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martes, agosto 29, 2006

Inconstitucionalidad de Resolución Universitaria (1971)

Fue Declarada Inconstitucional por la Corte una Resolución de la UBA (La Nación, 8-XII-1971, La Prensa, 8-XII-1971, Clarín, 8-XII-1971; La Razón, 7-XII-1971) La Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse en un recurso extraordinario deducido por Eduardo Ricardo Saguier, dejó sin efecto la resolución No.136/69 del rector de la Universidad de Buenos Aires, que no hizo lugar al pedido del recurrente de que se lo inscribiera en las Facultades de Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Sociales, por haber sido expulsado de las Universidades Católica y del Salvador. