el Terrorismo de Estado ? ¿O no será acaso que estos periódicos buscan valerse de plumas alquiladas para evitar que se investigue su propio colaboracionismo venal con el Terrorismo de Estado ? Debo concluir entonces que para que el terrorismo de estado sea definitivamente erradicado de los justificados miedos del pueblo y la sociedad civil se deberá no solo procesar y condenar a aquellos autores materiales de crímenes de lesa humanidad sino también identificar y castigar a los colaboracionistas intelectuales del terrorismo de estado. Fuentes : Knudson, Jerry W. (1997) : Veil of silence : the Argentine press and the Dirty War, 1976-1983. (Latin American Perspectives, 24 :6, Nov. 1997, p. 93-112, bibl.) *Eduardo R. Saguier, Investigador CONICET Correo : saguiere@ssdnet.com.ar COMENTARIOS Estimado Dr. Saguier : Al leer su ultima nota sobre colaboracionismo con el terror de Estado me sorprendió una frase referida a un personaje guabinoso (la expresión es venezolana : pez de piel gelatinosa) que aparece calificado por Vd. con gran benevolencia : "cómo es posible que un periodista lucido y comprometido como Santiago Kovadloff". Me extraña, pues lo considero un pequeño canalla arribista, porque escribió hace unos años un libro sobre un tema bíblico, cuyo prefacio, o solapa, fue escrito por un cómplice de Videla, el insigne Victor Massuh, embajador del gobierno genocida en la Unesco y que, cómplice y corresponsable, encubrió desde ese puesto internacional todos los crímenes que se estaban realizando en el país. Pero eso no fue suficiente : también el libro fue presentado, juntos, en un acto público por el mismo personaje, Massuh. Seguramente debe ser una de las cuotas a pagar para ser admitido en la Academia Argentina de Letras. Es un personaje despreciado por muchos escritores, judíos y no judíos. Para mi es un personaje repugnante, que se conduele por el "Holocausto" judío, no por la Shoa histórica y política, pero pasa por alto el destino pavoroso de nuestros compatriotas. "¿Cómo es posible ?" Vd. se pregunta, por el artículo de ayer en La Nación. En el caso de este personaje le diría : no podía ser de otro modo, es coherente con su catadura moral, no es ninguna novedad. Este dato, que seguramente no lo conocía, me explica su relativa benevolencia hacia su pasado, y me pareció que debía hacérselo saber. Entretanto, saludos afectuosos Un Vecino del Abasto Capítulo IV Justicia y Dictadura. Convivencia imposible y preludio del Cordobazo (1968) El nuevo golpe de estado, infligido en 1966 a la democracia argentina, era no sólo de naturaleza preventiva, dirigido contra el eventual caos que habría de producir la integración política del peronismo (hasta entonces proscrito) --que el gobierno Radical garantizaba-- sino también punitiva, para repeler o ahuyentar una supuesta amenaza izquierdista que la revolución Cubana preanunciaba y que el pase a la clandestinidad del Che Guevara aseguraba. Tanto la proscripción del Peronismo como la amenaza izquierdista estaban enmarcadas en el contexto de un mundo bipolar signado por la Guerra Fría entre dos bloques mundiales antagónicos. En este nuevo golpe, que difería notoriamente en su intensidad represiva con el que le habría de seguir en 1976, la vida político-partidaria fue su primera víctima, extendiéndose la proscripción a la totalidad de los partidos políticos, siguiéndole en la lista de víctimas la vida académico-universitaria, que se expresó trágicamente en la Noche de los Bastones Largos (VII-1966). Para el Cursillismo católico la universidad pública estaba identificada con el bloque mundial compuesto por los países integrantes del socialismo real. Es entonces que tanto la vida político-partidaria como la universitaria y sindical y también la judicial entraron a sufrir consecutivos atropellos, que fueron alimentando el clima insurreccional que finalmente se desató en junio de 1969, primero en el comedor estudiantil de Corrientes, y luego en Córdoba, más conocido este último como el Cordobazo. La pregunta a formularse entonces sería ¿la resistencia antidictatorial debía estar marcada sólo por una política anti-proscriptiva que hiciera eje en el peronismo o debía por el contrario abarcar a la totalidad del arco opositor de forma tal que también incluyera la recuperación de las libertades académicas, proscriptas de la vida universitaria desde julio de 1966? ¿la resistencia anti-dictatorial debía agotarse en la lucha obrera o de masas o debía incluir también la resistencia armada? ¿la resistencia anti-dictatorial debía agotarse en la lucha de calles o debía también incluir la resistencia judicial compuesta por el arsenal de recursos jurídicos, tales como los habeas corpus y los recursos de amparo? ¿no debía acaso hacerse lo imposible por parte de las fuerzas populares para evitar que el conflicto derivara en lucha armada? Antecedentes históricos de la Justicia Argentina En principio, en junio de 1966, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia fueron dejados cesantes en sus cargos. No obstante, a diferencia del gobierno del primer Peronismo (1949) y al de la denominada Revolución Libertadora (1955), el gobierno de la auto-titulada Revolución Argentina (Ongania) respetó en un comienzo el precepto constitucional que garantiza la inamovilidad de los jueces (art.96 de la CN), y no puso en comisión al Poder Judicial. Asimismo, dicho gobierno de la titulada Revolución Argentina, en las respectivas provincias, y con la sola excepción de Misiones, confirmó a cada uno de los Tribunales Supremos. Ahora bien, la circunstancia de no haber puesto en comisión al Poder Judicial ni haber decretado el estado de sitio ¿significaba acaso que la Dictadura de Ongania respetaba la independencia de la justicia, y que la población no se hallaba bajo un estado de sitio tácito o virtual, con sus libertades y garantías individuales coartadas, expuestas o amenazadas? Como es sabido, dicha Dictadura o Estado de Excepción, fundada en sus Actas y Estatutos, y sin necesidad de decretar formalmente el estado de sitio, había disuelto a los partidos políticos, les había prohibido el uso de sus distintivos y denominaciones, e incluso había entrado a sangre y fuego en la más importante universidad argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA). Parafraseando a Hobbes, la dictadura vendría a ser “la verdadera puerta por donde entró la guerra a la república”, es decir donde tuvo su inicio lo que eventualmente devendría en tragedia, el verdadero preludio de una violencia totalitaria; pues en dictadura no “hay asamblea, ni votación, ni aceptación de la regla de la mayoría”. ¿Hubo entonces, en aquel clima represivo, algún juez que se atreviera a otorgar a dichos partidos el amparo judicial que les garantizara el cumplimiento de los derechos de reunión y asociación? No, por cierto. Ello no ocurrió, y ningún integrante del Poder Judicial a lo largo y ancho del país se dio por aludido, ni renunció a sus cargos. Cabe destacar que la intensidad represiva de ambas dictaduras, la de la Revolución Argentina y la del Proceso, fueron radicalmente diferentes. Mientras la Revolución Argentina (1966-72) podría ser caracterizada como la de una dictadura de baja intensidad, la del Proceso (1976-82), sin duda, debe ser evaluada como la de una de muy alta intensidad. Homenaje a la Reforma Universitaria Sin embargo, dos años después de producido el golpe de estado, y tras numerosos atropellos a las libertades públicas, en oportunidad de celebrarse en Rosario (Santa Fe), en junio de 1968, el cincuentenario de la Reforma Universitaria, ocurrió un evento de resistencia judicial, único en los anales de la historia forense argentina y latinoamericana, muy poco mencionado y hasta si se quiere extrañamente ocultado por la historiografía contemporánea. Dos jueces del foro Rosarino (Gardella y Frávega), insuflados de un idealismo jurídico-humanitario, y alegando la inexistencia del estado de sitio que pudiera haber enervado el derecho de reunión garantizado por la Constitución Nacional, otorgaron a la Comisión de Homenaje a la Reforma Universitaria, el Recurso de Amparo solicitado para realizar un acto público y conmemorativo, el cual había sido previamente prohibido por las autoridades locales y nacionales (Apéndice A). La comisión de homenaje que encabezó el acto prohibido y reprimido estuvo presidida por el ex decano de la Facultad de Medicina Luis Munist, y por el Ing. Ismael Bordabehere, firmante junto a Deodoro Roca, Gumersindo Sayago, Horacio Valdés y Enrique Barros, del legendario "Manifiesto Liminar" de 1918. Ismael era hermano de Enzo Bordabehere, legislador asesinado en el recinto del Senado en la década del treinta. (Apéndice B). Más aún, la Suprema Corte Provincial, lejos de repudiar sendos fallos judiciales, apoyó enfáticamente los mismos con una Acordada o declaración pública (Apéndice-C). Reprimidos los dos consecutivos actos de homenaje en forma violenta y despiadada, ambos jueces no se arredraron y aplicaron luego al Jefe de Policía de Rosario un arresto de treinta (30) días, que los mismos apelaron (Apéndice-D). La justicia con la que el foro y la juventud universitaria de Rosario intento homenajear a la precedente juventud universitaria de Córdoba pretendía asimismo saldar la deuda de éxodo y ruinas ocasionada en el ámbito universitario por la Noche de los Bastones Largos. Como es de imaginar, sin perder sus reflejos, las autoridades dictatoriales centrales, impregnadas de un decisionismo Schmittiano y de una clara distinción entre los que consideraba sus “amigos” y los que reputaba como sus “enemigos”, temerosas que el ejemplo Rosarino cundiera, y que el país cayera en manos “enemigas”, como en el pasado mes de mayo de 1968 había acontecido en París, decretó de inmediato, sin necesidad de recurrir al estado de sitio, la intervención del Poder Judicial de Santa Fe, con lo que el mensaje instalado en la opinión pública local y nacional era algo así como la ratificación simbólica de la mencionada Noche de los Bastones Largos. Esta intervención fue declarada el 24 de junio de 1968, como una excepción que aniquilaba la regla disuasoria que se había inaugurado dos años antes, cuando se instauró el golpe de estado, la que como norma había respetado la integridad de los poderes judiciales provinciales (Apéndice-E). Un año más tarde, el 30 de junio de 1969, producido el Cordobazo y el subsiguiente asesinato del sindicalista Augusto T. Vandor, la declaratoria de estado de sitio ya no pudo evitarse. Tampoco dicha intervención del poder judicial santafesino, al igual que la remoción de la Corte Suprema de Justicia ocurrida en 1966, llevaba implícita, según lo declaró entonces el Ministro del Interior Dr. Guillermo Borda la puesta en “estado de comisión” del personal judicial. Sin embargo, su primer impacto fue el de un generalizado clima de terrorismo de estado, que se puso de manifiesto con la remoción y/o renuncia de los jueces Gardella, Frávega y Basualdo, y la de los integrantes de la Corte Suprema Provincial (Sala, Pérez Martín, Rodríguez Sager, Sánchez Almeyra, Sanguinetti, Giavedoni), y su reemplazo con otros jueces, fundándose para ello en el art.6º de la Constitución Nacional. Para las funciones interventoras el Poder Ejecutivo Nacional designó al doctor Darío Sarachaga, conocido jurista de la entraña nacionalista-católica, quien asumió el 26 de junio de dicho año. El anuncio fue formulado en la mañana del 24 de junio por el ministro del interior, doctor Guillermo Borda, quien señaló que “la grave determinación tomada por el gobierno nacional” obedece a la situación creada con motivo de los conflictos estudiantiles ocurridos en ocasión de celebrarse el aniversario de la reforma universitaria. Borda pertenecía al elenco docente exonerado de la UBA en 1955 por haber firmado la reelección de Perón, los cuales merced a la fundación de las universidades privadas durante la gestión presidencial de Frondizi pudieron recuperar sus cátedras en las universidades católicas. Este elenco docente se había hecho fuerte en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (UCA) desde donde conspiraban para vengarse del agravio sufrido durante la Revolución Libertadora. Fundamentos de la Intervención al Poder Judicial de Santa Fe La ley que dictó la Intervención estuvo acompañada por un mensaje del Ministerio del Interior Borda, en el que expresaba: “El pueblo de la República ha visto con estupor que dos jueces de la provincia de Santa Fe [Gardella y Frávega], después de hacer lugar a un recurso de amparo destinado a posibilitar la realización de un acto prohibido por el Poder Ejecutivo, se pusieron al frente de una manifestación inequívocamente política, no sólo por sus finalidades, sino también por las personas que la encabezaban. “El mantenimiento del orden público es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo; es también su deber más primario y elemental, un deber a cuyo cumplimiento no puede sustraerse. “Si bien el respeto por la independencia del Poder Judicial es el basamento ineludible del estado de derecho, no es menos cierto que tal respeto sólo es debido en orden a las atribuciones propias de dicho poder. Si, por el contrario, este pretende inmiscuirse en lo que son atributos de los otros poderes del Estado, éstos tienen el deber constitucional de impedir tales excesos. Pues no hay que confundir independencia del Poder Judicial, con gobierno de los jueces. “Es muy importante para un país tener jueces íntegros y valientes; pero es igualmente importante que ellos tengan una conciencia muy ajustada y cabal de los límites de sus atribuciones. “El avance de un poder sobre otro constituye un factor hondamente perturbador de esa armonía funcional, sin la cual la vida social sufre la penetración de un factor más y muy grave, de disociación y anarquía. “En ningún momento podría el Poder Ejecutivo declinar su esencial atributo de mantener el orden; mucho menos podría hacerlo en momentos como el presente, en que muchos países son sacudidos por una ola de violencia instrumentada por minorías extremistas, que persiguen la disolución social y la anarquía. “Este movimiento de alcances internacionales se propone hacer pie en nuestro país, en circunstancias en que su pueblo quiere trabajar en paz y seguir gozando de seguridad y libertad. “Todo ello hace particularmente grave la interferencia de aquellos magistrados, que pretendieron evitar el cumplimiento de medidas que el mantenimiento del orden hacía inexcusables. “Si sólo se tratara de una actitud aislada de los aludidos magistrados, el problema debía haberse resuelto por la vía normal de su enjuiciamiento. Pero ha existido otro hecho más grave aún; la Suprema Corte provincial, lejos de condenar tan reprobable conducta, la ha apoyado con una declaración pública realmente insólita, pues los tribunales de justicia no pueden hacer manifestaciones respecto del derecho que asiste a quienes se encuentran en conflicto, sino en el expediente en el cual la cuestión está planteada y en el momento de dictar sentencia. Pero el aludido tribunal, en lugar de esperar las actuaciones que debían llegarle por vía de apelación, ha hecho, fuera del expediente, una declaración que además de importar un juzgamiento, tiene un significado político evidente. “Todo ello demuestra la necesidad impostergable de reorganizar el Poder Judicial de aquella provincia, usando el remedio excepcional que brinda el artículo 6º de la Constitución Nacional. “Es por ello que elevo a la consideración de V.E el adjunto proyecto de ley. Dios guarde a vuestra Excelencia”. La designación del interventor Simultáneamente con la mencionada ley, se dio a conocer un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se designó Interventor, con el alcance indicado en aquella ley, al doctor Darío Sarachaga, quien será asistido por un secretario que él designará y por el personal auxiliar que sus tareas exijan”. Manifestaciones del ministro del interior. En una breve conversación que mantuvo con los cronistas, el ministro del interior Dr. Borda, consultado al respecto dijo que la intervención en el Poder Judicial no lleva implícita la declaración en “estado de comisión” del personal de éste, aunque el interventor está facultado para remover y reemplazar a los integrantes del Poder Judicial”. Se le preguntó si esta medida puede determinar un conflicto de poderes, a lo que respondió: “No hay conflicto de poderes ni hay colisión con los Estatutos o el Acta de la Revolución, ya que es una medida fundada en el art.6º de la Constitución Nacional”. El Poder Ejecutivo Nacional –agregó—pone en ejecución la potestad que le atribuye la Constitución Nacional”. El doctor Sarachaga El doctor Sarachaga, que nació en la provincia de Corrientes en el año 1901, cursó estudios en el Colegio Militar de la Nación entre los años 1919 y 1922 y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, de donde egresó como abogado en 1934. Posteriormente, desde 1947 hasta 1953, fue Fiscal de Cámara de Apelaciones de la Capital Federal y profesor en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. En la actualidad ocupa el cargo de fiscal de estado en la provincia de Buenos Aires. Entre otras distinciones, el doctor Sarachaga recibió la Orden de Malta y la Orden de Isabel la Católica, de España. (La Prensa, 25-VI-1968) Conclusión La historia política del poder judicial argentino debe reconocer en los violentos sucesos que jalonaron la conmemoración del cincuentenario de la Reforma Universitaria en junio de 1968 un umbral significativo en la resistencia político-cultural a la dictadura desatada en 1966. Es decir, se debe reconocer en dichos hechos un hito que, a juicio de Carlos del Frede, “…marcó a fuego a la institución”. La dictadura de Onganía envió al doctor Darío Saráchaga como presidente de una corte “…que en los hechos subordinó la Constitución Nacional a los preceptos del estatuto de la llamada Revolución Argentina. Con mucha dignidad, tres jueces renunciaron ante tamaña invasión, pero el poder judicial santafesino ya no fue el mismo”. Amén de su rol como uno de los preludios de la tragedia que se habría de desatar posteriormente con el Proceso, para del Frede (2006), treinta años después de dicha Intervención las huellas del terrorismo de estado “…se perciben en casi todos los juzgados”. Según lo que narraron decenas de funcionarios del poder judicial entrevistados a lo largo de varios años por Del Frede, la democracia de transición “…generó en los estudios jurídicos influyentes, tanto santafesinos como rosarinos, una nueva dependencia del poder político”. Y más aún, en las facultades de derecho “…no se dictan cátedras ni seminarios sobre historia política del poder judicial de los últimos cuarenta años ni tampoco se promueven investigaciones sobre los orígenes de los jueces ni existen debates públicos en torno a sentencias de indudable resonancia social”. Capítulo V Resistencia al Proceso desde el Exilio (1979-84) En otra contribución de mi autoría, me centre exclusivamente alrededor de la figura del colaboracionismo con el terrorismo de estado, una suerte de punto extremo opuesto a la resistencia activa. En este nuevo escrito de hoy quisiera extenderme sobre la naturaleza del exilio, destierro, expatriación u ostracismo, como expresión de resistencia cultural, en las antípodas del colaboracionismo con los gobiernos terroristas de estado. Sabido es que el exilio es tan antiguo como la historia humana, pues se dio en toda época y lugar, y en Argentina en especial, se dio en tiempos de Rosas (1836-52), muy luego en tiempos de Quintana (1905), de Uriburu (1930-1931), y en tiempos de la Revolución de 1943 y su prolongación durante el gobierno de Perón (1946-55), también a partir de la revolución que lo derrocara en 1955, así como en tiempos de la autodenominada Revolución Argentina (1966-72). Pero también es cierto que no todos los exilios fueron de igual entidad o ponderación, pues en la historia de la humanidad se dieron diversos tipos de exilios, los internos y los externos, los puramente económicos conocidos como mera emigración, y los exclusivamente políticos y también los estrictamente intelectuales. Con referencia al exilio externo experimentado durante el régimen genocida argentino (1976-1983), prolongación aumentada de un previo exilio puramente académico (1966-72), desde hace tiempo me vengo preguntando ¿por qué no se ha continuado una investigación a propósito del mismo? Saúl Sosnowski, quien organizara en diciembre de 1984 un Coloquio de intelectuales argentinos en la Universidad de Maryland (EE.UU.), del que participaron, entre otros, León Rozitchner, Tomás Eloy Martínez, Noé Jitrik, Tulio Halperín Donghi, Beatriz Sarlo, José Pablo Feinmann, Liliana Hecker, Luis Gregorich, Kive Staiff y Juan Carlos Martini, relató más luego --en la compilación publicada en 1988-- sus recuerdos de dicha reunión: “El clima fue tenso ya, antes de la inauguración. Se perfilaban estrategias de enfrentamiento y distensión; acusaciones por denuncias y silencios, por permanencias y desplazamientos geográficos...". La misma distribución de los invitados y su diferente composición y contenidos en cinco (5) mesas distintas reveló las amistades y las rivalidades existentes. Halperín aceptó integrar la mesa I denominada "Contextos" solo con Solari Yrigoyen y con Peralta Ramos. Y Kive Staiff y Kovadloff aceptaron integrar la mesa V titulada "Proceso de debate y reconstrucción" solo con Luis Gregorich y con Solari Yrigoyen. Solo en las otras tres mesas hubo algún asomo de debate teniendo en cuenta la rivalidad ideológica de sus integrantes. No obstante los esfuerzos de aquel Coloquio por iniciar una discusión enriquecedora, Sosnowski se lamentó que en los años que siguieron a esa reunión “...no hubo, no se pudo o no se quiso hacer” un análisis riguroso de lo acaecido en el campo intelectual. “Más bien parecía que se anhelara que el `tema’ –como tantos otros– cubriera una fugaz trayectoria y `desapareciera’ entre las constelaciones retóricas de las tareas por realizar `para una plena reconstrucción nacional’. No parecía haber tiempo para reflexionar.”. A los fines de responder al desafío formulado hace un par de décadas por Sosnowski, y a semejanza de los numerosos debates y discusiones ocurridos en Alemania después de la Guerra acerca de la responsabilidad de los intelectuales por el Holocausto (Nolte, 1987; y Kampe, 1985), e ignorando si algún otro colega haya hecho alguna contribución con referencia al caso argentino, cabría entonces preguntarse, ¿cuales fueron esas denuncias y esos silencios?, ¿cuales las permanencias y cuales los desplazamientos geográficos cuestionados? El texto de León Rozitchner se destacó por su crítica a Rodolfo Puiggrós y la interpretación de la "desaparición" de su hijo. En cuanto al texto de Hecker, era harto conocido por su polémica con Cortázar. El de Gregorich, para ese entonces Director de EUDEBA, se destacó también por lo que significó haber dirigido durante la dictadura el semanario cultural del diario La Opinión. Pero es más patético aún por culpa de un artículo suyo que se volvió amargamente célebre, titulado “La literatura dividida”, publicado en el diario Clarín cuando dirigía la página internacional del mismo, donde establecía con una impronta entre irónica y satírica una mera distinción geográfica entre los escritores que se quedaron, pertenecientes al llamado exilio interno, y aquellos otros que se fueron de la Argentina durante la dictadura militar. A diferencia de la distinción meramente espacial formulada por Gregorich, el historiador Osvaldo Bayer ensayó en dicho Coloquio una divisoria de aguas fundada en las "marcas dejadas por la dictadura". En su cruda ponencia, Bayer rememora los grados de preferencia, la esquizofrenia, las formas de represión cultural, la interpretación de la violencia, la campaña publicitaria dictatorial, los slogans televisivos, etc.. Pero sin duda, la ponencia que más intrigas y suspicacias despertaba era la de Gregorich, debido a los rencores y resquemores que su artículo en Clarín habían sembrado. En su ponencia y participación, Gregorich buscó afanosamente aclarar el "malentendido" aduciendo cínicamente que esa división estaba pensada para "desorientar" a los censores, pero que en realidad encubría el deseo de resaltar la presencia de escritores en el exilio (o desaparecidos), tales como Puig, Viñas, Constantini, Conti, Walsh, Di Benedetto, y Tizón. En réplica indirecta al novelista Juan Carlos Martini, presente en el Coloquio, Gregorich argumentó: "...nadie parece haber descifrado su sentido obvio y ostensible: la reivindicación de la tradición crítica de la literatura argentina, la recuperación de un espacio en que la literatura se compromete con la realidad política y social”. Pero la pretendida "aclaración" sonaba a excusa tardía y no hizo mas que ahondar las sospechas y los recelos hacia la conciencia moral de cierto "exilio interno" por parte de los demás colegas del Coloquio. Era difícil descifrar el sentido de un texto, cuando el mismo estaba preñado de una ironía agraviante hacia quienes habían optado por el camino del exilio. También era difícil percibir la supuesta "reivindicación de la tradición crítica" argentina en un pasaje contaminado de una socarrona mordacidad hacia los proscriptos. "...¿Qué será ahora, qué está siendo ya de los que se fueron? Separados de las fuentes de su arte, cada vez menos protegidos por ideologías omni-comprensivas, enfrentados a un mundo que ofrece pocas esperanzas heroicas, ¿qué harán, cómo escribirán los que no escuchan las voces de su pueblo ni respiran sus penas y alivios? Puede pronosticarse que pasarán de la indignación a la melancolía, de la desesperación a la nostalgia, y que sus libros sufrirán inexorablemente, una vez agotado el tesoro de la memoria, por un alejamiento cada vez menos tolerable. Sus textos, desprovistos de lectores y de sentido, recorrerán un arco que empezará elevándose en el orgullo y la certeza y que terminará abatido en la insignificancia y la duda". Cuesta entonces poder dar crédito a la ironía de este párrafo, producto de una conciencia moral envenenada, lindante al más bajo de los colaboracionismos con el terrorismo de estado, máxime cuando las expatriaciones fueron forzadas por las amenazas y los peligros de cárcel o muerte, distando por mucho de ser meras emigraciones. Son correctas, de acuerdo con Sloterdijk (2003), "...las huidas, pues con ellas se rechaza un ánimo estúpido y porque solamente los locos se consumen en luchas sin esperanza". Si bien a diferencia de la antigüedad remota, en que el destierro era considerado una de las máximas desdichas, al extremo que Sócrates prefirió beber de la cicuta, en la modernidad tardía fue estimado como una bendición --no solo por los aires de libertad que garantizaban, sino esencialmente por la seguridad que significaban para la propia vida-- aunque pese a ello la experiencia no dejaba de ser dolorosa. El gran poeta Heine emigró a París en 1831 "...para respirar el aire ciudadano que hacia libre ´Me fui porque tenía que irme´". Conozco el caso de muchos colegas que carecían de "ideologías omni-comprensivas", por su conocida militancia social-demócrata, pero cuya permanencia en el país se había hecho insostenible, por cuanto sus prontuarios policiales y sus amistades en la izquierda los habían marcado inevitablemente. Como consecuencia de ello sufrieron amenazas y en algunos casos simulacros de secuestro a partir de los cuales aceleraron su partida al exilio. Pero también debo señalar que los exilios difieren mucho entre sí, no solo por la condición social y profesional del exilado, sino también por su pertenencia o no a un aparato político solidario con su desgracia, por el lugar geográfico donde tuvo en suerte recalar, y por la intensidad de la resistencia político-cultural practicada durante el mismo. Una cosa es exilarse con un diploma y un curriculum en su haber, y otra muy distinta hacerlo con una mano atrás y otra adelante. Y una cosa es exilarse con el apoyo de una estructura partidaria nacional y/o internacional y otra muy distinta es hacerlo individualmente a lo líbero. En su primer y breve exilio en Chile, durante la dictadura de Ongania, en su condición de meros estudiantes sin beca, los exilados de marras pasaron las mil y una. Pero en su segundo exilio, con Videla y Cia., al contar con ciertos antecedentes y recomendaciones académicas pudieron zarpar con becas en sus alforjas. En cuanto al lugar geográfico, para un sudamericano, en especial uno del Cono Sur, el exilio en Europa o México es una bendición comparado con uno en Australia, en el Medio Oeste norteamericano, o en los países escandinavos. Y, finalmente, una cosa es exilarse y luego hundirse en el mutismo y la contemplación, y otra muy distinta es exilarse preservando un espíritu contestatario y solidario para con los que se quedaron sufriendo en el solar nativo. ¿Cuál es la responsabilidad y las virtudes ëticas de una elite intelectual exilada en tiempos sombríos? ¿no es acaso ser fiel al mandato de su conciencia moral, sin el cual "...no se podría resistir el poder corruptor de las instituciones"? Capítulo VI Resistencia al Neoliberalismo en la Ciencia Argentina (1989-95) En esta sección me restringiré a los actos de resistencia al neoliberalismo enquistado en la ciencia argentina a partir del triunfo del Menemismo. Para ello reproduciré algunos testimonios periodísticos que contaron con alguna relevancia y repercusión. Restricciones en el CONICET (La Prensa, 25-VIII-1989) Investigadores y docentes rechazaron distintas medidas de organización interna y restricciones presupuestarias impuestas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que funciona en la órbita del estado. Por el contrario, el secretario de Ciencia y Técnica, Raúl Matera, dijo que desde su área se pretende “mejorar sensiblemente” la situación salarial de los Investigadores del CONICET. Matera negó enfáticamente que se tenga previsto suprimir el sistema de apoyo a los investigadores universitarios. Un grupo calificado de estos últimos –entre ellos el Adjunto Eduardo Saguier—coincidieron en expresar su rechazo a “toda discrecionalidad en la composición de las Comisiones Asesoras”. Extendieron su condena a “toda restricción presupuestaria que atente contra el ingreso de nuevos científicos y la continuidad de los esfuerzos practicados por los becarios de todas las categorías”. En un documento difundido por Saguier se planteó que las anomalías en la conformación de las comisiones, “sin participación de los investigadores” fue una constante durante el gobierno anterior y aún continúa. “Las elecciones practicadas para nominar dos delegados en el Consejo Asesor de Ciencia y Técnica, donde ocho miembros son nominados por el gobierno, constituyó una parodia de elección pues violó las más elementales normas de cualquier comicio democráticamente convocado”, se indicó. Fuente: La Prensa, 25-VIII-1989 Un Premio rechazado (Página 12, 7-I-1994) El profesor titular del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Eduardo Saguier, renunció ayer al premio a la Producción Científica por la “naturaleza falaz, discrecional y regresiva del premio que viene a acentuar la humillación del cuerpo docente”. En una carta dirigida al rector Oscar Shuberoff y fechada el 5 de enero, Saguier considera que “se ha degradado la noción de lo que debe ser un premio académico, reduciéndolo a una mísera bonificación o incentivo salarial” y califica la distinción otorgada por Resolución No.4728/93 del Consejo Superior como “un soborno de campaña preelectoral, destinado a comprar la voluntad de la docencia universitaria, que creyó en la convocatoria rectoral. Saguier recuerda que oportunamente impugnó las bases y el jurado del premio sin recibir respuesta alguna de las autoridades de la Universidad, razón que lo lleva a pensar que “percibo la concesión de este premio como un intento de debilitar mi9 postura, porque de aceptarlo aparecería cambiando una actitud moral por una suma de dinero”. El profesor del Departamento de Historia fundamentó también su rechazo en que la concepción de la distinción legitima “el decreto 2427 del Poder Ejecutivo nacional denominado Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, que suplirá de ahora en mas al premio a la Producción Científica, y extiende a escala nacional los criterios impugnados, y viola la Ley Universitaria al introducir en todas las universidades el poder de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación”. Fuente: Página 12, 7-I-1994 Denuncian a la UBA y al CONICET (Ambito Financiero, 10-I-1995, p.14) Eduardo Saguier, profesor titular de Historia en la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET, publicó ayer una carta abierta al rector Oscar Shuberoff en la que denunció presuntos casos de corrupción en el CONICET, órgano en el que, según él, algunos de sus miembros estarían confabulados para distribuirse subsidios, y también oscuros manejos en la UBA. Según Saguier, muchos medios académicos del país están sumidos en una serie de hechos turbios, y entre ellos destaca –con tono de pregunta—el caso del jefe del Departamento de Historia de la UBA –profesor Tandeter—quien recibió en 1987 de manos de la Comisión de Historia del CONICET un subsidio trianual del Programa de Investigación y Desarrollo (PID), y luego, cuando pasó a formar parte de esa comisión, él mismo otorgó el PID a quien lo precedió en el cargo (profesor Romero) y que, por otra parte, había sido quien le había conferido el subsidio en su momento. Subsidios Asimismo, el profesor denunció “actos violatorios de los principios del régimen republicano de gobierno y de igualdad ante la ley” en el otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA (UBACYT) mediante “jurados secretos, designados por dicha Secretaría, y como tales no susceptibles de ser impugnados” y pidió al rector que intervenga dicha secretaría como lo hizo en el resonado caso del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE). Fuente: Ambito Financiero, 10-I-1995, p.14 La Complicidad de la CONEAU en la legalización del FASTA En el caso particular de la Universidad FASTA, fundada por el Fraile Aníbal Fosbery OP, en 1962, su autorización provisoria Ministerial se obtuvo durante la primer presidencia de Menem, en 1991, tiempos en los cuales el Dr. Raúl Matera regía la SECYT y Bernabé Quartino el CONICET.[1] Esta institución, ubicada en Mar del Plata, inicialmente denominada Universidad de la Ciudad, con una subsede en Bariloche, fue promovida por la Asociación Civil FASTA o "Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino", institución laical perteneciente a la Orden Dominica argentina. La Universidad FASTA habría contado con el privilegio extralegal de haberle sido aprobados en 1991 los planes de estudio, sin ser examinados por el Ministerio, con el argumento de haber sido el fruto de un convenio previo firmado con la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), lo cual le sirvió nueve años más tarde para que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) le aprobara los Informes de Evaluación, pese a los notorios contenidos cerrilmente sectarios y dogmáticos impartidos en dicha Universidad, que violan abiertamente el art.33 de la Ley 24.521, consagrados a defender "...las libertades académicas y la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación". A su vez, a la subsede de Bariloche le fueron también convalidados los planes de estudio por ser el fruto de un convenio firmado con la Asociación Cultural Germano Argentina (ACGA), la cual era propietaria del Instituto Primo Capraro, escuela alemana existente en Bariloche desde 1907. Nota: [1] El rector de la Universidad Católica Santo Tomás de Aquino había sido Fray Aníbal Fosbery, hijo de padres irlandeses, y "...el segundo hombre en importancia después de Bussi durante la dictadura provinciana, su amigo y tal vez su confesor. Antes de dominico Fosbery era cadete en el Colegio Militar de la Nación. Durante la guerra de las Malvinas, las FF.AA. le confiaron un cheque de más de cien millones de dólares para comprar armas en el exterior" (Rosenzvaig, 2000). Fuente: Capítulo 9 del Tomo I, correspondiente a la obra electrónica de Eduardo R. Saguier titulada Un Debate Histórico Inconcluso en América Latina (1600-2000), http://www.er-saguier.org Capítulo VII Corrupción en la Ciencia Argentina (1987-2006) La amarga decadencia de la ciencia Argentina no ha sido fruto de la espontaneidad, sino que es producto de décadas de degeneración, de arbitrariedad y de políticas de botín de guerra, a veces de una forma más inescrupulosamente descarada, como ocurrió durante la dictadura de los Bastones Largos (Houssay, que dirigió el CONICET hasta su fallecimiento en 1971, se negó a proteger a los profesores renunciantes de la UBA que habían perdido su lugar de trabajo; y a su muerte, el CONICET pasó a ser rehén de los sectores más retrógrados) y durante el denominado Proceso (ver Abeledo, 1989); y en otras épocas posteriores --desde el golpe de Semana Santa (1987) hasta el presente-- de un modo mucho más sordo y deletéreo, pues ha sido y es enmascarado, confabulado y oculto. Piden que se democratice el CONICET (La Nación, Domingo, 7-XII-1986) Es de inexcusable prioridad democratizar las anacrónicas estructuras del CONICET”, expresa en el borrador de una nota al Presidente de la Nación que discuten investigadores convocados por Eduardo R. Saguier, director del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se previene en el documento que “cuando un organismo nacional como el CONICET detenta el poder de asignar fondos públicos para investigar y publicar, y de su gestión no existe control democrático alguno por parte de sus integrantes, intereses mezquinos pueden llegar a manipular dichos fondos en pos de objetivos ajenos a la deseada recuperación y excelencia del nivel científico nacional”. En el documento la entidad pone de manifiesto la necesidad de “elevar la calidad de la investigación científica” y por ende sugiere que se eliminen los sistemas autocráticos de la elección de sus autoridades para aventar “toda sospecha de cesarismo, discrecionalidad y favoritismo”. Hay que establecer claramente, se dice en la exposición de motivos de un anteproyecto de ley, normas “que garanticen la periodicidad, elegibilidad y revocabilidad” de las autoridades del organismo, así como la publicidad de sus actos”. Se acompaña la nota con el articulado del anteproyecto, por el cual se exige a quienes revistan en la carrera de investigador defender sus trabajos en congresos o jornadas internas y se propone un sistema de elección de autoridades. “Los miembros de las comisiones asesoras honorarias de cada área o sector serán elegidos por el voto directo de aquellos investigadores contratados y en carrera que hubieren ganado cátedras o direcciones de Institutos universitarios en concursos públicos de oposición y antecedentes”, dice el art.2. En cuanto al Directorio, estará compuesto “por miembros democráticamente elegidos por los presidentes de las comisiones asesoras y por los integrantes de la Junta de Calificaciones” (art.4) Fuente: La Nación, 7-XII-1986 Debate sobre el CONICET (La Nación, 10-XII-1986) Los Investigadores de todo el país han sido invitados a discutir una democratización de las estructuras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Para mañana, a las 18, se los convocó en el Instituto de Historia Argentina Dr. Emilio Ravignani, 25 de mayo 217, 2º piso, que dirige Eduardo Saguier. El tema concreto de la reunión es el debate de eventuales cartas al Presidente de la República y un anteproyecto de ley de democratización del organismo, de lo cual se dio noticia en la edición del domingo. El encuentro, al cual se llama a todos los investigadores sin distinción, incluidos los funcionarios, se vincula con el Programa de Democratización de la Cultura. Fuente: La Nación, 10-XII-1986 Denuncian irregularidades en el concurso Bernardo Houssay (La Prensa, sábado 19-XII-1987) El profesor Eduardo Saguier, titular interino de la Facultad de Filosofia y Letras de la UBA e investigador adjunto del CONICET solicitó al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas “intimar a las autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la suspensión del acto público a celebrarse el próximo lunes –a las 18.30—en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, oportunidad en que se distribuirán los diplomas del concurso público “Premio Bernardo Houssay”. El pedido se canaliza a través de una denuncia basada “en la sospecha de que este concurso no ha sido convocado con las pertinentes formalidades, plazos y publicidad apropiada”. En ese sentido, Saguier cuestiona “¿en que medios del interior del país ha sido anunciado dicho concurso y mediante que mecanismos ha sido constituido el jurado y analizada la obra académico científica de centenares de postulantes?”