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martes, agosto 29, 2006

Piden Revisar Doctrina de Historia de 1980

Opinión académica sobre la ley de Educación (La Nación, 30-V-1980) “Consideramos que la historia que se enseña en las aulas oficiales o privadas debe estar inspirada en la verdad y justicia y ceñirse a los grandes lineamientos de una Nación que en su trayectoria buscó conseguir la libertad para sí y para sus hermanas, defendió su territorio y procuró asegurar los beneficios de la libertad dentro de un marco conceptual del mundo occidental al que pertenece por sus orígenes y por su evolución”, expresa la Academia Nacional de la Historia, en un pronunciamiento dado a conocer en relación al proyecto de la ley general de Educación, y formulado a petición del Ministerio de Cultura y Educación. Fue redactado por los académicos Edmundo Correas, José M. Mariluz Urquijo, Carlos S. A Segreti y Andrés R. Allende, y aprobado en sesión privada por la Corporación. En el planteo general del tema señalase que dicha Ley “debe ser un instrumento de fundamental importancia para el presente y futuro nacional”, asimismo que “debe elaborarse sobre la base de nuestra realidad humana y social contemporánea pero con la visión del Estado y la Nación deseables y posibles”. Continuidad nacional Manifiéstase a continuación que “el presente y el futuro tienen que seguir una esclarecida línea de continuidad con el pasado histórico, en cuanto de él surge la autenticidad del ser individual argentino y de la sociedad a la que pertenece con los rasgos de una nacionalidad propia y exclusiva con estilo de vida, ideas, sentimientos, carácter y conciencia nacionales que han de afirmarse en sus calidades superiores y depurarse en sus notorias deficiencias”. En función de tales objetivos “la educación, en todos sus ciclos, debe proponerse dar a cada sujeto la capacidad de “saber ser” en tres aspectos que integran su personalidad como miembro de una comunidad organizada: a) “Saber ser humano” mediante el mejor y más pleno desarrollo de su individualidad, siempre perfectible; b) “Saber ser social”, o sea la correcta participación y convivencia dentro de la sociedad, aceptando el orden vigente sustentado en el orden jurídico, lo que no excluye la movilidad social y los cambios necesarios por medios pacíficos; y c) “saber ser ciudadano”, miembro de la colectividad política de acuerdo con el sistema constitucional del Estado”. Misión formativa El pronunciamiento académico indica también que “la ley general de educación debe renunciar a la neutralidad ideológica y espiritual. Su misión formativa recae sobre un determinado tipo humano –el hombre argentino—una determinada concepción de la vida y del mundo, una definida nacionalidad insertada en la civilización occidental cristiana, y en cuanto a civismo, debe atender celosamente a la capacitación de gobernantes y gobernados como ciudadanos de nuestro país republicano, representativo y federal, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional que es “la Nación hecha ley” Esa educación –afírmase—“debe dar prevalencia a los valores espirituales creando defensas contra los factores deshumanizante derivados del progreso científico-técnico, que fuera de sus innegables aportes civilizadores tiende a imponer un materialismo en el que las cosas más que servir al hombre lo convierten en su esclavo”. A la vez, la ley tiene que “asegurar una faena educativa sistematizada, que valga como medio de saber y creación de cultura”, elementos complementarios, a los que debe acompañar en los programas, “la información de los sucesos actuales, nacionales y mundiales”. Por último, sobre el tema de la enseñanza de la historia se señala que “es inadmisible que se utilice la cátedra para inculcar o difundir versiones antojadizas que deforman nuestro pasado poniendo la historia al servicio de doctrinas políticas contrarias a nuestras esencias nacionales”. Fuente: La Nación, 30-V-1980 Profesores critican un dictamen (La Nación, Domingo 4-VIII-1985) Condenan un pronunciamiento de la Academia de la Historia Una reflexión crítica” y la solicitud de una declaración que subsane aunque sea parcialmente los daños y perjuicios ocasionados a los derechos humanos, al contenido científico y humanista de la docencia argentina y a la credibilidad, prestigio, competencia y autonomía de las academias nacionales” elevó un grupo de más de sesenta escritores, historiadores y científicos al Presidente de la Academia Nacional de la Historia, profesor Enrique M. Barba. La declaración se refiere a un Dictamen producido en mayo de 1980 por la corporación