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viernes, septiembre 29, 2006

Defensa de la Memoria Historica en Argentina (1986-2006)

Defensa de la Memoria Histórica-Archivos en Argentina (1986-2006) Renunció un asesor de Antonio Troccoli (La Nación, 12-II-1986) Por no haber logrado “la derogación de una legislación que ampara tanto la irreparable liquidación del patrimonio documental como la caótica desubicación administrativa del más importante repositorio archivístico del país”, presentó su renuncia el asesor del Ministro del Interior en materia de archivos y documentación pública, Eduardo Saguier. En extensa nota dirigida al doctor Antonio Troccoli, Saguier formula duras críticas al gabinete jurídico del ministro y a las actuales autoridades del Archivo General de la Nación. Considera que su iniciativa debió ser convertida en un proyecto de ley y que su rechazo equivale a dar un “bill de indemnidad” a los directores de archivos públicos y directores de reparticiones oficiales para repetir incineraciones de documentos que se vienen realizando. Afirma también que los diferentes archivos administrativos del país vegetan sin tutela legal alguna, y que esperaba al menos, que el Ministerio del Interior impulsara a través de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas un sumario que deslindara responsabilidades por las incineraciones practicadas durante el último gobierno militar. Denuncia que en ese período se descartó material considerado innecesario sin previa microfilmación, como la documentación de 26 archivos judiciales de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires desde 1874 hasta 1960, y advierte que el número de archivos incinerados que se mantiene oculto puede ser “pavoroso”. Fuente La Nación, 12-II-1986 Critícase la destrucción de 14 archivos judiciales (La Prensa, sábado 15-III-1986) Con motivo de haber anunciado la Corte Suprema de Justicia, a través de sus últimos boletines oficiales, la inminente destrucción de los archivos judiciales correspondientes a catorce juzgados civiles, comerciales, correccionales y de trabajo comprendidos entre 1909 y 1975, el doctor Eduardo Saguier, perteneciente al Instituto de Historia Argentina y Americana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hizo llegar al superintendente del organismo judicial mencionado, doctor Elías Jofré, una nota de intención disuasoria al respecto. “El interés de preservar los expedientes que usted se propone destruir –dice la nota—se legitima en la naturaleza histórico-social implícita en los mismos”. Agrega enseguida que “mi personal interés se origina en mi carácter de historiador y director que se propone indagar en un próximo futuro la historia económica y social del Buenos Aires contemporáneo, para cuya investigación deberán conservarse la totalidad de esos expedientes o, en su defecto, su microfilmación”. Señala finalmente el doctor Saguier que la eventual medida “se funda en una legislación inconstitucional que atenta contra el derecho ciudadano de conocer libremente el pasado histórico de la sociedad, vulnerando al mismo tiempo la garantía de inviolabilidad de la documentación pública”. Fuente: La Prensa, sábado 15-III-1986) Archivo de Tribunales (La Nación, 30-IV-1986) Señor Director: “En contestación a las manifestaciones formuladas en Cartas de Lectores por el doctor Eduardo Saguier, como también para conocimiento de los demás interesados, dirijo a Vd. la presente: “El Archivo General del Poder Judicial de la Nación tiene como función específica la guarda, custodia y conservación de los expedientes y otros documentos que se le confíne provenientes de los distintos tribunales de la Capital Federal. Si bien el sistema utilizado, que ya cuenta con más de cien años, es del tipo convencional (con índice y ficha), cualquier expediente archivado requerido por cualquier juez de la Capital, puede ser remitido en contados minutos. Asimismo, los particulares interesados y profesionales pueden consultar las actuaciones archivadas en una sala de consulta establecida al efecto y solicitar inclusive la expedición de testimonios certificados y fotocopias de sentencias y/o piezas agregadas a las actuaciones. Las tareas que implica la recepción de expedientes sucintamente son: revisión, orden alfabético, fichaje, indización, sellado y guarda. Esta última comprende custodia, remisión, devolución, expedición de informes, sala de consulta, expedición de testimonios, certificados y fotocopias, y, por último y en su caso previa selección y expurgo, la destrucción. El Archivo General del Poser Judicial de la Nación destruye, en cumplimiento de la legislación vigente, únicamente los expedientes comprendidos en el art.17 del decreto-ley 6848/63, ratificado por Ley 16.478 y modificado por las leyes 17.292, 17.779 y 18.328, siempre que no se vinculen con las materias enunciadas en el art.18 del mismo