. Cabe destacar que el concurso otorga cien premios de 10 mil australes [en ese entonces a la par del dólar] cada uno a los mejores trabajos de investigación realizados por investigadores menores de 45 años, y cincuenta de 5 mil australes para investigadores menores de 35 años. El CISEA En el escrito presentado ante Molinas, Saguier interroga “si es cierto que Jorge Schvarzer –uno de los jurados del concurso—dirige el Centro de Investigación Social sobre el Estado y la Administración (CISEA)”, un instituto de investigación, docencia y asistencia técnica a organismos públicos, “al cual pertenecen como investigadores titulares con goce de licencia los que hoy en día son ministros de educación y canciller de la República”. Asimismo, se cuestiona “si es cierto que Hilda Sábato de Reboratti –beneficiada por el jurado—integra un programa de estudios de Historia Económica Social y Americana (PEHESA), materialmente adherido al CISEA”. Por otra parte, se pregunta “si es afirmativo que Beatriz Sarlo –otra de las ganadoras—es investigadora visitante del referido centro de investigaciones, y si no abunda a favor de una mayor sospecha en torno a la figura del nepotismo la circunstancia de que también se beneficia con igual sinecura el marido de Hilda Sábato, Carlos Reboratti”, recientemente designado coordinador de la Comisión de Historia y Antropología del CONICET. Impugnaciones anuladas Eduardo Saguier solicita además a Molinas, que se investigue “si es cierto que en el concurso el miembro del jurado Jorge Schvarzer firmó el acta donde se beneficia a los profesores Hilda Sábato de Reboratti y Beatriz Sarlo con diez mil australes cada uno”. Seguidamente, denunció que no consta en dicha acta que “Schvarzer se excusara de juzgar, o en su defecto, de designar a quien juzgara, los méritos académico-científicos de dichos profesores y que en tal caso, el dictamen del jurado del concurso habría incurrido en las causales de impugnación y como tal, anulable por un tribunal ético-administrativo”. “Asimismo –continúa el escrito—cabe denunciar que entre el miércoles 16 del corriente mes, fecha en que fueron anunciados públicamente los resultados del concurso y el próximo lunes en que habrán de distribuirse los premios, las autoridades CONICET han reducido de hecho la posibilidad de impugnar el resultado de este concurso a sólo dos días hábiles”. Sueldos superiores Por último, Saguier denunció que “gran parte de los 150 beneficiados por este concurso se encuentran incorporados como investigadores de carrera del CONICET y como tales gozan de sueldos superiores a los que cobran los investigadores que sólo han podido acceder a la docencia universitaria”. “Hubiera sido por ende más conducente al progreso de la cultura argentina destinar el millón y medio de australes que insumió este concurso a la publicación de la inmensa cantidad de manuscritos que yacen en los archivos del CONICET”, culminó. (Fuente: La Prensa, sábado 19-XII-1987) Jurado en un Concurso (La Prensa, 23-I-1988) Señor Director: He tenido conocimiento, a raíz de la noticia publicada el 19 de diciembre pasado en La Prensa, de que el profesor Eduardo Saguier habría presentado una nota ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en la que alude a mi actuación como jurado del concurso en el que se adjudicaron los premios Bernardo Houssay y del CONICET. El texto, que ustedes citan con amplitud, muestra que este señor emplea un estilo indirecto y ambiguo del estilo de “se investigue si…” o “se verifique si es cierto…”, que lo coloca más cerca de la maledicencia que de la denuncia. Todo esto resulta tan difuso que no encuentro críticas aceptables; tampoco rastros de un razonamiento lógico que permita inferir su verdadera preocupación. No obstante, su presentación –sumada a la importancia otorgada al tema por ustedes—me mueve a escribir esta respuesta con el objeto de aventar cualquier residuo de duda de que esas confusas e incoherentes alusiones, puedan crear en quienes las hayan leído con poca atención o carezcan de la información adecuada. Si algo puede entreverse de la nota de marras en lo que a mi respecta es que existiría una “irregularidad” en el hecho de que haya suscrito, como jurado, el acta en la que se resolvió premiar a Hilda Sábato y a Beatriz Sarlo por estar vinculadas al Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), institución que dirijo; la irregularidad se extendería, por razones incomprensibles, a que entre los premiados figura Carlos Reboratti, marido de la primera de ellas. No encuentro en estos elementos inconsistencia alguna ni razón de excusación o recusación. Ninguno de los tres tiene relaciones de dependencia o familiaridad conmigo y no veo motivos, como no los hallaron los 750 concursantes presentados, para que existan dudas sobre la ecuanimidad del jurado. El tema principal, totalmente ignorado en la nota difundida por ustedes, consiste en la forma y criterios con que se otorgaron los premios en cuestión. Una estricta evaluación de cada uno de ellos, que tuvo en cuenta sus antecedentes, trabajos y publicaciones, motivó un orden de méritos en el que coincidieron distintos investigadores consultados para asegurar la objetividad del jurado. Pero el señor Saguier ignora la existencia o no de méritos académicos de los nombrados en su afán de sembrar dudas: si bien comienza mencionando “sospechas”, termina pidiendo nada menos que “la suspensión” del acto de entrega de premios debido a que no se habrían cumplido una serie de formalidades que no se preocupa de verificar. El propósito de crear confusión es evidente. Sólo así puede entenderse que el texto busque relacionar a los actuales ministros de relaciones exteriores y de educación con el CISEA para, luego, relacionar al CISEA conmigo, como jurado del premio otorgado por el CONICET y, finalmente, echar dudas sobre las decisiones al respecto. Si en la bruma del razonamiento, hay circunstancias y datos, estos sólo pueden explicarse por las confusiones que genera el autor o, quizás, que constituyen parte orgánica de su modo de razonar. Esto se hace más evidente cuando aporta sospechas en “torno a la figura del nepotismo” por la circunstancia de que haya sido premiado el marido de Hilda Sábato; o el señor Saguier ignora el sentido del término nepotismo o supone que los concursantes se han otorgado recíprocamente algo cuando lo cierto es que el premio –que tampoco es una sinecura como lo califica el texto mencionado—fue otorgado por terceros. No alcanzo a comprender por qué marido y mujer, que trabajan en dos disciplinas y ámbitos diferentes, no pueden presentarse simultáneamente a un concurso donde se presentaron 7850 postulantes y actuaron siete jurados y quince asesores acompañados por los directivos del CONICET. En definitiva, y para facilitar la labor de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas si es que quiere tomarse la molestia de asumir las confusas prevenciones del señor Saguier, aclaro lo siguiente: es cierto que soy director del CISEA; es igualmente cierto que actué como jurado del premio Bernardo Houssay instituido por el CONICET; es cierto que Hilda Sábato, Beatriz Sarlo y Carlos Reboratti han recibido premios en ese concurso, como consta en los periódicos, junto a otros 147 beneficiarios, por méritos académicos y de acuerdo a las normas correspondientes; es cierto que las dos primeras trabajan físicamente en el CISEA como investigadoras de carrera del CONICET sin relaciones jerárquicas conmigo; y es cierto que la primera y el último son marido y mujer. Pero ninguno de esos hechos públicos y notorios justifica “sospechas” de “nepotismo”, “causales de recusación” y otras frases sin sentido, pero con mucho sonido, que se exponen en la nota publicada por ustedes. Jorge Schvarzer Director del CISEA Pueyrredón 510-Buenos Aires (Fuente: La Prensa, 23-I-1988) Algo más sobre el CONICET (La Prensa, sábado 27-II-1988) Señor Director: En la carta del director del CISEA, señor Jorge Schvarzer, publicada el 23-I-88 refutando mi denuncia contra el CONICET respecto del concurso de premios Bernardo Houssay (La Prensa, 19-12-1987), amén del afán de descalificar mi persona y de atribuirme maledicencia y otros juicios deshonestos, incurre en graves omisiones, y no demuestra el menor asomo de autocrítica por la múltiple incompatibilidad ética incurrida, ufanándose por el contrario con respuestas que tergiversan mi denuncia y no cubren de inocencia su actuación como jurado de dicho concurso. Cuando en su descargo, el jurado Schvarzer insiste que los premiados objetados miembros del CISEA no estaban en relación de familiaridad o dependencia jerárquica con él, no obstante su condición de director del CISEA, comete perjurio al contradecir la información que brinda el folleto editado por el propio CISEA y titulado Diez Años de Labor, 1975-1985. Esta publicación revela que dos de los premiados objetados pertenecen orgánicamente al CISEA desde 1979 y por tanto estuvieron bajo la dirección del licenciado Jorge F. Sábato, actual ministro de educación, y están hoy bajo la dirección del señor Jorge Schvarzer. Esta situación –dada la incompatibilidad ética implícita—lo obligaba a excusarse de actuar como jurado. Esta obligación nacía también del hecho –que deberá ser investigado por la Fiscalía—de que algunos postulantes por él premiados (Carlos Reboratti, Beatriz Sarlo), y más allá de sus méritos académicos, se desempeñaban como autoridades de un organismo (CONICET) al cual el CISEA le adeuda considerables favores materiales. En efecto, el CISEA ha sido desde hace cuatro años, a diferencia de otros marginados centros privados, beneficiario directo o indirecto de becas, contratos y subsidios otorgados por el CONICET y otras reparticiones estatales. Estos beneficios fueron otorgados con la autorización de la Comisión del CONICET presidida por el profesor Luis A. Romero, también miembro del CISEA, y que desde julio pasado preside el Licenciado Reboratti, marido de otra miembro del CISEA, la doctora Sábato, con lo cual se haría manifiesta la incompatibilidad ética de ser ellos mismos simultáneamente otorgantes y beneficiarios de dádivas oficiales. El no haberse excusado ocasionó un rechazo generalizado en el ambiente académico que mi denuncia y pedido de suspensión del acto de distribución de premios recogió, lo cual no le dá derecho a agraviarme alegando maledicencia de mi parte y candorosa inocencia de su lado. Deberá también preguntarse la Fiscalía, para aventar todo género de duda, si es cierto que los quince asesores mencionados por la carta del señor Jorge Schvarzer, nueve fueron designados por Resolución No.1532 del 1-10-87, y seis se mantienen inexplicablemente anónimos, incluidos los que asesoraron al jurado Schvarzer para evaluar a los premiados impugnados (cuyas identidades me fueron negadas en el CONICET). Asimismo, cuando el jurado Schvarzer se obstina en señalar lo improcedente del término nepotismo y desde allí ridiculizar mis apreciaciones, lo que hace es desviar la atención de una situación harto anómala, que oscurece la transparencia de este concurso. El ser él la persona que otorgó el premio no lo consagra como tercero neutral supuestamente ajeno a toda relación de parentesco e indemne a toda incompatibilidad ética. He aquí, que la institución que él dirige cuenta entre sus miembros fundadores y ex director, en uso de licencia, al actual Ministro de Educación de la Nación, primo hermano de la doctora premiada, con lo cual su pretendida inocencia se desmoronaría en una operación de nepotismo encubierto tampoco precisamente gratuito. Finalmente, el jurado Schvarzer falta a la verdad cuando para aventar la sospecha de la existencia de camarillas acude a la excusa de que el matrimonio premiado “trabaja en ámbitos diferentes”, pues no puede ignorar que el licenciado Reboratti, jefe del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, es desde hace tiempo miembro de la Comisión de Historia y Geografía del CONICET, donde reviste como Investigador Independiente, y desde julio pasado como su Coordinador; y que su señora esposa, la doctora Sábato, que también reviste como Investigadora Independiente se ha desempeñado en dicha comisión, en opinión de gran parte de los colegas, como una verdadera “eminencia gris”, decidiendo sobre becas, subsidios y promociones, acumumlando cargos con poder administrativo tales como Coordinadora de la Secretaría de Investigación del Rectorado de la UBA, consejera en la Facultad donde su marido es Jefe de Departamento, Coordinadora del Congreso Internacional de Historia Económica de CLACSO, jurado en numerosos concursos, coordinadora del próximo y costoso homenaje a José Luis Romero, y “last but not least” panegirista oficial del libro de Giussani sobre la vida y obra del actual Presidente de la República (La Razón, 18/12/87) Eduardo R. Saguier Investigador Adjunto del CONICET Juan F. Segui 3955. (Fuente: La Prensa, sábado 27-II-1988) Restricciones en el CONICET (La Prensa, 25-VIII-1989) Investigadores y docentes rechazaron distintas medidas de organización interna y restricciones presupuestarias impuestas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que funciona en la órbita del estado. Por el contrario, el secretario de Ciencia y Técnica, Raúl Matera, dijo que desde su área se pretende “mejorar sensiblemente” la situación salarial de los Investigadores del CONICET. Matera negó enfáticamente que se tenga previsto suprimir el sistema de apoyo a los investigadores universitarios. Un grupo calificado de estos últimos –entre ellos el Adjunto Eduardo Saguier—coincidieron en expresar su rechazo a “toda discrecionalidad en la composición de las Comisiones Asesoras”. Extendieron su condena a “toda restricción presupuestaria que atente contra el ingreso de nuevos científicos y la continuidad de los esfuerzos practicados por los becarios de todas las categorías”. En un documento difundido por Saguier se planteó que las anomalías en la conformación de las comisiones, “sin participación de los investigadores” fue una constante durante el gobierno anterior y aún continúa. “Las elecciones practicadas para nominar dos delegados en el Consejo Asesor de Ciencia y Técnica, donde ocho miembros son nominados por el gobierno, constituyó una parodia de elección pues violó las más elementales normas de cualquier comicio democráticamente convocado”, se indicó. Fuente: La Prensa, 25-VIII-1989 Denuncian a la UBA y al CONICET (Ambito Financiero, 10-I-1995, p.14) Eduardo Saguier, profesor titular de Historia en la Universidad de Buenos Aires e investigador adjunto del CONICET, publicó ayer una carta abierta al rector Oscar Shuberoff en la que denunció presuntos casos de corrupción en el CONICET, órgano en el que, según él, algunos de sus miembros estarían confabulados para distribuirse subsidios, y también oscuros manejos en la UBA. Según Saguier, muchos medios académicos del país están sumidos en una serie de hechos turbios, y entre ellos destaca –con tono de pregunta—el caso del jefe del Departamento de Historia de la UBA –profesor Tandeter—quien recibió en 1987 de manos de la Comisión de Historia del CONICET un subsidio trianual del Programa de Investigación y Desarrollo (PID), y luego, cuando pasó a formar parte de esa comisión, él mismo otorgó el PID a quien lo precedió en el cargo (profesor Romero) y que, por otra parte, había sido quien le había conferido el subsidio en su momento. Subsidios Asimismo, el profesor denunció “actos violatorios de los principios del régimen republicano de gobierno y de igualdad ante la ley” en el otorgamiento de subsidios por parte de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA (UBACYT) mediante “jurados secretos, designados por dicha Secretaría, y como tales no susceptibles de ser impugnados” y pidió al rector que intervenga dicha secretaría como lo hizo en el resonado caso del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE). Fuente: Ambito Financiero, 10-I-1995, p.14 Asociación Ilícita (CONEAU, CONICET, SECYT) (IX-2002) Entiendo que mi anterior acusación contra el CONICET, con motivo de las Asesorías o Consultorías "truchas" es de una gravedad inusitada, pero el verdadero culpable de este "chiquero" en que se ha convertido el sistema científico y docente argentino, como lo ilustra el adagio, no serian los "chanchos" sino el "chanchero" que les da de comer, y que a mi modesto juicio radica en la incestuosa combinación entre el poder político parlamentario, el Directorio del CONICET, y una serie de organismos públicos y privados que actúan como autores intelectuales (CONEAU, CRUP, SECYT). El que legislo la existencia de este Directorio corporativo y clientelistico, donde se encuentran representadas en igualdad de rango las organizaciones del agro y de la industria (cual si fueran una burguesía ilustrada), con las universidades y los organismos de investigación científica, ha sido nuestro parlamento. Y las instituciones que habrían diseñado adrede las omisiones y espacios en blanco, tales como la aparentemente inexistente reglamentación de contratos de asesoría, consultoría y docencia temporaria --verdadera "zona liberada" para "curros" y actividades "truchas" que por no estar regladas permitiría se manipularan discrecionalmente reciprocidades y amiguismos así como las penurias económicas de los Investigadores-- serian el propio Directorio del CONICET, en asociación ilícita con el funcionariado o mandarinato de carrera de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), de la Agencia Nacional para la Producción científico-Tecnológica, de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Estos nada inocentes organismos públicos ni nada ingenuos vacíos reglamentarios y esta absoluta carencia de transparencia ha dado lugar a que centenares de investigadores y docentes, acuciados por las necesidades que engendran los salarios de hambre, se prendieran sin escrúpulo alguno de cuanta inmunidad existe, como si se disfrutara de verdaderos fueros especiales. Ahora también nos explicamos por cual extraña razón, el Directorio del CONICET fue sospechosamente indulgente para con aquellos Investigadores que se descubrió acumulaban salarios de Dedicación Exclusiva en las Universidades y el CONICET (los sumarios administrativos respectivos fueron cajoneados); y por que venales motivos la CONEAU en combinación con el CRUP habría legalizado la proliferacion de universidades-chatarra o enseñaderos. Y ahora también nos desayunamos el porque de la criminal indiferencia y desidia para con la suscripción de revistas electrónicas, el porque de la existencia de Institutos y Fundaciones fantasmas de orígenes públicos sospechosos, el porque de Reglamentos de Concursos corporativos e inconstitucionales que prescriben Jurados compuestos por jueces y partes interesadas, así como el porque de los recientes y obscuros intentos de licitar las direcciones de los Institutos del CONICET. Pero respecto a las autorizaciones para celebrar contratos de asesoria o consultoria, aun quedan muchos críticos interrogantes para los que no he encontrado aun respuestas, tales como: ¿es correcto que numerosos Investigadores-Consultores y Docentes no declaren ante el CONICET sus respectivos contratos de asesoría y docencia? ¿es correcto que las Declaraciones Juradas que se prestan en el CONICET no pregunten si un Investigador dedica horas de su trabajo oficial en contrataciones con instituciones privadas? ¿es legitima la diferencia eufemística entre planta y contrato? ¿es legitimo que no exista incompatibilidad alguna entre un cargo de planta en un organismo publico y otros bajo contratos en instituciones privadas que se renuevan periódicamente? ¿es legitimo acumular cuantos contratos se pueda? ¿Cuándo y donde fue posible obtener dichas autorizaciones para contratos de asesoría? ¿fueron estas autorizaciones automáticas y anteriores o posteriores al contrato de asesoría? ¿requirió o no el CONICET conocer el monto de los emolumentos cobrados por los Investigadores-Consultores a las empresas publicas y privadas? ¿se tuvieron en cuenta los derechos del CONICET a participar de dichos ingresos económicos? ¿son estos emolumentos procedentes de contratos igualados a las Dedicaciones Simples o a las Dedicaciones Exclusivas? ¿Cuantos y cuales son los Investigadores-Consultores que siguen cobrando regularmente en el CONICET?, y ¿porque razón la Lista de marras fue eliminada de la pagina web del CONICET?. Entiendo que las investigaciones en el CONICET y el tiempo que estos casi doscientos (200) Investigadores le dedicaron a las mismas en el periodo 1997-1999 lo fueron en calidad de dedicación horaria exclusiva. Si bien toda otra prestación de servicios extras a entes o empresas privadas o publicas están explícitamente autorizadas por el Estatuto del CONICET (Art. 33, inc. b), el Escalafón de la Carrera del Investigador científico y Tecnológico (Decreto Nacional No.1572/76), en su Art. 13 del Anexo A, establece para el caso de las tareas docentes que esta prestación de servicios extras es factible siempre y cuando no exceda en el tiempo de una dedicación simple (8 horas semanales equivalentes a $150). Por ello, también entiendo, que en materia de asesoráis o consultorías, al no haber el Directorio establecido aparentemente ninguna normativa especifica, debería aplicarse a las mismas --por analogía y en homenaje al principio de igualdad ante la ley-- el articulo del decreto referido a quienes amen de la investigación ejercen la docencia. En materia de legislaciones y reglamentaciones, la jurisprudencia y el derecho publico administrativo sostienen que en la vida legal no puede ni debe existir vació jurídico alguno. Por otro lado ¿qué razón jurídica valida existiría para que lo que rige en el ejercicio de la docencia no pueda funcionar en el ejercicio de las asesoráis o consultorías?.Asimismo, entiendo que estos Investigadores y Docentes habrían tenido la legítima opción de prestar con exclusividad su dedicación horaria incluso en empresas y establecimientos privados, siempre y cuando así lo hayan declarado en el CONICET y este haya aceptado dichos lugares de trabajo. Por tanto, todo ingreso o emolumento obtenido en dichas empresas y establecimientos que hayan excedido el equivalente a una Dedicación Simple ($150) entiendo que tiene que haberles sido descontado de su retribución en el CONICET. De no haberlo declarado, y por consiguiente de no haberles sido deducido aquel emolumento de sus salarios en el CONICET, habría significado que el Directorio admitió que pudieron haber acumulado los salarios correspondientes a dos (2) o más Dedicaciones Exclusivas, lo cual es ilegal y punible en sedes administrativa y penal, pues habría ido directamente en desmedro de la calidad de sus investigaciones en el CONICET, y de su docencia en las Universidades Nacionales, degradándolas a la condición de investigaciones y docencias "truchas" y en provecho especulativo de los contratantes privados, degradando a la totalidad de dichas operaciones convirtiéndolas en "curros". De ninguna manera estos vulgares pero onomatopéyicamente elocuentes calificativos van en perjuicio de la idoneidad científica o técnica de dichos Investigadores y Docentes, sino que persiguen calificar la "dedicación horaria" que le habrían dado a sus investigaciones y docencias, que supuestamente debieron haber contado con tiempo completo o dedicación horaria exclusiva. Debo señalar que en la Lista de marras hay una media docena de investigadores (Cristian Bocco, Raúl Comelli, Isabel Martínez de San Vicente, Hugo Miguez, Roberto C. Rodríguez, Blanca M. Rosales, Adrián Schiavini), que acumularon tres (3) asesoráis, y también hay quienes acumularon cuatro (4) y hasta cinco (5) contratos de asesoría (Carlos A. Giudice, Julio Cesar Neffa, Jorge E. Rabinovich, Ramiro Sarandon y Maria Lucrecia Vera). Mas grave aun, en diversos lugares del país, aunque comprobado fehacientemente solo en las provincias de Cuyo, algunos Investigadores que incurrieron en desafueros semejantes (e.g.: Daniel R. Ciocca), habrían facturado a sus contratantes privados incluso los insumos que utilizaron en las investigaciones practicadas en sede publica, procedentes de compras realizadas con subsidios oficiales. La gravedad que habría significado para estos casi doscientos (200) Investigadores facturar privadamente, en exagerado exceso del salario correspondiente a una dedicación simple ($150), asesorías o consultorías íntimamente vinculadas con sus respectivas investigaciones en el CONICET y que fueron prestadas mientras paralelamente se hallaban incluidos en la planta o nomina de este organismo publico, echa necesariamente un manto de sospecha sobre la legalidad, honestidad y proporcionalidad de las asesoráis y docencias concertadas por aquellos que siguieron cobrando salarios de Dedicación Exclusiva en el CONICET. En otras palabras, la sospecha debe recaer exclusivamente sobre quienes habrían facturado en empresas privadas y en instituciones publicas diferentes servicios de consultoría en sus propios beneficios personales y por montos muy superiores al equivalente a una Dedicación Simple, y que simultáneamente hayan cobrado integro sus salarios de Dedicación Exclusiva en el CONICET. También se extiende esta denuncia a quienes habrían facturado en establecimientos privados y en otras instituciones publicas diferentes servicios de docencia en sus propios beneficios personales y por montos muy superiores al equivalente a una Dedicación Simple, y que simultáneamente hayan cobrado íntegros sus salarios de Dedicación Exclusiva en las Universidades Nacionales. Estas duplicaciones en los cobros habrían obrado en absoluto desmedro de la prohibición de acumular salarios de Dedicación Exclusiva, y habrían defraudado y vaciado de contenido la dedicación horaria exclusiva a la que se comprometieron y cuyos correspondientes salarios habrían supuestamente percibido en el CONICET y en las Universidades Nacionales. Por ende, el CONICET y las Universidades Nacionales estarían ahora constreñidos y con el pleno derecho de accionar judicialmente a los efectos de lograr el reintegro o reembolso de todo aquello que en dichos CONICET y Universidades Nacionales se haya cobrado en exceso del salario correspondiente a una Dedicación Simple. Mucho mas grave que los contratos de asesoría y/o consultoría oficialmente declarados en el CONICET, serian aquellos contratos no declarados así como los denominados contratos temporarios docentes, obtenidos privadamente por Investigadores del CONICET y docentes de universidades publicas, paralelamente a sus funciones oficiales, en establecimientos de índole privada y publica, tampoco declarados ante organismo alguno, vaciando o privatizando así el tiempo y el calendario oficial, y hasta los espacios e insumos oficiales, en provecho de otras instituciones privadas y publicas, que así se beneficiaron de recursos humanos calificados sin tener que invertir en ellos gastos en concepto de antigüedad, seguridad y previsión social, lo cual habría devenido en una defraudación masiva y colectiva, una verdadera asociación ilícita en perjuicio de las instituciones docentes oficiales, en menoscabo de la inmensa mayoría de los colegas que por culpa de estos inescrupulosos voraces no pueden alcanzar siquiera un salario de Dedicación Semi-exclusiva, arrojados así al desempleo y la exclusión; y en detrimento del mercado de recursos humanos calificados, el cual se hallaría por estas causales criminales y dolosas, totalmente corrompido, congelado y oligopolizado, sin que hasta el presente ningún organismo administrativo (CONEAU, Secretaria de Educación Superior y Consejo Ínter universitario Nacional) o judicial (Fiscalías) haya tomado cartas en este verdadero escándalo nacional, que tiene desde hace años inhibida, acorralada y boicoteada la investigación científica y la docencia superior argentinas. No obstante todo ello, quienes incurrieron en estos vituperables excesos no deberían mortificarse demasiado, pues --valga como consuelo-- en la misma comprometida situación se encontraría también el propio actual Presidente del CONICET, Dr. Eduardo Hernán Charreau, quien como Investigador Superior --con lugar de trabajo en el IBYME-- habría desempeñado al unísono tareas de consultoría en los Laboratorios BETA S.A. y en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), donde habría cobrado honorarios excesivamente por encima de una Dedicación Simple, para un trabajo de "...diseño de Guías de Curso de Maestrías y Doctorados". Es entonces el actual Presidente del CONICET Dr. Charreau quien debería ahora dar el ejemplo y ser el primero en reintegrar al CONICET todo aquello que en el haya cobrado en exceso del salario correspondiente a una Dedicación Simple, bajo apercibimiento que de no hacerlo así el CONICET debería iniciarle un sumario administrativo y un juicio ordinario ante el fuero criminal. Pero tampoco el Dr. Charreau debería apenarse pues en la misma anómala condición suya se encontrarían también multitud de Senadores y Diputados que simultáneamente a sus labores parlamentarias de tiempo completo, por las cuales cobran la totalidad de su dieta, perciben también en empresas privadas honorarios e ingresos que exceden con holgura y hasta con obscenidad el equivalente a una Dedicación Simple, sin que hasta el momento ningún Fiscal de la Nación haya iniciado las acciones correspondientes. Por ultimo, dado lo manifestado al comienzo de este escrito respecto a la naturaleza del sistema científico y docente argentino que induce perversamente a "currar", entiendo que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), el Directorio del CONICET y todos los Centros e Institutos que han trabajado amparados por estos organismos deberían ser políticamente intervenidos por el futuro gobierno e incriminados judicial y criminalmente por haber eventualmente tolerado y prohijado la corrupción. Por otro lado, debo aclarar que no ha estado jamás en mi animo poner en tela de juicio la idoneidad técnica o científica de estos Investigadores y Docentes, que por otro lado, desconozco supinamente. Deseo también manifestar que los móviles de mi denuncia fueron puramente altruistas, y que mal se puede sospechar que haya buscado en particular perjudicar la reputación individual de los casi doscientos (200) colegas de la Lista, de los cuales apenas conozco personalmente a una ultra-minoría, entre los que figuran incluso algunos Investigadores que son de mi propia e intima amistad. Sin otro particular, le saluda Eduardo R. Saguier Fuente: Pol-Cien, IX-2002 Ciencia y Escándalo en Argentina (IX-2002) Las autoridades de las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en las personas de sus presidentes el Arq. Hugo Guillermo Storero y Lilia Jorgelina Guadalupe Puig de Stubrin, respectivamente, conjuntamente con las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el CONICET, la SECYT y la CONEAU fueron denunciados ante la Oficina Anti-corrupción pues habrían cometido eventualmente los delitos de asociación ilícita, usurpación, administración fraudulenta, negociación incompatible con la función publica, malversación de recursos públicos, y violaciones de los deberes de funcionario publico y de la autonomía universitaria al haber puesto las instalaciones y recursos técnicos y humanos de dicha Universidad al servicio de intereses privados y del mundo de los negocios mercantiles, así como por dificultar con sus respectivos desempeños el cumplimiento de los objetivos y las misiones para las cuales fueron creadas dichas instituciones. Vengo también a solicitar la investigación de la eventual declaración de inconstitucionalidad del art. 1º. inc. a) del Decreto No. 1331/95, sustitutivo del Decreto No.508, ambos reglamentarios de la Ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica; así como del art.59, inc e), de la Ley 24.521 de Educación Superior. Asimismo, la Fundación Innova-T, y su sucesora UBATEC S.A. se encontrarían inextricablemente entrelazadas con las instituciones arriba denunciadas, por eventual complicidad con las posibles actividades delictivas de las autoridades de la SECYT y el CONICET. Estas eventuales actividades ilícitas habrían devenido en practicas desinformadoras para la opinión publica, corruptoras para una amplia minoría de la planta de Investigadores del CONICET, y discriminatorias para con aquellos Investigadores que ejercen complementariamente la docencia en establecimientos públicos. En la Universidad Nacional del Litoral (UNL), sus autoridades habrían desnaturalizado totalmente la función y los fines de una universidad, so pretexto de pretender salvar la brecha existente entre la sociedad y la ciencia. La función y los fines de una universidad no pueden ser otros que la producción de conocimientos propios, originales y genuinos así como la transmisión de conocimientos ajenos e importados, y jamás la producción de mercancías en la forma de bienes o servicios. Cualquier otra actividad, por mas filantrópica con que esta se pretenda maquillar, atenta contra los fines de aquella, al poner el eje central de las casas de estudio en supuestas transferencias tecnológicas que debieran ser de exclusiva responsabilidad del estado, a través de sus agencias e institutos administrativos específicos, tales como el INTA, el INTI, la CNEA, el INIDEP, o la CONAE, donde dichos programas de transferencia habrían sido aparentemente fructíferos, pero nunca a través de entidades autónomas y colegiadas como las Universidades Nacionales, que por tener objetivos puramente científicos y docentes dichos programas crematísticos irían en perjuicio directo de la investigación propia, original y genuina. Una comunidad cultural y científica profesional no puede ni debe sustituir los necesarios roles diferenciados que le corresponden a las elites políticas y económicas ilustradas, o lo que es lo mismo a las burocracias y burguesías ilustradas. Mas aun, la prestación de servicios a terceros por parte de las instituciones publicas educativas pone en riesgo la autonomía y la vida académica de los claustros docentes, al desviarlos de sus funciones especificas que son las de enseñar e investigar, y los empuja a batirse en campañas publicitarias, pujas re-distributivas e injustas desigualdades en el reparto de lo recaudado por la venta de dichos Servicios, tal como actualmente viene ocurriendo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Pagina 12, viernes 20 de Septiembre de 2002, p.13). En la Universidad Nacional del Litoral (UNL), las empresas Zeltek S.R.L. (gerenciada por el Lic. M. Daelli), y Labofrant (dirigida por el actual Presidente de CAPROFAC Dr. Juan Torres), asi como los Institutos de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química o INTEC (dirigido por el Dr. Alberto Enrique Cassano), y el Instituto de Tecnología Biológica (INTEBIO, dirigido por el Dr. Alberto Marcipar), que fueron "incubadas" en dicha Universidad, fabricarían fármacos cuya invención procede de patentes externas pero que se comercializarían aquí en aparente beneficio de los proveedores de la industria farmacéutica, tales como Genargen y Laboratorio Pablo Cassara, usufructuando las instalaciones y recursos humanos de dicha Universidad bajo el paraguas de los inconstitucionales art. 1º. inc. a) del Decreto No.1331/95, reglamentario de la Ley Nacional 23.877 del 28-IX-1990, y del art.59, inc. e) de la Ley 24.521 de Educación Superior. En el marco de esta legislación inconstitucional, Zeltek S.R.L. facturó en el ciclo lectivo 2001 un total de dos millones trescientos noventa mil novecientos diecinueve con 35 centavos ($ 2.390.919,35) en concepto de Servicios a Terceros. En el caso del INTEC, sito también en la provincia de Santa Fe, se trata de un equipo de investigación encabezado por el Dr. A. Cassano, al cual pertenecería el actual Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación Ing. Julio A. Luna. No obstante los datos proporcionados en la pagina web, las autoridades de dicha Universidad Nacional del Litoral no han informado o han ocultado información a la opinión publica de cuales habrían sido las regulaciones y los porcentajes con que lo facturado fue distribuido entre la Universidad y los equipos docentes que brindaron estos servicios a terceros. Es sugerente recordar que el Dr. Cassano, conjuntamente con Angel Molero, Roberto Brie, Patricio Randle, Alvaro Gimeno y Juan Llerena Amadeo fueron durante el Proceso los aportantes al PROMEC, programa apoyado por el CONICET-SENOC, el cual se destacaba por practicar usos y costumbres semejantes a las que hoy venimos a cuestionar (Informe sobre Investigaciones de Hechos Ocurridos en el CONICET, periodo 1976-1983, pp.54-56). También estaría complicado el Directorio del CONICET, constituido en oportunidad de inaugurarse estos eventuales ilícitos --que son de naturaleza continua-- por el Lic. Armando Bazán, el Dr. Luis Beauge, el Dr. Esteban Brignoli, el Dr. Norberto Ras, el Dr. Juan Tirao, el Lic. Marcelo Gustavo Daelli (actualmente sustituido en el Directorio por el Rector de la Universidad del Litoral Ing. Mario Domingo Barletta), el actual Rector de la Universidad de Quilmes Ing. Julio Villar, y el actual Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación Ing. Julio Alberto Luna, bajo la Presidencia del Ing. Armando Bertranou, quien a su vez integraba paralelamente el Directorio de Innova-T. En cuanto a la corrupción y la desigualdad instauradas en el CONICET, debo manifestar que ha proliferado en su seno la semilla de un individualismo ruin, por parte de quienes ocultaron a sus colegas sus eventuales actividades ilícitas, y de un cinismo desenfrenado por parte de quienes niegan sus propias responsabilidades eventualmente dolosas. El Directorio del CONICET autorizo a casi doscientos (200) Investigadores a blanquear los contratos de asesoría o consultoría que concertaron por fuera de la dedicación exclusiva a que están obligados (denuncias que acompaño por cuerda separada). Pero mucho mas grave aun que estos contratos de asesoría y/o consultoría oficialmente declarados en el CONICET, serian aquellos contratos no declarados asi como los denominados contratos temporarios docentes, obtenidos privadamente por Investigadores del CONICET y docentes de universidades publicas, paralelamente a sus funciones oficiales, en establecimientos de índole privada y también de índole publica, tampoco declarados ante organismo alguno, vaciando o privatizando así el tiempo y el calendario oficial, y hasta los espacios e insumos oficiales, en provecho de otras instituciones privadas y publicas, que así se beneficiaron de recursos humanos calificados sin tener que invertir en ellos gastos en concepto de antigüedad, seguridad y previsión social, lo cual habría devenido en una defraudación masiva y colectiva, una verdadera asociación ilícita en perjuicio de las instituciones docentes oficiales, en menoscabo de la inmensa mayoría de los colegas que por culpa de estos inescrupulosos voraces no pueden alcanzar siquiera un salario de Dedicación Semi-exclusiva, arrojados así al desempleo y la exclusión; y en detrimento del mercado de recursos humanos calificados, el cual se hallaría por estas causales criminales y dolosas, totalmente corrompido, congelado y oligopolizado, sin que hasta el presente ningún organismo administrativo (CONEAU, Secretaria de Educación Superior y Consejo Inter.