a pedido del entonces Ministro de Educación, doctor Juan Llerena Amadeo, sobre la enseñanza de la historia en la educación argentina. Los firmantes de la nota señalan que “el contenido del dictamen entra en contradicción con los principales de la Constitución, constituye una resignación colectiva de los principios más primordiales de toda vida académica, agravia nuestras libertades de pensamiento y de cátedra, atenta contra la integridad de la ciencia, menoscaba el prestigio y vulnera la representatividad de esa corporación, desborda su competencia, expone su autonomía, su inmunidad y pluralismo y compromete a sus futuros miembros”. La nota critica los textos del dictamen que se refieren a que”la educación debe proponerse aceptar el orden vigente sustentado en el orden jurídico”; la exhortación al gobierno militar a “crear defensas contra los factores deshumanizante derivados del progreso científico-tecnológico, que fuera de sus innegables aportes civilizadores, tiende a imponer un materialismo en el que las cosas más que servir al hombre lo convierten en su esclavo”; la indicación de que “la ley general de educación debe renunciar a la neutralidad ideológica y espiritual” para agregar que “debería impartir una determinada concepción de la vida y del mundo” y la necesidad de insertarla “en el marco de la civilización occidental y cristiana”, y por fin la determinación de anatematizar las “doctrinas políticas contrarias a nuestras esencias nacionales”. Fuente: La Nación, Domingo 4-VIII-1985 Piden revisar una doctrina de Historia (La Razón, 14-VIII-1985) por Ana Villarreal, exclusivo de La Razón Cerca de un centenar de escritores, historiadores, docentes universitarios e intelectuales solicitaron al titular de la Academia Nacional de la Historia, Enrique Barba, que sea revisada la doctrina, aprobada en sesión secreta por los miembros de esa entidad, a instancias del Ministro de Educación del régimen militar Juan Llerena Amadeo. La carta que ha logrado la adhesión de entidades y personalidades de América y Europa fue dirigida al Presidente de la Academia el 7 de junio, y hasta la fecha, no ha obtenido respuesta alguna. El dictamen en cuestión fue formulado por la entidad en mayo de 1980, a pedido de la cartera educativa con motivo de la promulgación –no concretada—del anteproyecto de Ley General de Educación y con el propósito de “orientar la historia que se enseña en las aulas oficiales y privadas”. Los firmantes del petitorio, en este aspecto, sostienen que “nos llena de preocupación la nociva vigencia que dicho pronunciamiento representa para los claustros docentes y el precedente que sienta para el respeto de los derechos humanos y el contenido científico y humanista de la docencia primaria, media y superior”. La carta enviada a la Academia Nacional de la Historia dice, además que “cuando la entidad señala, en mayo de 1980 que, la educación debe proponerse aceptar el orden vigente sustentado en el orden jurídico, estaba, en ese momento, implícita o tácitamente, convocando a la docencia argentina a acatar la Doctrina de la Seguridad Nacional y, contradiciéndose a sí misma—se remarca en la solicitud—a subordinar nuestra Constitución a las Actas Institucionales y el Estatuto del llamado Proceso de Reorganización Nacional”. El dictamen observado especifica el exhorto al gobierno de facto a “crear defensas contra los factores deshumanizante derivados del proceso científico técnico que fuera de sus innegables aportes civilizadores tiende a imponer un materialismo en el que las cosas más que servir al hombre lo convierten en su esclavo”. Sobre este aspecto quienes suscriben la solicitud al profesor Enrique Barba definen que se “refrendaba –de esta forma—la práctica de un oscurantismo que, como es sabido, generó en ese entonces, en muchos lugares del país, la eliminación y subestimación de la enseñanza de la sociología, la antropología, y la psicología, así como la deformación de otras ciencias”. “De igual manera –señala el texto enviado a la Academia—al indicar que, la ley general de educación debe renunciar a la neutralidad ideológica y espiritual, estaba –la Academia—justificando abiertamente al Ministro de Cultura para que se impusiera una determinada postura filosófica y religiosa, que de hecho se impuso”. Entre los firmantes del petitorio se encuentran León Pomer, Eduardo Saguier, Alberto Rex González, Fermín Chávez, Leonardo Paso, Osvaldo Bayer, Mario Rapoport, David Viñas, Oscar Terán, Iván Hernández Larguía, Marta Bonaudo y Germán Fernández Guizzetti. Fuente: La Razón, 14-VIII-1985

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