texto legal; todo ello previo cumplimiento de lo dispuesto en el art.23 (publicación durante tres días en el Boletín Oficial, término en que las partes interesadas en la conservación de los expedientes pueden hacer valer los derechos establecidos en el art.19 y 16). En virtud de lo dispuesto por el art.18 del decreto-ley 6848/63, no se destruyen total o parcialmente los juicios sucesorios, los de quiebra o concurso, las insanas, las cartas de ciudadanía,, los vinculados a los derechos de familia, los relativos a los derechos reales, y los que tengan algún interés social o histórico, habiendo de éstos, o sea reservados, un total de aproximadamente 60 legajos. La destrucción de expedientes por medio de la incineración comenzó en el año 1934, en virtud de lo dispuesto en el art.66 de la ley 11.294, respecto a las actuaciones de la ex Justicia de Paz. Cabe consignar que algunos fondos documentales, por ejemplo el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentran intactos desde su iniciación hasta la fecha. En cuanto a que se debería microfilmar todo lo que se destruye, esta jefatura opina que es una tarea costosa e inútil, pues si se puede destruir porque no sirve ¿para que microfilmarlo? Por el contrario, se debería microfilmar lo que vale la pena guardar y como acceso a la información y protección del documento original. Es decir, que el Archivo General del Poder Judicial está organizado y presta servicios tanto a los particulares y profesionales interesados, como a los distintos tribunales y al Estado todo. Sólo se destruye lo que no interesa y según normas en la materia (una vez agotados los plazos precaucionales), salvaguardándose fondos importantes, no sólo al investigador futuro y utópico, sino al que quiera hacerla ya, aquí y ahora”. Dr. Augusto J. Fernández Pinto Subdirector general a cargo del Archivo General del Poder Judicial Fuente: La Nación, 30-IV-1986 Fondos Documentales (La Nación, 24-V-1986) Señor Director: Con motivo de las declaraciones del director del Archivo General del Poder Judicial (La Nación, 30-IV-1986), la sociedad toda tiene el derecho de conocer, de boca de sus autoridades judiciales, qué criterios sigue la Corte Suprema de Justicia para determinar cuáles fondos documentales han dejado de “servir” o de “interesar”. Entiendo que para el criterio que se deduce de la legislación vigente y de las declaraciones mencionadas, lo9s expedientes que alcanzan la máxima instancia judicial merecen preservarse, y no así los que apenas logran llegar a los estrados de la Justicia de Paz. De igual manera, si bien para dicho criterio los expedientes que alcanzan la máxima instancia judicial merecen preservarse, y no así los que apenas logran llegar a los estrados de la Justicia de Paz. De igual manera, si bien para dicho criterio los expedientes vinculados con los fueros civil y comercial que tengan que ver con los derechos reales o de familia ameritan custodia, no ocurre lo mismo con aquellos correspondientes a los fueros laboral y criminal. Estos criterios consagrados por legislación de facto condenan a amplios sectores de la población a no legar a la posteridad y a la investigación histórica rastro alguno de su paso por el foro. Estimo, por ello, que dichos criterios se fundan en una legislación inconstitucional que atenta contra el derecho fundamental de conocer el pasado de nuestra sociedad y vulnera las garantías de la inviolabilidad de la documentación pública. Discriminan socialmente la custodia de la documentación pública condenando la memoria de los sectores más humildes a una amnesia forzosa, condicionando negativamente el recuerdo de su pasado, censurando y distorsionando la realidad histórica a favor de los sectores más privilegiados, y destruyendo la fuente de trabajo intelectual de centenares o miles de futuros investigadores. Por ello, entiendo que los criterios sustentados por la Corte Suprema de Justicia para destruir la documentación judicial encubren una discriminación social intolerable en una democracia y son, por ende, susceptibles de calificarse como crimen de lesa cultura”. Dr. Eduardo R. Saguier Director del Instituto de Historia Argentina y Americana (UBA) Fuente: La Nación, 24-V-1986 Sanción en un caso de destrucción de archivos (Ambito Financiero, 16-IX-1986) La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al doctor Eduardo R. Saguier a pagar 12 australes de multa por sus reiterados pedidos “improcedentes” de que se suspendiera “la destrucción de expedientes dispuesta con arreglo a las normas legales pertinentes”, pese a lo cual el interesado no desistió de otra presentación similar formulada el pasado 6 de mayo. En dicho escrito, Saguier sostuvo que “los criterios sustentados por la Corte (…) para destruir la documentación judicial encubren una discriminación social intolerable en una democracia y son, por ende, susceptibles de calificarse como