-universitario Nacional) o judicial (Fiscalías) haya tomado cartas en este verdadero escándalo nacional, que tiene desde hace años inhibida, acorralada y boicoteada la investigación científica y la docencia superior argentinas. En cuanto a la dedicación exclusiva horaria a la que los Investigadores están obligados en el CONICET, pareciera ser que existirían varias normas secretas que flexibilizarían dicha imposición. El Lic. Marcelo Daelli en la respuesta que dio al Ing. Militar Antonio Ricardo Castro Lechtaler (profesor de criptografía en la Escuela Superior de Guerra), en la Lista de Discusión Pol-Cien, el 18 de septiembre de 2002, reconoce que en el CONICET existen "...varias normas que flexibilizan la dedicación exclusiva" de sus Investigadores, aunque no las especifique ni figuren incorporadas en su Estatuto ni entre las normativas publicadas en su pagina Web. Mas explícitamente aun, el Lic. Daelli menciona un decreto de la época de Matera que no detalla por su numero, que permitiría "...a un investigador facturar asesorías a terceros cuando su realización ocurre fuera del lugar de trabajo y hasta el 20 de la dedicación en horas por año". Pero lo que preocupa hondamente y no puede ser aceptado bajo ningún concepto, es que el Lic. Daelli, quien perteneció al Laboratorio de especialidades medicinales y biológicas BioSidus S.A., sito en el barrio de Pompeya de esta Capital, y llego a integrar el Directorio del CONICET paralelamente a gerenciamientos en Zeltek S.R.L., e Innova-T, y que actualmente integra el grupo Buenos Aires de la empresa de lobby Perfil Tecnológico y Productivo de la Argentina (integrada entre otros por Juan Carlos Bisio, Daniel Giaccone, Juan Carlos Olveira y Jorge Cassará), asi como el propio Directorio del CONICET y las autoridades de la SECYT incorporen en dicho organismo una nueva estratificación, no contemplada en sus Estatutos, y por tanto ilegal, afirmando que amen de aquellos doscientos (200) Investigadores que complementan sus tareas con asesorías y consultorías, los que suplementan sus ocupaciones solo con la docencia deben necesariamente "....ganar menos que aquellos que con su actividad generan valor y puedan aportar al desarrollo económico". El ex miembro del Directorio del CONICET Lic. Daelli, así como el Directorio del CONICET y las autoridades de la SECYT, que consienten guardando silencio, confunden la generación de valor comercial con la generación de valor científico pues están reconociendo implícitamente que los Investigadores que ejercen la docencia "no generan valor" y que por tanto deben ser considerados Investigadores de segunda, y por ende ser discriminados en sus ingresos por obra de un decreto. Este desconocido Decreto, en el caso de existir, vendría a ser entonces ilegal e inconstitucional, lo cual ilustra sobremanera acerca de las cualidades éticas e intelectuales de estos funcionarios, verdaderos mandarines, que al estar acostumbrados a actuar impunemente, corrompen las conciencias, intimidan e imponen la ley del silencio (omertá), e incluso pervierten mediante el lobby la misma gestación de leyes, decretos, reglamentaciones y resoluciones administrativas. También la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Educativa (CONEAU), en las personas de su Presidente y Vicepresidente, los Licenciados Ernesto Fernando Villanueva y Adolfo Stubrin, así como la decena de miembros de su órgano colegiado (designados por el PEN a propuesta de diversos organismos), estaría implicad en eventual omisión de sus funciones evaluadoras, al no haber intentado impedir esta porfiada pretensión de desinformar a la opinión publica, de sembrar los conurbanos con enseñaderos o universidades-chatarra, y de privatizar espacios públicos intransferibles, y haber por el contrario, omitido la planificación y puesta en practica de políticas y estrategias tendientes a elevar el nivel de las investigaciones y de la docencia impartidas en las universidades publicas y privadas así como el nivel de su transparencia informativa y de la calidad intelectual y moral de sus recursos técnicos y humanos. Asimismo la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), en las personas de su ex Secretario el Lic. Juan Carlos del Bello, y su actual Secretario el Ing. Julio A. Luna, estaría implicad en la eventual participación en las actividades ilícitas arriba mencionadas, incluidas la desinformación y el favoritismo, a través de la restrictiva y discriminatoria distribución de subsidios (PID y PICT) del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y del Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT). Por otro lado, la SECYT estaría desinformando a sus integrantes y a la opinión publica, pues habría eliminado de sus paginas web multitud de archivos con información legislativa, regulatoria y financiera, que eventualmente comprometería a sus respectivas autoridades y beneficiarios. Mas aun, mediante la Resolución Nº 1458 del 10 de octubre de 1995, la SECYT-CONICET decidió aprobar en beneficio del Grupo de Trabajo de Cultivos Celulares del Instituto de Tecnología Biológica (INTEBIO) de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, íntimamente ligado al arriba mencionado Laboratorio de Cultivos Celulares (Zeltek S.R.L.), el financiamiento del proyecto (PID Nº PMT-SID 187), el único entre el medio centenar de beneficiados, y entre mas de medio millar de proyectos presentados, que alcanzo una subvención de casi un millón de pesos ($ 774.957,-), destinada a completar el equipamiento de la unidad y a la compra de reactivos y la contratación de servicios para desarrollar las tareas. Finalmente, también la Fundación Innova-T domiciliada en Montevideo 126, 4º piso, de esta Capital, integrada por varios ex funcionarios del CONICET (Armando Bertranou, Juan Carlos Olveira, Daniel Giaccone), por eventual complicidad en posibles actividades ilícitas desarrolladas en la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET, la CONEAU y la SECYT, al participar venalmente en la promoción de actividades de transferencia tecnológica de las Unidades Ejecutoras del CONICET, y en la administración de los Proyectos Científicos y Tecnológicos subvencionados por el propio CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, entre los años 1998 y 2001, facturando en concepto de servicios el 5 del total de cada subsidio, y el 20 en cada convenio de vinculación tecnológica. Actualmente estas actividades estarían siendo desempeñadas por UBATEC S.A., presidida por el Dr. Alberto Boveris, ex Vice-rector de la UBA en la gestión del Contador Shuberoff. FUNDAMENTOS JURIDICOS La Ley Nacional 23.877, presentada por el Diputado Nacional Jorge Rodríguez, aunque redactada por el físico Conrado González, fue aprobada en bambalinas sin debate alguno, y bajo el terror económico generado por la hiperinflación de 1989, y promulgada el 28 de setiembre de 1990. El art. 5º. de dicha Ley autoriza a las instituciones oficiales de investigación y desarrollo (eufemismo con el cual buscaron disfrazar la identificación de las Universidades Nacionales) que adhieran a esta misma Ley a "...establecer y/o contratar unidades de vinculación [entes no estatales constituidos para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica] con la finalidad de que dispongan de una estructura jurídica que les permita una relación mas ágil y contractual con el sector productivo de bienes y/o servicios". En virtud de la inescrupulosidad de quienes redactaron el Decreto reglamentario No.508, del 26 de marzo de 1992, y habiéndose otorgado a partir de entonces (1992) incentivos promocionales a personas jurídicas procesadas y condenadas por delitos dolosos, así como a personas físicas exoneradas de la Administración Publica, fue preciso elaborar en 1995 un nuevo Decreto, el No. 1331, modificatorio de dicha Ley 23.877. Pero a pesar de este aparente Decreto higienizador, los lobbystas aprovecharon para introducir su caballo de Troya, consistente en el art.1o, inc.a, el cual establece que "...podrán ser beneficiarios de los incentivos promocionales las mismas Universidades Nacionales". En otras palabras, el estado nacional, que nunca ha querido interesarse por el mejoramiento de las Universidades Nacionales y ha sido renuente a elevar el presupuesto universitario, mediante este Decreto acicatea o extorsiona a las Universidades Nacionales para que se prostituyan, con la cuasi certeza de que por ser autónomas y autárquicas estarían mas exentas de la persecución de la justicia, tal como ha ocurrido recientemente con las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja, que fueron juzgadas y absueltas por la Comisión de Presupuesto del Senado Nacional. A su vez, este inciso troyano se amparo en el articulado de una Ley aprobada meses antes, el art.59, inc. e) de la Ley 24.521 de Educación Superior, que incentiva a las mismas Universidades Nacionales para que constituyan "...personas jurídicas de derecho publico o privado", o participen en dichas personas jurídicas "...no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877". Finalmente, desconfiando de la capacidad blanqueadora de dicha legislación, el parlamento aprobó el año pasado de 2001 la denominada Ley Marco 25.467, o Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en el Boletín Oficial el 26 de septiembre de 2001. Es decir, mediante estos disfrazados artilugios legales, eventualmente concebidos con los propósitos de burlar a la opinión publica, sortear la eventual critica y resistencia del periodismo científico y del movimiento estudiantil, y eludir el brazo de la justicia, las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación habrían convalidado la violación de la autonomía universitaria, así como los derechos y garantías vinculadas con el ejercicio de las actividades de enseñar, aprender y estar informado, y habría venido a legalizar la privatización de espacios públicos indelegables e intransferibles, tales como las Universidades Nacionales, sometiéndolas ahora al dictado despótico del poder económico y financiero. En consecuencia, habría que investigar la eventual nulidad absoluta e insanable del contrato celebrado entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la empresa Labofrant, así como a investigar una eventual expulsión de Zeltek S.R.L. del seno de dicha Universidad. Esta legislación de transferencia tecnológica, supuestamente modernizante, se da frontalmente contra la más reciente técnica y doctrina legislativas Norteamericana ejemplificada en las Actas de Comercialización sobre Transferencia Tecnológica de 1995, 1997 y 1999, donde las universidades estatales y las universidades privadas más prestigiosas están ausentes de estos programas. Cabe señalar la increíble capacidad existente en nuestro país para metamorfosear innovaciones jurídico-institucionales progresistas, elaboradas en las metrópolis centrales, en instrumentos venales propicios para el negociado o el "curro". Prácticamente no existe innovación jurídica importada en los últimos tiempos, que no se haya transmutado en "curro". Fuentes 1. Documental: a. Acerca de Zeltek S.R.L., Labofrant e INTEC; http://portal.ellitoral.com/index.php3/diarios/2001/04/07/educacion/EDUC-01.htmlhttp://www.elcronistaregional.com/notas/2002/06/27/001262.htmhttp://www.fbcb.unl.edu.ar/exten/intebio1.htm b. Acerca de las National Technology Transfer and Advancement Acts de 1995, 1997 y 1999;http://www.nal.usda.gov/ttic/faq/pl104113.htm; http://commdocs.house.gov/committees/science/hsy076170.000/hsy076170_0.HTMhttp://www.aipla.org/html/hr209eh.html;chttp://www.aipla.org/html/hr209eh.html; c. Lista de Discusión Pol-Cien para recabar la respuesta del Lic. Marcelo Daelli al Ing. Mil. Antonio Ricardo Castro Lechtaler, del 18 de Septiembre de 2002; d. Pagina 12, articulo periodístico titulado "Fractura en Ingenieria", del viernes 20 de Septiembre de 2002, p.13, e. Innova-T, para recabar la información acerca de sus integrantes, funciones y actividades; Fuente: Pol-Cien-IX-2002) Endeudamiento Fraudulento en la Ciencia Argentina Sr. Jefe de la Oficina Anti-Corrupción Dr. José Massoni Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Sarmiento 329, piso 3, Capital Tel. : 4328-9407/09 Eduardo R. Saguier, Investigador Independiente del CONICET, con domicilio legal en Juan Francisco Segui 3955, 2º Piso, Dpto E, de esta Capital, por mi propio derecho, y en virtud de los articulos 26, 45, inc.b, y 50 de la Ley 24.946, de creacion de la Fiscalia de Investigaciones Administrativas, en concurrencia con la Oficina Nacional de Etica Publica (ONEP), actualmente denominada Oficina Anti-Corrupcion (OA), vengo a ampliar la denuncia oportunamente presentada contra la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), el CONICET y la Agencia Nacional para la Producción Científica y Tecnológica (ANPCYT), por la eventual comisión de ilícitos producidos contra el erario público mediante una suerte de endeudamiento fraudulento. Para la comisión de estos ilícitos se habría recurrido a las contrataciones de transferencia tecnológica impulsadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), las cuales son de orígen reciente e iniciadas una vez que comenzaron las actividades de la Agencia Nacional para la Producción Científica y Tecnológica (ANPCYT, 1996), con la firma de numerosas leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones administrativas. De resultas de la Ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (1990), y del Anexo II del Reglamento de Beneficios Promocionales (RBP), decretado por Resolución SECYT No. 194/97 del 21 de septiembre de 1997, se especificó una calificación certificadora que pudiera operar como una suerte de credencial, titulada Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT), que consistía en la virtud de demostrar capacidad para promover y organizar vínculos interinstitucionales, programas y actividades orientados a la innovación y modernización tecnológica, y destinada a habilitar empresas y entidades públicas y privadas a los efectos de que puedan acceder a subsidios y préstamos oficiales y a créditos fiscales. Amén de las UVT habilitadas con anterioridad, sólo entre 1998 y 2001 se habrían aprobado casi un centenar de dichas Unidades. Estas habilitaciones permitieron al Directorio del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), administrador de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y a los Coordinadores del Fondo para la Investigación Científico y Tecnológica (FONCYT), ambos organismos o Fondos dependientes de la ANPCYT, distribuir en sólo ese corto período casi doscientas (200) subvenciones y préstamos correspondientes a los Programas de Modernización Tecnológica (PMT), y de Consejerías Tecnológicas (PCT), financiados con fondos del presupuesto así como de un préstamo de ciento cuarenta millones de dólares (U$S 140) del BID. Estas subvenciones y préstamos --distribuídos para Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID), que son aquellos dirigidos a promover la interacción entre instituciones de investigación y sectores productivos, y para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), es decir aquellos no sujetos a condiciones de confidencialidad comercial-- vinieron en realidad a beneficiar fundamentalmente a empresas privadas que persiguen fines de lucro, interesadas en mejorar su competitividad, y no a la infraestructura física de instituciones oficiales o privadas que prestan servicios públicos. Para conocer cuáles son estos montos y porcentajes ha sido preciso explorar el sitio electrónico de la ANPCYT, en cuya base figuran ordenadas en forma cronológica una multitud heterogénea de Resoluciones administrativas. Esas Resoluciones se volcaban al otorgamiento de subsidios y préstamos ; a la aprobación de evaluaciones técnicas y elevación de solicitudes de financiamiento al Banco Nación ; al otorgamiento, prórroga y desestimación de certificados de calificación y a la aprobación de Tablas de Amortización de los beneficios otorgados. Una vez desagregados en forma alfabética fué posible desglosar los préstamos y subsidios de las entidades que pertenecen al ámbito privado de aquellos otros que pertenecen al ámbito público. Es así que detectamos, para el período 1998-2001, sobre un total de U$S 42.566.418 millones de dólares, distribuídos en forma de subsidios y préstamos, U$S 16.253.349 o el 38% del total, asignados a setenta (70) entidades de interés público y sin fines de lucro, y U$S 26.625.069 millones otorgados a un centenar (101) de entidades privadas, o el 62% del total (ver Tabla-I). Lamentablemente, para el período 1996-1998, en que supuestamente se distribuyeron los alrededor de U$S 100 millones de dólares faltantes, correspondientes a los U$S 140 millones prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la documentación brindada electrónicamente por la ANPCYT, en forma de Resoluciones administrativas, oculta el detalle de dicha información. Estas actividades filantrópicas y crediticias, para beneficio de una supuesta transferencia tecnológica, habrían devenido en prácticas que habrían sido corruptoras de actividades administrativas asi como corruptoras de una nutrida planta de empresarios y funcionarios. El favoritismo político de recursos públicos otorgado entre funcionarios puede ser caracterizado como asociación ilícita. Tal sería el caso del crédito dado por el FONTAR a la empresa Hueque SRL por la suma de U$S 277.962, para ser aplicado al proyecto sobre "...la esquila del guanaco en vivo", aparentemente brindado al marido de la Ministra de Educación Susana Beatriz Decibe. Asimismo, la utilización de fondos públicos para el clientelismo político por parte de aquellos funcionarios que están lanzados a la carrera política electoral es también uno de las infortunios más nocivos del régimen democrático, y uno de los que mas ha logrado preservar su impunidad. Sugestivamente, entre las empresas beneficiadas con préstamos del FONTAR figuran al menos tres (3) firmas radicadas en la provincia de Río Negro, localidad de orígen del entonces Secretario de Ciencia y Técnica Lic. Juan Carlos del Bello, y el espacio político donde recientemente este mismo funcionario disputó infructuosamente la candidatura a Gobernador de la Provincia (derrotado por otro candidato que también detentó un cargo público con partidas secretas, el exDiputado Soria). Las empresas radicadas en Río Negro y sospechosamente beneficiadas con préstamos del FONTAR fueron Castiglione, Pes y Cía., en U$S 75.000 ; la Cabaña Micó, de Roberto Milohanich y Susana Cornaglia en U$S 76.991 ; y Truchas Alicurá SRL, en U$S 163.850. Las subvenciones del FONTAR se otorgaron en diferentes categorías, es decir como préstamos de reintegro contingente (para casos de alto riesgo tecnológico, Línea 1 del FONTAR), de devolución obligatoria (para proyectos de bajo riesgo tecnológico, Línea 3 del FONTAR), de préstamos no reintegrables (dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, Línea 4 del FONTAR), y como simples subsidios, distribuídos por el FONCYT, a entidades sin fines de lucro. En este período estudiado, los préstamos de reintegro contingente que alcanzamos a detectar sumaron veintidos (22) casos que montaron la cantidad de U$S 8.858.748 millones de dólares. Varios de estos proyectos presentan en su contenido motivaciones sospechosas y muy desproporcionadas en sus montos. Entre ellos se encuentra el otorgado a la empresa CRIOLLO SA por U$S 115.835, para desarrollar "...una máquina envasadora para producir café" ; y el otorgado a E. Bolo Bolaño de U$S 132.374, para el "...rancheo de yacarés en la provincia de Chaco". Los préstamos no reintegrables alcanzaron a veintitres (23) casos, que ascendieron a la suma de U$S 1.853.884. Entre ellos hallamos el caso de la Hilandería CAPEN SA, a la cual se le otorgó U$S 43.000, para desarrollar "...una prueba piloto de arreo y esquila experimental del guanaco". Los préstamos de devolución obligatoria fueron cincuentaidos (52) casos que montaron la suma de U$S 15.496.765. Y los subsidios otorgados por el FONCYT a entidades privadas y públicas --en carácter de UVT habilitadas-- fueron casi un centenar (96) de casos, que ascendieron a la suma de U$S 2.854.240, en el marco de la Ley 23.877 y del Programa de Consejerías Tecnológicas (PCT), cuyos beneficiarios fueron supuestamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Entre ellos se destacan los otorgados para el desarrollo de "...un prototipo experimental de vehículo eléctrico híbrido (VEH)", por U$S 737.450 ; y a la Universidad de Lomas de Zamora por $19.350, para ser aplicado a la ejecución de un CD Rom "...sobre Juan Moreira". Hubo también veintinueve (29) casos de entidades cuya información no registra en la fuente documental el tipo de crédito recibido, que montan la suma de U$S 13.502.781 millones de dólares. También registramos en el año 1999, cuatro (4) subsidios otorgados a la Fundación Innova-T, que integraba el entonces Presidente del CONICET Ing. Armando Bertranou, por un total de U$S 40.000. Finalmente, no obstante la existencia de algunas declaraciones de "finalización exitosa" de los proyectos financiados, emitidas por el ANPCYT, nada dice su sitio electrónico acerca de los reembolsos de aquellas operaciones crediticias otorgadas en calidad de créditos de reintegro obligatorio. Entre las entidades sin fines de lucro, subsidiadas en su carácter de UVT habilitadas, en el período 1998-2001, el record lo lleva la Fundación para la Interacción de los Sistemas Productivos, Educativos, Científicos y Tecnológicos (FUNPRECIT), dirigida por el Dr. Horacio Ernesto Bosch, la cual recibió la cantidad de diecisiete (17) subsidios por un total de U$S 751.301. La original particularidad de esta Fundación, cuyo sitio electrónico está desactivado, es que aparentemente con dichos subsidios instituyó un par de premios titulados Premio Consagración a la Promoción de la Innovación Tecnológica y Premio Consagración a la Empresa Industrial en Innovación Tecnológica, mediante los cuales resultaron premiados entre otros el Foro Argentino de Biotecnología y el Laboratorio Bio Sidus S.A.. Entre los proyectos de la Fundación FUNPRECIT se encuentra el "...de cria intensiva para producir carne congelada de ranas", por U$S 171.623. Le sigue en el fixture el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, el cual recibió once (11) subsidios por un total de U$S 207.356. En tercer lugar tenemos a la Asociación de Vivienda Económica (AVE), la cual recibió nueve (9) subsidios por la suma de U$S 180.000, para la producción y montaje de estructuras de vivienda UMA en diferentes localidades de las provincias del Chaco, Corrientes y Santa Fé. Y en cuarto lugar se destaca la Fundación Universidad Nacional de Rosario (FUNR), la cual recibió ocho (8) subsidios por un total de U$S 138.087. Indudablemente, estas operaciones ameritan una investigación que dé a luz los resultados técnicos y científicos producidos en materia de impacto y transferencia tecnológica, semejante a la que en la década del 80 emprendió en el CONICET el Lic. Carlos Abeledo, y que dieron lugar a una pesquisa, a partir de la cual se entablaron sumarios administrativos que derivaron en la pérdida de personería jurídica por parte de aquellos Institutos cientificos que incurrieron en irregularidades y fraudes a la administración pública, todo lo cual fue dado a conocer en 1989 en una afamada publicación. Acompaño a continuacion la Tabla-I, que detalla la nómina de las entidades privadas beneficiarias de préstamos y subsidios, conjuntamente con los montos recibidos, la categoría del prestamo, el tipo de programa implicado, el número de expediente, y el número de la Resolución respectiva. Sin otro particular, le saluda Eduardo R. Saguier Investigador Independiente del CONICET TABLA-I SUBSIDIOS y PRESTAMOS de la Agencia (ANPCYT) otorgados a empresas privadas (1998-2001) Entidad Monto U$S Calidad Programa Exped Resolucion Fecha (ANPCYT) Agropavon 88.200 SDO PMT 1/179 021 Ab-99 Agropavon 236.161 SDO PMT 1/180 021 Ab-99 ANSAT SUR SA 199.200 SDO 015/00 63 M-00 ARDISON y Asoc 157.202 SDO 0017 005 F-98 Area Geofisica Eng SA 431.850 SDO PMT 093 129 S-00 ARGENTEC Consultora SA 45.473 S PCT 054 51 M-00 Argentec Consultora 3.740 S FONTAR 006/99 066 Ag-99 ARTRANS S 1.059.389 PMT 1/0212 094 S-99 AsocProdIndCom Forestales Misiones 14.045 S PCT 075 57 M-00 Bio-Ciencia SRL 70.000 SNR PMT 079 137 D-99 Biocientifica 440.492 SDO PMT 091 117 J-00 BIOLOGIA MOLECULAR DIAGNOSTICA 84.883 SNR PMT 086 44 Ab-00 Bio-Sidus 137.000 SDO PMT 1/193 021 Ab-99 Bolo Bolaño E. 132.374 PDC PMT 057 002 E-99 BRUNO O. 26.900 SNR PMT 080 13 F-00 BUGANEM C.C. 99.700 SNR PMT 061/98 030 M-99 Calandri e hij 700.000 PMT 1/0216 140 D-99 CASTIGLIONE PES 75.000 SDO 031/00 44 J-01 CBSe SA 528.896 PDC PMT 088 85 J-00 Centro Estudios Bonaerense 3.000 S 069/99 30 M-00 Centro Estudios Bonaerense 20.900 S PCT 062/99 161 D-99 Cia Prod Frutihorticola 135.599 SDO 050/00 132 S-00 CINCO ESTRELLAS SRL 372.600 SDO PMT 1/0184 112 O-99 Clinica Dental Dr. Brion 18.195 SDO PMT 1/206 021 Ab-99 Color Graf SA 300.000 PMT 1/0224 140 D-99 COL-VEN SA 375.000 PMT 1/0232 8 F-00 CONAGRO 138.000 PDC PMT 055 003 E-99 Confederacion Intercooperativa Agropec 14.800 S PCT 085 118 S-00 COOP AGR TAMBERA JAMES CRAIK 200.000 PMT 1/0255 61 M-00 Coop Electr Bariloche 1.580.619 PMT 1/0198 029 M-99 CoopProvServiPublVivConsumo16Oct 998.781 PMT 1/252 138 S-00 Craveri SAIC 57.000 SNR PMT 076 138 D-99 CRIOLLO SA 115.835 PDC PMT 062/98 022 Ab-99 DECOFARMA SA 404.000 PDC PMT 096/00 159 N-00 Dedalus SA 28.350 SNR PMT 037/97 015 F-98 DIAGNOSTICOS VEGETALES SRL 162.507 PDC PMT 066/98 023 Ab-99 DORADA INTERACTIVA SRL 103.942 SDO 115/99 62 M-00 E. D. DINARDO 29.120 SDO 049/99 133 S-00 EL TURISTA SACI 993.400 PMT 1/0236 166 N-00 ELECTROL SRL 20.000 SDO 050/99 113 O-99 ELIMPAR SA 151.000 SDO 105/99 42 J-01 Espejo y Espejo 43.700 PMT 1/0204 140 D-99 Garcia A. 62.749 SNR PMT 081 136 D-99 Garcia, L. e hi 156.000 SDO PMT 1/177 021 Ab-99 German BANET SA 53.000 SNR PMT 085 59 M-00 Gutierrez Osvaldo 132.000 PMT 1/229 82 J-00 HIELO CRISTAL 170.800 PMT 1/0234 61 M-00 Hilanderia CAPEN 43.000 SNR PMT 069 085 S-99 HUEQUE SRL 277.952 PDC PMT 050/97 010 F-98 HUGO BRESCIA SA 75.000 SDO 030/00 43 J-01 Inst.Arg Normalizacion IRAM 735.405 SDO 008 M-99 International Media Consulting Group 197.354 SDO 099/99 116 Ag-00 IRAC 15.000 S 063/99 118 N-99 IRAC 16.562 S FONTAR 041/98 018 Ab-99 ITMO SA 100.000 SNR PMT 068 088 S-99 JIM-Valvulas 153.444 SDO PMT 089 81 J-00 KENDALLCO CHEMICAL 120.000 029 M-99 Lab Kampel Martian SA 854.047 PDC PMT 090/00 145 S-00 Laboratorios Bedson 200.000 PDC PMT 078/99 139 D-99 LabPablo Cassara 97.900 SNR PMT 075/99 107 O-99 LANCI Impresor 360.000 PMT 11/246 8 F-00 LIPOTECH SA 46.000 SNR PMT 074/99 105 O-99 LUCHESSI y SOTO 93.617 SNR PMT 077 16 F-00 Magrini, Juan Carlos 64.808 SNR PMT 083 60 M-00 Manfrey Coop Tamberos 400.823 PMT 1/214 041 J-99 Martinez, RA 198.696 SDO 076/99 155 D-99 Metalurgica Sarmiento SRL 337.920 PMT 1/0033 140 D-99 Milohanich R y Cornaglia Susana 76.991 PMT 1/0236 140 D-99 MIZAWACK JG 400.000 PMT 1/0186 029 M-99 Mocciola R. Empr Constr 378.900 PDC PMT 063/98 026 M-99 MODELAR SA 170.000 PDC PMT 1/140 062 J-98 Nebbia A-Roldan E 94.000 PMT 1/0183 140 D-99 NEOMAR SRL 35.670 SNR PMT 062 46 Ab-00 Ortega Calixto Leopoldo 108.888 SDO 051/00 71 Ag-01 OVER Organización Veterinaria 169.850 SDO 101/99 47 J-01 Panales Arroyo 244.000 SDO 004/00 102 J-00 PASA Petroquimica SA 176.325 PDC PMT 045/97 003 E-98 Pescarmona 1.449.600 PDC PMT 060 084 S-99 PINAR SRL 320.000 PMT 1/0152 131 S-00 PLASTICOS NORDESTE SRL 140.720 SDO 020/00 64 M-00 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 166.152 PMT 1/0236 166 N-00 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 166.152 PMT 1/0251 131 S-00 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 166.152 PMT 1/0257 61 M-00 P RESINTER SRL 200.000 PDC PMT 087 83 J-00 PRODISMO SRL 1.993.490 PMT 1/0203 094 S-99 Produccion Metalurgica Pesada COOP 211.167 PDC PMT 092 130 S-00 QUEGLAS Miguel 44.600 SNR PMT 059/98 040 J-99 Ramos Alejandro Cesar 347.600 PMT 3/056 79 J-00 Rayos Pimax SRL 159.850 PDC PMT 071 077 S-99 SANTA CATALINA S 76.500 SNR PMT 073/99 095 O-99 Sistemas Integrales de Seguridad 68.784 PDC PMT 070 087 S-99 Sistemas Integrales de Seguridad 232.000 PDC PMT 058/98 024 Ab-99 SITECE SRL 290.000 SDO PMT 1/0222 112 O-99 SOFTLAB SRL 346.000 PDC PMT 095/00 183 D-00 SONOFLEX SRL 260.000 PMT 1/256 82 J-00 SOTYL SA 1.156.558 PDC PMT 1/140 062 J-98 SUN FRUIT SA 250.000 PMT 1/0236 166 N-00 TECNICA-DIDACTICA SA 500.000 PMT 1/240 8 F-00 TECNOLEGNO SA 288.000 PMT 1/0218 094 S-99 THERABEL PHARMA 19.400 SNR PMT 064/98 033 M-99 THERABEL PHARMA 44.100 SNR PMT 065/98 032 M-99 TM & Asoc 54.900 S PCT 093 55 J-01 TM & Asoc 104.500 S PCT 077/99 41 Ab-00 Tramo SRL 25.000 SDO 008/98 082 S-99 Truchas Alicura 163.850 SNR PMT 051 86 J-00 TUE SA 100.000 SNR PMT 072 083 S-99 Tyresoles Argentina de Neumaticos 176.000 PMT 140 D-99 U.M.G. SRL 83.450 SDO 104/99 163 N-00 Abreviaturas PMT = Programa de Modernizacion Tecnologica PCT = Programa de Consejeria Tecnologica SDO = Subvencion de Devolucion Obligatoria SNR = Subsidio No Reintegrable S = Subsidio PDC = Prestamo de Devolucion Contingente Fuente : Resoluciones del Directorio del ANPCYT entre 1998 y 2001. ¿Abusador o Impostor ? El caso del Secretario de Estado Ing. Tulio del Bono (IV-2004) Estimados colegas : Me dirijo a Vds. para poner en evidencia los antecedentes del actual Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación Ing. Tulio Abel del Bono Verzura, para seguidamente cuestionar los mismos y para finalmente lograr su definitiva destitución del alto cargo que detenta. Como es bien sabido, dicho funcionario tuvo en su vida académica un giro vertiginoso, pues saltó de Jefe de Trabajos Prácticos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan a Rector de dicha Universidad. Esta rauda carrera político-universitaria la logró merced a la manipulación del gremio no-docente, al cual le otorgó voz y voto en los órganos de conducción de la Universidad, su Consejo Superior y sus Consejos Directivos. Esta fue la primer universidad en el país en ofrecer dicha corporativa innovación institucional, el gobierno cuatripartito, en su nuevo Estatuto aprobado en 1990. Se mantuvo en dicho cargo de Rector durante tres períodos consecutivos, desde 1988 hasta 1999. Luego de su labor como Rector se desempeñó como Diputado Provincial entre 1999 y el 2003. Merced a su posición de poder como Rector de la Universidad Nacional de San Juan, y actuando abusiva y extralimitadamente como juez y parte interesada, logró la publicación en la Fundación de dicha Universidad de un par de libros de su autoría, uno en 1994 y el otro en 1998. Su primer libro lo habría catapultado como intelectual y hombre de ciencia, y como tal lo habría habilitado para ser galardonado por el exPresidente Carlos Menem en 1994 con el Premio Balseiro. Este libro está ausente de toda seriedad. En principio carece de material de investigación, cuenta apenas con una quincena de notas de pié de página, y está privado de bibliografía alguna. Asimismo, otros ocho (8) artículos de divulgación sobre temas universitarios los editó en publicaciones oficiales (UBA, Secretaría de Políticas Universitarias, Ediciones Culturales de Mendoza, UNESCO). Uno de dichos artículos, el referido al "nuevo proceso de reformulación de la oferta académica universitaria", fue editado el mismo año 1997 en dos publicaciones oficiales distintas, primero en la misma Universidad de San Juan donde simultáneamente ejercía el Rectorado y luego en la UNESCO. Este es el único trabajo, de los ocho mencionados, que pasó por el tamiz de supuestos árbitros evaluadores. En el rubro Ingeniería carece de publicación alguna. Sus libros, editados en organismos públicos bajo su directa influencia y autoridad, nos llevan a preguntarnos ¿dado el ingente número de venalidades, fraudes, imposturas y plagios que han venido inundando los espacios académicos argentinos, la publicación de libros por editoriales públicas o privadas no debería tener para su reconocimiento por parte de las autoridades un escrutinio pormenorizado ? En la Universidad Nacional de San Juan, ubicada en tierras de Sarmiento, ¿nadie se atrevió a cuestionar esas publicaciones de su Rector ? ¿nadie vaticinó que esas publicaciones, por su origen doloso y fraudulento, podrían traer un muy nocivo precedente y muy escandalosas derivaciones ? En Buenos Aires, ni siquiera el exRector Shuberof se habría atrevido a tanta impudicia. ¿El ejemplo arquetípico que brinda a la juventud universitaria este funesto y obsceno precedente es que para lograr en Argentina la publicación de un libro es preciso previamente acceder al poder académico ? ¿sólo con el acceso al poder político universitario se puede hacer carrera académica en Argentina ? ¿se podría sospechar que en los orígenes de la carrera académica y del capital simbólico de un sinnúmero de intelectuales argentinos, se halla inscripto un primitivo crimen primordial que linda con el delito ? Por último, este curriculum de ningún modo le otorga al Ing. del Bono el carácter de hombre de ciencia ni lo puede habilitar para ocupar el cargo de Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación. De no haber pecado de fraudulento, este curriculum lo habría habilitado como experto en temas de docencia superior, y le habría brindado algún derecho para ocupar el cargo de Secretario de Políticas Universitarias. Por otro lado, en su actual cargo de Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, dado su probado desinterés por la ciencia y la investigación científica, el Ing. Del Bono persigue tenazmente la misma estrategia demagógica y populista que tantos prósperos frutos burocráticos le rindió en San Juan. Aparentemente, para perpetuarse en su nuevo cargo, el Ing. Del Bono se apoya ahora en el sindicalismo amiguista de ATE-CONICET, que no cuestiona ni sus antecedentes, ni su conducta, ni su propuesta o programa de gobierno. Finalmente, la investigación de contenido de sus publicaciones y de su propio Curriculum Vitae (expuesto en Internet), ¿no debieran haberla practicado las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Parlamento, mediante audiencias públicas y privadas, como se estila actualmente con los Ministros de la Corte Suprema, antes de la designación formal en el cargo ? ¿No ameritarían estos inauditos hallazgos la formación de un tribunal académico que juzgue la conducta y los antecedentes del exRector Tulio del Bono ? ¿Puede entonces el Ing. Del Bono seguir detentando el cargo de Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación ? Cordialmente, Eduardo R. Saguier Investigador Independiente del CONICET Fuentes : Curriculum Vitae : Libros : a) "Modelo de Universidad para el Siglo XXI" libro de 193 páginas publicado por la Editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan en Mayo de 1994, durante su gestión como Rector b) "La Universidad Nacional de San Juan Frente a una Nueva Reforma Universitaria", Libro de 201 páginas publicado por la Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Marzo de 1998, también durante su gestión como Rector. Informes a) "La Reforma Constitucional de 1994 - Resumen y balance final", informe con mis proyectos y mi opinión sobre todo lo acontecido en la Convención Constituyente, trabajo publicado por la Imprenta Universitaria en Septiembre de 1994. Artículos a) "La Calidad Universitaria", artículo aparecido en la publicación de la Unión Industrial Argentina (UIA) denominada "Universidades, Gestión y Evaluación de la Calidad de la Enseñanza", página 97, 15 de Noviembre de 1995. Este artículo aparece citado en la Guía Bibliográfica Comentada Nº 1, página 19, editada por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias, Buenos Aires, Julio 1997, dentro de las publicaciones existentes en nuestro país sobre el tema "Evaluación de la Calidad en la Educación Superior" como publicación obrante en la Biblioteca del MCyE-UMSA. b) "La Ley de Educación Superior y la gratuidad de la enseñanza", artículo aparecido en la página 36 de la Revista "La Universidad Ahora", números 7-8, mayo-noviembre de 1995, editada por el Programa de Estudios sobre la Universidad (PESUN) de la Universidad Nacional de Buenos Aires. c) "Conocimiento, Educación, Producción y Trabajo", artículo aparecido en la Revista "La Universidad", Nº 4, de abril de 1996, editada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, durante su gestión como Rector de la Universidad de San Juan. d) "Cultura, Educación y Trabajo", artículo publicado como tema libre dentro de la Conferencia Regional para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, organizada por la UNESCO - CRESALC en La Habana, Cuba, entre los días 18 al 22 de noviembre de 1996. e) "Universidad y Derechos Humanos", artículo aparecido en el libro "Actas del Seminario Argentina - Chile sobre Democracia y Derechos Humanos", EDIUNC y Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza, abril de 1997. f) "El Nuevo Proceso de Reformulación de la Oferta Académica Universitaria", artículo publicado en la Revista "Temas Universitarios" de la UNSJ, Año I, Número IV, Junio 1997 ; y en el volumen 8, Nº2, 1997, de la "Revista Educación Superior y Sociedad" editada por la UNESCO - CRESALC, Venezuela. Nota : estos artículos, previo a su publicación, son sometidos a opinión de especialistas. g) "La Educación Permanente en la Enseñanza de la Ingeniería", artículo publicado dentro de las Ponencias del I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DIRECTIVOS EN LAS ENSEÑANZAS DE LA INGENIERIA, organizado por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, el Instituto de Cooperación Iberoamericano y la Universidad Politécnica de Madrid, en Madrid, 5 de noviembre de 1997. h) "Hacia una Segunda Reforma Universitaria - Algunas Condiciones que Deberían Verificarse para Lograr una Reforma Exitosa", artículo aparecido en la "Revista Educación Superior y Sociedad" de la UNESCO - CRESALC, Volumen 9 Nº1. Nota : ese artículo integró una Sección Especial de esta Revista, editada en homenaje a los 80 años de la Reforma Universitaria de Córdoba. Fuente: Pol-Cien-IV-2004) Clientelismo, canibalismo y fuga científica en Argentina (2004) Respuesta al Investigador Biólogo Luis Quesada-Allúe Existe al momento en los círculos científicos toda una fuerte discusión alrededor de los criterios a regir en materia de control de calidad académica de individuos, publicaciones e instituciones ; específicamente en cuánto a evaluaciones, referatos y bancos de expertos ; en cuanto a la calidad de los cuerpos editoriales y los métodos de evaluación de los artículos que las revistas seleccionan ; y en cuanto a los indicadores cualitativos y bibliométricos a utilizar para medir la visibilidad, accesibilidad y disponibilidad de un trabajo, tales como ponderaciones, factores de impacto y número de citaciones. El Investigador biólogo Luis Quesada-Allúe alega que "...quien trabaja en el campo de la Investigación Científica tiene que publicar en algún lugar que garantice una evaluación estricta de lo que se publica". Sugiere así que quien publica libros en editoriales sin referato u obras en su propia Página Web no garantiza una evaluación estricta. ¿Ignora el Investigador Q-A que la mayor parte de los libros publicados por Investigadores del CONICET lo han sido en Editoriales donde no existe referato alguno sino un salvoconducto mucho mas "expeditivo" y "eficiente" que consiste en una faltriquera bien acondicionada ? Y, ciertamente, esto no significa que las Comisiones Asesoras carezcan del poder para ejercer una evaluación estricta. ¿Acaso son órganos indirectos o de segunda instancia que califican sólo el factor de impacto de las editoriales y las revistas científicas --consistente en cálculos estadísticos y matemáticos para realizar apreciaciones cuantitativas-- donde los trabajos publicados fueron previamente evaluados por sus respectivos comités editoriales ? ¿evaluar exclusivamente el factor de impacto de las publicaciones por encima del contenido (originalidad, autenticidad) de su producción significaría legitimar otras instituciones y/o delegar en comités editoriales de revistas o instituciones su propio poder calificador ? ¿para que están las Comisiones Asesoras si no es para evaluar directamente, como primera instancia, la producción intelectual de sus propios miembros ? ¿delegar en otros comités editoriales locales no equivaldría a transferir el poder y con ello inducir una canibalesca lucha por el control de dichos comités editoriales locales, por lo general de naturaleza endogámica y clientelística o lo que suele denominarse de corporativismo endógeno ? ¿acaso la naturaleza del formato con que se presenta un trabajo científico garantiza por sí mismo, y tácitamente, la existencia de una evaluación estricta ? Me pregunto y le repregunto al Investigador Q-A ¿Que diferencia existe entre publicar en papel en una editorial local mediante la buena recomendación de una generosa alforja y la de publicar en una Página Web con dominio propio ? ¿Acaso insinúa el Investigador Q-A que en ambos casos, en las editoriales en papel y en las de bits, es imposible efectuar evaluación alguna ? ¿ignora que al presente existe toda una moderna metodología para evaluar las páginas web (repetición de visitas, velocidad de navegación, intensidad de transferencias y actualizaciones, calidad de los enlaces, disponibilidad del software adicional, etc.) ? ¿no podría sortearse los inconvenientes físicos y comunicacionales de las Páginas web bajándolas a CD-Rom ? Impresas así por este medio, que cuesta 90 centavos cada impresión, las obras de los Investigadores se pondrían al alcance de cualquiera que pueda entrar en una máquina propia o alquilada, en cualquier parte del país o del mundo ; y por cierto al alcance de cualquier integrante de las numerosas Comisiones Asesoras existentes. ¿Se ha preguntado el Investigador Q-A por cuál intrigante razón las autoridades del CONICET no alientan ni promueven estas nuevas tecnologías digitales (TICs) ? ¿ignora acaso el Investigador Q-A que las Páginas Web, cuando están bien posicionadas en los buscadores, poseen un factor de impacto mucho más alto que las revistas científicas, incluso más alto que las revistas científicas electrónicas, la mayoría de las cuales están monopolizadas por grandes conglomerados editoriales mundiales que las mantienen limitadas en su acceso mediante costosas contraseñas aranceladas ?. Por otro lado, y esto es más grave, el Investigador Q-A afirma que "...Tampoco cabe duda que existe gente vergonzante que logra cumplir las normas del sistema y entrar y/o permanecer en el mismo. Son hábiles estafas vivientes que ocupan el lugar que merecerían otros. Y no se ha podido hasta ahora hacer casi nada". Para estos casos anómalos, el Investigador Q-A se pregunta y también se contesta "...¿Cuánto representan ? ¿el 5% ? ¿el 1% ? Probablemente el porcentaje de injusticias en ambos sentidos no pase del 2-3 %". Ahora bien, ¿Como sabe el Investigador Q-A "...que hasta ahora no se ha podido hacer casi nada" ; y que los casos anómalos no pasan del 2-3% ? ¿Cuáles han sido las fuentes orales o documentales y las estadísticas que el Investigador Q-A ha consultado y manejado para afirmar ese juicio exculpatorio y ese porcentaje minimizador ? ¿Le consta al Investigador Q-A que la burocracia científica ha agotado todos los medios para hallar a estas "estafas vivientes" y para evitar castigar a los valiosos ? ¿Por cuál hondo motivo eso no ocurre ? Por otro lado ¿Las estadísticas a las que ha tenido acceso el Investigador Q-A brindan los números absolutos y los porcentajes de Informes rechazados ? ¿Está esa información transparente y al alcance de cualquiera ? Pues bien, estos interrogantes llevan necesariamente a formular otras preguntas más urticantes y relevantes ¿a qué profunda razón obedecen estos indulgentes y complacientes juicios y cálculos del Investigador Q-A ? ¿Está la indulgencia científica vinculada con la estructura de poder de un sistema de ciencia ? Es decir ¿puede un científico exigente que rechaza Informes y califica con rigor ser votado por sus colegas y discípulos en un sistema clientelístico ? Por el contrario, ¿un sistema indulgente y/o negligente no alimentaría la permisibilidad y el tráfico de influencias ? ¿existe en la SECYT, el CONICET y las Universidades Argentinas una red espúrea de tráfico de influencias, que alienta la resignación y el amiguismo, tal como precursoramente lo denunciara en su oportunidad el mismísimo ex Presidente del CONICET Dr. Enrico Stefani ? Peor aún ¿corre el riesgo un científico exigente de ser perseguido por sus opiniones críticas al extremo de serle negada las cátedras, los subsidios y los incentivos, serle rechazados sus Informes, y postergado en las recategorizaciones ? En ese sentido ¿existe en la SECYT, el CONICET y las Universidades Argentinas un circuito caníbal de revanchas y represalias ? ¿Puede que éste sea --mas que la falta de recursos e instalaciones-- el verdadero motivo por el cual se produce en la periferia mundial la crónica fuga de cerebros ? Un sistema que padece de esta ruindad moral institucionalizada ¿puede competir y triunfar en la sociedad global del conocimiento ? Finalmente, me pregunto ¿en que mundo vive el Investigador Q-A ? ¿En que fuentes documentales abreva su conocimiento ? ¿Acaso el Investigador Q-A publica sus papers científicos sobre la mosca del mediterráneo con la misma ligereza, liviandad y suficiencia con que maneja los porcentajes de justicias e injusticias cometidos en el CONICET ? ¿es este el rigor científico que rige actualmente en la ex Fundación Campomar -hoy Instituto Leloir ? Eduardo R. SaguierPh.D. Investigador Independiente del CONICET Realidades-Evaluación Científica por Luis Alberto Quesada Allue Colegas : hay muchas maneras de pensar en como cambiar las cosas en una sociedad, en un sistema, en un club o donde sea. (1) La mas drástica es pensar que todo está podrido sin esperanza y que para remediarlo, todos (absolutamente todos) están equivocados siempre (absolutamente siempre), son tarados y son corruptos SALVO uno mismo (y -a lo sumo- una ultraminoría iluminada-) que (¡obviamente !) tienen la RAZON ABSOLUTA (SIEMPRE). En este caso casi la única solución es patear el tablero e intentar hacer una REVOLUCION. Si por casualidad la mayoría y las 5 primeras minorías no acompañan, entonces hay un problema de difícil (no imposible) solución. Pero se puede intentarlo. Por lo menos se puede voltear lo que se pueda COMO SEA (hasta con lucha armada SI ES EN UN Pais) y sentirse bien. (2)La segunda es pensar que todo está podrido, que el gran capital, sus socios ideológicos y sus tentáculos teledirigidos, controlan muchos gobiernos, los recursos sociales, especialmente los medios y la educación y que solamente juntando fuerzas las ideas mas avanzadas y progresistas podrán afianzarse en el "campo democrático" ; [es decir, en paises avanzados políticamente, la mayoría de la gente y en los menos avanzados (como el nuestro) la minoría.]. Obviamente esto es aparentemente mas lento y tiene el inconveniente de que hay que respetar a otros -y por tanto escucharlos y discutir con ellos civilizadamente- por lo que los autodiscursos dogmaticos y zombies gritados para uno mismo y acólitos aparecen de poco valor. Toda esta pesada introducción era para lo siguiente : Hoy por hoy en todas partes y -en particular- en la Argentina, se exige que quien trabaja en el campo de la Investigación Científica tiene que publicar en algún lugar que garantice una evaluación estricta de lo que se publica. El medio aceptado para las ciencias duras y "al dente" son las publicaciones cientificas con referato serio, reconocidas internacionalmente (aunque sean locales). [1]. Las "ciencias" blandas, no conozco suficiente.... Hoy por hoy el CONICET y otras instituciones, incluyendo universidades, están exigiendo que un investigador publique como mínimo un trabajo en una revista reconocida por año. Para bien o para mal, las revistas reconocidas están "indexadas", por una empresa privada (el ISI). Como la idea de la indexación surgió en lo académico y recién después se la comercializó, BIEN UTILIZADA, la indexación ha sido una herramienta útil, complementaria de otros criterios de evaluación. En cualquier caso la indexación evalúa el numero de citas totales de la revista y de ahí se saca un promedio de citas para un articulo promedio inexistente. La pregunta es : ¿es injusta la exigencia de las agencias de la publicación indexada/año/investigador ? Como todo en la vida hay matices, hay disciplinas y hay situaciones. Además, la tecnología está sujeta a otras reglas y frecuentemente se la confunde con ciencia. No cabe duda que en algunos casos muy puntuales hay gente valiosa que no cumple con publicar durante 4-5 años y queda fuera del sistema CyT, lo cual puede llegar a ser un disparate para el Pais (Hay en este momento un lamentable caso de un conocido ecólogo, que debería ser tratado en forma excepcional). Tampoco cabe duda que existe gente vergonzante que logra cumplir las normas del sistema y entrar y/o permanecer en el mismo. Son hábiles estafas vivientes que ocupan el lugar que merecerían otros. Y no se ha podido hasta ahora hacer casi nada. Ahora bien, los casos anómalos,¿Cuánto representan ? ¿el 5% ? ¿el 1% ? Probablemente el porcentaje de injusticias en ambos sentidos no pase del 2-3 %. Entonces -y esta es la pregunta- ¿hay que abolir los sistemas de referato y las normas actuales o hay que tratar de mejorarlas/los con procedimientos cada vez mas transparentes ?----> DEBATE QUE VIENE DE LEJOS Y SIGUE ABIERTO Luis A. Quesada Allué Capítulo VIII- Corrupción en la Universidad Argentina (1995-2004) En este apartado nos hemos de referir a la corrupción desatada en la universidad argentina haciendo hincapié en algunas disciplinas donde hemos recabado una información suficientemente elocuente, tales como las de filosofía y letras, ingeniería química, geología, antropología y geografía. La Corrupción en Filosofía y Letras (1995) Denuncian casos de corrupción en centros técnicos de la UBA (Ambito Financiero, viernes 30-VI-1995, p-III) Señor Rector de la Universidad de Buenos Aires Profesor Oscar Shuberoff A propósito de su gestión como rector de la Universidad de Buenos Aires, cumplo en dirigirme nuevamente a Vd. para imponerlo de los actos de corrupción recientemente cometidos en el ámbito de su jurisdicción. Estos actos de corrupción los han producido los integrantes de las Comisiones Técnicas Asesoras de la Secretaría de Ciencia y Técnica –responsables de elegir a los expertos evaluadores de los proyectos de investigación a subsidiar—al convertirse en jueces y partes interesadas del Concurso de Subsidios, 1995/97, por haber declarado elegibles para ser beneficiados en él a un numeroso grupo de profesores que integran esas mismas Comisiones Técnicas Asesoras, así como a otro numeroso grupo de profesores que ejercen cargos político-administrativos en la Universidad, sin recusarlos ni solicitarles excusación alguna –al estar incursos en incompatibilidades manifiestas para postularse al mismo, mientras detentasen dichos cargos. En efecto, el 28-XII-1994, se asignaron por Resolución de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA (UBACYT) numerosos subsidios, los cuales fueron evaluados por jurados o evaluadores designados por las respectivas Comisiones Asesoras de dicha Secretaría, de acuerdo al art.8º de la Resolución No.859 (CS). En su distribución –un centenar de subsidios correspondientes a la Facultad de Filosofía y Letras—han regido prácticas notoriamente abusivas, arbitrarias, corporativas, nepóticas y clientelísticas, y fueron violados los principios de igualdad ante la ley y de imparcialidad de los actos de gobierno por cuanto entre los beneficiarios de los subsidios se encuentran miembros de las Comisiones Asesoras de la Secretaría de Ciencia y Técnica, cuando se supone que dichos miembros son quienes eligen a los expertos. La arbitraria, exclusivista y desigual distribución de los subsidios, reglamentados por la Resolución No.859 del 12 de noviembre de 1986 (CS), y la No.4115/93 vulnera gravemente los derechos de investigar, pues discrimina las oportunidades de ser subsidiado, favoreciendo a quienes son autoridades universitarias que transitoriamente han sido elegidos para cargos político-administrativos (Coordinadores y miembros de las Comisiones Asesoras de Ciencias Exactas, Humanidades y Ciencias Sociales de la Secretaría de Ciencia y Técnica, decanos, vice-decanos, jefes de Departamento, miembros de los Consejos Directivos, secretarios de Investigación y Postgrado, etc.) en menoscabo de los docentes-investigadores dedicados en forma exclusiva a la investigación. Efectivamente, se hallan beneficiados con subsidios, cuyas cifras corresponden a la primera cuota: 1) En la Comisión de Economía y Derecho, su integrante: a) el geógrafo Carlos Reboratti (marido de la doctora Hilda Sábato), con el subsidio FI-164, de $2200; 2) en la Comisión de Ciencias Sociales, sus integrantes: a) el doctor Héctor Hugo Trinchero, con el subsidio FI-202, de $2.200; b) la Jefa del Programa UBA-XXI (Educación a Distancia), y exvicedecana Edith Felisa Litwin de Buchbinder, con los subsidios FI-084, de $1.320; y FI-085, de $2.098; c) la Lic. Marta Souto de Asch, con el subsidio FI-194, de $1760; d) la Lic. María Rosa Neufeld, con el subsidio FI-112, de $1760; 3) y en la Comisión de Humanidades: a) el Lic. Rodolfo Bertoncello, con el subsidio FI-015, de $1716; b) el Doctor Pablo Pozzi, con el subsidio FI-126, de $880; c) la Lic. Ana María Barrenechea, con el subsidio FI-217, de $4.180. Asimismo, fueron privilegiadas trece (13) autoridades político-administrativas de la Universidad: 1) Decano de la Facultad de Filosofía y Letras Prof. Luis A. Yanes, con el subsidio FI-211, de $3.520; 2) Vicedecano de dicha Facultad, Prof. J. E. Burucúa, con los subsidios FI-021 y FI-022, de $3982; 3) Jefe del Departamento de Historia Prof. E. Tandeter, con el subsidio FI-197 DE $4.400; 4) Coordinadora de la Comisión Asesora de Humanidades de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado Prof.. Hilda Sábato, con el subsidio FI-175 de $1.342; 5) Secretario de Investigación y Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras Dr. Félix Gustavo Shuster, con los subsidios FI-220 y FI-221, de $4.576; 6) Miembro titular del Consejo Directivo Prof. Ana María Lorandi, con el subsidio FI-090 de $4.400; 7) Secretaria Académica del Rectorado, Alicia Wigdorovitz de Camilloni, con el subsidio FI-215, de $2.200; 8) Pro-secretaria de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, Cecilia Hidalgo, con el subsidio FI-080, de $1.320; 9) Jefa de la Oficina de Concursos de la Facultad de Filosofía y Letras, María Teresa Corbata, con el subsidio FI-031, de $352; 10) Consejera de la Facultad de Filosofía y Letras Alcira Bonilla, con el subsidio FI-139, de $616; 11) Consejera de la Facultad de Filosofía y Letras, Helena Filipina Huber de Guerin, con el subsidio FI-069, de $1044; 12) Consejera de la Facultad de Filosofía y Letras María Isabel Santa Cruz, con el subsidio FI-179, de $1.760. En suma, los integrantes de la unidad académica Filosofía y Letras que detentan responsabilidades de Asesores Técnicos (que eligen evaluadores internos y externos a las Comisiones de Ciencia y Técnica) y cargos político-administrativos en la Universidad de Buenos Aires, y que fueron subsidiados por UBACYT en el llamado 1995/97, totalizan veintiún (21) casos, que representan como primera cuota la suma de $48.000, a un promedio de $2.300 cada uno, y los profesores que no ejercen responsabilidad de Asesor ni cargo político-administrativo alguno montan el número de 87 casos, que representan como primera cuota la suma de $154.000, a un promedio de $1.770 cada uno. Es decir, que esos 21 profesores privilegiados, que componen menos de la quinta parte del número total de subsidiados –y una proporción mucho menor si incluyéramos la desconocida cantidad de postulantes cuyos proyectos fueron rechazados o excluidos—se beneficiaron con casi una cuarta parte del total de dinero distribuido como primera cuota en este llamado a concurso ($200.000). Lo que faltaría determinar entonces es si entre los rechazados, cuya lista no ha sido producida por la Universidad, se encuentran profesores que ocupan cargos político-administrativo en la universidad. En una palabra, es innegable que el ejercicio de las responsabilidades de Técnico-Asesor en las Comisiones de Ciencia y Técnica y de cargos político-administrativos en la universidad por parte de algunos profesores de la misma los ha beneficiado privilegiadamente con partidas presupuestarias destinadas a la investigación. Por todo ello, creo que la no aclaración de la denuncia señalada lo harí a Usted responsable del incumplimiento de elementales responsabilidades y tornaría legítima, la pretensión de que se forme un tribunal académico y se resista administrativa y judicialmente los agravios ut supra mencionados. Eduardo R. Saguier Profesor Titular Interino Facultad de Filosofía y Letras Fuente: Ambito Financiero, viernes 30-VI-1995, p.III) La Mafia de la Ingeniería Química en Argentina (2002) Sra. Ministra de Educación Lic. Graciela Giannettasio ref. : redes burocrático-facciosas en la ciencia y la industria argentinas De mi consideración : Con fecha 2 de diciembre del corriente año, Vd. conjuntamente con el Subsecretario de la Gestión Publica de la Jefatura de Gabinete Dr. Carlos A. Sosa, y fundándose en el art. 38 del Anexo I del Decreto No. 993/91, constituyente del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SNPA), firmaron la Resolución Conjunta No. 1220, por la cual se designa a un Comité de Selección para cubrir cargos con funciones ejecutivas de organismos --que necesariamente deben ser pluridisciplinarias-- tales como la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales, la Dirección de Planes y Programas, la Dirección del FONTAR y la Dirección del FONCYT, todos ellos pertenecientes a la SETCIP. Asimismo, en el Anexo I de dicha Resolución se detalla con nombre y apellido la integración del Comité de Selección, el cual quedo constituido por : 1.- Dr. Ricardo Jose Antonio Grau, Director del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC) (Güemes 3450) 2.- Dr. Esteban Alberto Brignole, Dr. en Ingeniería Química 3.- Dr. Juan Carlos Lucas, Miembro de la Colisión Honoraria de Ingeniería y otras Tecnologías, DNI 14.301.175 4.- Lic. Graciela Enriquez, Centro de Investigación y Desarrollo en Química y Petroquímica (CEQUIPE) 5.- Dr. Gerardo Ambrosio Juárez (¿ ?) Llama así poderosamente la atención que --amen de este Comité de Selección, integrado en su absoluta mayoría por Ingenieros Químicos-- sea el actual Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación (SETCIP) Ing. Julio A. Luna asimismo Ingeniero Químico ; que el actual Coordinador Ejecutivo del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNPCT) Dr. Alberto Cassano, sea también Ingeniero Químico ; y la actual Directora del FONTAR Ing. Marta Borda de Del Bello sea también Ingeniera Química. En el caso de esta ultima funcionaria el caso es mas grave, por cuanto a su vez dicha funcionaria aun no nos ha brindado explicación alguna acerca del Convenio que discrecionalmente firmara con una empresa química, VILMAX S.A., por un crédito de un millón y medio de dólares (para proveer equipamiento a la Fundición Campomar). Es por todo ello que me atrevo a preguntarle cual es el verdadero motivo para que estas designaciones de coordinadores y evaluadores, cruciales para el futuro de la ciencia en Argentina, estén monopolizadas por una sola disciplina del arco científico, y por un solo grupo de interés del arco industrial, en solemne menoscabo de la enorme mayoría de las disciplinas e industrias acreditadas ante los organismos de ciencia, y en contradicción con la tradición pluralista de organismos como el CONICET, también dependiente de la SETCIP, que se han caracterizado siempre por cultivar un amplio abanico del conocimiento humano. En el caso preciso del Convenio del FONTAR con la empresa química VILMAX S.A. (especializada en colorantes para cueros), debemos agregar que su Presidente Fundador desde 1973 es el Dr. Jorge Mazza, quien es también químico y fue Vicepresidente del Foro Argentino de Biotecnología (FAB) y de la Union Industrial Argentina (UIA), y representante de la industria argentina ante el FONTAR. Como integrante del Comité Ejecutivo del FAB, el Dr. Mazza comparte el Comite con representantes de Bio Sidus S.A., Polychaco S.A., Bedson SA, Advanata Semillas, Gador SA, y Wiener Lab SA, y tiene por vocales ordinarios en dicho Foro a los representantes de Bayer Cropscience y Monsanto, los máximos protagonistas de la mono producción y sojización del agro argentino Si a su vez observamos que el FONTAR ha beneficiado con millonarios créditos a multitud de empresas industriales vinculadas con la ingeniería química y firmado convenios o contratos de promoción con empresas tales como VILMAX S.A., la cual involucra un crédito por una suma millonaria en dólares, sin haberse convocado a concurso de precios, licitación o subasta publica nacional o internacional alguna, me atrevo a insistirle si no estaríamos frente a actos administrativos profundamente irregulares, y frente a camarillas o redes burocrático-facciosas, que la habrían sorprendido a Vd. en su buena fe, y que serian susceptibles de poner en tela de juicio su propia gestión ministerial y la de sus directos subordinados. Como entiendo que estas sospechas no son infundadas, que tendrían una larga genealogía en la historia de la administración publica argentina, y que revestirían una gravedad e implicancias institucionales y científicas inusitadas para el devenir del inevitable proceso re industrialización argentino, que atentan gravemente contra el pluralismo científico y productivo, le informo que he puesto la presente nota de denuncia a disposición de la Oficina Anti-Corrupción, con copia a diversos Ministros y candidatos presidenciales. Cordialmente, Eduardo R. Saguier Investigador Independiente del CONICET La Geología Corrompida en Argentina (Sábado, Marzo 19, 2005) Parece mal antecedente que, en un descubrimiento geológico de interés económico con fondos del CONICET, no se reconozca la participación de la institución. Además, usar estudiantes en los trabajos aumenta la sensación de corrupción. Si se considera la actividad del citado investigador geólogo ilegal o inmoral creo que será fácil corroborar lo aquí manifestado. Rest of the text: Encubrimiento-Omisión Denuncia-Incumplimiento Deberes-CONICET por Eduardo R. Saguier - e-mail: saguiere@ssdnet.com.ar Señor Presidente del CONICET Dr. Eduardo Charreau SU DESPACHO En varias ocasiones he oído críticas al CONICET y el sistema de investigación debido a que aparatos, vehículos y dinero que reciben los investigadores es utilizado en beneficio personal y parte de la investigación es retenida cuando tiene valor económico. Creo que quienes manejan fondos públicos, especialmente universitarios que trabajan con jóvenes deben tener cierta ética. Hay gente que colabora sin tener ningún beneficio económico o con muy bajo salario; por una mezcla de idealismo e interés científico. Son defraudados con estos ejemplos: falta de transparencia y asimetría de información. Recuerdo haber conversado con el Dr. NN de la Universidad NN, con quien trabajé diez años en San Luis con los PID ......... y PIP ...., sobre qué hacer en caso de encontrar algo de valor económico. Estuvimos de acuerdo que consultaríamos al CONICET. En 1988 hicimos con el Dr. NN un perfil magneto-gravimétrico en la sierra de San Luis con fondos del PID ...., con la colaboración desinteresada de estudiantes de la Universidad de San Luis a fin de estudiar las fracturas y las rocas ultra-básicas. En la zona Virorco apareció una fuerte anomalía, por lo que decidimos preparar un proyecto, fundamentalmente geofísico, para estudiar la zona. Alrededor de 1990 recibimos 60.000 dólares del BID-CONICET para comprar instrumental, en su mayor proporción, y para gastos. El objetivo era netamente científico pero con implicancias económicas, ya que estas rocas pueden portar concentraciones de minerales valiosos. En diciembre pasado me enteré que en las universidades nacionales de La Plata, San Luis y del Sur se comenta que el Dr. NN, con otros geólogos, habría formado la empresa NN S.A., titular de varias pertenencias mineras y cateos en San Luis que incluyen las mencionadas rocas ultra-básicas. El valor posible de estos yacimientos es de decenas de millones de pesos. Además, con el equipo comprado con fondos del BID-CONICET realizaría trabajos privados para empresas petroleras en Neuquén (Total Austral), La Pampa y Río Negro (¿Repsol, Bridas) y vendería mapas relevados durante los proyectos de investigación. Parece mal antecedente que, en un descubrimiento de interés económico con fondos del CONICET, no se reconozca la participación de la institución. Además, usar estudiantes en los trabajos aumenta la sensación de corrupción. Si se considera la actividad del citado investigador ilegal o inmoral creo que será fácil corroborar lo aquí manifestado. Le agradeceré acuse recibo de esta nota a fin de quedar liberado de mi responsabilidad en caso de producirse alguna acción legal. En cierto modo soy el iniciador del proyecto y sospechado de cómplice. Atentamente. NN........... – XX............. – .....@.....edu.ar CEDULA Buenos Aires, 10 de septiembre de 2004 Dr. NN................(0000)XX S / D Me dirijo a Ud. en mi carácter de Instructor Sumariante designado en las actuaciones administrativas caratuladas: “DR. NN s/DENUNCIA DE ACTIVIDAD ILEGAL DEL INVESTIGADOR NN‿ que tramitan por Expediente Nº ......., a fin de citarla a ratificar y/o rectificar su denuncia a tenor del Art. 33 del Decreto Nº 467/99 (Reglamento de Investigaciones Administrativas), para el día 17 de septiembre de 2004 a las 10 hs. en la Sala de Reuniones de ......, ubicada en la calle ....... de esa ciudad de XX. Asimismo se deja expresa trascripción de lo normado en el Art. 33: “Ordenada la información sumaria o el sumario, en la primera diligencia el instructor citará al denunciante para la ratificación de la denuncia, como así también para que manifieste si tiene algo más que agregar, quitar o enmendar. Si no compareciere, se lo citará por segunda vez. En el supuesto de que no concurriese, sin causa que lo justifique, el instructor deberá disponer las diligencias y medidas tendientes a esclarecer la o las irregularidades denunciadas, siempre y cuando resultaren “prima facie‿ verosímiles. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Dr. Luis Osvaldo CORDOBA Instructor Sumariante Departamento de Sumarios CONICET En la ciudad de XX a los 17 días de septiembre de 2004, se constituye la instrucción, a fin de tomar declaración al DOCTOR NN, L.E. Nº ........, argentino de .. años de edad, estado civil casado, profesión geólogo, domiciliado en la calle ..........., de la ciudad de XX, provincia de Buenos Aires, al cual se le hace saber que ha sido citado a ratificar y/o rectificar su denuncia formulada a fs. 2, a tenor del artículo 33 del Decreto Nº 467/99. A preguntas de la Instrucción RESPONDIO: Que reconoce como propia la foja Nº 2 que se le exhibe. Que respecto a la sociedad anónima ........, agrega documentación en su poder firmada, y que me han dicho que la sociedad ........SA. por una cuestión impositiva se encuentra radicada en Alaska, pero y por algún lado de la documentación agregada se manifiesta que esta en San Luis, que de acuerdo a lo que surge de la documentación por lo menos NN, NN y NN, serán miembros del staff de dicha sociedad. Que presumo que el denunciado realiza las actividades económicas que denuncie, porque en el Departamento de Geología de la Universidad del Sur, y gran parte de los de la de San Luis (la parte de geología) saben de estas actividades. Que las minas las Águilas que son las mismas que llamo Virorco, fue estudiada por Fabricaciones Militares en un lapso de diez años o algo así, que abandono la propiedad no se en que fecha, fue relacionado con las leyes de Menem, supongo que esta empresa tomo esas pertenencias quizás en base a los trabajos que comenzó NN. Que respecto a mi conocimiento a que trabajan y asesoran a las empresas petroleras de la zona es porque se dice en el Departamento de Geología. Que NN, recibió dinero del CONICET, para trabajar en la zona de las Águilas, durante diez o quince años. Que las personas que trabajan con él figuran en los trabajos publicados. Que quede claro que supongo que las investigaciones que realiza NN, pasan a formar parte de la información de .......SA., y parecería que esta o hizo un convenio con otra empresa, creo que se llama BHP, a la cual le vende la información. Que este hombre junta información para determinar una zona de interés económico para las empresas citadas, creo que no cobra por esto, pero sí tiene parte de acciones en la empresa ......SA, supongo que en la Dirección de Minería de San Luis debe estar registrado las zonas que son propiedad de .......SA, y de esta manera ......., vende las pertenencias mineras a empresas interesadas. De acuerdo a la documentación que agrego, los minerales de estos cateos contienen platino, paladio, rhenio, rhodio y oro, si bien se encuentran en pocas cantidades, dado la envergadura de las empresas que están en la cuestión les resulta económicamente favorable. Que el CONICET, ha estado pagando para explorar esas zonas, y en la actualidad nadie le reconoce al CONSEJO, nada de lo investigado, el dinero del CONICET, otorgado en subsidios resulta que se entregó para que al final las investigaciones sean vendidas a terceros ajenos al Consejo. Se le indica que manifieste si tiene algo más que agregar, quitar o enmendar, contestando que no y ratificando lo dicho firma de conformidad. Asimismo se le hace entrega de copia del acta celebrada. XX, 9 de Octubre de 2004 Dr. Luis O. Córdoba Departamento Sumarios CONICET Con referencia a ........ S.A. según lo conversado en LA Fundacion......... le informe lo que he podido averiguar. 1º La Empresa BHP es una de las mayores que existen, por lo que solo realiza inversiones en yacimientos del orden de muchos cientos de millones de pesos. 2º En la Dirección de Minas de San Luis debería estar la dirección de ........ S.A. Es posible que haya pedidos de cateo en La Pampa y La Rioja (San Juan ¿?) pues hacia allá continúan las rocas de interés. 3º Las empresas para las que trabaja exigen inscripción en la DGI, por lo que ahí es posible conseguir datos serios. Quizás aparezcan ahí además muchos investigadores que trabajan para empresas: por ej. y . Por supuesto podrían figurar con otros nombres. Hay gente preocupada por esta investigación y es posible que esté dispuesta a colaborar, blanquear su situación y llegar a un acuerdo de mutua conveniencia. 4º En alguno de los trabajos para empresas petroleras además del equipo del CONICET debió alquilar otro, para poder cumplimentar los plazos exigidos por el comitente. 5º Otra de las empresas sería Petrobras. 6º Los que están incluidos en los trabajos publicados son: NN, quien sería socio de ......SA. Además el Agr. NN. Si es posible envíeme una copia del proyecto BID-CONICET que dirigiera el Dr. NN y del que yo fui codirector o al menos el título, el Nº y fecha. Dr. NN La Antropología Física y el Contrabando de Plasma Humano Otro Decano Traficante en la UBA (I-2004) Hemos sabido recientemente de la existencia de Decanos Impostores o Truchos, cuyas credenciales académicas han venido a resultar tan fraudulentas como la de aquel Diputrucho que llegó a votar leyes en el Parlamento Nacional. Pero jamás se nos habría ocurrido ni tampoco al Prof. Pablo Buchbinder, autor de una Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, la posibilidad de que a su vez tuviéramos el privilegio de contar con Decanos traficantes. Se preguntarán con intrigante razón a que tráfico me estoy refiriendo. Bien, esta vez no se trataría de un arqueólogo que trafique con reliquias despojadas de algún Acrópolis criollo, como podrían ser los bronces de nuestros monumentos o los incunables de nuestras Bibliotecas; sino de un Decano antropólogo, especializado en migraciones genéticas y biomédicas, no precisamente herbívoro sino más bien Carnívoro o algo semejante, que según un rumor muy generalizado habría traficado ya no con órganos vulgares como los riñones o las dentaduras sino con la propia sangre de nuestra raza más ancestral aún viviente, la de una comunidad aborigen del Gran Chaco. No conformes con succionar nuestros ahorros y divisas, mediante endeudamientos compulsivos vía gobiernos represivos y corruptos, a la metrópolis imperiales les interesaría ahora ya no secuestrar a nuestros indios Onas para exhibirlos en Exposiciones Internacionales, sino corromper a nuestra burocracia y el funcionariado periférico en aras de saquear las piezas de nuestros Museos --como en Bagdad-- o la de chupar nuestra mismísima sangre. En efecto, so pretexto de investigaciones biomédicas, en la Universidad Argentina, y más precisamente en la UBA, y en la más altruista de sus Facultades, la de Filosofía y Letras, se habría dado la vergüenza de padecer el Decanato de un traficante --socio del anterior Decano Luis Yanes-- que por algo mas que un plato de lentejas (U$S un millón de dólares) le habría vendido al Centro Biológico de la Administración de Alimentos y Drogas del Departamento de Salud de USA --especializado en la investigación del SIDA en áreas marginales del mundo-- el plasma sanguíneo de la comunidad Toba, sin que se sepa hasta el momento donde habría depositado dicho dinero. Nos preguntamos entonces, ya pasmados y algo exánimes, ¿que nos deparará el interior argentino?. ¿Acaso los Decanos de la Universidad de Formosa, la tierra del Gobernador Fellner, traficarán con cueros de yacaré; o los de la Universidad de Jujuy con substancias alucinógenas, o los de la Universidad de San Juan con ingenierías anti-sísmicas? ¿Y que les quedará a nuestros Decanos de la Patagonia profunda? ¿Acaso quizá para un Decano paleontólogo, émulo de Ameghino, traficar con algún yacimiento de Dinosaurios australes? De no mediar algún arrepentido, no solo peligran nuestros Museos sino tambien nuestras razas autóctonas y quizá también nosotros mismos. Cordialmente, Eduardo R. Saguier e-mail: saguiere@ssdnet.com.ar Fuente: Hip-Forum--3-I-2004 Comentario Contra el Delito se debe actuar de Oficio Contra el Delito se debe actuar de Oficio Creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguien que tiene un "hueso", o "un trozo de vasija", o algún "libro" o, inclusive "instrumentos" que pertenecen a museos, que son parte del patrimonio, pero que no están sino en una repisa de la casa o, por ahí, en la repisa de alguien en el exterior... pero este tema de la "comercialización" del plasma sanguíneo de comunidades aborígenes me parece que lleno el vaso. El problema de los comunes de los mortales, de aquellos que estamos lejos de cosas "comercializables", pocas veces tenemos pruebas para hacer denuncias, pero Señores, solo Eduardo Saguier se anima a desenmascarar y denunciar estas cosas? No les parece que todos los que conocen estos delitos, que pueden dar pistas para que se termine con ellos deberían decir algo? Estamos "tirando" al país por la borda y nadie extiende una mano para salvarlo...Se que muchos políticos leen estos mensajes, deberían estar actuando "de oficio", el estado tiene las herramientas para hacerlo y, como se dice siempre, la solución de estos problemas esta relacionada con decisiones políticas. Beatriz García Querella Penal Beatriz, Quizá consuele en algo tu desesperada indignación que comparto saber que el actual directorio de Eudeba que yo presido (ad honorem) está querellando en el fuero penal y en el civil al ex decano Yanes que fuera mencionado por E Saguier en una denuncia anterior PATRICIO J GARRAHAN Fuente: Pol-Cien, 4-I-2004 Trofeos Científicos Dr. Patricio Garraham, Me alegra saber que están haciendo algo. Confío en el éxito de la gestión, aunque sea como para seguir creyendo en la posibilidad de hacer justicia. Estos casos parecen, casi, de ficción, aunque bien se lo reales que son: así, de esta manera, pieza por pieza se llevaron varias de las reliquias del Observatorio de La Plata, lamentablemente la única prueba que existe es su ausencia... cuando éramos estudiantes y estaba en el centro y después como graduados y también en el centro, varios intentamos encontrar responsables, pero lo único que conseguimos fue añadir una línea mas, negra, en nuestro legajo. Una historia larga de despojos...Saludos y suerte, Beatriz Fuente: Pol-Cien, 4-I-2004 Prof. Cristina Ibarra Asociación Gremial Docente (AGD) Ref.: Plasma Humano. Comercialización No Ética Estimada Cristina: Amén del integrante del Directorio del CONICET que colaboró con la represión genocida del Proceso en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), desde las mismas cátedras, exigiendo certificados de buena conducta expedidos por la SIDE a aquellos alumnos que deseaban participar de los proyectos de investigación del Profesor Horacio Juan Cuccorese, también existe en la Comisión Asesora de Historia y Antropología del propio CONICET, un integrante que so pretexto de identificar el ADN y reconstruir la identidad étnica del mundo toba-mataco extrajo plasma sanguíneo de diversas comunidades aborígenes de Santiago del Estero, para más luego comercializarlo o contrabandearlo a un par de Universidades Norteamericanas interesadas en el mismo, para sus investigaciones del SIDA. Esta información, que la creo muy fidedigna, pues la he escuchado de diversas fuentes no conectadas entre sí, y que según tengo entendido fue profusamente publicitada en los diarios y radios de Santiago del Estero, al extremo que dicho integrante de la Comisión Asesora de Historia y Antropología y ex funcionario académico de la Universidad de Buenos Aires tiene prohibido el ingreso a dichas comunidades indígenas, no la he podido corroborar fehacientemente. Es por ese motivo que si bien conozco perfectamente de quien se trata me veo impedido de identificarlo con su nombre y apellido. Creo por ello, que la Asociación Gremial Docente (AGD) debe también tomar cartas en este espinoso asunto, y elevar las correspondientes denuncias al Comité de Ética de la SECYT y al Instituto Nacional de Antropología, donde tengo entendido existen también numerosas denuncias y sumarios respecto al contrabando de cerámica precolombina (ver caso coleccionista Mateo Goretti) y restos óseos prehistóricos, extraídos ilegalmente de los diferentes yacimientos arqueológicos y paleontológicos existentes a lo largo y ancho del país. Así como desde el mes de junio comenzó a operar la Ley No.25.743 de protección de la cultura precolombina, debiera también existir una legislación que condenara la comercialización no ética de órganos, tejido y plasma humanos. Entiendo que esta denuncia debe proceder en forma perentoria, pues de lo contrario puede ocurrir que como en el caso del ex Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Presidente de EUDEBA Lic. Luis Yanes, cuyo sumario y denuncia por su proceder delictivo con el abuso fraudulento de la tarjeta de crédito corporativo, esté próximo a caer en el sobreseimiento por falta de un seguimiento en el fuero judicial, materia sobre la cual puede abundar el actual Presidente de EUDEBA Dr. Patricio Garrahan. Digo falta de seguimiento, por cuanto en los casos de aquellas fundaciones e institutos del CONICET que operaron fraudulentamente durante el Proceso y fueron acusados en sede judicial por malversación de caudales públicos, tales como FADES (dirigido por la familia Brie); SENOC (dirigido por Mario Califano); OIKOS (dirigido por Patricio Randle); APRODECE (vinculada a Ricardo Bruera); FUNDANORD (dirigido por Ernesto Maeder); y FECIC (dirigida por Juan H. Tramezzani, Alvaro Gimeno y Angel Molero) también cayeron en el sobreseimiento definitivo en la Cámara de Apelaciones del Fuero Administrativo por falta de un adecuado seguimiento por parte de la asesoría jurídica del entonces Presidente del CONICET Dr. Carlos Abeledo (ver Informe sobre Investigaciones de Hechos Ocurridos en el CONICET, período 1976-1983). Un gran abrazo, Eduardo R. Saguier http://www.er-saguier.org Codicia y Miseria de la Geografía Criolla (3-I-2004) Decanotrucho-Falsedad Ideológica Curricular (3-I-2004) El Diputrucho no esta solo, lo acompaña un Decano Trucho En diciembre de 2002 el Profesor Vicente Di Cione denunció públicamente (en FFyL) que Luis Avelino Yanes incurrió en el delito de falsedad ideológica curricular, abuso de autoridad y defraudación: no tiene título de licenciado (solamente uno de profesor logrado en 1976/77), tampoco postgrado Ciencia Regional y menos aún título de doctor (En la presentación de sus antecedentes declara haberlos obtenido en la Federiciana de Karlsruhe, el primero en 1982 y el segundo en 1992). Se trataría de un impostor, al punto que para lograr el beneplácito del "progresismo" (???) que lo catapultó como director del Instituto de Geografía, no tuvo ningún reparos en 1982/83 en declarar que fue perseguido y exiliado (sin embargo tuvo una beca de la cancillería otorgada para el período 1979/82, mientras se desempeñaba en el ministerio de obras públicas para estudiar en Karlsruhe). Todo está perfectamente documentado. No obstante....el padrino parece que tiene comprado a la actual gestión y a otras (El exDecano Carnese aparentemente también sabía del asunto). Hasta ahora Di Cione elevó un tibio pedido de informes al Departamento de Geografía y al Decano Schuster. En febrero o marzo Di Cione piensa elevar un pedido de juicio académico al Consejo Académico de FFyL, a los fines de elevar las actuaciones en el Rectorado. Di Cione está sorprendido que alguien haya podido a ser candidato a Rector habiendo incurrido sistemáticamente en falsedad ideológica desde 1982 a la fecha. Di Cione se pregunta: nadie verifica las declaraciones juradas? Mas datos se puede consultar visitando:www.interdeptos.geoamerica.orgMitomanías, mitos y miserias de la geografía criolla EL GOBIERNO DE LA CIUDAD LO NOMBRÓ A YANES NADA MENOS QUE DIRECTOR DE SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES (a partir de junio/2003) y el depto de geografía Titular Interino de Introducción a la Geografía a partir de 2004. Di Cione no cree que Ibarra estuviera enterado del asunto. Pero al parecer el Departamento de Geografía de la UBA si estaba muy al tanto. Seria interesante conocer cuanto sabia el geógrafo Charly Reboratti de este lamentable asunto. UBA – FFyL Departamento de Geografía Expediente: Solicitud de Informes y prosecución de