crimen de lesa cultura”, una afirmación que molestó a la Corte Suprema, por cuanto “las expresiones transcriptas (…) exceden la tolerancia del Tribunal –puesta de manifiesto al abstenerse de ejercitar sus facultades disciplinarias en las ocasiones anteriores—y constituyen un agravio a su autoridad y dignidad”. La Corte se pronunció en el expediente caratulado “Archivo General del Poder Judicial s/eleva notas referente a publicaciones” formuladas a un matutino por el “doctor Eduardo Saguier (asesor de archivos del Ministerio del Interior)”. Un detalle: Saguier no es asesor del ministro Troccoli, ya que renunció después que nada pudo hacer frente al maltrato de archivos que se lleva a cabo dentro del ámbito de esa cartera. Fuente: Ambito Financiero, 16-IX-1986) Una Denuncia (La Razón, 19-X-1988) Un funcionario del CONICET acusó a los ministros Jorge Sábato y Enrique Nosiglia de cometer crímenes de lesa cultura y violación de convenios internacionales al permitir la destrucción de los archivos judiciales del país. Se habrían destruido documentos casi centenarios. Más detalles. Los Ministros de Educación y Justicia y del Interior, Jorge Sábato y Enrique Nosiglia, respectivamente, fueron acusados ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, de “manifiestos crímenes de lesa cultura y violación de los convenios internacionales firmados con la UNESCO”. Se trata de la destrucción de los archivos judiciales del país. La acusación la concretó el investigador adjunto del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y profesor titular de historia argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Eduardo Saguier. En su presentación ante el fiscal Ricardo Molinas, el historiador –puntualizó que “en los dos últimos años, el actual gobierno, continuando la nefasta tradición de los ministros y gobiernos precedentes, ha destruido en forma irreparable decenas de archivos judiciales, correspondientes a los fueros Civil, Comercial, Contencioso Administrativo, Correccional, Criminal, y de Trabajo, comprendidos entre 1900 y 1978”. Agregó que “en virtud de la vigencia de la legislación que tolera dicho estrago documental, hoy peligran en forma inminente numerosos archivos judiciales más de la Capital Federal y un número ignorado del resto de las provincias, que prueban la violación de los derechos humanos durante el llamado proceso de reorganización nacional. Saguier pregunta si “no cabría suponer, considerando la fecha de los materiales eliminados, una complicidad con el Proceso que trasciende la mera ignorancia de la burocracia”. El profesor e historiador se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior y renunció a ese cargo en 1986 a raíz de que no encontró respuestas a sus reiterados reclamos de reformas jurídicas que recayeron en las autoridades de los ministerios del Interior, y Educación y Justicia del Poder Legislativo, y de la Presidencia de la República. “Como la negligencia dolosa de los altos funcionarios responsables de promover dichas reformas legislativas ha sido negativa para la conservación de una documentación crucial para el estudio de la historia económica, política y social de la Argentina contemporánea al extremo de ir produciendo su acelerado estrago, es que entiendo que dichas altas autoridades han incurrido en un crimen de lesa cultura”, concluyó. Fuente: La Razón, 19-X-1988 Archivo de la Nación--Le prohiben la entrada y pide amparo al juez (SUR, jueves 5 de abril de 1990, p.9) El investigador Eduardo Saguier presentó un recurso de amparo en el Juzgado Federal No.6, a cargo de la doctora Lidia Lago, ante la expulsión y prohibición de acceder como habitualmente lo hacía al Archivo General de la Nación, medida que habría sido impartida en su contra días atrás por su director, Eugenio Rom Ezcurra. Saguier se desempeña desde hace 23 años como investigador y asiste diariamente al Archivo “salvo un interregno de cinco años en que residí en los Estados Unidos de Norteamérica –acota—país donde me doctoré como historiador”. Recientemente hizo manifestaciones públicas en torno de la decadente situación que atraviesa la institución, y como consecuencia de ellas, la semana pasada se le impidió el acceso al edificio ubicado en Leandro Alem 246, bajo la excusa de que para hacerlo debía presentar el carné de investigador. “Protesté señalando que nunca se me exigió tal requisito –dice Saguier en la acción de amparo. Alegué, además, que ya había estado en la sala por la mañana sin ningún problema y que mis efectos personales se encontraban en el cuarto piso. Molesto, me trasladé a la Sala e inquirí a las personas que allí se encontraban si para entrar se les había exigido el mismo requisito que ahora se me pedía. Me respondieron que no”. El relato de los hechos continúa con una información a todas luces sorprendente: “Minutos d4espués –agrega—el director del Archivo (Eugenio Rom