actuaciones sumariales del Profesor Luis A. Yanes Pedido de informe elevado al Director del Departamento de Geografía Pedido de informe elevado al Decano de FFyLP Página de libronauta del 23 de septiembre de 2002 Página de libronauta del 23 de septiembre de 2002 modificada Otros antecedentes (solicitar permiso) Eduardo R. Saguier e-mail: saguiere@ssdnet.com.ar Fuente: Hip-Forum--3-I-2004 Capítulo IX El Despotismo Burocrático en la Investigación Argentina "La labor intelectual está relacionada con el poder de diversas maneras, entre otras: con las ideas puede sostenerse o justificarse al poder, intentando transformarlo en autoridad legítima; con las ideas puede destruirse también a la autoridad, tratando de reducirla al simple poder, de desacreditarla como arbitraria o como injusta. Con las ideas se puede ocultar o exponer a los detentadores del poder. Y con ideas más hipnóticas aunque frívolas, puede distraerse la atención de los problemas del poder y la autoridad y la realidad social en general" Las instituciones de la cultura en la historia de las civilizaciones toman por lo general prestado de las instituciones políticas las formas de organización y los estilos en que traducen el sufragio en representación, o los regímenes de elección de sus autoridades. Esta retroalimentación existió con intensidades diversas en la antigüedad clásica, en la pre-modernidad y en la misma modernidad. En esta última época los contactos entre las instituciones de la cultura y de la política se hicieron aún más estrechos. En el caso de las instituciones políticas, y específicamente de los órganos de gobierno y representación colegiados y deliberantes, el centro de la preocupación se circunscribió en la época pre-moderna a las formas de representación funcional, étnica, etaria, lingüística y sectaria (religiosa). Pero en la era moderna dicha preocupación se limitó a los formas de representación poblacional, espacial y de género, y a los tipos de elección, o subsistemas de decisión, circunscripción, postulación, votación y tachas. En ese sentido, en Argentina, el sistema electoral formulado por los Constituyentes de 1853 introdujo un mecanismo de participación política restrictivo, el sistema de la Lista Completa. Este sistema implicó la afirmación del principio totalitario del "catch all party". A la lista que obtenía el mayor número de votos se destinaba la totalidad de los electores del distrito respectivo. En este sistema, denominado mayoritario o de Lista Completa, el listado que obtiene la mayoría simple de los votos se adjudica todos los cargos y no da espacio alguno para que existan las minorías. Este sistema ".lleva consigo una inequidad intrínseca, pues sólo recompensa a quien obtiene el primer lugar y deja sin representación a quienes no votaron por el triunfador y que en ocasiones constituye una gran parte de los electores totales". La Lista Completa predispone a la obediencia y la obsecuencia. Por el contrario, la Lista Incompleta restringe el poder de la facción mayoritaria en beneficio del derecho de la facción minoritaria a sacar una porción mínima de representantes. El sistema de Lista Completa rigió en Argentina para toda clase de elecciones hasta el año 1874. A partir de ese año y hasta 1890 rigió sólo en la elección de Senadores y de Presidente de la República. Con este sistema se regían también las asambleas universitarias y las organizaciones de la cultura (Ley Avellaneda o Ley 1597). No obstante toda esta legislación, el Unicato electoral se perpetuó en el tiempo, y hubo que esperar: primero hasta 1902, en que el Ministro del Interior de la segunda Presidencia de Roca, Joaquín V. González, dictó la efímera Ley 4161, que estableció el sistema de las circunscripciones uninominales y unipersonales, aunque de voto verbal o cantado, y que tácitamente permitía la representación de minorías (declarada inconstitucional por el Presidente Quintana); y luego esperar diez años mas, hasta 1912, en que se dictó la Ley Sáenz Peña, para alcanzar el voto universal masculino, secreto y obligatorio. Pero como los sistemas modernos exigen la representación de las minorías en el poder, a partir de la Ley de 1902 y definitivamente a partir de la Ley Sáenz Peña (1912) se reemplaza el sistema de Lista Completa, que no reconoce minorías; por el de Lista Incompleta que si reconoce a la mayoría y a la primera minoría, aunque en proporción de dos por uno. La Lista Incompleta terminaba con el sistema de unanimidad o unicato por el que resultaban electos todos los candidatos del partido ganador, aunque fuera por solo un voto de diferencia. Como es notorio, estos cambios políticos progresistas fueron la causa inmediata de los acontecimientos registrados seis años después en la Universidad Argentina, conocidos bajo el nombre de Reforma Universitaria, evento histórico que inauguró por primera vez el cogobierno en los órganos colegiados (1918). Sin embargo, a partir de 1930 hubo que observar nuevamente la restauración del Unicato, con la derogación de la Ley Sáenz Peña y la instauración de la Ley 12.298, por la cual se volvió al sistema de Lista Completa. (6) Por último, con el acceso del Peronismo al poder, se retornó a la Ley Sáenz Peña, pero con la innovación ampliatoria de incluir en el voto universal al voto femenino. Asimismo, el gobierno peronista, con el objeto de triunfar a cualquier costo rediseñó en la Reforma de 1951 las circunscripciones electorales al capricho de los intereses políticos del oficialismo, reduciéndose así notoriamente la representación de la oposición Radical en la Cámara baja. Elecciones Antidemocráticas Con motivo del clima radicalmente deliberativo que regía en las universidades nacionales a partir de la denominada Revolución Libertadora (1955), el Premio Nóbel Bernardo Houssay, con el apoyo del gobierno militar, resolvió fundar el CONICET, como organismo de ciencia totalmente desprendido de las universidades públicas, y con una estructura de poder piramidal y no deliberativa ni participativa. Esta estructura, que en sus orígenes fue de excelencia, desplazó a las Universidades Nacionales de la primacía simbólica en materia científica. Pero con el correr del tiempo y las inclemencias de los regímenes dictatoriales y neoliberales se fue deteriorando en forma cada vez más acentuada, recayendo en despotismos de mayorías y minorías cuyo signo político oscilaba al vaivén de las hegemonías político-electorales nacionales. Con la recuperación de la democracia en 1973, el control del CONICET permaneció bajo el yugo de la misma minoría despótica que sucedió al fallecimiento de Houssay (1971), la cual se perpetuó incluso ininterrumpidamente durante todo el denominado proceso multiplicando en forma desembozada el número de Institutos de Investigación bajo su dependencia y los subsidios a sus fundaciones acólitas. Esta minoría incurría además en el delito de intimidación publica (ahuyentaba a los postulantes con la amenaza del control de la SIDE y los servicios de seguridad), que por estar conexo con delitos de lesa humanidad bien vale recordar es también de naturaleza imprescriptible. Más luego, con la nueva recuperación de la democracia, en 1983, el control del CONICET recayó esta vez en un tipo de despotismo de mayoría encabezado por el Dr. Carlos Abeledo, pero impulsado por un trío intelectual constituido por los Secretarios de Estado Dante Caputo, Jorge Sábato y Jorge Roulet, que tuvo el singular mérito de haber sumariado a las Fundaciones que durante el Proceso lucraron con los dineros públicos, y que perduró hasta 1989, en que un gobierno de signo neo-conservador impuso otro despotismo de naturaleza más plebeya e irracional (e.g.: affaire Crotoxina). Recién, a partir del denominado Pacto de Olivos (1994), y luego del desplazamiento de la facción más conservadora representada por las gestiones de los Dres. Matera y Liotta (1990-94), tuvo lugar por vez primera —con la nueva gestión del Lic. Juan Carlos del Bello— un régimen donde los investigadores participaban de la elección de las autoridades. Sin embargo, la imposición de esta legislación participativa (Decreto 1661/96) no persiguió el interés común, general o colectivo, ni garantizó la excelencia del liderazgo académico, ni la vida democrática interna, ni el debate científico en el CONICET, sino que se propuso alimentar un interés particular o de facción, dividiendo y sembrando de impotencia a los investigadores y así reinar sobre aquellos intelectuales huérfanos que no pertenecen a ninguna facción, dándose a entender así que "entre bueyes no hay cornadas". Esta estrategia egoísta, divisionista y pusilánime prosperó en gran medida debido a los regresivos y clientelísticos sistemas de representación y de elección escogidos y al vacío jurídico dejado en materia de organización interna de la institución (composición y liderazgo de las Comisiones Asesoras). En efecto, el Decreto 1661/96 legalizó una divisionista representación espacial, generacional y funcional de los investigadores, y un sistema comicial pre-moderno de Lista Completa. Por un lado, una representación espacial y biológica (etaria) de intereses regionales y generacionales, expresada en los requisitos de edad (status jerárquico) y de localización geográfica (región) para acceder a la condición de candidato a miembro del Directorio. Por otro lado, una representación funcional de intereses sectoriales (profesionales) para poder ejercer la condición de elector, que los divide en cuatro áreas distintas del conocimiento, lo cual a su vez alimenta el etnocentrismo centrifugador, del que abunda Campbell (1969). Dichas cuatro áreas privilegiadas del saber fueron las ciencias sociales, biológicas, exactas y agrarias. Este régimen de representación pre-moderno, y este sistema electoral fragmentado, vigente en las estructura científica argentina -que revela la endeblez estructural que padecerían tanto el control parlamentario de las instituciones como los Decretos firmados por el PEN— ha sido la fuente originaria de un creciente faccionalismo cultural, de un electoralismo clientelar, de un permanente drenaje de inteligencias, de una política perversa de premios y castigos y de un discurso oculto de discriminaciones, incurso incluso en delitos de acción pública (falso testimonio, falsedad ideológica, prevaricato) destinado a dividir y acallar las opiniones críticas, un verdadero resabio heredado del Proceso y de la Dictadura de los Bastones Largos. Estas negativas reminiscencias y estas políticas represivas han venido afectando toda la estrategia investigadora, editorial, comunicacional y docente, en materia científica y humanística, y se han ido reproduciendo incluso en las Universidades Nacionales, en mortal menoscabo de una competitiva gestión del conocimiento, de una imprescindible sinergia intelectual, de una ineludible transformación digital y de un transparente liderazgo académico democrático Los miembros elegidos en las comicios del CONICET, denominados Coordinadores de Áreas, tienen según dicho Decreto, la facultad de constituir las Comisiones Asesoras y seleccionar su Presidente, pero sin contemplar requisito cualitativo ni control alguno para su integración, dejándolo librada a su absoluta discrecionalidad. De esa forma, los integrantes de dichas Comisiones Asesoras son los que conjuntamente con el Coordinador respectivo —en una suerte de despotismo de mayoría-redactan y elevan las Resoluciones que aprueba o refrenda a libro cerrado el Directorio del CONICET. Con lo cual se deduce, que el verdadero poder en el CONICET no reside en su Presidencia, la cual se limita a refrendar lo que viene del Directorio; ni tampoco se afinca en su propio Directorio como cuerpo autónomo, pues también éste se reduce a refrendar lo que a su vez viene de las Comisiones Asesoras, nichos burocráticos donde en verdad se fraguan todas la decisiones fundamentales. De tal manera, el poder real en el CONICET se asienta precisamente en aquellos cuatro miembros del Directorio, que al ser electos por los Investigadores -por el sistema de lista completa sin representación de minorías que puedan ejercer algún control— se convierten automáticamente en los Coordinadores de cada una de las cuatro áreas arriba mencionadas. Como tales, los Coordinadores de Área tienen el poder y la autoridad efectivos para elegir en forma discrecional a los miembros y a los Presidentes de las respectivas Comisiones Asesoras, sin que en ellas existan representación legal deminoría alguna, marginándolas de toda participación, y sin rendir cuentas de su desempeño, por cuanto sus actuaciones y las Actas del Directorio son secretas, y como tales imposibles de evaluar y comparar por sus electores. A su vez, los Presidentes de las Comisiones integran automáticamente la Junta de Calificaciones, que tiene la responsabilidad de promover a los investigadores de carrera. Se concluye entonces que la estructura de poder en el CONICET, es cada vez más corporativa, localista y longeva que en el pasado; totalmente ausente de transparencia y de respeto por el derecho de oposición y la representación de las minorías; y al servicio de una privilegiada casta burocrática que detentando un poder absoluto lo utiliza en provecho propio y como arma divisionista y de acoso moral hacia aquellos investigadores que se resisten al pensamiento único. Una estructura poblacional longeva, regionalizada y super-especializada es por cierto más fácil de desmovilizar, controlar y enmudecer. Por un lado, la mitad del Directorio del CONICET tiene un origen puramente corporativo (instituciones representativas de la industria, del agro, de las provincias y de las universidades); y por el otro, la segunda mitad tiene una reaccionaria representación espacial, generacional y funcional, que atenta contra la representación puramente poblacional, que debiera ser el único y verdadero parámetro de un demos investigador soberano. La representación espacial o territorial (circuital o departamental) está fraccionada en ocho regiones, y la generacional o etaria en dos escalas jerárquicas, la constituida por los Investigadores Principales y Superiores, y la compuesta por los Investigadores subalternos (Asistente, Adjunto, Independiente). Y la representación funcional está fragmentada en cuatro Áreas disciplinares totalmente incomunicadas y aisladas entre sí. Si bien la elección que designa a los representantes Coordinadores de estas cuatro áreas disciplinares es de naturaleza directa; sus listas y padrones están arbitrariamente fracturadas en cuatro áreas de conocimiento. El sistema de representación y de elección debería estar entonces unificado, sin distinción de regiones y con listas únicas, que democratice, nacionalice y amplíe su representatividad; sin discriminación por generaciones o edades, que extienda el voto pasivo a las demás jerarquías inferiores; y sin diferenciación de disciplinas o áreas de conocimiento, que tome al saber científico como una unidad crítica y trans-disciplinar y no como compartimentos estancos, funcionales y corporativos; y otorgue representación a mayorías y minorías mediante el sistema de la Lista Incompleta, de modo de movilizar las inteligencias, promover una sinergia del pensamiento, frenar la fuga de cerebros y generar en las respectivas campañas proselitistas (se renuevan por mitades cada cuatro años) discusiones y debates acerca de las políticas y estrategias científicas a fomentar e implementar. En ese sentido, el régimen electoral actual en el CONICET se asemeja en gran medida al vigente en la UBA donde si bien la elección del Rector es indirecta el padrón y las listas de electores están corporativa o funcionalmente divididas por Facultades. Por último, este régimen representativo y electoral, de naturaleza endógena, localista, corporativa y longeva, se debería suspender en forma inmediata y reformar radicalmente mediante un Decreto del PEN, sustitutivo del Decreto 1661/96, de manera tal que se pueda convocar a la totalidad de los investigadores en elecciones con distrito único y bajo el sistema de Lista Incompleta. Es decir, las bases de un nuevo y transformado CONICET se deberían asentar bajo un sistema electoral verdaderamente democrático. Promociones Burocráticas Los investigadores y becarios del CONICET son ascendidos por la Junta de Calificaciones. Esta Junta es el principal instrumento de las estrategias facciosas y divisionistas que tiene a la gran masa de los investigadores y becarios del CONICET como rehenes o cautivos. Esta Junta esta compuesta por los Presidentes de las Comisiones Asesoras, quienes son seleccionados periódicamente por los respectivos Coordinadores de Área. De esa forma, con el régimen actual vigente en el CONICET, llegaría a darse la absurda paradoja que mientras los candidatos a Coordinadores de Área y/o miembros del Directorio deben ser necesariamente de las jerarquías más altas, es decir Investigadores Principales y/o Superiores, los integrantes de las Comisiones Asesoras podrían ser todos ellos -como de hecho lo es en muchos casos— de las jerarquías más bajas, cuando justamente son quienes tienen la responsabilidad de elaborar las decisiones más cruciales. Por ello mismo, los miembros de las Comisiones Asesoras, con la anuencia o complicidad del Presidente de la Comisión respectiva, que integra la Junta de Calificaciones, estarían dispuestos a dejarse promover en forma facciosa por dicha Junta. Estas prácticas perversas y violatorias de deberes éticos elementales podrían llegar a ser -si es que no lo han sido ya— de la misma naturaleza abusiva con la que los investigadores principales electos en el Directorio son ascendidos automáticamente a la jerarquía de Investigador Superior. Justamente, por estos mismos motivos, fundados en la llamada vinculación de intereses —es decir el argumento de que el CONICET no podía ser juez y parte interesada otorgando subsidios a sus propios integrantes— la gestión del ex Secretario Del Bello así como expropió a las universidades de la responsabilidad de incentivar la investigación dándosela primero al FOMEC y luego a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y de las funciones de evaluación y acreditación dándoselas a la CONEAU; también despojó al CONICET de la distribución de los subsidios de investigación, otorgándosela a una nueva repartición, la denominada Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica (ANPCYT), donde no existe democracia interna alguna. Dicha Junta de Calificaciones operaría entonces como una suerte de Tribunal Académico, el séptimo círculo del infierno burocrático, y obraría a sabiendas que es parte interesada en las promociones y que ejerce presiones para mantener sus decisiones administrativas en materia de ascensos en la carrera de investigador; cuando teóricamente su actuación debería ser totalmente imparcial y transparente, dotada de una estabilidad vitalicia, y sus integrantes deberían ser impugnables y revocables, pues se supone que están evaluando el desempeño académico de los investigadores y que con sus decisiones afectarán los derechos elementales de los mismos. En otras palabras, la actual Junta es parte de un círculo perverso, vicioso y endogámico —semejante al que existía cuando el CONICET distribuía los subsidios de investigación— que opera como un cerrojo blindado, que es preciso reformar si se quiere realmente recuperar el prestigio perdido, volver a administrar los subsidios de investigación, actualmente enajenados en la Agencia (ANPCYT), e ingresar definitivamente a la denominada sociedad del conocimiento y a un régimen democrático donde los derechos y garantías de nuestra Constitución sean definitivamente respetados. Este régimen tribunalicio abusivo se debería también reformar radicalmente mediante un Decreto del PEN, sustitutivo del Decreto 1661/96, de manera tal que se pueda constituir un Tribunal o Junta de Calificaciones que no esté sometido a los vaivenes periódicos de las elecciones del CONICET. Es decir, bajo un tribunal académico permanente e impugnable se podrían asentar también las bases de un nuevo CONICET. Capítulo X- Fragmentación Urbano-Disciplinaria de la Educación Superior Argentina Vindicta Pública para la UBA (IX-2004) En la denuncia formulada hoy miércoles 22 de septiembre por el Rector de la UBA Guillermo Jaim Etcheverry nada se dice respecto al déficit físico, inmobiliario y urbanístico de la UBA. Toda su crónica denuncia se reduce a las cifras de los montos presupuestarios. Cifras que encubren una distribución arbitraria, discrecional y corporativa que nada significan a un estudiantado universitario vejado por la carencia de aulas, gabinetes, laboratorios, bibliotecas y espacios físicos comunes para sus ansias de una educación acorde con la pregonada sociedad de la información y el conocimiento, y con las modernas tendencias del Nuevo Urbanismo (von Hoffman, Downs, Fulton, Duany, Krier, Flecken, Talen). Para el Rector Jaim y su burocrático entorno la vieja reivindicación de un barrio universitario para la UBA ha sido ominosamente silenciada y en su lugar se insiste en una cantinela de cifras, porcentajes y rankings. Este silenciamiento y arcaico cuantitativismo no es inocente, pues con ello el Rector Jaim busca confundir y perpetuar un statu quo pedagógico y organizativo que garantiza la eternización estructural de las camarillas docentes apoltronadas en las sinecuras de las cátedras, las juntas departamentales y los consejos directivos de cada una de las desperdigadas Facultades. Es hora entonces que el estudiantado de la UBA tome el toro por las astas y pase a reclamar la verdadera deuda que la afecta en forma trascendental. Mientras gran parte de las universidades del país (Córdoba, Cuyo, Tucumán, Comahue) cuentan con ciudades o barrios universitarios, la UBA se halla crecientemente fragmentada en un archipiélago de edificios dispersos en barrios tremendamente distanciados unos de los otros, que hace totalmente imposible –y más aún en los horarios pico en que el intenso tránsito multiplica las distancias—cumplir con el anhelo de una formación universitaria digna e integrada, donde los alumnos tengan la libertad de diagramar su propio plan de estudios y elegir los cursos y los docentes de su íntima preferencia. En la anacrónica Universidad que padecen los estudiantes de la UBA no les es posible conocerse mutuamente, pues se hallan física y geográficamente divorciados. En ese divorcio insalvable, las vocaciones y la investigación científica, humanística y artística no encuentran la imprescindible y debida orientación (que por otro lado el CBC no logra impartir) y estímulo; y la frustración individual se acentúa a límites increíbles, con un inmenso costo social, individual y colectivo. Este es el tremendo páramo en que nos hallamos, un no lugar que la burocracia gremial, estudiantil y docente, se niega a ver y denunciar. Esta es entonces la hora americana en que el verdadero estudiantado debe tomar la decisión de denunciar a la dirigencia traidora y exponerla a la vindicta pública. Eduardo R. Saguier http://www.er-saguier.org Deslocalización y Relocalización para la Universidad de Buenos Aires (2004) A partir de las modernas concepciones del Pensamiento Complejo (Morin), y de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (McLuhan, Castells, Thurow), tuvieron también su desarrollo la Nueva Ciencia Política (Rokkan, Bierstecker, Rosenau), la Nueva Geografía (Kotkin, Sassen), la Nueva Antropología Urbana (Hannerz, Augé, García Canclini, Low, Martín-Barbero), la Nueva Sociología Urbana (Lojkine, Topalov, Preteceille), la Pedagogía Crítica (Apple, Giroux, McClaren, Bonal, Becher), y el Nuevo Urbanismo (von Hoffman, Downs, Fulton, Duany, Krier, Flecken, Talen, Genestier, Bardet), y sus cruciales categorías de la diferenciación funcional, la centralidad expandida, la comunicabilidad, la peatonalidad y la digitalidad, en crítico menoscabo de las categorías de la sub-urbanidad, la vehicularidad, la descentralización y la linotipia. Estas nuevas concepciones filosóficas y políticas, y sus derivaciones geográficas, antropológicas, sociológicas, urbanísticas, comunicacionales y pedagógicas, exigen erradicar la cátedra magistral, las deformaciones profesionalizantes, y la tesis foquista del potencial insurreccional del estudiantado universitario, fomentada por la Doctrina de la Seguridad Nacional, que el Pensamiento Único del Neoliberalismo y los intereses privatistas y con-urbanistas en la educación superior acentuaron durante el proceso post-genocida y des-industrializante, generando múltiples micro-universidades en el denominado conurbano y segregando aún mas las unidades académicas de mayor capacidad dinamizadora (Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Psicología, Arte, etc.). También requieren estas nuevas concepciones resucitar las teorías desarrollistas de los polos de crecimiento y las políticas intervencionistas en los servicios públicos (educación, salud, justicia, deporte, comunicación, ocio, turismo) y una consiguiente relocalización y reposicionamiento territorial que densifique los procesos espaciales de flujos y circuitos, combine ejes peatonales, viales e inalámbricos, jerarquice las relaciones de proximidad, adyacencia e influencia, explote las ventajas comparativas, y a su vez cuestione los estereotipos y solidaridades simbólicas de las carreras profesionales. Dentro de esas nuevas concepciones, la educación superior debe renunciar a los modelos de radicación espacial segregados y dispersos y asumir como algo esencial e imperativo su integración a un núcleo o polo central interconectado y localizado a una distancia peatonal, que contribuya a combatir la desorientación y frustración vocacional, el aislamiento y la incomunicación inter-disciplinaria, la deserción universitaria, y el crónico drenaje de cerebros, alentando a que cada estudiante elija y forme su propio plan de estudios y que tienda a superar en la docencia superior y en la investigación científica los nichos feudales, los intereses corporativos y las crecientes fronteras y distanciamientos disciplinares y comunicacionales. Para ello se precisa como prerrequisito toda una política pedagógica, informática y urbanística (territorial e inmobiliaria), que signifique una verdadera refundación universitaria, mancomune o arracime los recursos académicos, didácticos y electrónicos, venza las múltiples resistencias simbólicas, y combata el drama de la fragmentación física y geográfica de su principal establecimiento de educación superior (UBA). En esa tarea tardíamente reparadora, el Gobierno debería declarar a una determinada área o eje urbano (con notoria acumulación académica originaria) de interés estratégico nacional (sujeta a expropiación) y alentar en la misma el acondicionamiento de toda una infraestructura electrónica, vehicular, peatonal y cultural (librerías, galerías, ciber-cafés, teatros, cines, exposiciones), tal como existe en todas las principales capitales del mundo (París, Londres, Nueva York), e incluso en las de Santiago y Concepción, en Chile, la de San Pablo en Brasil, y en algunas de nuestro propio interior (Córdoba, Cuyo y Tucumán), sin que ello signifique otra obra faraónica marginada del casco urbano, y que sea susceptible de volver a instalar a dicha universidad a la cabeza de la cultura Latinoamericana. I. Polo y Circuito universitario En ese sentido, Buenos Aires debería priorizar como polos de educación superior sólo un par de áreas o ejes estratégicos, que cumplan tanto los requisitos de vialidad y vehicularidad como los de gregaridad y peatonalidad. Para satisfacer los primeros requisitos, la localización ideal es la Ciudad Universitaria de Núñez, que aunque golpeada por la contaminación acústica (provocada por el Aeropuerto cercano) concentra las Facultades de Arquitectura y de Ciencias Exactas y Naturales, ubicada en el extremo norte de la ciudad (lindando entre el Río de la Plata y las Autopistas Lugones y General Paz). Esta Ciudad Universitaria debería alcanzar su propia autonomía, en una suerte de UBA-II, con atribuciones para crear nuevas carreras y facultades, y con la posibilidad de recuperar los espacios actualmente usurpados por el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y el Club Naval, y de añadir el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con sus construcciones incluidas, todo lo cual atendería --por su estratégica localización en un extenso eje vial-- a la zona norte de la ciudad y del conurbano. Y para satisfacer los requisitos de gregaridad y peatonalidad, Buenos Aires ofrece tres (3) ubicaciones donde hoy existe cierta acumulación académica originaria. Ellos son los barrios de Recoleta, donde se encuentra la Facultad de Derecho; el barrio de Puerto Madero, donde se halla la Facultad de Ingeniería; y el Barrio Clínicas, donde actualmente existen las Facultades de Medicina, Odontología, Farmacia y Bioquímica y Ciencias Económicas. De dichos tres (3) barrios, el único que ofrece una potencialidad y factibilidad territorialmente expansiva es el Barrio Clínicas. En este último caso, la potencialidad expansiva se orienta exclusivamente en dirección del eje occidental, por cuanto sus fronteras norte, sur y este se hallan densamente pobladas y onerosamente edificadas. Esta vertiente occidental, consistente en un circuito urbano que combina ejes peatonales y viales, ofrece a su vez dos potencialidades: la orientada sobre la franja septentrional de la Av. Córdoba, perteneciente a los barrios de Recoleta y Palermo, mucho más costosa y poblada; y aquella otra orientada hacia la franja meridional de dicha Avenida, que pertenece a los barrios de Abasto y Almagro, y que se extiende hasta la Av. Corrientes. Es esta última franja meridional, de menor densidad demográfica y edilicia y de menor costo relativo la que ofrece la mayor potencialidad expansiva. Este último espacio, corredor o eje universitario debería concentrar entonces la totalidad de las unidades académicas perdidas y segregadas en el resto de la ciudad (salvo Agronomía); y abrir sus propias carreras de arquitectura y ciencias exactas, en lo que sería un barrio destinado a atender fundamentalmente a las zonas oeste y sur de la ciudad y del conurbano. Este corredor debería extenderse desde el espacio o nudo geográfico donde se encuentra la Universidad del Salvador (Av. Córdoba y Callao), el Colegio Lassalle (Río Bamba y Viamonte), FLACSO (Ayacucho y Tucumán), el Profesorado Alicia Moreau de Justo (Av. Córdoba y Ayacucho), la Escuela Normal No.1 (Av. Córdoba entre Río Bamba y Ayacucho), y el Colegio Carlos Pellegrini (Marcelo T. de Alvear y Callao); pasando luego por el específico Barrio Clínicas, cuyo epicentro se halla en la Plaza Bernardo Houssay (Av. Córdoba entre Junín y Uriburu) y el propio Hospital de Clínicas; atravesando luego la Av. Pueyrredón hasta alcanzar al cabo de cinco (5) cuadras la Plaza Monseñor de Andrea (Av. Córdoba entre Anchorena y Jean Jaurés); siguiendo luego otras dos (2) cuadras hasta arribar al predio del Instituto de Salud Mental Arturo Ameghino (Av. Córdoba y Agüero); continuando otras seis (6) cuadras mas hasta llegar al entramado donde se encuentran la Escuela Técnica No.30 (Salguero y Lavalle), la Universidad Tecnológica Nacional (Medrano, entre Lavalle y Guardia Vieja, a media cuadra de Av. Córdoba), las diferentes sedes de la Universidad de Palermo y la Universidad Kennedy, y los inmensos predios actualmente ocupados por las firmas Chevrolet y Renault (Av. Córdoba 3600, entre Bulnes y Salguero) y el supermercado DISCO (Bulnes y Tucumán); y que culmina circulando por la Av. Córdoba (que vehicularmente corre de este a oeste) otras cuatro (4) cuadras mas hasta arrimarse a la Escuela No.20 Rosario Vera Peñalosa (Pringles y Rocamora), el IUNA de calle Yatay, el Colegio Benito Nazar de los Hermanos del Sagrado Corazón (Pringles y Estado de Israel) y el actual supermercado Jumbo (entre Yatay, Guardia Vieja y Humahuaca, ex Molino Harinero). Este estratégico circuito articularía sin solución de continuidad, en un eje vial de casi veinte (20) cuadras, compuesto por las calles Cabrera y Paraguay, y la Av. Córdoba, desde Callao hasta Estado de Israel; y vincularía medio centenar de manzanas contiguas, que deberían estar complementadas por un eje peatonal y bicicletero; el cual podría estar instalado en la calle San Luis, que es la primer arteria que corre paralela a la Av. Córdoba hacia el sur, desde Medrano hasta Azcuénaga, en lo que vendría a ser el norte de los barrios de Almagro y Abasto (actualmente revitalizado por las inversiones del grupo IRSA). En su defecto, el eje vial podría estar eventualmente potenciado por una construcción subterránea, extendida a lo largo de las Avenidas Córdoba y Estado de Israel, ambas de libre trazo, desde el Parque Centenario hasta la misma Plaza Houssay, donde se entroncaría con la estación Facultad de Medicina, del Subterráneo que va de Plaza Mayo hasta el barrio de Belgrano, y que atraviesa Plaza Italia. II. Repatriación de Unidades Académicas La des-localización y re-localización (repatriación o rescate) de las unidades académicas dispersas y exiladas, se reduciría a: 1) la actual Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en la ex-Fábrica Piccardo (Puán y Goyena en el barrio de Caballito, a medio centenar de cuadras de Plaza Houssay); 2) la Facultad de Ciencias Sociales (ex-Fábrica Terrabusi, en San José y Carlos Calvo, a 25 cuadras de Plaza Houssay); 3) la actual sede de la Facultad de Ciencias Sociales (sita en el edificio de Parque Centenario, Ramos Mexía y Franklin, a treinta cuadras de Plaza Houssay); 4) la Facultad de Psicología (edificios sitos en las calles Independencia e Hipólito Irigoyen, a treinta cuadras de Plaza Houssay); y 5) las subsedes del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). De esa forma, se podría planificar el Barrio Universitario de Buenos Aires --que incluiría a las Universidades de Buenos Aires, del Salvador, FLACSO, UTN, Palermo y Kennedy-- formalizando una serie de tareas que consistirían en: a) un censo inmobiliario público y privado, b) un estudio de factibilidad urbanística e inmobiliaria, c) un plan de obras, y d) un arsenal de operaciones inmobiliarias y edilicias (compensaciones, triangulaciones, enroques, canjes, expropiaciones, ventas, reciclajes y edificaciones), que subsidiariamente derivarían en substanciales ventajas colaterales para otras áreas e instituciones culturales. Las edificaciones podrían lograrse sin costo ni endeudamiento alguno para el erario público si se licitaran con contraprestaciones jurídicas en forma de comodatos o concesiones, para servicios tales como: patio de comidas, locutorios, ciber-cafés, garages, etc. La edificación y el reciclaje deberían utilizar la tecnología del Edificio Inteligente, por medio de la cual se haría uso interactivo del sistema de voz, vídeo e información digital. III. Ventas y Transferencias Tentativamente, así como se ofrecerían en venta las sedes del Rectorado (en Viamonte y Reconquista) y de los Institutos de la Facultad de Filosofía y Letras (25 de Mayo y Perón), ambas ubicadas en pleno micro-centro o City financiera, y otras sedes dispersas como la del Instituto de Bibliotecología (Azcuénaga 280); la actual Facultad de Derecho (ubicada a 20 cuadras de Plaza Houssay) se destinaría a ampliar la sede del actual Museo Nacional de Bellas Artes, y la actual Facultad de Ingeniería (ubicada a casi cuarenta cuadras de Plaza Houssay) se transferiría a la Universidad Católica Argentina, cuya sede central se encuentra en la vecina Puerto Madero. Esta última cesión sería a cambio o canje del Seminario Arquidiocesano de Villa Devoto (Facultad de Teología de la UCA), el cual se ofrecería a su vez en compensación a la empresa Aguas Argentinas por su histórico edificio de Av. Córdoba y Ayacucho, o en su defecto al Instituto de Salud Mental Arturo Ameghino (Av. Córdoba y Agüero). Asimismo, se deberían operar una serie de canjes o transferencias, tales como la de: a) el edificio de la actual Facultad de Filosofía y Letras, sita en la ex-Fábrica Piccardo, se destinaría al Colegio Nacional Carlos Pellegrini (Marcelo T. de Alvear y Callao); b) el de la Facultad de Ciencias Sociales (ex-Fábrica Terrabusi), a la Escuela Normal No.1 (Córdoba entre Ayacucho y Río Bamba); c) el de la actual sede de la Facultad de Ciencias Sociales (sita en el edificio de Parque Centenario) a los despachos de Tribunales, actualmente ubicados en Marcelo T. de Alvear y Callao; d) los de la Facultad de Psicología (sitos ambos en las calles Independencia e Hipólito Irigoyen), al Profesorado Alicia Moreau de Justo (Av. Córdoba y Ayacucho); y al Servicio de Informaciones del Ejército (Av. Callao y Viamonte); e) el de la Facultad de Ingeniería (de Av. Las Heras y Azcuénaga) a la Dirección de Festejos y Ornamentaciones de la Municipalidad (Córdoba 2222, que ocupa todo el corazón de la manzana); y así sucesivamente los edificios de la Morgue Judicial (Viamonte y Junín), el Servicio Penitenciario Federal (Av. Pueyrredón entre Tucumán y Lavalle) y las diferentes Casas de Provincia. IV. Expropiaciones y Edificaciones Más aún, dicha programación debería contemplar la expropiación del inmueble correspondiente al predio central de Aguas Argentinas (ex Obras Sanitarias), ubicado en Av. Córdoba entre Río Bamba y Ayacucho, que se lo destinaría para la increíblemente inexistente Biblioteca Central de la UBA; así como la expropiación de los solares pertenecientes a las concesionarias de Chevrolet (10.000 m2) y Renault (5.000 m2), sitas en Av. Córdoba al 3600; de Chemea sita en Av. Córdoba al 3800 (5.000 m2); y de los supermercados DISCO (Tucumán y Bulnes) y Jumbo (entre Yatay, Guardia Vieja y Humahuaca, ex Molino Harinero). También se debería tener en cuenta la edificación de las playas de estacionamiento de dominio público, existentes en Uriburu y Viamonte, y en Azcuénaga y Marcelo T. de Alvear; la playa de estacionamiento de dominio privado, de San Luis y Jean Jaurés (8.000 m2); y los solares valdíos de Hara Krishna (ex Sanatorio del Valle y de SMATA), en Billinghurst entre Córdoba y Cabrera; del ex Colegio Mary Graham, en Sánchez de Bustamante y Cabrera; y de un predio vecino al Sanatorio Güemes, sito en Cabrera al 3900 (8.000 m2). Esta compleja programación debería ejecutarse mediante decretos de necesidad y urgencia y planificarse a imagen y semejanza del emprendimiento iniciado en Chile por la Corporación Universitaria de Santiago, y por la que el propio Gobierno Nacional --bajo la denominada Corporación Puerto Madero-- motorizó en el pasado para beneficio entre otras instituciones de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Capítulo XI Defensa de la Memoria Histórica-Archivos en Argentina (1986-2006) En este último apartado de la presente obra recogemos una serie de testimonios relacionados con la custodia de la memoria histórica y el resguardo de los repositorios documentales. Renunció un asesor de Antonio Troccoli (La Nación, 12-II-1986) Por no haber logrado “la derogación de una legislación que ampara tanto la irreparable liquidación del patrimonio documental como la caótica desubicación administrativa del más importante repositorio archivístico del país”, presentó su renuncia el asesor del Ministro del Interior en materia de archivos y documentación pública, Eduardo Saguier. En extensa nota dirigida al doctor Antonio Troccoli, Saguier formula duras críticas al gabinete jurídico del ministro y a las actuales autoridades del Archivo General de la Nación. Considera que su iniciativa debió ser convertida en un proyecto de ley y que su rechazo equivale a dar un “bill de indemnidad” a los directores de archivos públicos y directores de reparticiones oficiales para repetir incineraciones de documentos que se vienen realizando. Afirma también que los diferentes archivos administrativos del país vegetan sin tutela legal alguna, y que esperaba al menos, que el Ministerio del Interior impulsara a través de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas un sumario que deslindara responsabilidades por las incineraciones practicadas durante el último gobierno militar. Denuncia que en ese período se descartó material considerado innecesario sin previa microfilmación, como la documentación de 26 archivos judiciales de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires desde 1874 hasta 1960, y advierte que el número de archivos incinerados que se mantiene oculto puede ser “pavoroso”. Fuente La Nación, 12-II-1986 Critícase la destrucción de 14 archivos judiciales (La Prensa, sábado 15-III-1986) Con motivo de haber anunciado la Corte Suprema de Justicia, a través de sus últimos boletines oficiales, la inminente destrucción de los archivos judiciales correspondientes a catorce juzgados civiles, comerciales, correccionales y de trabajo comprendidos entre 1909 y 1975, el doctor Eduardo Saguier, perteneciente al Instituto de Historia Argentina y Americana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hizo llegar al superintendente del organismo judicial mencionado, doctor Elías Jofré, una nota de intención disuasoria al respecto. “El interés de preservar los expedientes que usted se propone destruir –dice la nota—se legitima en la naturaleza histórico-social implícita en los mismos”. Agrega enseguida que “mi personal interés se origina en mi carácter de historiador y director que se propone indagar en un próximo futuro la historia económica y social del Buenos Aires contemporáneo, para cuya investigación deberán conservarse la totalidad de esos expedientes o, en su defecto, su microfilmación”. Señala finalmente el doctor Saguier que la eventual medida “se funda en una legislación inconstitucional que atenta contra el derecho ciudadano de conocer libremente el pasado histórico de la sociedad, vulnerando al mismo tiempo la garantía de inviolabilidad de la documentación pública”. Fuente: La Prensa, sábado 15-III-1986) Archivo de Tribunales (La Nación, 30-IV-1986) Señor Director: “En contestación a las manifestaciones formuladas en Cartas de Lectores por el doctor Eduardo Saguier, como también para conocimiento de los demás interesados, dirijo a Vd. la presente: “El Archivo General del Poder Judicial de la Nación tiene como función específica la guarda, custodia y conservación de los expedientes y otros documentos que se le confíne provenientes de los distintos tribunales de la Capital Federal. Si bien el sistema utilizado, que ya cuenta con más de cien años, es del tipo convencional (con índice y ficha), cualquier expediente archivado requerido por cualquier juez de la Capital, puede ser remitido en contados minutos. Asimismo, los particulares interesados y profesionales pueden consultar las actuaciones archivadas en una sala de consulta establecida al efecto y solicitar inclusive la expedición de testimonios certificados y fotocopias de sentencias y/o piezas agregadas a las actuaciones. Las tareas que implica la recepción de expedientes sucintamente son: revisión, orden alfabético, fichaje, indización, sellado y guarda. Esta última comprende custodia, remisión, devolución, expedición de informes, sala de consulta, expedición de testimonios, certificados y fotocopias, y, por último y en su caso previa selección y expurgo, la destrucción. El Archivo General del Poser Judicial de la Nación destruye, en cumplimiento de la legislación vigente, únicamente los expedientes comprendidos en el art.17 del decreto-ley 6848/63, ratificado por Ley 16.478 y modificado por las leyes 17.292, 17.779 y 18.328, siempre que no se vinculen con las materias enunciadas en el art.18 del mismo texto legal; todo ello previo cumplimiento de lo dispuesto en el art.23 (publicación durante tres días en el Boletín Oficial, término en que las partes interesadas en la conservación de los expedientes pueden hacer valer los derechos establecidos en el art.19 y 16). En virtud de lo dispuesto por el art.18 del decreto-ley 6848/63, no se destruyen total o parcialmente los juicios sucesorios, los de quiebra o concurso, las insanas, las cartas de ciudadanía,, los vinculados a los derechos de familia, los relativos a los derechos reales, y los que tengan algún interés social o histórico, habiendo de éstos, o sea reservados, un total de aproximadamente 60 legajos. La destrucción de expedientes por medio de la incineración comenzó en el año 1934, en virtud de lo dispuesto en el art.66 de la ley 11.294, respecto a las actuaciones de la ex Justicia de Paz. Cabe consignar que algunos fondos documentales, por ejemplo el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentran intactos desde su iniciación hasta la fecha. En cuanto a que se debería microfilmar todo lo que se destruye, esta jefatura opina que es una tarea costosa e inútil, pues si se puede destruir porque no sirve ¿para que microfilmarlo? Por el contrario, se debería microfilmar lo que vale la pena guardar y como acceso a la información y protección del documento original. Es decir, que el Archivo General del Poder Judicial está organizado y presta servicios tanto a los particulares y profesionales interesados, como a los distintos tribunales y al Estado todo. Sólo se destruye lo que no interesa y según normas en la materia (una vez agotados los plazos precaucionales), salvaguardándose fondos importantes, no sólo al investigador futuro y utópico, sino al que quiera hacerla ya, aquí y ahora”. Dr. Augusto J. Fernández Pinto Subdirector general a cargo del Archivo General del Poder Judicial Fuente: La Nación, 30-IV-1986 Fondos Documentales (La Nación, 24-V-1986) Señor Director: Con motivo de las declaraciones del director del Archivo General del Poder Judicial (La Nación, 30-IV-1986), la sociedad toda tiene el derecho de conocer, de boca de sus autoridades judiciales, qué criterios sigue la Corte Suprema de Justicia para determinar cuáles fondos documentales han dejado de “servir” o de “interesar”. Entiendo que para el criterio que se deduce de la legislación vigente y de las declaraciones mencionadas, lo9s expedientes que alcanzan la máxima instancia judicial merecen preservarse, y no así los que apenas logran llegar a los estrados de la Justicia de Paz. De igual manera, si bien para dicho criterio los expedientes que alcanzan la máxima instancia judicial merecen preservarse, y no así los que apenas logran llegar a los estrados de la Justicia de Paz. De igual manera, si bien para dicho criterio los expedientes vinculados con los fueros civil y comercial que tengan que ver con los derechos reales o de familia ameritan custodia, no ocurre lo mismo con aquellos correspondientes a los fueros laboral y criminal. Estos criterios consagrados por legislación de facto condenan a amplios sectores de la población a no legar a la posteridad y a la investigación histórica rastro alguno de su paso por el foro. Estimo, por ello, que dichos criterios se fundan en una legislación inconstitucional que atenta contra el derecho fundamental de conocer el pasado de nuestra sociedad y vulnera las garantías de la inviolabilidad de la documentación pública. Discriminan socialmente la custodia de la documentación pública condenando la memoria de los sectores más humildes a una amnesia forzosa, condicionando negativamente el recuerdo de su pasado, censurando y distorsionando la realidad histórica a favor de los sectores más privilegiados, y destruyendo la fuente de trabajo intelectual de centenares o miles de futuros investigadores. Por ello, entiendo que los criterios sustentados por la Corte Suprema de Justicia para destruir la documentación judicial encubren una discriminación social intolerable en una democracia y son, por ende, susceptibles de calificarse como crimen de lesa cultura”. Dr. Eduardo R. Saguier Director del Instituto de Historia Argentina y Americana (UBA) Fuente: La Nación, 24-V-1986 Sanción en un caso de destrucción de archivos (Ambito Financiero, 16-IX-1986) La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al doctor Eduardo R. Saguier a pagar 12 australes de multa por sus reiterados pedidos “improcedentes” de que se suspendiera “la destrucción de expedientes dispuesta con arreglo a las normas legales pertinentes”, pese a lo cual el interesado no desistió de otra presentación similar formulada el pasado 6 de mayo. En dicho escrito, Saguier sostuvo que “los criterios sustentados por la Corte (…) para destruir la documentación judicial encubren una discriminación social intolerable en una democracia y son, por ende, susceptibles de calificarse como crimen de lesa cultura”, una afirmación que molestó a la Corte Suprema, por cuanto “las expresiones transcriptas (…) exceden la tolerancia del Tribunal –puesta de manifiesto al abstenerse de ejercitar sus facultades disciplinarias en las ocasiones anteriores—y constituyen un agravio a su autoridad y dignidad”. La Corte se pronunció en el expediente caratulado “Archivo General del Poder Judicial s/eleva notas referente a publicaciones” formuladas a un matutino por el “doctor Eduardo Saguier (asesor de archivos del Ministerio del Interior)”. Un detalle: Saguier no es asesor del ministro Troccoli, ya que renunció después que nada pudo hacer frente al maltrato de archivos que se lleva a cabo dentro del ámbito de esa cartera. Fuente: Ambito Financiero, 16-IX-1986) Una Denuncia (La Razón, 19-X-1988) Un funcionario del CONICET acusó a los ministros Jorge Sábato y Enrique Nosiglia de cometer crímenes de lesa cultura y violación de convenios internacionales al permitir la destrucción de los archivos judiciales del país. Se habrían destruido documentos casi centenarios. Más detalles. Los Ministros de Educación y Justicia y del Interior, Jorge Sábato y Enrique Nosiglia, respectivamente, fueron acusados ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, de “manifiestos crímenes de lesa cultura y violación de los convenios internacionales firmados con la UNESCO”. Se trata de la destrucción de los archivos judiciales del país. La acusación la concretó el investigador adjunto del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y profesor titular de historia argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Eduardo Saguier. En su presentación ante el fiscal Ricardo Molinas, el historiador –puntualizó que “en los dos últimos años, el actual gobierno, continuando la nefasta tradición de los ministros y gobiernos precedentes, ha destruido en forma irreparable decenas de archivos judiciales, correspondientes a los fueros Civil, Comercial, Contencioso Administrativo, Correccional, Criminal, y de Trabajo, comprendidos entre 1900 y 1978”. Agregó que “en virtud de la vigencia de la legislación que tolera dicho estrago documental, hoy peligran en forma inminente numerosos archivos judiciales más de la Capital Federal y un número ignorado del resto de las provincias, que prueban la violación de los derechos humanos durante el llamado proceso de reorganización nacional. Saguier pregunta si “no cabría suponer, considerando la fecha de los materiales eliminados, una complicidad con el Proceso que trasciende la mera ignorancia de la burocracia”. El profesor e historiador se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior y renunció a ese cargo en 1986 a raíz de que no encontró respuestas a sus reiterados reclamos de reformas jurídicas que recayeron en las autoridades de los ministerios del Interior, y Educación y Justicia del Poder Legislativo, y de la Presidencia de la República. “Como la negligencia dolosa de los altos funcionarios responsables de promover dichas reformas legislativas ha sido negativa para la conservación de una documentación crucial para el estudio de la historia económica, política y social de la Argentina contemporánea al extremo de ir produciendo su acelerado estrago, es que entiendo que dichas altas autoridades han incurrido en un crimen de lesa cultura”, concluyó. Fuente: La Razón, 19-X-1988 Archivo de la Nación--Le prohiben la entrada y pide amparo al juez (SUR, jueves 5 de abril de 1990, p.9) El investigador Eduardo Saguier presentó un recurso de amparo en el Juzgado Federal No.6, a cargo de la doctora Lidia Lago, ante la expulsión y prohibición de acceder como habitualmente lo hacía al Archivo General de la Nación, medida que habría sido impartida en su contra días atrás por su director, Eugenio Rom Ezcurra. Saguier se desempeña desde hace 23 años como investigador y asiste diariamente al Archivo “salvo un interregno de cinco años en que residí en los Estados Unidos de Norteamérica –acota—país donde me doctoré como historiador”. Recientemente hizo manifestaciones públicas en torno de la decadente situación que atraviesa la institución, y como consecuencia de ellas, la semana pasada se le impidió el acceso al edificio ubicado en Leandro Alem 246, bajo la excusa de que para hacerlo debía presentar el carné de investigador. “Protesté señalando que nunca se me exigió tal requisito –dice Saguier en la acción de amparo. Alegué, además, que ya había estado en la sala por la mañana sin ningún problema y que mis efectos personales se encontraban en el cuarto piso. Molesto, me trasladé a la Sala e inquirí a las personas que allí se encontraban si para entrar se les había exigido el mismo requisito que ahora se me pedía. Me respondieron que no”. El relato de los hechos continúa con una información a todas luces sorprendente: “Minutos d4espués –agrega—el director del Archivo (Eugenio Rom Ezcurra) penetró en la sala acompañado, para mi asombro, por un oficial de policía y dos agentes (después supe que eran de la comisaría 1), los que me intimaron a que me retirara del edificio”. Al día siguiente, acompañado del escribano Marcovecchio, Saguier intentó nuevamente ingresar en el Archivo, siendo rechazado “por orden del director”, según indicó la persona que estaba en la puerta. Para mayor sorpresa aún, de acuerdo con la explicación dada por Rom Ezcurra al escribano, Saguier estaba suspendido por 60 días debido a su conducta impropia guardada durante la tarde del día 28 (el primero en que se le prohibió el acceso) que obligó a la intervención de la policía. Rom Ezcurra reconoció además, que había iniciado un sumario administrativo y que hasta tanto este se pronunciara había prohibido la entrada al señor Saguier, aunque la sanción se produce antes del pronunciamiento del sumario. Fuente: (SUR, jueves 5 de abril de 1990, p.9) Buenos Aires, 28 de marzo de 2006 Sr. Ministro del Interior Dr. Aníbal Fernández Ref.: Estrago Cultural en el AGN De mi consideración: En el día de ayer, lunes 27 de marzo, concurrí al Archivo General de la Nación (AGN) a los efectos de consultar una obra de Taullard titulada Planos Antiguos de Buenos Aires, uno de cuyos ejemplares estaba convencido iba a encontrar en la Biblioteca ubicada en el tercer piso de dicha institución. Una vez en la misma y consultando sus ficheros me vengo a enterar que la Colección Celesia –una valiosísima Biblioteca privada de más de diez mil volúmenes que fue hace décadas enteramente donada al AGN por su legatario el historiador Ernesto Celesia— fue declarada en el 2005, por el Director del organismo Miguel Unamuno, “fuera de consulta”. Extrañado por dicha respuesta, sin haber podido consultar el libro de Taullard, y sospechando siempre lo peor me comuniqué personalmente con empleados de mi amistad, quienes confirmaron mis conjeturas, pues me aclararon que la decisión tomada en 2005 por el Director Unamuno obedecía a que se había producido en ese piso tercero una rotura de cañerías pluviales, que inundó dicha Biblioteca arruinando miles de libros y colecciones de periódicos antiguos. Llama poderosamente la atención que ante semejante estrago el Director Unamuno --quien se haya enfermo y apenas si concurre a firmar el despacho-- no haya librado comunicación alguna a la comunidad de investigadores que a diario concurren a dicho repositorio, informando las circunstancias y pormenores del estrago ocurrido así como del número y calidad de las pérdidas producidas. A esta aviesa intención del Director Unamuno de ocultar una irreparable calamidad que afecta al patrimonio de los argentinos, debemos sumar la pérdida producida el año 2004, por motivos semejantes, de la totalidad de los protocolos de escribanos correspondientes al Registro No. 2, que se extiende desde 1744 a 1840, totalizando un centenar de protocolos, y que se hallaban ubicados en el piso cuarto de dicho edificio. Este par de estragos, producidos en el breve lapso de dos años, ambos ocasionados por iguales motivos, que obedecen al negligente mantenimiento de una infraestructura pluvial obsoleta, y a no haber contratado seguros contra riesgos (los que hubieren alertado el desastre), deben haber merecido un Informe escrito y numerosos memos del Director del Archivo, dirigidos al Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio, del cual depende el Archivo, y a su propia persona como máximo responsable, donde presumo se debe haber detallado el estrago, y se debe haber reclamado el refuerzo de las partidas presupuestarias con las cuales abocarse a la ampliación del caño pluvial del cuarto piso, y a la sustitución de las cañerías que datan de 1977, por nuevas cañerías de plástico. Sin embargo, asombra que como Ministro del Interior y último y más alto responsable de la custodia del AGN, Vd. no haya comunicado a la opinión pública la irreparable pérdida producida, ni haya intervenido el organismo sustituyendo al actual Director. El Director Unamuno ha demostrado con creces su irresponsabilidad, pues ya en el 2004 cuando ocurrió el desastre en el cuarto piso que afectó a la colección notarial, se debió haber previsto lo que posteriormente ocurrió en el tercer piso, y que ha afectado a la Colección Celesia. Por el contrario, lamentablemente existe la grave sospecha que el ocultamiento de ambos estragos, obedece al inconfesable objetivo de evadir las responsabilidades que le caben como custodio del patrimonio.documental de los argentinos. Sin otro particular, le saluda Eduardo R. Saguier Investigador del CONICET Museo Roca saguiere@ssdnet.com.ar http://www.er-saguier.org cc: Defensoría del Pueblo de la Nación Capítulo XII El Terror Enquistado en una Democracia de Baja Intensidad. Sus orígenes y consecuencias. ¿A que sesudas razones históricas (culturales, políticas, sociológicas y psicológicas) obedece el profundo miedo enquistado en la opinión pública intelectual argentina?, ¿a qué obedece la autocensura, conformidad o resistencia a opinar críticamente sobre cuestiones que hacen a la democratización de la ciencia, el arte y la cultura?, ¿por qué motivos numerosos y consagrados intelectuales vienen callando la dominación autoritaria y facciosa que prevalece en las estructuras de los organismos de cultura argentinos?, ¿por qué motivo los institutos de investigación de las Universidades Nacionales (e.g.: el Instituto Gino Germani) no encararon este drama, y por el contrario en algunas de sus investigaciones (e.g.: Naishtat y Toer, 2005), las preguntas formuladas en las encuestas practicadas se redujeron a problemáticas e hipótesis de muy relativa relevancia (la representatividad formal)? Difícil es contestar estos interrogantes y aproximar un diagnóstico y una evaluación del origen de este trauma, dada la escasez de pruebas, testigos e investigaciones a las que se pueda recurrir (la mayor parte de los expedientes de estos casos no están al alcance de una investigación pues están clasificados como confidenciales). Incluso, internacionalmente, los trabajos al respecto --aparte de los clásicos como los de Gouldner (1980), Collins (1979) y Ringer (1969)-- se focalizan exclusivamente en la clase profesional (Martin, 1991; y Schmidt, 2000). Sin embargo, pese a esta exigüidad, es nuestra obligación intentar ensayar una respuesta que indague en la indiferencia de la ciencia y la cultura argentina y en la negligente omisión de sus actores, que arroje algo de luz en la crisis que padecemos. Tradicionalmente, la ciencia política ha probado que el miedo, en sus diferentes intensidades, es un ingrediente propio de los regímenes fascistas y dictatoriales, donde las primeras víctimas son los intelectuales independientes; y que por el contrario, en los regímenes democráticos, dicho miedo se va extinguiendo a medida que las libertades democráticas se consolidan. No obstante, la actualidad presente en los medios culturales argentinos permite verificar una realidad de signo adverso, pues aunque las instituciones democráticas se han restaurado, el modelo neoliberal fue derrotado, y las Leyes del Perdón (Obediencia Debida y Punto Final) fueron derogadas, el miedo al poder persiste entre los intelectuales, artistas y científicos, de las ciencias duras y blandas, jóvenes y viejos, y a una escala y gravedad cada vez más crecientes. Una explicación de estas dolorosas supervivencias sería que frente al inconcluso intento de restauración democrática (1983), a la parcial derrota experimentada por el neoliberalismo (2001), y al lento mecanismo judicial restaurado (2005), al no haberse erradicado de cuajo dicha triple herencia –que ha quedado plasmada en actores colaboracionistas de esas épocas y en prácticas, legislaciones, regulaciones, reglamentaciones y jurisprudencias antidemocráticas aún vigentes-- no se habría podido afianzar la participación y la confianza mutua de la comunidad intelectual. Pero otra explicación, de una entidad aún más compleja y profunda, es la que han dado recientemente, poniendo énfasis en diferentes aspectos, los filósofos Claudia Hilb, Héctor Schmucler, Ricardo Panzetta, Tomás Abraham y León Rozitchner. Estas explicaciones fueron a propósito del reportaje publicado al ex guerrillero Héctor Jouve, (quien relata las ejecuciones producidas en Salta en 1963 de un par de combatientes aparentemente “quebrados” y la fugaz presencia en el campamento guerrillero del intelectual Pancho Aricó), y a la lacerante carta de arrepentimiento y las densas y sabias réplicas hechas a los escritores Jorge Jinkis, Juan Ritvo y Eduardo Grüner por el filósofo Oscar del Barco. Hilb centra su explicación en las nociones de revolución e igualdad, Panzetta al relato de Jouve, Schmucler a los asesinatos de Rottblatt y Groswald, Abraham al arrepentimiento de Del Barco, y Rozitchner a la demora inexplicable de más de veinte años en producir dicho arrepentimiento. Al decir de Rozitchner, por no haber querido “…dar nombres y darles rostros y vida a los fantasmas que engendramos en los otros, dejábamos de mostrar los [fantasmas] que el terror pasado prolongaba en la actualidad política, aunque siguieran trabajando silenciosos en nosotros” (Rozitchner, 2006). Por esa precisa razón, es que Del Barco en su carta-confesión le urge al laureado poeta Juan Gelman para que ahora hable claro, de manera tal de poner transparencia al pasado. La misma petición de transparencia retrospectiva podría también extenderla Del Barco a los restantes miembros del Comité Editorial de Pasado y Presente, en especial a aquellos que operaron una década más tarde con la nueva serie, de abril-junio de 1973 (Feldman, Nun, Portantiero, Torre, Tula, etc.), y a los autores de su principal, anónimo e irresponsable artículo idealizador del peronismo titulado “La ´Larga Marcha´ al Socialismo en la Argentina”. Esta necesidad de transparencia obedece a que otra década después de aquella última aventura revolucionaria (1973-74), que terminó en un genocidio, y luego de su retorno del exilio, algunos de esos protagonistas aparecieron nuevamente militando en política pero con otro signo partidario radicalmente adverso (UCR) y en funciones de poder, como fue el caso del núcleo intelectual armado por el empresario de medios Meyer Goodbar y conocido como Grupo Esmeralda. La sospecha de la existencia de un aventurerismo y oportunismo entrista, disfrazado de una permanente búsqueda de anclaje o cable a tierra político, combinado con vínculos financieros ocultos y clandestinos, enquistados en la intelectualidad argentina, tal como en su momento lo sugirieron muy elípticamente Castañeda (1993), Burgos (2004) y Kohan (2004) no puede escapar entonces a nadie que no peque de inocencia. Pero esa nueva militancia política no estuvo esta vez signada por el marco filosófico Althusseriano, sino que revisó y adoptó el viejo marco teórico del filósofo alemán Carl Schmitt. El trasfondo ideológico Schmittiano que había sido traducido por José Aricó y cultivado en el Club de Cultura Socialista, alimentó al Grupo Esmeralda, autor o inspirador de los capituladores discursos Alfonsinistas de la “Economía de Guerra” y de la “Casa está en Orden” y su claudicante legislación (Obediencia Debida y Punto Final); los contubernios ideológicos anti-radicales del Pacto de Olivos y de la Reforma Constitucional del 94; y finalmente, la vergonzante justificación teórica de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y de los Superpoderes. Como decíamos, la usina desde donde dicha ideología Schmittiana –que convierte a la excepción en regla abrevándose en Hobbes y que se había originado inicialmente en el primer Peronismo (Díaz de Vivar en contrapunto con Amílcar Mercader, en Dotti, 2000, 95-121)-- fue procesada, fermentada y aggiornada, tuvo lugar en el propio Club de Cultura Socialista (Sarlo, Aricó, Nun, Altamirano, Dotti, Gramuglio, Sábato, Jelin, Leis, et. al.), y en su órgano periodístico Ciudad Futura. Una democracia de baja intensidad, como la que experimentamos a partir de 1984, sería entonces aquella que preserva escrupulosamente las formalidades y el protocolo, pero donde la transparencia y la sustancia autocrítica, deliberativa, meritocrática, competitiva y exogámica del ejercicio democrático está crudamente ausente, por la falta de voluntad política y académica para revisar el pasado remoto y reciente, y oxigenar las instituciones culturales presentes, las que no por casualidad se perpetúan en condiciones herméticas, desjerarquizadas, fragmentadas y venalmente contaminadas. Su nocivo ejemplo se derrama a los niveles laterales correspondientes a las profesiones liberales, y a las escalas inferiores de las instituciones educativas, al extremo de que el poder político actual boicotea la formación de Telecentros Comunitarios; y, por el contrario, intenta embarcar al país en el mercantil y anti-pedagógico Proyecto de Nicholas Negroponte Por todo ello, no basta con modificar sólo la Ley de Educación Superior; sino que es preciso producir una democratización profunda de todas las instituciones de la cultura, incluidas las referidas a los medios de comunicación masiva. Es decir, una comunidad donde los intelectuales no son físicamente perseguidos por sus opiniones, y donde no existe censura, cárcel ni patíbulo por el “pecado” de disentir; pero donde sin embargo el miedo a “descolocarse” o “desubicarse” con quienes detentan el poder político y cultural --peligrando el puesto de trabajo o malogrando privilegios económicos, como incentivos, becas, subsidios y subvenciones-- está culturalmente enquistado y psicológicamente internalizado. En otras palabras, una comunidad donde rige una violencia simbólica ilegítima, tácita y/o latente, que está destinada ex profeso a domesticar y disciplinar las mentes, las conciencias y las vocaciones, subordinando a los intelectuales al status de cortesanos del poder, impone un silencio a dos puntas; que amedrenta a los jóvenes con bloquearles sus pretensiones de ascenso académico, y a la vieja guardia intelectual que persista en su independencia con sabotearles una jubilación digna. Este enquistamiento e internalización no les permitiría ensayar la voluntad de confesar o discrepar, ni proponer cambios, ni denunciar anomalías o corrupciones, ni prestar solidaridad alguna para con los que a juzgar por su independencia de criterio son segregados, anatematizados y/o moralmente acosados. Aunque les muerda el dolor del vacío, la indefensión y la pérdida de su autoestima, estos últimos se encontrarían ante la patética situación en la que “nunca podrían esperar una mano, una ayuda ni un favor”. Este inhumano y desolador cuadro, que se ceba en aquellos a quienes el sistema estigmatiza como chivos expiatorios, y que por el contrario premia y asciende a sus aduladores, esbirros y sicarios, intimida a la comunidad intelectual, la expulsa a una deserción y un ostracismo que aumenta la brecha con los países centrales, o la incita a refugiarse en patologías o pautas de conducta violatorias de los códigos académicos. Entre esas pautas rige la intriga, el chisme, el secretismo, la extorsión, el chantaje, la venganza, la traición, y el buscar seguridad y protección en trenzas, roscas y camarillas, que le permitan compartir los eventuales botines de guerra, y lo parapeten cual si fueran casamatas o búnquers, contra la indiferencia, la discriminación, la postergación y la represalia. Toda la libido intelectual estaría focalizada en “hacerse amigo del juez”, en reforzar y consolidar identidades de tipo clánico, y en concertar vínculos insanos como el compadrazgo y la coalición en sectas o logias, con las que poder disputar con éxito las diferentes instancias de poder académico, científico y cultural (elecciones de claustro, integración de comisiones y comités editoriales, constitución de jurados y referatos, organización de congresos y simposios, etc.). En ese enmudecimiento cómplice y en esas relaciones de poder cortesanas, genuflexas, ventajeras y oportunistas, y no en los méritos intelectuales propios, ni en las rupturas epistemológicas o metodológicas alcanzadas en sus investigaciones, ponencias y exposiciones, ni en las innovaciones tecnológicas con que exhiba su producción, estaría cifrada toda la esperanza de inmunidad, reconocimiento, cooptación y promoción académica. Esta búsqueda perversa de un nicho ilegítimo lo induciría a su vez a incurrir en diversos mecanismos ficticios y cínicos (fatuidad, imitación, simulación, adulteración, plagio, etc.), y en una constante propensión a rehuir la polémica o el debate franco, donde la originalidad, la creatividad y la fractura con lo establecido estarían obstinadamente ausentes. Apéndices Apéndice-A Apoyo en Rosario; Prohibición del Acto; un Recurso de Amparo; Manifestación Relámpago (Clarín, jueves 13 de junio de 1968, p.31) Rosario, 12 (De nuestra agencia).- Su apoyo al paro nacional dispuesto por la Federación Universitaria Argentina para el viernes 14, ha dado a conocer la Asamblea General del Centro de Estudiantes de Rosario. Puntualiza la declaración: “Al cumplirse el 50 aniversario nos encontramos en lucha diaria contra la política de la intervención, la limitación, la institucionalización del acomodo, el nombramiento a dedo” de seudo profesores, obsecuentes a los dictados de los interventores, la orientación tecnócrata y anti-popular de los planes de estudio, y ubicando nuestro accionar en contra de la dictadura oligárquico-militar, en la perspectiva de que nuestras luchas, unidas a las de los trabajadores y el pueblo, instauren un gobierno popular y antiimperialista. ………………………………………………………………………………………….. Prohibición Los organizadores de la reunión central por la Reforma Universitaria han apelado de la medida policial que prohibió la realización del acto anunciado para mañana, a las 19, en el Centro Catalán, de esta ciudad. Se había anunciado que a la ceremonia, asistiría su presidencia colegiada, que integran Carlos Sánchez Viamonte, Arturo U. Illia, Alicia Moreau de Justo, Luciano Molinas y Josué Gollán, quienes usarían de la palabra. Asimismo, se encontrarían presentes el doctor Camilo Muniagurria, firmante del Manifiesto Liminar de la Reforma, de 1918; el dirigente estudiantil Luis Carello, Antonio Scipione y el rector de la Universidad de San Marcos (Lima). Recurso de Amparo Al ser notificados por la policía de la resolución denegatoria, los organizadores del acto evocativo presentaron un recurso de amparo ante el juez en lo civil y comercial de la 4ª nominación, doctor Raul Gardella, quien ya había oficiado, en la tarde de hoy al Jefe de Policía, con el objeto de que informe sobre los motivos que determinaron la prohibición. Incidentes Mientras distintos núcleos estudiantiles han hecho pública su adhesión a los postulados reformistas, al cumplirse el 50 aniversario de su nacimiento se registraron algunos incidentes en distintas facultades. En Medicina, como lo informamos aparte, se redujo todo a algunos petardos y muñeco grotesco pendiendo en un patio. En Ingeniería, Pellegrini 250, hubo corridas, gases, la dispersión posterior de los manifestantes. Del grotesco muñeco colgaba un cartel que decía: “Viva la Reforma Universitaria, abajo Picena y Castiñeiras y la dictadura. Por el paro del 15”. Eran las 11.15 en uno de los patios –el que da sobre la calle Santa Fe—de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Previamente, petardos y conatos de manifestación. Una cortina blanca que cae al primer estallido, pero tras el susto, nada mas. El clima predecía “algo”. Cantidad desusada de estudiantes en la facultad y en las inmediaciones. Aun mayor, casi, el numero de policías. Nuevos estallidos, sin consecuencias. Un agente encontró un paquete. Otra bomba casera, sin estallar. Brevemente, había transcurrido un acto mas –de los clásicos relámpagos—del estudiantado rosarino. No hubo detenciones ni agresión física. Fuente: Clarín, jueves 13 de junio de 1968, p.31) Apéndice-B Desórdenes por la Celebración de la Reforma (La Nación, viernes 14 de junio de 1968, p.1, col.1; y p.20, columnas 1 al 7) En Rosario se prohibió un acto que tenía permiso judicial La ciudad de Rosario fue escenario, ayer, de un serio desorden, al prohibir la policía un acto de adhesión a la celebración del 50º aniversario de la Reforma Universitaria, que había sido autorizado por resolución judicial. En La Plata, en cambio, retornó la tranquilidad, alterada la antevíspera por disturbios estudiantiles. Para hoy está anunciado un paro universitario, en testimonio de homenaje a la Reforma. En Rosario Rosario.- No obstante haber autorizado el juez de primera instancia en lo civil y comercial, doctor Raúl Gardella, la realización del acto en homenaje al cincuentenario de la reforma universitaria, en el local del Centro Catalá, Entre Ríos 761, la policía no permitió que el mismo se llevara a efecto. Para ello se impidió a varios de los organizadores de la reunión que pudieran llegar al sitio, apelando a enérgicas invitaciones de volver sobre sus pasos, con un marco de bastones de caucho y exhibición de armas de fuego. Fue así que al doctor Camilo J. Muniagurria, presidente de la Comisión Nacional de Homenaje a la Reforma Universitaria, al doctor Carlos H. Perette y a otros, se les interceptó el paso en la esquina de Sarmiento y San Lorenzo, cuando habían dejado el estudio jurídico del primero para dirigirse al Centro Catalá, distante tres cuadras y media. Severa vigilancia Desde antes de las 15 el tránsito de vehículos por la calle Entre Ríos entre Córdoba y Santa Fé, quedó suspendido. Poco después, en esa cuadra, frente al local del Centre Catalá, se instaló una autobomba y numerosa vigilancia policial fue colocada en las esquinas de acceso. Asimismo, los peatones no podían pasan por esa calle, sino justificaban vivir en alguna de sus casas o tener que realizar alguna diligencia. Había grupos de estudiantes y profesionales en las calles lindantes, a la espera de que se realizara el acto, lo que no se produjo. Incidentes El juez doctor Raúl Gardella concurrió al local del Centre Catalá poco antes de las 19 y aclaró ante la autoridad policial que el acto organizado por los reformistas estaba autorizado por él y que no debía impedirse que se realizara. La respuesta al magistrado fue de que el acto estaba prohibido por resolución policial, pero que se daría conocimiento de la novedad a la superioridad. El Dr. Gardella volvió por segunda vez, poco más tarde para hacer constatación y comprobar que si su resolución se cumplía, labrando un acta a esos efectos. En esas circunstancias fue seguido por un grupo de personas, alrededor de un centenar, que se encaminó detrás de él, hacia el Centre Catalá. Al juez le fue franqueado el paso por la policía, mas no ocurrió lo mismo con las personas que lo seguían. A estas se les aconsejó que se alejaran del lugar. Hubo cierta resistencia a ello, algunos manotones y, finalmente, un incidente. La policía actuó en forma contundente, y se vió rodar por el pavimento a una persona de barba espesa, al parecer alcanzado por un bastonazo. La enérgica acción policial desbandó al grupo que fue corrido por la calle Entre Ríos hasta Córdoba, y por esta arteria hasta avenida Corrientes. En ese lugar existe una confitería en la que buscaron refugio las personas que huían. Allí también entró la policía. Hubo dentro de la misma un descomunal desorden, gritos, vasos y botellas rotos, y por último, se obligó al dueño del comercio a que se cerrara la confitería. El centro de la ciudad estuvo durante varias horas con una fuerte vigilancia y el tránsito se desvió en distintas direcciones mientras a los peatones se los obligaba a circular. Detenidos y heridos Poco después que se produjeron las corridas por calle Entre Ríos y Córdoba se conoció la nómina de detenidos y heridos. Uno de ellos fue Eduardo Ricardo Saguier, domiciliado en la calle Talcahuano 10 de la Capital Federal, y otro, Aldo Algrecchi, argentino de 15 años, estudiante, Ceballos 1038. Ambos están internados y en carácter de detenidos en la asistencia pública. En la comisaría 3ª, se encuentran detenidos Luis Armando Carello, de 23 años, soltero, estudiante de derecho, que vive en Avenida Francia 842, quien presenta lesiones en la nariz; Luis Horacio Alaniz, de 25 años casado, estudiante, y el doctor Martín Lovagnini, abogado, que se domicilia en 1º de Mayo 1368. Acta Judicial En el acta labrada por el Dr. Gardella, a raíz de la prohibición del acto, se expresda que el magistrado comprobó que personal policial impedía el acceso al local donde aquel se debía realizar. Señala seguidamente que se le expresó allí que se cumplían órdenes del jefe de policía. A poco de ello –dice—cuando se dirigía por calle Córdoba, al llegar a Entre Ríos, le fue interrumpido el paso por personal policial, con exhibición de armas. En ese momento –destaca el magistrado—se produjo un grave incidente con violenta represión policial hacia un grupo de personas que quería avanzar hacia el lugar donde se pensaba realizar el acto, presenciado por los suscriptos (doctor Gardella y su Secretaria, doctora G. de la Torre). La represión policial –consignase—culminó con algunas personas heridas. Posteriormente, continúa, se solicitó la presencia del comisario de la seccional 3ª, con jurisdicción en el lugar de los sucesos. Ese funcionario, señor Alfredo Luis Bagli, fue intimado a expresar los motivos por los cuales no se permitía el acceso al acto, y manifestó que ello se debía a una orden del jefe de policía. Al advertírsele que existía orden judicial autorizando su realización, manifestó el comisario Bagli que lo sabía, pero que se atenía a las órdenes de su superior. En esos momentos –según el acta labrada-- hicieron acto de presencia en el lugar los doctores Oscar Borgonovo, Alberto Natale y Rafael Martínez Raymonda, manifestando uno de ellos, patrocinante con el doctor Natale del recurso de amparo, que denunciaban actos de agresión policial contra el público que intentaba dirigirse al lugar donde se iba a realizar el acto. Se expresa también que en la esquina de Córdoba y Maipú fue testigo presencial de un procedimiento efectuado por personal policial, que llegó en tres vehículos para prohibir el avance del doctor Carlos Perette, del señor Scipione y de un grupo de personas que lo acompañaba. Asimismo en la calle San Lorenzo entre Sarmiento y Mitre, pocos minutos después personal policial portando metralletas –dicen los denunciantes—impidió al doctor Camilo Muniagurria, al doctor Bravo, al ingeniero Bordabehere, al señor Marc y otras personas, que avanzaran hacia el lugar del acto, llegándose a violencias físicas sobre el miembro de la comisión doctor Horacio Fidel López. Exprésase finalmente en el acta que ante la reiteración de la negativa por parte de la referida autoridad policial se retiró el magistrado en compañía de la secretaria actuante y de los profesionales mencionados. Apelación Corresponde señalar que ante la resolución judicial de permitir el acto, el doctor Adolfo Posner, de la Fiscalía de estado de la provincia, se presentó ante la justicia apelando esa resolución. El juez concedió la apelación con efecto devolutivo, es decir, que el fallo continuaba en plena vigencia hasta tanto resolviera la Cámara, pero dado el feriado de ayer, no se pudo integrar ese tribunal. Declaraciones Alrededor de las 20, los doctores Camilo J. Muniagurria, Héctor F. Bravo y el Ingeniero Ismael Bordabehere, destacados organizadores del homenaje a la reforma universitaria, estuvieron en esta corresponsalía para referirse a la prohibición policial. Expresaron que ellos se disponían a acudir al sitio donde debía realizarse el acto con la garantía que les ofrecía una resolución judicial y que la policía, en cumplimiento de severas ordenes de la superioridad –que no acató el fallo judicial—con marcada energía les impidió el paso. Añadieron que al presentar la acción de amparo se denunció la violación de la garantía constitucional del derecho de reunión y que “esa garantía, dentro del orden jurídico preexistente, y aún vigente, no está enervada desde que no existe el estado de sitio que pueda suspenderla”. Conferencia de prensa Una conferencia de prensa que contó con la presencia de ex dirigentes políticos y estudiantes se efectuó en el hotel Savoy pasado el mediodía. Se encontraban entre otros, los doctores Muniagurria, Rafael Martínez Raymonda, Oscar Borgonovo, y José Brailovsky, el Ingeniero Ismael Bordabehere y la doctora María Dorso. El doctor Alberto Natale, que fue quien patrocinó con los doctores Horacio Fidel López y Oscar Borgonovo a la comisión regional de homenaje a la reforma, en la acción de amparo, informó acerca del trámite judicial cumplido. El estudiante Luis Carello, en nombre del partido reformista de Derecho Franja Morada, aludió seguidamente a la actual situación universitaria y dijo que prácticamente, las facultades permanecían ocupadas por fuerzas policiales. Agregó que en los últimos días se habían registrado hechos que atentaban contra los derechos del estudiantado y destacó la significación del acto de homenaje a la reforma, afirmando que en él no existían distingos entre universitarios y trabajadores. Desmintió luego conceptos del Ministro del interior, doctor Guillermo A. Borda, acerca de la situación universitaria, y enfáticamente manifestó: “los estudiantes universitarios no reconocemos ninguna otra reforma que la de 1918, actualizada por este movimiento que hoy sostenemos con nuestra lucha y que ha de seguir bregando contra todo intento de imponernos otro régimen que nunca hemos de aceptar”. Adhesiones El doctor Camilo Muniagurria dio a conocer una adhesión enviada por el doctor Luciano F. Molinas. Hubo además otra del ex presidente Arturo U. Illia. Por su parte el doctor Carlos Perette anunció que asistiría al acto en representación del doctor Illia. El dirigente obrero Antonio Scipione, que también participó en la reunión del Savoy Hotel, manifestó que se sentía complacido de estar presente y compartir la voz de protesta del estudiantado. Otro recurso La prohibición de otro acto organizado para hoy por efectuarse en la sala del cine Nilo por la Comisión Popular de Homenaje a la Reforma Universitaria, dio lugar a una nueva presentación ante la justicia. Este recurso de amparo fue presentado ante el juez de Trabajo, doctor Enrique Basualdo, quien como primera providencia pidió al jefe de Policía que informara sobre las razones en que se fundaba la prohibición del acto. Acto improvisado En el vestíbulo del Hotel Italia se improvisó una acto del que participaron entre otros, el dirigente sindical Antonio Scipione, el ex diputado nacional Jorge Selser, el miembro de la Comisión Nacional de Homenaje a la Reforma Universitaria doctor Juan Carlos Rubinstein, y el doctor Perette. Cuando el ex vicepresidente estaba haciendo uso de la palabra, irrumpió en el local una brigada de policías uniformados fuertemente armados. Uno de los representantes del orden pidió a las personas allí reunidas –que sumaban mas de cien—que se retiraran del lugar. La orden fue acatada tras ser brevemente resistida. Una vez en la calle todos los nombrados al comienzo y otros dirigentes radicales ascendieron a varios automóviles y se dirigieron a un restaurante donde eran esperados por otros miembros de la Comisión de Homenaje a la Reforma Universitaria. Fuente: La Nación, viernes 14 de junio de 1968, p.1, col.1; y p.20, columnas 1 al 7) Impidió la policía otro acto en Rosario (La Prensa, sábado 15-VI-1968) Hubo incidencias y no se permitió al juez que lo había autorizado llegar hasta el lugar Rosario (Santa Fe).