Ezcurra) penetró en la sala acompañado, para mi asombro, por un oficial de policía y dos agentes (después supe que eran de la comisaría 1), los que me intimaron a que me retirara del edificio”. Al día siguiente, acompañado del escribano Marcovecchio, Saguier intentó nuevamente ingresar en el Archivo, siendo rechazado “por orden del director”, según indicó la persona que estaba en la puerta. Para mayor sorpresa aún, de acuerdo con la explicación dada por Rom Ezcurra al escribano, Saguier estaba suspendido por 60 días debido a su conducta impropia guardada durante la tarde del día 28 (el primero en que se le prohibió el acceso) que obligó a la intervención de la policía. Rom Ezcurra reconoció además, que había iniciado un sumario administrativo y que hasta tanto este se pronunciara había prohibido la entrada al señor Saguier, aunque la sanción se produce antes del pronunciamiento del sumario. Fuente: (SUR, jueves 5 de abril de 1990, p.9) Buenos Aires, 28 de marzo de 2006 Sr. Ministro del Interior Dr. Aníbal Fernández Ref.: Estrago Cultural en el AGN De mi consideración: En el día de ayer, lunes 27 de marzo, concurrí al Archivo General de la Nación (AGN) a los efectos de consultar una obra de Taullard titulada Planos Antiguos de Buenos Aires, uno de cuyos ejemplares estaba convencido iba a encontrar en la Biblioteca ubicada en el tercer piso de dicha institución. Una vez en la misma y consultando sus ficheros me vengo a enterar que la Colección Celesia –una valiosísima Biblioteca privada de más de diez mil volúmenes que fue hace décadas enteramente donada al AGN por su legatario el historiador Ernesto Celesia— fue declarada en el 2005, por el Director del organismo Miguel Unamuno, “fuera de consulta”. Extrañado por dicha respuesta, sin haber podido consultar el libro de Taullard, y sospechando siempre lo peor me comuniqué personalmente con empleados de mi amistad, quienes confirmaron mis conjeturas, pues me aclararon que la decisión tomada en 2005 por el Director Unamuno obedecía a que se había producido en ese piso tercero una rotura de cañerías pluviales, que inundó dicha Biblioteca arruinando miles de libros y colecciones de periódicos antiguos. Llama poderosamente la atención que ante semejante estrago el Director Unamuno --quien se haya enfermo y apenas si concurre a firmar el despacho-- no haya librado comunicación alguna a la comunidad de investigadores que a diario concurren a dicho repositorio, informando las circunstancias y pormenores del estrago ocurrido así como del número y calidad de las pérdidas producidas. A esta aviesa intención del Director Unamuno de ocultar una irreparable calamidad que afecta al patrimonio de los argentinos, debemos sumar la pérdida producida el año 2004, por motivos semejantes, de la totalidad de los protocolos de escribanos correspondientes al Registro No. 2, que se extiende desde 1744 a 1840, totalizando un centenar de protocolos, y que se hallaban ubicados en el piso cuarto de dicho edificio. Este par de estragos, producidos en el breve lapso de dos años, ambos ocasionados por iguales motivos, que obedecen al negligente mantenimiento de una infraestructura pluvial obsoleta, y a no haber contratado seguros contra riesgos (los que hubieren alertado el desastre), deben haber merecido un Informe escrito y numerosos memos del Director del Archivo, dirigidos al Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio, del cual depende el Archivo, y a su propia persona como máximo responsable, donde presumo se debe haber detallado el estrago, y se debe haber reclamado el refuerzo de las partidas presupuestarias con las cuales abocarse a la ampliación del caño pluvial del cuarto piso, y a la sustitución de las cañerías que datan de 1977, por nuevas cañerías de plástico. Sin embargo, asombra que como Ministro del Interior y último y más alto responsable de la custodia del AGN, Vd. no haya comunicado a la opinión pública la irreparable pérdida producida, ni haya intervenido el organismo sustituyendo al actual Director. El Director Unamuno ha demostrado con creces su irresponsabilidad, pues ya en el 2004 cuando ocurrió el desastre en el cuarto piso que afectó a la colección notarial, se debió haber previsto lo que posteriormente ocurrió en el tercer piso, y que ha afectado a la Colección Celesia. Por el contrario, lamentablemente existe la grave sospecha que el ocultamiento de ambos estragos, obedece al inconfesable objetivo de evadir las responsabilidades que le caben como custodio del patrimonio.documental de los argentinos. Sin otro particular, le saluda Eduardo R. Saguier Investigador del CONICET Museo Roca saguiere@ssdnet.com.ar http://www.er-saguier.org cc: Defensoría del Pueblo de la Nación PD: Recientemente en septiembre de 2006 Clarín publicó la denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Nación

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