- Tampoco pudo realizarse el acto, esta vez preparado para ayer, por la Comisión Popular de Homenaje a la Reforma Universitaria, en el local del cine El Nilo situado en la calle Sarmiento 1328. Desde mucho antes de la hora anunciada para su comienzo –las 19—numerosas fuerzas policiales se situaron en las adyacencias del local, en especial modo en la intersección de las calles Sarmiento y Tres de Febrero y Sarmiento y Nueve de Julio. En ambos lugares se apostaron fuerzas que se transportaron en vehículos, lo mismo que soldados de la Guardia de Seguridad de caballería. Con tan fuertes dotaciones de policías era imposible llegar al local. Algunos particulares, seguramente organizadores del acto, pugnaron por superar la resistencia policial, pero fueron siempre dispersados. Algunos manifestaron a viva voz sus protestas, aduciendo que se contaba en su favor con la resolución del juez Doctor Armando Frávega, que lo autorizaba haciendo lugar al recurso de amparo interpuesto por el doctor Mario Alberto Segovia Mayer. Llega al lugar el juez Pasadas las 19 se hizo presente en el lugar el referido magistrado. Al llegar cerca de 3 de Febrero y Sarmiento fue atendido por el comisario Manuel Valdebenítez, de la sección 12. El magistrado lo hizo acompañado por el agente fiscal, doctor Edmundo Flores, y la secretaría de turno. Al impedírsele llegar hasta la puerta del cinematógrafo, ya que encontró firme resistencia, el doctor Frávega requirió la presencia del comisario de la sección 3ª Alfredo Bagli, quien lo atendió y, ante su pedido de permitir el acto, por el comando radioeléctrico solicitó permiso a la superioridad. Se le contestó que se estaba cumpliendo órdenes superiores, y que el acceso al local estaba prohibido. Se produjo un forcejeo entre los particulares que rodeaban al magistrado y la policía. El fiscal, que estuvo en el tumulto, informó a los periodistas que había sido empujado en esas circunstancias. Al no poder proseguir, el grupo retornó por Sarmiento, y entre Mendoza y Tres de Febrero se produjo otro tumulto. Trátase de agredir al Fiscal En ese momento un agente trató de agredir al doctor Flores, por lo que éste, en forma airada y en términos jurídicos, dirigiéndose al doctor Frávega dijo: “Su señoría, haga detener a este agente. Acto seguido, el Fiscal insistió ante el Juez, quien ordenó al comisario seccional que hiciera constituir detenido en el Palacio de los Tribunales, una vez identificado, al policía que había actuado de esa manera. El comisario Bagli brindó protección en todo momento a los magistrados. Golpean a un periodista En uno de esos tumultos, algunos policías aplicaron varios golpes a un periodista del diario local Crónica, mientras estaba cumpliendo sus funciones informativas y pese a haberse identificado en ese carácter. Se retira el magistrado Como no pudieron hacer cumplir la orden judicial, tanto el doctor Frávega como el doctor Flores y la secretaria, tomaron por la calle Mendoza en dirección oeste, y se detuvieron en mitad de cuadra a la espera del doctor Roberto Rosua, vicepresidente del Colegio de Abogados de Rosario, designado por este organismo para hacerse presente en el acto, y ver que se cumpliera con lo dictaminado por la justicia. El doctor Rosua trató de comunicarse con el presidente de la Corte Suprema, doctor Raúl Sala, pero al no localizarlo lo hizo telefónicamente con el doctor Virgilio Sánchez Almeyra, integrante del Superior Tribunal, a quien impuso de los hechos. El doctor Sánchez Almeyra respondió que se daba por enterado. Un nuevo intento se hizo para lograr quebrar la negativa policial. Por el mismo comando radioeléctrico se estableció comunicación y el fiscal, ante una nueva negativa, preguntó al jefe de policía quien era el que lo impedía. Se le respondió que era por orden superior. Al preguntar el doctor Flores: ¿Quién es el superior?, ¿Dios?, se le cortó la comunicación. Inmediatamente el juez y algunos abogados que se habían agregado al grupo se trasladaron a un estudio de la calle Buenos Aires, donde se redactó el acta correspondiente. Enérgica acción de la policía A todo esto los particulares que no cejaban en su intento de acercarse al lugar de los sucesos, eran disueltos por la enérgica acción de la policía. Algunos optaron por encaminarse hacia el sector más céntrico de la ciudad. En San Martín y San Luis fueron arrojados tres petardos, que provocaron cierta alarma. Hubo algunas corridas y los que fueron detenidos recobraron su libertad poco después. La zona céntrica se vio convulsionada nuevamente, pero no llegó a alterarse mayormente el orden, dado que la policía tomó sus precauciones. En calles que cruzan la de Córdoba se estableció rigurosa vigilancia y en el tramo comprendido entre Maipú y Avenida Corrientes se apostaron numerosas fuerzas, pero la mayor cantidad se mantuvo en las inmediaciones del cinematógrafo El Nilo. Por momentos en este sector se desvió el tránsito de vehículos. Fuente: La Prensa, sábado 15-VI-1968 Un Juez y un Fiscal Agredidos por la Policía en el Tumulto de Rosario (La Razón, sábado 15 de junio de 1968) En Rosario Rosario (de nuestra agencia) Cuando aún no se habían acallado los comentarios y la condenación unánime de la represión policial efectuada la antevíspera, una nueva insubordinación de la Policía al Poder Judicial volvió a ser el factor desencadenante de un hecho similar que, si bien no tuvo las derivaciones de aquél, provocó inquietud y alarma en la zona céntrica. La Comisión Popular de Homenaje a la Reforma Universitaria había organizado un acto público de adhesión al cincuentenario de aquélla que debía realizarse anoche, a las 19, en la sala del cine El Nilo, situado en Sarmiento 1328, y que, en principio fue prohibido por la jefatura de policía. Los organizadores de la reunión, en la que debían hacer uso de la palabra dirigentes gremiales y profesionales, presentaron un recurso de amparo ante el juez del Trabajo de la segunda nominación, doctor Armando Frávega, quien hizo lugar al mismo ordenando a la policía que se abstuviera de impedirlo, basándose en que no hay estado de sitio declarado que afecte el derecho constitucional de libre reunión y que, por otra parte, no hay ningún estado de conmoción interna como lo reconociera públicamente el ministro del interior, doctor Borda. El asesor letrado de la policía recurrió de la resolución, que fue confirmada en todas sus partes por la Cámara de Apelaciones del Trabajo. No obstante esto, la policía mantuvo su decisión de prohibirlo, montando en las inmediaciones de la referida sala un dispositivo de represión, similar al de la antevíspera, que se extendía por varias cuadras a la redonda. Como se obstruyera el paso del público hacia el lugar de la reunión, se hizo presente el juez doctor Frávega, quien actuando con energía, contuvo la acción represiva de la policía, al mismo tiempo que exigía la comparencia del jefe de esas fuerzas, no haciéndose visible a su requerimiento ningún oficial de jerarquía, hasta que se advirtió la presencia, en un jeep, del comisario de la seccional 3ª, Alfredo Leopoldo Bagli, a quien le ordenó que no perturbara ni impidiera el tránsito de las personas. El funcionario manifestó que cumplía órdenes, por lo que el juez pidió que se comunicara con sus superiores a fin de quien indicara quien había impartido la orden de represión. Por el Comando Radioeléctrico el comisario inspector Barrionuevo contestó desde la Jefatura “que el acto no se realizaba por orden superior. Mientras se desarrollaba esa conversación radiofónica, efectivos de infantería avanzaron agresivamente contra el público, lo que motivó que el doctor Frávega reclamara protección para él, para el agente fiscal, doctor Edmundo Lorenzo Flores, y el vicepresidente del Colegio de Abogados, doctor Roberto Rosua, destacado por la entidad para que siguiera el curso de los acontecimientos, así como para las demás personas presentes. En esas circunstancias las fuerzas de represión utilizaron sus porras y la emprendieron a golpes contra el público en tal forma que hasta el propio juez fue derribado al suelo en un charco de agua, pese a que muchos de los presentes de viva voz repetían a los agresores la identificación del magistrado. El insólito ataque cejó cuando el doctor Frávega, ya incorporado, exigió enérgicamente que se suspendiera el mismo y que las fuerzas policiales se replegaran. También resultó víctima de los golpes de porra el agente fiscal, doctor Flores, así como algunos de los profesionales que lo acompañaban. Suspendida la realización del acto algunas personas se desplazaron por calles céntricas promoviendo esporádicas agitaciones mediante vítores y mueras, lo que dio lugar al frecuente paso de los vehículos policiales que, haciendo sonar estridentemente sus sirenas, daban un clima de zozobra y expectativa. En círculos forenses circuló la versión que un grupo de profesionales solicitó al Colegio de Abogados la aplicación de sanciones al ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia, doctor Manuel de Juano, en su carácter de colegiado y por estimar que es en gran parte responsable de estos reiterados alzamientos contra el poder judicial. Como consecuencia de las repetidas refriegas fueron detenidas 27 personas, la mayor parte de ellas estudiantes y a favor de los cuales se ha presentado un recurso de Habeas Corpus ante la jueza Doctora Zulema Staffieri, que se estima deberá pronunciarse de un momento a otro. ………………………………………………………………………………………….. Como consecuencia de la violenta represión de anteayer frente al Centro Catalán, se encuentran aún internados y detenidos en el Hospital Central Municipal, Eduardo Saguier, de 25 años, estudiante de Sociología, domiciliado en la calle Esmeralda 1355 de la Capital Federal, y el menor Aldo Alegrecchi, estudiante, de 15 años, que vive en calle Cevallos 1033. El primero, según un informe dado a conocer por la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad, presenta “contusión simple de cráneo, pequeña herida en la región frontal izquierda, suturada con tres puntos, contusión en el tórax y escoriaciones en mentón y rodilla”. En cuanto al menor Alegrecchi el informe dice que “tiene una pequeña herida cortante en la región frontal, suturada con dos puntos”. El directorio del Colegio de Abogados ha convocado a reunión para el lunes, a las 20, a fin de considerar un petitorio de un grupo de colegiados que piden se juzgue los procedimientos policiales y el desacato de las autoridades de esta repartición a los magistrados. También se solicita se dictamine con respecto a la conducta de los abogados que colaboran con el gobierno. El cuerpo de profesores de la Facultad de Derecho y el Colegio de Procuradores han dado a conocer sendos comunicados en los que condenan la conducta policial y el desconocimiento de sus autoridades hacia los jueces. Por su parte, los alumnos de la Facultad de Derecho se negaron a asistir esta mañana a la clase que dicta el doctor Roberto Fontanarrosa, quien ocupa la subsecretaría de gobierno de la provincia. Fuente: La Razón, sábado 15 de junio de 1968 Apéndice-C La prevalencia de la Justicia se sostiene (La Nación, martes 18 de junio de 1968) Una acordada de la Corte de Santa Fe en el caso de Rosario La Corte Suprema de Santa Fe dictó una acordada en la que sostiene la prevalencia de lo mandado por los jueces en el caso de los incidentes de Rosario. Esta decisión, así como la renuncia del ministro de Gobierno de aquella provincia –que fue aceptada—constituyen los hechos principales vinculados con el clima de agitación estudiantil. Acordada de la Corte Santafesina Rosario.- En un acuerdo realizado ayer la Corte Suprema de Justicia de la provincia sostiene “la prevalencia de lo mandado por los jueces”, con motivo de los episodios registrados la semana anterior en oportunidad de impedir la policía la realización de dos actos en homenaje al cincuentenario de la reforma universitaria, que habían sido autorizados por dos magistrados. Tras citar casos en el que el Alto Tribunal también hizo valer su intervención jurisdiccional en grado originario, el acuerdo expresa: “Ello sentado y sin que importe atribuirse facultades de avocamiento para decidir de la especie, pues importaría traer a sí los autos sin recurso a interferir en la órbita jurisdiccional de los tribunales comunes, esta Corte no está impedida de examinar objetivamente la situación planteada. El cumplimiento de las ordenes judiciales cualquiera fuere el grado de error o acierto de las decisiones o el proceder de los magistrados, es obviamente imperativo. De allí que esta Corte deba defender ex oficio y como representante del Poder Judicial la prevalencia de lo mandado por los jueces, pues aún para el supuesto extremo de que lo ordenado fuera contra derecho, los magistrados son responsables en otro ámbito de lo que deciden, sin que quepa discutirles ni el alcance de sus resoluciones ni la oportunidad de ellas, y menos su legalidad, como está explícitamente establecido en las normas positivas vigentes. Por tanto y de conformidad con lo dictaminado verbalmente y en lo substancial en este acto por el señor Procurador General, se resuelve: Así declararlo y hacerlo saber al Poder Ejecutivo a sus efectos”. Fuente: La Nación, martes 18 de junio de 1968) Defiende la Corte lo Mandado por los Jueces (Crónica, Rosario, lunes 17 de junio de 1968) La Corte Suprema de Justicia ha dado a conocer hoy, poco después de mediodía, un acuerdo relacionado con los acontecimientos de pública notoriedad ocurridos en nuestra ciudad, con motivo de decisiones judiciales que desconoció la policía. Al respecto, el alto tribunal sostiene que debe defender “la prevalencia de lo mandado por los jueces” y agrega respecto a la cuestión planteada, que “los magistrados son responsables en otro ámbito de lo que deciden, sin que quepa discutirles ni el alcance de sus resoluciones, ni la oportunidad de ellas y menos su legalidad, como está explícitamente establecido en las normas positivas vigentes”. La resolución está firmada por el presidente, los ministros y el Procurador General y dice textualmente: “Considerando: I) Esta Corte ha repelido, en diversas oportunidades, su intervención jurisdiccional en grado originario, fuera de los casos expresamente determinados por la Constitución Provincial (Municipalidad de Santa Fé c/propietario desconocido. Expropiación, A. y S. 17-291; juris 26-240 y exhorto del Dr. Piccolomini en autos: “Jorge A. Firpo s/Estafa. Su detención”, 21-330, criterio que reiteró en el caso “Adolfo Juan Leiva. Ejercicio ilegal de la profesión”, Acuerdo de Superintendencia del 4/4/68, volviéndolo a sostener en el Acuerdo también de Superintendencia del 2/5/68, punto 5º, par.2º). II) Ello sentado y sin que importe atribuirse facultades de avocamiento para decidir en la especie, pues importaría traer a sí los autos sin recurso e interferir en la órbita jurisdiccional de los tribunales comunes, esta Corte no está impedida de examinar objetivamente la situación planteada. El cumplimiento de las órdenes judiciales, cualquiera fuera el grado de error o acierto de las decisiones o del proceder de los magistrados, es obviamente imperativo. De allí que esta Corte deba defender exofficio y como representante del Poder Judicial (artículo 92, inc.1º Constitución Provincial) la prevalencia de lo mandado por los jueces, pues aún para el supuesto extremo de que lo ordenado fuere contra derecho, los magistrados son responsables en otro ámbito de lo que deciden, sin que quepa discutirles ni el alcance de sus resoluciones, ni la oportunidad de ellas, como está explícitamente establecido en las normas positivas vigentes (Ley No. 6275 Orgánica de la Policía, arts.13, 14, 16, 47 inc.8º; decreto reglamentario número 02633/67, arts.6º, inc 1º a 4º). Por tanto y de conformidad con lo dictaminado verbalmente y en lo substancial en este acto por el Señor Procurador General, se resuelve: Así declararlo y hacerlo saber al Poder Ejecutivo a sus efectos. Con lo concluyó el acuerdo. Aprobada la presente, la firmaron el presidente, los ministros, y el Procurador General, por ante mí que doy fe.- (Fdo): Sala, Pérez Martín, Rodríguez Sager, Sánchez Almeyra, Sanguinetti, Giavedoni: Enrique S. A. Mallén, secretario”. Fuente: Crónica, Rosario, lunes 17 de junio de 1968) Apéndice-D Dos jueces aplicaron un arresto al jefe de policía de Rosario. Los doctores Frávega y Gardella le impusieron la sanción máxima de 15 días, y de 14 días a otros dos funcionarios policiales (La Prensa-lunes 17 de junio de 1968, p.9). Rosario (Santa Fe)—Por la actitud de la policía de esta ciudad, que desacató resoluciones judiciales que permitían la realización de dos actos de homenaje a la Reforma Universitaria, dos magistrados locales aplicaron sanciones de arresto contra el jefe de policía, comandante mayor de Gendarmería ® Abel Horacio Verdaguer, y otros funcionarios dependientes de esa jefatura. Como informó “La Prensa”, el primero de dichos actos debía efectuarse el jue3ves anterior en el Centro Catalán, y fue prohibido por la Jefatura de Policía. Ante ello, la Comisión Nacional de Homenaje a la Reforma Universitaria, entidad organizadora, interpuso recurso de amparo, a lo que hizo lugar el juez en lo civil y comercial, doctor Juan Carlos Gardella, resolución que fue notificada a las autoridades con suficiente anticipación, las que desobedecieron el mandato. Resolución de uno de los jueces Al aplicar ahora las sanciones de referencia, el juez doctor Gardella expresa en su resolución que los agentes del orden impidieron el acceso del público al local donde debía realizarse el acto, por lo que se constituyó personalmente en el lugar y exhortó repetidamente a la policía, en su carácter de magistrado actuante, a deponer esa actitud, que significaba –dijo—rebelarse contra la autoridad del tribunal. Ateniéndose a los hechos tal como se ha comprobado –agrega—el jefe de Policía de Rosario, comandante mayor (R) Verdaguer, y el comisario de la 1ª sección, Alfredo Leopoldo Bagli, aparecen como los responsables principales de la desobediencia de la orden judicial. Dice más adelante que el criterio de la sanción no puede estar sino dirigido por la gravísima índole de la desobediencia en que incurrieron esos funcionarios, pues conocían la existencia de la orden de amparo, sabían que debían darle cumplimiento y, pese a ello, no acataron la disposición judicial. Además, añade el juez, aquéllos dispusieron no sólo impedir el acceso del público, sino que ordenaron a sus subordinados y tropa proceder, en presencia del suscripto, a la represión violenta de quienes en forma pacífica y acompañados por un juez, estaban ejerciendo el derecho de transitar hacia aquel local. Hechos como los ocurridos –sostiene luego el magistrado—constituyen no solamente un ataque contra la autoridad del tribunal, sino que también atentan contra el prestigio de la propia institución policial, todo lo cual lleva a la conclusión de que los funcionarios responsables se hacen acreedores al máximo de la sanción disciplinaria que la ley autoriza”. Las sanciones aplicadas por el juez Doctor Gardella son de 15 días de arresto para el Comandante Verdaguer, y 14 días para el comisario Bagli. Del juez Doctor Frávega Una resolución en igual sentido dictó el juez del Trabajo, doctor Armando Frávega, quien aplica también un arresto de 15 días al jefe de policía, y arresto de 14 días a los comisarios Manuel Miguel Valdebenítez y Alfredo Leopoldo Bagli, funcionarios que deberán presentarse ante el magistrado para determinar el lugar donde cumplirán la medida disciplinaria impuesta. La resolución del juez Frávega se basa, como en el caso anterior, en la desobediencia, por parte de las autoridades policiales, de la resolución judicial haciendo lugar a un recurso de amparo interpuesto por los organizadores de un acto de homenaje a la reforma universitaria que debía realizarse el viernes anterior en el local del cinematógrafo El Nilo, de esta ciudad. Como se informó, la Cámara del Trabajo, sala I, había confirmado la resolución del doctor Frávega referente al recurso presentado por la Comisión Popular de Homenaje a la Reforma Universitaria, y no obstante haberse comunicado esta decisión a la jefatura de policía y de haberse hecho presente el propio juez en el lugar donde debía desarrollarse el acto, la policía impidió su realización, y procedió a reprimir por la fuerza los intentos de los organizadores y público por acercarse al local. Arbitrariedad de la autoridad policial Al disponer el arresto de los mencionados funcionarios el magistrado expresa que de los hechos producidos se desprende la arbitrariedad de las autoridades policiales actuantes, de permanente desobediencia a la justicia. Además –añade—agrava la situación el hecho de que se agrediera al agente fiscal, doctor Edmundo Flores, por un oficial presuntamente apellidado Figueroa, y que no obstante haberse impartido orden de remitirlo detenido al Palacio de los Tribunales, hasta el momento ello no se ha cumplido”. Al referirse, tras otras consideraciones, a la conducta del jefe de policía, dice el juez que ella reviste “mayor gravedad, porque ignora y desafía el mandato judicial, todo lo cual –añade—quebranta el lógico equilibrio que debe existir en un ente social organizado, y en especial el imperio y la majestad de la justicia. “Es indudable –afirma el magistrado finalmente—que estos hechos deben reprimirse con las medidas disciplinarias que corresponden, y que por ser en este caso de una gravedad inusitada, deben sufrir la máxima sanción”. Fuente: La Prensa-lunes 17 de junio de 1968, p.9 La Policía de Rosario Apelará la Sanción Aplicada a Dos Altos Jefes (La Razón, miércoles 19 de junio de 1968) Cedió la Tensión de la Víspera en torno al Agudo Conflicto Rosario.- (De nuestra agencia)- Aunque subsiste aún el litigio entre la justicia y la policía local, como consecuencia de los violentos incidentes estudiantiles registrados la semana pasada, que motivaron sendas sanciones de arresto por parte de los jueces doctores Juan Carlos Gardella y Armando O. Frávega, contra el Jefe de Policía de Rosario y dos comisarios, la situación tiende a normalizarse en el ambiente forense y tribunalicio circunscribiéndose, ahora, a la disyuntiva legal de las medidas aplicadas. Trascendió que el gobierno provincial, a través de sus organismos legales estudia la situación planteada al jefe de policía y a los dos comisarios sancionados, para establecer el alcance de las resoluciones judiciales. También se habría abordado el temperamento de apelar dichas resoluciones, lo que se haría el viernes, fecha del vencimiento para la presentación. Entretanto, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad capital de la provincia, asumió el nuevo Ministro de Gobierno, Justicia y Cultura, doctor Alfredo Antonio Correa, quien reemplaza al doctor Manuel de Juano, que dimitió a su cargo como consecuencia de los incidentes estudiantiles y la represión policial del jueves y viernes últimos. El acto fue presidido por el gobernador, contra-almirante Eladio M. Vázquez. También asumió el nuevo secretario general de la Gobernación, señor Agustín Olmedo Santillán, que reemplaza el doctor Correa. En la secretaría de la jefatura de policía de esta ciudad, se confirmó hoy a La Razón que el titular, comandante mayor de Gendarmería Nacional ®, Abel Horacio Verdaguer, sufrió en la víspera un accidente en la Av. del Libertador y Figueroa Alcorta, de la Capital Federal, mientras conducía su automóvil de regreso a Rosario. El Comandante Verdaguer resultó con tres costillas fracturadas y contusiones en la cabeza, siendo asistido en el Hospital Militar, para luego retirarse a su domicilio particular. Las lesiones no revisten gravedad. El jefe de policía se había trasladado a Buenos Aires por razones familiares. En las últimas horas de hoy, en la Facultad de Derecho, se realizará un acto organizado por la coordinadora estudiantil de dicha casa de enseñanza, para tratar los acontecimientos que son de dominio público. La entidad anuncia que estará presente el juez doctor Juan Carlos Gardella. Fuente: La Razón, miércoles 19 de junio de 1968 Apéndice-E El texto de la ley En su parte dispositiva, la ley expresa: Artículo 1º Declarase intervenida la provincia de Santa Fe, al solo efecto de reorganizar su Poder Judicial. Art.2º El comisionado que a tal efecto se designe tendrá facultades para remover y reemplazar a los magistrados y funcionarios judiciales de la provincia, con arreglo a las instrucciones que le serán impartidas por el Ministerio del Interior. Artículo 3º Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se harán de rentas generales con imputación a esta. Art.4º De forma Apéndice F La Sangrienta Dictadura Argentina (Denuncia (New York), abril 1979) por Eduardo Saguier Para el tercer aniversario del golpe militar en la Argentina el Dr. Eduardo Saguier contribuye el siguiente escrito a las páginas de Denuncia. En él plantea las características fascistas y terroristas de la actual dictadura argentina y hace un llamado a la conformación de un amplio frente político de resistencia que devuelva el país a su curso democrático. El Dr. Saguier es un dirigente del partido Unión Cívica Radical de la Argentina. Actualmente se encuentra en exilio voluntario en los Estados Unidos, donde se desempeña como profesor de historia en la Washington University de St. Louis, Missouri. Los golpes de estado son un hecho familiar en la historia argentina contemporánea a diferencia de lo ocurrido en otros países como Uruguay y Chile. Todos estos golpes han obedecido a la finalidad de someter nuestra economía neocolonial al control de las corporaciones norteamericanas y la oligarquía terrateniente, lo que a su vez significa salarios de hambre y legislación social reaccionaria. El propósito principal de este plan político económico, a pesar de la política de derechos humanos de Carter, sigue sirviendo para acrecentar la acumulación capitalista, la cual es a su vez transferida a los grandes centros metropolitanos del capital financiero. Lo que distingue a la actual dictadura argentina de la de los años anteriores son su características terrorista y fascista. Además de borrar a los partidos políticos, a las federaciones obreras y asociaciones estudiantiles, interviniendo universidades, expulsando profesores y disolviendo las carreras científicas, prohibiendo huelgas y actividades sindicales, la Junta Militar argentina ha desatado un holocausto sin paralelo en la historia contemporánea de América Latina; tanto más amplia y cruel que el terror del a Cuba Batistiana, la Dominicana de Trujillo, y el Paraguay de Stroessner. Paradójicamente la prensa de los Estados Unidos, que gasta tanto tiempo en tratar de los disidentes soviéticos, apenas menciona al drama argentino. Pinochet fue el consejero Todo parece indicar que el presidente Pinochet aconsejó al Presidente Videla que no cometiera los mismos errores. En vez de reprimir a los enemigos vestidos de militar, Pinochet aconsejó que lo hiciera de civil. Desde el golpe militar de marzo de 1976, en nombre de la moral y la civilización occidental y cristiana, y con la declarada intención de retornar al país a una “democracia estable moderna y capitalista”, la dictadura ha victimizado entre 15.000 y 20.000 detenidos, torturados y/o asesinados por las fuerzas del gobierno y sus escuadras paramilitares. La realidad de la represión llega a extremos inimaginables. Hasta a los niños y los ancianos se los tortura. Se encuentran cuerpos mutilados flotando en el Río de la Plata, muchos con los estómagos abiertos para evitar que floten, o cremados temprano en la madrugada por personal especializado en los cementerios públicos. Miles de personas desaparecidas están todavía con vida, detenidas en prisiones y campos especiales (New Republic, dic.1978). Nunca antes los políticos habían tenido tanto miedo de expresar su punto de vista. Abogados y organizadores de derechos humanos dentro del país calculan que, desde 1976, entre 20.000 y 30.000 habeas corpus han sido sometidos tratando de localizar desparecidos. Además de los grupos de madres que se han formado para protestar vigorosamente todas las semanas por sus familiares desaparecidos, otra coalición ha surgido. Se llama “Abuelas de los Presos”. Estas son las madres de unas 1.000 mujeres que fueron secuestradas mientras estaban embarazadas. Existe evidencia irrefutable que los niños que sobrevivieron el parto en la prisión son vendidos en un “mercado negro de bebés”. La Represión no ha parado Pero esta represión criminal no paró después de la casi total derrota de lo que la dictadura llama “subversión”. El círculo de víctimas continuó a expandirse. Primero, incluyó a todos aquellos que los militares opinaron habían cometido actos subversivos (como propagandizar huelgas). El año pasado, durante la huelga ferroviaria, un obrero que estaba piqueteando fue fusilado en la Estación Central de Buenos Aires por el Ejército. Su cuerpo se exhibió en la televisión nacional como muestra de lo que recibiría toda persona que se atreviese apoyar una huelga. A este grupo los militares agregaron, más tarde, todos aquellos que habían apoyado inocentemente estos actos a través de imprimir materiales o alquilar casas u oficinas. Después se incluyeron aquellos que por sus profesiones, podían haberlos defendido, tales como los abogados. Y finalmente se sumaron los amigos y colegas de los que tenían esos contactos. En esta represión criminal hasta personas que tienen el mismo apellido son secuestradas. Pero para la dictadura militar, la denuncia de crímenes políticos cometidos en Argentina es percibido como parte de una campaña internacional contra el país, apoyada por marxistas infiltrados en el Vaticano, en los partidos social-demócratas europeos y hasta en el Departamento de Estado norteamericano. Por supuesto esperan remover este sector opositor una vez que el Presidente Carter sea derrotado electoralmente. En ese sentido Videla y Pinochet presionan fuertemente en Washington, en alianza con Stroessner y Somoza. Los militares que detentan el poder en la Argentina tercermundista admiten ellos mismos que están luchando en lo que llaman una “sucia Tercera Guerra Mundial” contra delincuentes ideológicos y prácticos. Delincuentes prácticos son considerados los guerrilleros, los miembros de partidos políticos, activistas sindicales y estudiantiles. Para ser un delegado sindical en la Argentina uno necesita un certificado de buena conducta emitido por la Policía Federal. Delincuentes ideológicos son, en cambio, artistas, científicos, periodistas, curas tercermundistas, y hasta Testigos de Jehová. Los Estados Unidos y muchos otros países de Europa Occidental han cesado su ayuda militar a varias dictaduras latinoamericanas por la política represiva que éstas ejercen. En consecuencia, las fascistizadas clases dominantes de Argentina y Chile, en alianza con las corporaciones multinacionales de la industria bélica, han estado implementando un supuesto conflicto fronterizo para justificar el gasto de inmensas porciones de sus exhaustos presupuestos en el rearmamento de sus burocracias terroristas. Una vez cumplido este objetivo han decidido ayudar a sus socios menos afortunados de esa cadena de horror y muerte en que se ha convertido América Latina. Por ejemplo., la Argentina ha reexportado recientemente armamento militar, comprado a países occidentales para luchar contra los chilenos, a la dictadura represiva de Somoza (Denuncia, dic.1978). Igualmente, la dictadura argentina ha tenido charlas con el gobierno de Pretoria dirigidas a establecer una organización para la defensa del Atlántico Sur y asentar la emigración de la burguesía blanca Rhodsiana en la Argentina con la excusa de “la transferencia de tecnología a través de la migración (Lernoux, The Nation, set.1978). Un Vocabulario Nuevo Para descubrir exactamente que es lo que quieren estas dictaduras fascistas tenemos que entender un vocabulario extraño. Videla llama “democracia moderna y estable” a lo que Pinochet bautizó como “democracia autoritaria”. La vinculación entre ambos términos es que el papel de las Fuerzas Armadas es garantizado y perpetuado. En la Argentina, a diferencia de Chile o Uruguay, un proceso político “abierto a todos los sectores excepto los terroristas y los corruptos” fue prometido por la dictadura desde un principio sin haberse cumplido nunca. Por supuesto los militares terroristas son los únicos que pueden juzgar quién es terrorista y corrupto. De hecho, el ministro de Economía Martínez de Hoz, máximo representante de la oligarquía, admitió en la conferencia del Fondo Monetario Internacional en San Francisco que, antes del golpe militar, hombres de negocios habían financiado organizaciones terroristas de ultraderecha. Esto habla por si solo, o como decimos nosotros “a confesión de parte relevo de prueba”. ¿Quién, entonces, bajo esta “nueva democracia moderna” está calificado para decidir quien no es corrupto ni terrorista? A la luz de la trágica situación del pueblo argentino, yo como representante del partido Unión Cívica Radical argentino, en exilio voluntario, le pido a mis compatriotas y a los ciudadanos de otros países latinoamericanos en el exterior, que unan sus fuerzas para organizar un amplio frente político de resistencia, y demando de los pueblos –amantes de la paz, la libertad y el derecho humano—la solidaridad de luchar donde sea que estén y de cualquier posición que puedan detentar, contra la dictadura fascista Argentina y sus aliados internacionales hasta su derrota final. Fuente: Denuncia (New York), abril 1979. Apéndice G Argentina´s bloody dictatorship (leído en un Congreso Internacional de DDHH celebrado con el auspicio de la American Civil Liberties Union en St. Louis, Missouri, en el mes de enero de 1979, y posteriormente publicado en Minnesota Daily, vol.80, n. 137 y 138, Wednesday March 28, and Thursday March 29, 1979; y en Student Life (St. Louis, Missouri), Friday February 9, 1979, page 7). by Eduardo Saguier In the twentieth century history of Argentina, unlike that of Uruguay or Chile, military coup d´etats have been a common fact. All of them obeyed to a higher or lesser degree the goal of resorting the control of their neo-colonial economies to the North American corporations, and the landowning oligarchies, which meant reinstating starvation wages and reactionary social legislation. The sole purpose of this economic policy, despite Carter´s weak human rights policies, serves to increase the rate of capital accumulation which then is transferred to the metropolitan headquarters. What distinguished today´s Argentine dictatorship from those that preceded it is its fascist and terrorist features. Besides wiping out political parties, labor federations and student associations, intervening universities, firing professors and dissolving scientific careers, forbidding strikes and union activities, the Argentine military Junta has unleased a holocaust unmatched in the twentieth century history of Latin America, dwarfing in scope and cruelty the terror of Batista´s Cuba, Trujillo´s Dominican Republic or Stroessner´s Paraguay. Paradoxically, the mass media of the U.S.Ñ that consumes such amount of energies in finding out Soviet dissidents, hardly mentions Argentina´s drama. For what a lot of Argentines have heard, among political circles is that Pinochet advised Videla not to commit his own mistakes. Instead of repressing political enemies i8n military uniforms Pinochet told Videla to do it whithout them. Since the military takeover on March 1976, in the name of morality and Western Christian Civilization and with the stated ultimate goal of returning the nation to a stable modern capitalist democracy”, between 15,000 and 20,000 people have been jailed, tortured and/or murdered by government forces and paramilitary squads. Reality goes far beyond imagination. Even the elderly and the children are tortured. The mutilated bodies of those that happened to be abducted have been dumped in the River Plate after opening their stomachs to avoid floating, or cremated late at night by special personnel at public cemeteries. Thousands more disappeared people are still alive, held somewhere in prisons and special detention camps (New Republic, Dec.1978) Former Bolivian President Juan José Torres and two Uruguayan Senators, Zelmar Michelini and Héctor Gutiérrez Ruiz, were kidnapped and killed in downtown Buenos Aires during the daytime, by the military. Two Argentine deputies of the Radical Civic Union party, Mario Amaya and Angel Pisarello, were murdered while in prison. The Argentine ambassador to Venezuela during this same military regime, Dr. Héctor Hidalgo Solá, was kidnapped and killed while visiting his daughter in Buenos Aires as a result of a naïve speech he gave in Caracas announcing future free elections. Politicians of all sorts are as never before afraid to express their own views. Even Social Democratic leaders have been treated inhumanely. For example, the old head of the Radical Civic Union Party. Dr. Ricardo Balbin, was twice in one year violently put in prison after having to put his hands behind his neck and suffer the humiliation of being personally searched for weapons during an informal lunch. Lawyers and human-rights organizations within the country estimate that, since 1976, between 20,000 and 30,000 writs of habeas corpus have been filed in efforts to locate missing persons. Besides the group pf mothers who have come together to boldly protest every week in the downtown plaza of Buenos Aires to petition authorities for information about the disappearances, another coalition has now publicly emerged. It calls itself “Grandmothers of Prisoners”. These are mothers of about 1000 women who were kidnapped while pregnant. There is confirmed evidence that those children who survived prison birth are being sold in a sort of a baby black market. But this criminal repression did not stop after what the dictatorship calls “subversion” was almost completely defeated. The circle of victims continued to expand. First, it was those that military-men believed to have committed what they called subversive acts (like propagandizing strikes). Last year, during a railway strike a member of a picket line was shot to death in the Central Station of the Army. His body was shown on national TV as the fate to be received by anyone daring to support the strike. Then it was those thought to have innocently supported these acts by means like printing literate material or renting offices or houses; then it was those who, by reason of their professions, might have defended them, such as lawyers; then it was the friends and colleagues of those who had such contact, and so on. In this criminal repression even people who happened to have the same name used to be kidnapped. But for the military dictatorship, the denunciation of political crimes committed in Argentina is perceived as being part of an international terrorist campaign against the country, supported by Marxists” who have infiltrated the Vatican State, the European Social Democratic parties and even the American State Department (such as Patrice Derian and Andrew Young). Of course, they expect to remove this unfriendly wave once President Carter is electorally defeated. In that sense, Videla and Pinochet´s lobbies in alliance with Stroessner and Somoza´s lobbies are working hard in Washington. For the military junta political prisoners are categorized as “common delinquents”. That is why the military junta becomes furious any time foreign newspapers react to violation of human rights in Argentina, because they claim that today in Argentina there are no political prisoners. Of course, for the military junta, the human rights of “common delinquents” do not count. Deviancy like homosexuality, prostitution and drug addiction is considered a common crime and as such they are treated. That was the case of 60 drug addicts and homosexuals who were killed while protesting against tour of inspections and beatings in Villa Devoto´s Prison last May. These reactions, according to former senator and Radical Civic Union leader inn exile Hipólito Solari Yrigoyen, offend the national independence” to perform kidnappings, tortures and killings (Le Monde Diplomatique, Dec.1978). In order to counteract these denunciations the military junta contracted the service of a very well known American public relations firm Burston Marsteller. The latter advised the government to go ahead with the last World Soccer Championship and try to benefit from it as Hitler did with the 1936 Olympic Games held in Berlin. Requiring this kind of international academic agreements by North American institutions with countries governed by fascist dictatorships should not surprise. The military men in power in Third World Argentina admit themselves that they are fighting what they call a “dirty Third World War” against practical and ideological delinquents. Practical delinquents are considered the guerrilla men, the members of political parties, and union and student activists. To be a union representative in Argentina one needs a good behavior certificate issued by the Federal Police. Ideological delinquents are instead artists, scientists, journalists, Third World Catholic priests, and last but not least, Jehova Witnesses. Forty-five of them are still in prison. Last year two French nuns were abducted and murdered for having helped the families of the disappeared. The military government is convinced, that by assuming the burden of this dirty crusade it is doing Western Civilization a great favor. Because of the repressive policies of Latin American dictatorships, the United States and Western European governments have banned many Third World co9untries from receiving credits of any sort to buy military equipment. Consequently both fascistized ruling classes of Argentina and Chile in alliance with the multinational war industry corporations, some of which have headquarters in St. Louis, have been implementing an assumed border conflict in order to justify spending enormous portions of their exhausted budgets to rearm their terroristic bureaucracies. Once they accomplished their rearm purposes they have decided to help their most unlucky partners in that chain of horror and death that has become Latin America. As a proof of this accusation of the existence of an international “weapons clearing” network among fascist dictatorships, Argentina has very recently re-exported military equipment bought in Western countries to fight the Chileans, to the repressive Somoza dictatorship. (Denuncia, December 1978, p.10) Similarly, the Argentine dictatorship has held talks with the Pretoria (South African) government regarding the establishment of a South Atlantic defense organization and the resettlement of the newly emigrated white Rhodesian bourgeoisie in what they euphemistically entitled a “transfer of technology through migration” (Lernoux, The Nation, Sept.1978). But to move backward the wheels of history without being challenged, the military dictatorship had to ban not only essential freedoms but also free thinking. As Noam Chomsky has stated, freedom is always a threat to the commissars. Security forces have have extended their admitted “dirty Third World War” against what they called “ideological delinquents” Among them were the professions of psychiatry, psychology and psychoanalysis, professions which are considered fundamentally subversive. Then came the disciplines like sociology, anthropology and history. And last but not least came the “new math” which is suspected of being subversive because it allegedly emphasizes relatives over absolutes and questions the validity of the formal logic (La Nación, Nov.26 of 1978). Academic and cultural life in general have been destroyed in Argentina. Totally innocuous books and artists are banned. Vargas Llosa, García Márquez and Cortazar´s books were forceably put out of circulation, and theoretical discussion in humanities courses is considered dangerous. The School of Philosophy of the University of Buenos Aires placed Henry Wallon, Erick Fromm and Jean Piaget on its black list as Freudian and Marxist (The Chronicle of Higher Education, December 1978). Because of the poverty overcoming the lower classes, the primary school rate is now 50 percent—something previously unheard of in Argentina. Half a million Argentines have left their country since the coup, most of them professionals and technicians. Anyone involved in political activities or the social sciences is in great danger. Many of those who foresaw their peril have fled the country to Madrid, Rome, Paris, Mexico, and Caracas rather than live with the threats of kidnapping and penury. Many of those that naively resisted to runaway were kidnapped. Even Brazil, in spite of its right wing military dictatorship has become a paradise compare with Argentina´s nightmare. Anti-semitism in Argentina has been a permanent threat since the 1920´s. Although no jew dared to wear the yamaka before the coup, when the military discovered that a few jews were financially connected with the leftist guerrilla, anti-semitism revived to such a degree that many Jews had to leave the country. To figure out what these actual fascist dictatorships are looking for we have to deal with a strange vocabulary. Videla calls “stable modern democracy” what Pinochet baptized as an “authoritarian democracy”. The common meaning of both labels is that the role of the Armed Forces will be guaranteed and perpetuated. In the case of Argentina, unlike Chile or Uruguay, a political process “open to all sectors except the terrorists and the corrupt” has been promised since almost the very beginning of the dictatorship without yet being accomplished. Of course, the terroristic military-men are the only ones able to judge who is a terrorist and who is corrupt. In fact, Economic Minister Martínez de Hoz, the most representative member of the oligarchy, admitted after being challenged by Amnesty International at a recent Conference of the International Monetary Fund held in San Francisco that, prior to the military coup, businessmen have financed a right-wing para-military terrorist organization. This last statement speaks for itself, or as we used to say in our countries “a confesión de parte relevo de prueba”. After what the Economic Minister publicly acknowledged, it remains to be asked who in this new modern democracy is qualified to decide who is not corrupt and who is not a terrorist. In light of the tragic condition of the Argentine people, I as a representative of the Argentine Radical Civic Union party in voluntary exile, ask my countrymen and citizens of other Latin American countries living abroad to join forces to organize a broad political front of resistance, and to the people of this country –lovers of peace, freedom and human rights—I ask the solidarity to fight from wherever they happen to be and from whatever position they might hold, against the Argentine fascist dictatorship and its international allies until their final defeat. Readers interested in additional information about the Argentine dictatorship may write: The Committee for Constitutional and Human Rights in Argentina, Box 234, Station A, Richmond, CA 94808- Source: Minnesota Daily, vol.80, n. 137 and 138, Wednesday March 28, and Thursday March 29, 1979; and Student Life (St. Louis, Missouri), Friday February 9, 1979, page 7 Argentina: prey to terrorists of the left and the right (Student Life, Friday, February 16, 1979, page 15) by Mario P. Gómez Some people believe in UFO´s, some believe in astrology, some in quack doctors, Mr. Saguier believes in what he wrote in the Student Life issue of February 9, and some candid readers will believe his story. But all readers will agree with me that no rational argument or incontrovertible evidence presented by their opponents will make them believe otherwise. They want to believe their fantasies, and their fantasies are their reality. Putting things out of context, adding a couple of zeros here and there, injecting properly selected citations from reputable sources make their stories more believable by a candid audience. Of course one can always trace any historical event down to Adam and Eve. But there are more immediate historical facts that can and should be used to explain more rationally the course of recent history. The facts are that Argentina, a highly educated, urban and prosperous country, even using European standards, was chosen in the late 1960s as a juicy target for the newly developed tactics of urban guerrilla. Properly trained in Algeria and Cuba by their own admission, very well financed by Peron and international groups with headquarters in Paris, where Cortazar was one of their intellectual mentors, they struck for the first time early in the 1970, kidnapping and eventually killing former President Aramburu, head of the Argentine People´s Union. By then Aramburu was organizing a political coalition, including the Peronists, to force the military government of Ongania to hold general elections. Two main guerrilla groups were operating the Trotzkiite ERP (Revolutionary Peoples Army) very small (a few hundreds) and well organized, and the Montoneros –directly allied with the Peronists-nationalist and anti-Semite. The latter could be traced back to the Nazi sympathizing Nationalist Alliance of the late 1930 and 40s, and to the Tacuaras of the early 1960s. During 1971 and 1972, the number of indiscriminate killings, kidnappings, bank robberies, increased manifold. Their targets were American diplomats, union leaders, politicians, military, judges, lawyers, etc. No segment of the population was free from their attacks and intimidation. Never before since the frontier days had Argentina seen such level of violence, such disregard for human life. The tragic paradox was that in the name of the Argentine people, a handful of terrorists, less than a thousand by 1972, committed every atrocity they wished without ever gaining support from the people they claimed to defend. The truth was that they were all of high middle or upper class origin, mostly college students or white-collar employees. Not a single incident has ever been reported where a blue-collar worker participated, or was killed as a member of terrorist groups. The vast majority of the Argentine people did not approve the urban guerrillas and repudiated the wave of terror and assasinations. On the other hand, there were many people afraid, especially among politicians who did not dare to criticize the terrorists publicly. Many politicians went as far as saying that the guerrilla violence was the consequence of having the military in government. Late in 1972, President Lanusse (a general) appointed Dr. Mor Roig as Minister of the Interior to organize the transition from military to civilian government (Dr. Mor Roig belonged to Mr. Saguier´s Radical Civic Union) and was later assassinated by the terrorists during Peron´s government. Free elections were held in March 1973. The Peronists won with Dr. Campora as presidential candidate. Peron himself had been banned by the military. The Radicals were runners-up with about 24 percent of the ballots. They pledged support to the Peronist government and lived up to their pledge till the very end. Several well known leftists with terrorists connections were either elected to provincial governments or were appointed to important cabinet or administrative positions. Campora was sworn in on May 25, 1973. That same day a couple hundred terrorists were freed by the new government. Most of them were eventually jailed again, or killed in new terrorist activities. Late in June 1973, when Peron returned from exile in Spain, with Campora as President, the first confrontation between opposing leftists and rightists groups within the Peronists took place. It happened near Ezeiza International Airport. The fight lasted all night and several hundred people were killed. It did not matter who was right or wrong. The politicians, including Mr. Saguier´s Radicals chose to ignore the event in order not to spoil their honeymoon with Peron. In July 1973, Peron kicked President Campora out of office. A puppet president was installed for the interim period after which new elections were held. This time Peron obtained around 60 percent of the votes. The Radicals were second again. They had hoped to get one of their men, possibly Balbin, in the ticket with Peron, but Isabel Peron ran for vice-president. The two years that followed, Mr. Saguier´s opinions not withstanding, were the darkest in Argentine history in at least a century. The Montoneros, now with powerful friends in government, and the ERP, continued with the assassinations, robberies and kidnappings (although now the military were not in power). Within the Peronist party the internal struggle between leftists and rightists acquired bloodier proportions. Corruption permeated every branch and level of the government. Even witchcraft was practiced at the highest levels. The Radicals consented with their silence. By March 1976, Argentina was on the verge of total chaos. The Congress, of which the Radicals were part, had continually avoided dealing with the most critical issues by not passing the bills necessary for constitutional solutions to the problems that were crippling the Nation. Not since the France of Vichy had a country been led, with few exceptions, by such a group of incompetent, corrupt and cowardly politicians. The two most critical issues not tackled by Congress were the modification of the penal laws to have terrorists judged by military tribunals and the impeachment of Isabel Peron and her replacement by Peronist Senator Luder, who was constitutionally in line to succeed the president. During several months, even to the very last minute, the military were begging the politicians to act to save the country, but they stood still, silent and frightened. (I should point out that the terrorists who were judged by ordinary tribunals, were either set free or given very light sentences. Judges were threatened and killed). Meanwhile the terrorists continued with their attacks, even daring to challenge the Army by surprise –attacking several of their barracks. Although badly beaten most of the time, they kept trying --even using high school age recruits. Most of them were on drugs; many committed suicide by taking cyanide before being caught. The ERP terrorists occupied some forested areas in N.W. Argentina, trying to emulate Castro´s Sierra Maestra and hoping to win enough support for their “war of liberation” to make a presentation for recognition at the U.N. Political strikes were called almost daily by many unions to request unrealistic pay rises, solely justified by a mushrooming inflation. Industry and commerce were almost paralyzed. Hoarding by retailers and consumers and financial speculation were the only business activities remaining. The rate of inflation reached 49 per cent in February, and 55 per cent in March 1976. The politicians remained silent and immobile. Reluctantly, on March 26th, the military, without firing a single shot, filled the vacuum left by the politicians, including the Radicals, who have betrayed the mandate of the people, and who were unable to act when they had the power, and afraid to fight when they were about to lose it. Now they cry from 8000 miles away¡ The economic recovery of Argentina in less than three years has been remarkable. Although inflation is still a problem, eight to ten per cent per month a system of price and salary indexing has minimized its trade surplus, and unemployment is down to almost negligible levels. Some activities like fish processing even have severe labor shortages. Politically, despite Mr. Saguier´s attempt to ignore the issue, all actions by the military government after March 1976 should be judged against a scenario where a country is fighting a bloody and dirty war against an enemy who had all the time and place options in his hands. In less than two years they were militarily and politically destroyed. But the fighting was heavy and, because of the nature of the war, the battlefields were never well defined. Many innocent bystanders were killed by both sides, and the quick and radical surgery needed, put many uncommitted people on the wrong side of the fence. But that is not a problem of human rights. It is a problem of a dirty war being fought by a country to preserve its independence by means of its legal armed forces. The blame for that war cannot be put on the military who finished it, with a remarkably low number of casualties, but on the terrorists who started it, and on the politicians who, either consented to it, or were too afraid to act politically to avoid it. And avoiding the final confrontation was still possible when Mr. Saguier´s Party was in Congress. After all, drawing a parallel with other wars, no responsible American citizen could blame the American military and the U.S. Government for violating the human rights of the Japanese or German women, pregnant or not, and children because they bombed Hamburg or Hiroshima, killing thousands of them. I would say the guilt should be placed where it belonged, on the incompetent politicians like Chamberlain, the corrupt politicians like Laval and, mainly, on those who started it –the German and Japanese governments. So far as the actual figures cited by Mr. Saguier they are grossly exaggerated, and with a purpose, to shock the candid American. For instance, he fails to mention, or does not honestly know, that many missing persons are former terrorists, who betrayed their cause, turned themselves in, and had to be protected from the vengeful ire of the terrorists. But of course, in this respect, neither he nor I can actually prove their points. Only future historians will ever be able to uncover the whole truth. In the meantime, Argentine politicians, like the last Caliph of Granada, cry like women for what they were not able to defend like men. Having lost the political and military battles in their own country, they hope to beat the Argentine government in the international battle of words and tears. That reminds me of a story I was told many years ago, about the Ku Klux Klansmen crying foul, when the black man they had buried to his neck, bit the tail of the lion they had set loose. P.S. Mr. Saguier´s comments on the Argentine.-Chilean incident are so absurd they deserve a special footnote. Everybody knows that human rights are violated by using hand guns, not airplanes, tanks and missiles. Argentina is a well known producer and exporter of small fire arms (including military rifles, machine guns and tactical rockets.) Hence, obviously Argentina did not need to “assume a border conflict” with Chile “to rearm their terroristic bureaucracies”. The truth is that a real conflict existed. The interested reader can write to none other than Pope John Paul II, whose role was crucial in avoiding military confrontation. All other of Mr. Saguier´s truths are like this. (Source: Student Life, Friday, February 16, 1979, page 15) Apéndice H La Nueva Mazorca Fascista y sus Nuevos Encubridores (Denuncia, n.52, Junio 1980) Estimado Dr. Balbín: Con gran dolor de correligionario herido me he decidido a escribirle esta carta abierta con motivo de los conceptos por Ud. vertidos en la publicación española Cambio 16 el día 27 de abril del corriente año. Le escribo ella con un profundo dolor pues he tenido siempre hacia su persona como Vd. bien sabe admiración y respeto. Sin embargo, el tenor de los conceptos por Ud. emitidos con relación a un tema vital para el futuro de la patria y nuestro pueblo me mueven a reconsiderar de hoy en mas mi actitud hacia Ud. En efecto, la primera parte de sus declaraciones las encuentro imbuidas de un halo de claudicación indigno de la tradición republicana y democrática de la Unión Cívica Radical. Cuando Ud. enfáticamente manifiesta que “la violencia casi ha desaparecido de la Argentina”, está Ud. acaso manifestando Dr. Balbín que la desaparición o muerte de miles de compatriotas y entre ellos centenares de correligionarios a manos de la mazorca fascista (léase Fuerzas Armadas Argentinas) no es violencia actual y presente? ¿Cree Vd. acaso que los Radicales que nos hemos visto forzados a optar por el exilio a fuer de ser fácil bocado de la canalla mazorquera habremos de olvidar a nuestros correligionarios y compatriotas desaparecidos? ¿Qué es lo que Vd. pretende insinuar cuando se expresa con tono indulgente acerca del “problema de los detenidos cuyos plazos de arresto se han excedido”? ¿Es acaso sólo exceso el arrestar a un ciudadano por encima del término establecido por la Ley? ¿No configura ello un abuso de autoridad y otros delitos mayores penados por la Constitución Nacional que Ud. como Radical tantas veces exigiera de los mazorqueros de turno? Y lo más grave de sus expresiones que no consienten perdón de argentino alguno es aquello de que “creo que los desaparecidos están muertos”. ¿Por qué ese afán suyo Dr. Balbín por otorgar a las autoridades mazorqueras un bill de indemnidad futura al expresar la frase aparentemente neutra de que “creo que los desaparecidos han muerto”? ¿Acaso vió Vd. los cadáveres de los compatriotas desaparecidos? ¿O es que por ventura fue Vd. informado por alguna de las autoridades mazorqueras del resultado final de las desapariciones? ¿Y si ello es así Dr. Balbín no cree que es su deber indicar a los compatriotas y correligionarios exilados el nombre y apellido de quién le informó de semejante holocausto? ¿O es que acaso los desaparecidos murieron de muerte natural? ¿Y si no murieron de muerte natural no cree Vd. Dr. Balbín que lo que Vd. debiera afirmar no es la creencia de que los desaparecidos están muertos mas si la de que los han muerto o, en otras palabras, asesinado? ¿No cree Vd. Dr. Balbín que el dejar librado el imperativo de una investigación a la evasiva frase de que “alguna vez se tendrá que aclarar” trae implícita la posibilidad de que los asesinos jamás sean castigados? Ante tamaña ignominia acumulada, ¿no cree Vd. Dr. Balbín que se impone una campaña nacional e internacional para desenmascarar a la nueva Mazorca Fascista? ¿Por qué, entonces, Dr. Balbín su confesado interés por “terminar con las campañas que se transforman en armas políticas”? ¿Por qué Dr. Balbín su interés por querer que a nuestros seres queridos los lloremos en silencio sin jamás alzar nuestra voz en un justo reclamo? ¿Por qué pretende Vd. Dr. Balbín acusar a quienquiera haya osado u ose perseverar en la búsqueda de sus correligionarios, parientes y amigos desaparecidos de revanchista? ¿No cree Ud. Dr. Balbín que al acusar de revanchista a quienes hemos de una forma u otra denunciado los crímenes de la Junta Militar lo erige a Vd. en cómplice encubridor del genocidio más atroz cometido en el Cono Sur de América Latina desde los tiempos de la Guerra de la Triple Infamia? ¿O es que, por ventura pretende Ud. Dr. Balbín reconstruir la Democracia Argentina encubriendo homicidas? Porque firmemente creo que sus declaraciones públicas han incurrido en excesos intolerables en quien inviste la Presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical es que le reclamo como humilde militante de dicha agrupación histórica una inmediata rectificación, o de lo contrario se someta Vd. a un tribunal de disciplina partidario. Sin otro particular, le saluda Eduardo R. Saguier Department of History Washington University St. Louis, Mo 63130 Fuente: Denuncia (Nueva York), n.52, Junio 1980 Apéndice I Servant of repressive regime slinks into town (The Daily Cardinal, v.XC, n.47, Thursday, October 30, 1980 By Mary Nemick of the Cardinal Staff A controversial figure is paying a clandestine visit to Madison with the intent of “comparing law programs”. The International Studies Department welcomed Dr. Lucas Lennon and his entourage to Madison Wednesday, unbeknownst to the Madison community. Lennon, chancellor of the National University of Buenos Aires, Argentina, is scheduled to “meet with different people on campus”, according to Margaret Skinner, head of foreign visitors program for the International Studies Department. Argentina, which has proved to have one of the most repressive governments in the world, has been the subject of much reproach by the U.S. government. Kidnapping, torture and murder by the Argentine government have been brought to national attention, along with the phenomenon of after being recognized as political leftists. At least 5,000 people are missing and presumed dead at the hand of the military government of Jorge Videla, according to the New York Times. Lennon, who at one time was a law professor at the Catholic University of Buenos Aires, contributed to the outrage of academic suppression at the National University. The Sociology and Psychology Departments at the University were eliminated “due to their controversial and political nature”, said Eduardo Saguier, a graduate student here and former student of Lennon´s at the Catholic University. Though Saguier described Lennon as a good professor and nice man, he represents the most cruel and repressive government today. “He is responsible in a great degree for the lack of academic freedoms at the National University”, said Saguier. Saguier left his country after being arrested several times for being politically active and asking for the released of the many students and professors who were jailed because of defending their rights. Though Saguier could return to Argentina he said he is considered a political enemy, and would fear for his life. Skinner said she would not comment on Lennon´s visit because she did not want to see a demonstration against Lennon´s presence on campus. Lennon is schedules to meet with UW System Pres. Robert O´Neil at 9:15 a.m. and Orrin Helstad, Dean of the Law School, sometime during the day. “I don´t have any particular interest in Dr. Lennon”, said Helstad. “He is a representative of a foreign university and I think we will be cordial”. The University community must question the reason that a representative of a fascist government such as Argentina should be welcomed to the campus. Saguier said he believes the Argentinian government is so isolated that it is looking for help laundering its image by having good relations with foreign universities. “The visit of this man is not honoring this University”, Saguier said. Source: The Daily Cardinal, v.XC, n.47, Thursday, October 30, 1980 BIBLIOGRAFÍA Abraham, Tomás (2006): Los filósofos argentinos, la Verdad y el Terrorismo http://www.foroplanetario.com.ar/docs/Articulos.php?IdArticulo=85 Anguita, Eduardo y Martín Caparrós (1998): La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina 1966-1978 (Buenos Aires: Ed. 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Zavala Rodríguez. 10 Sobre las invasiones de un poder en otro durante el siglo XIX, ver Saguier (1995) 11 Del Frede, 2006; 12 Del Frede, 2006; 13 Del Frede, 2006; 14 Saguier, Eduardo R. (2003): "Colaboracionismo con el Terrorismo de Estado Golpista en Argentina", http://www.hipforums.com/thread-13-118692.html 15 Para las caracteristicas, propositos y acciones de los proscriptos argentinos en la lucha contra Rosas, ver Piccirilli, 1965; y Paez de la Torre (h), 1980-81. Para exilados y proscriptos en la historia argentina, ver Caro Figueroa, 1987. Sobre el exilio en tiempos de Uriburu (1930-31), ver Oyhanarte, 1932. Sobre el exilio, los golpes de estado, los intelectuales y la universidad de Buenos Aires (1966-86), ver Jitrik, 1984; y Funes, 1997. Con referencia al asilo argentino en Mexico (1976-83), ver Bernetti y Giardinelli, 2003. Para narrativas sobre la Guerra Sucia en Argentina (1975-80), ver Corbatta, 1999. Sobre los Campos de Concentración en la Argentina, ver Calveiro, 1998. Para reportajes a escritores exilados (Constenla, López Echagüe, Piazzolla, Torchelli, Walger), ver Gómez, 1999. Sobre los chicos del exilio Argentino (1975-1984), ver Guelar, Jarach; y Ruiz, 2002. Sobre los sueños sobrevivientes de una Montonera prisionera en la Esma, ver Ramus, 2000. 16 ver Sosnowski, 1988, 8. 17 ver Sosnowski, 1988, 13. 18 Luis Gregorich había sido director del Semanario Cultural del diario La Opinión entre 1975 y 1979, luego Jefe de la edición internacional de Clarín, y más luego, cuando fue rechazada por el parlamento su postulación como embajador, fue designado Director de EUDEBA (1984-86). Durante el año 1983 (reclutado por Leopoldo Moreau a la sazón colega en el Diario La Opinión) estuvo al frente del Centro de Participación Política (CPP) de la Unión Cívica Radical (UCR) conjuntamente con el Ing. Roulet, Marcelo Stubrin y Pacho O´Donnell. 19 ver el diario Clarín (Buenos Aires), 29 de enero de l981 20 ver Gregorich, 1988, 111. 21 ver Gregorich, 1988, 123. 22 ver Sloterdijk, 2003, 202. 23 ver Sloterdijk, 2003, 195. 24 Una vez que los exilados de marras se instalaron en el Medio Oeste empezaron a extrañar las veredas, el café, y los amigos, a tal extremo que se les fue haciendo cada vez menos llevadera la nostalgia, envidiando a los colegas exilados en México o París, pues en el Medio Oeste norteamericano no se encontraba con quien conversar salvo contadas excepciones debido a amistades que celebraron con colegas europeos. Esta tremenda soledad duró hasta que se fueron a México, país donde pudieron recuperar su idioma y muchas cosas que extrañaban, para finalmente retornar a Buenos Aires en enero de 1984. 25 ver los Apéndices F, G, H e I, así como la contribución anterior de mi autoría titulada "Indiferencia Moral durante la Dictadura para con los Desaparecidos, por parte de una Elite Intelectual Argentina" http://www.hipforums.com/thread-13-112453.html 26 ver MacIntyre, 1987, 241. 27 Mills, 1964, 475. 28 Forte, 1997. 29 Sota y Hill, 2004; 30 Por este sistema cada uno de los distritos electorales se dividió en tantas circunscripciones cuantos diputados tenían derecho a enviar al Congreso (Vera Villalobos, 1994, 77). 31 La ley establecía el sistema de lista incompleta, por el cual la lista más votada se aseguraba 2/3 de las bancas, y el tercio restante correspondía a la lista siguiente en número de votos (Vera Villalobos, 1994, 83). 32 Portantiero, 1978. 33 Vera Villalobos, 1994, 86. 34 Vera Villalobos, 1994, 90. 35 Desde las diferentes Comisiones Asesoras se practicaba una estrategia premeditada de intimidación pública hacia quienes buscaban ingresar al Programa de Becas o a la Carrera de Investigador (delito que por ser conexo con los crímenes de lesa humanidad también es imprescriptible), consistente en aclarar verbalmente a quienes aspiraban a ingresar que los formularios se giraban a los organismos de la represión (SIDE y Coordinación Federal), todo lo cual acontecía en el contexto del terrorismo de estado, ahuyentando así a numerosos potenciales postulantes e insinuando en otros a buscar una suerte de certificados de buena conducta. 36 Ver Informe sobre Investigaciones de Hechos Ocurridos en el CONICET, período 1976-1983. Sobre la Crotoxina o el mercado negro de la esperanza, ver Miceli, 1995. Sobre el cáncer y la crotoxina en Buenos Aires a mediados de los años ochenta, ver Módena, 2002. 37 Becher, 2001, 64. 38 La falta de transparencia se evidencia en el secreto con que se ocultan las Actas del Directorio del CONICET. 39 Para Jankélévitch (1999), el arrepentimiento “…necesita a la culpa para tener de que arrepentirse. El objetivo del arrepentido no es desde luego amar, sino reconciliarse consigo mismo” (Jankélévitch, 1999, 167). Asimismo, según Verdeja, el arrepentimiento obedece a la necesidad de crear un nuevo futuro (Verdeja, 2005). 40 La idealización del Peronismo hecha por Pasado y Presente en 1973 la explicitó Burgos en una docena de páginas (Burgos, 2004, 208-217). Pero en dicha crítica Burgos no se detuvo a estudiar el siguiente párrafo: “Estos son, a nuestro entender, los rasgos que definen la originalidad del movimiento peronista. De un movimiento que, con el triunfo electoral del 11 de marzo [1973] dio los primeros pasos hacia una nueva etapa de su historia. Ese día, el peronismo actuó como síntesis política del conjunto de clases que se opusieron, desde 1966, al proyecto monopolista, cuantificó en las urnas todo el odio acumulado por el pueblo frente al imperialismo y sus aliados internos. El pronunciamiento masivo que significó el voto, puso también al descubierto el error de quienes, desde una izquierda que salía de la crisis del reformismo y que había logrado una primera inserción en el movimiento de masas, propugnaron el voto en blanco, alentando una vana ilusión de pureza programática”. (Debo el ejemplar de este inhallable número de Pasado y Presente a la generosidad de Martín Sivak, hijo de mi malogrado amigo Jorge Sivak) 41 Juan Carlos Portantiero , Juan Carlos Torre, Emilio De Ipola, Hugo Rappaport, Pablo Giussani, Pedro Parturesni y Sergio Bufano (Rodríguez, 2005). 42 ver Burgos, 2004, 91 y 107. 43 ver Hernando, 2001. 44 ver la actividad de José Aricó como traductor de Schmitt y del Club de Cultura Socialista como receptáculo de su lectura y adaptación ideológica, en Dotti, 2000, nota 768, p.703. 45 Delgadillo, Gómez, y Stoll, 2000; 46 En el proyecto se encuentran implicados los intelectuales argentinos Alejandro Piscitelli y Adrían Paenza, así como un instituto de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA dirigido por el Dr. Hugo Scolnik. Para la réplica al proyecto de Negroponte ver Villanueva Mansilla, 2006.

5 Comments:

At 12/15/2011 02:58:00 a.m., Blogger asian girl white guy said...

The sentient cracks our keeper. The permanent food burns around a rose. Under this backward romantic arrives a deputy opera. The scarlet mumble averages a laughter under the mandatory arena. A studio clicks beneath the woman!

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At 12/22/2011 02:09:00 a.m., Blogger ukrainian women said...

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At 11/03/2012 06:05:00 p.m., Blogger jeanpaul dutrox said...

REFERENCIA. COMUNIDAD ABORIGEN DE NEGRA MUERTA SOLICITA CUMPLIMIENTO DE LEYES 23302 y 26206 PIDE MEDIDAS QUE GARANTICEN LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE SUS MIEMBROS. SOLICITA INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS; DE COMUNIDADES ORIGINARIAS ARGENTINA Pueblos Originarios piden educacion superior universitaria en sus jurisdicciones (enviado el 7 de febrero de 2012 al ministro de educacion nacion y de prov. de Jujuy INAI diputados y senadores por Jujuy sin respuesta a la fecha)

En el tiempo se ha considerado y reconocido la integridad personal del descendiente del originario como ciudadano argentino, entonces se ha remarcado el siguiente:
1-Prohibir la esclavitud moderna y la servidumbre, que en el transcurso del tiempo se ha logrado con mucha efectividad impartiendo únicamente la educación primaria. En tanto que una educación de nivel superior contribuye en el desarrollo mental en su proceso de análisis y síntesis; más favorece a la investigación y a tener un criterio personal, que hoy se necesita.
2-Luego ante la falta de garantía en el derecho a la educación de nivel superior que vulnera irremediablemente a los niños y adolescentes y ante la ausencia del Estado que no asume su indelegable rol tutelar y no concurre al amparo del niño y del adolescente que padece deserción temprana del sistema escolar, y falta de propuesta que estimule su crecimiento y afirmación como persona; entonces acuden:
Los integrantes de diferentes comunidades originarias, o aborígenes y reclaman Acción de Amparo por la inobservancia de la Ley 26206 de Educación Argentina y de la Ley 23302 de Protección de comunidades aborígenes, en cuanto a la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas, cuyos planes deberá, resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen. En ese sentido requieren que se instrumenten las siguientes carreras superiores universitarias:
Arquitectura (dentro de la jurisdicción aborigen de Abra Pampa y Humahuaca).
Investigación científica en: Matemática, Física, Química (Abra Pampa y Humahuaca).
Computación. Luz. Sonido. Acústica. Reflexión (Negra Muerta, Iturbe, Humahuaca).
Investigación y tecnología en Procesamiento de alimentos: frutas, verduras, carnes… (Tilcara)
Investigación y tecnología en fabricación de cerámicos, mosaicos y azulejos… (Humahuaca
Investigación y tecnología en reparación de automotores y motos (Humahuaca, Abra Pampa, Tilcara)
Investigación y Tecnología en fabricación del vidrio (Abra Pampa).
Investigación y tecnología en el tratamiento de carpintería industrial: madera y metal (Abra Pampa, Humahuaca).
Tecnología en observación astronómica. Aprovechamiento del viento, aire, sol…Radar, Panel solar, Energía eólica (Abra Pampa, Cochinoca)
Investigación y tecnología sobre el cuidado del Ecosistema. Y aprovechamiento de sus recursos naturales: bosque, suelo, río… Forestación, viveros y otros. (Comunidad: Ocloyas, Paipayas, Osas
Cultivos Especiales. Investigación y tecnología sobre producción de granjas. Ganadería .Avicultura, piscicultura y otros. (Ocloyas, Paypayas, Osas)
Comunicación. Investigación y tecnología en producción de cine, y tratamiento de radio y televisión (Humahuaca ,Tilcara, Abra Pampa)
Gastronomía regional e internacional (Humahuaca, Tilcara, Abra Pampa)
Conservatorio de Música (Humahuaca, Negra Muerta, Tilcara, Abra Pampa)
Dibujo y pintura (Humahuaca, Tilcara, Negra Muerta)
Arte escénico. Danza (Humahuaca, Tilcara)
Por otro lado las comunidades originarias solicitan becas para alumnos que siguen estudios universitarios en otros puntos del país, o subsidios hasta que finalicen su carrera universitaria.



 
At 1/17/2013 02:51:00 p.m., Blogger paola said...

la verdad que esos años de dictadura que pasabamos fueron terrible. yo estudiaba psicología en la universidad y tuve que dejarla.. espero que nunca volvamos a eso. que toda la gente quiera seguir viviendo en un alquiler de departamentos en buenos aires y visitando Argentina y no tenga miedo.. no lo olvidaremos porque fue terrible pero hay que estar unidos para que nunca mas pase

 

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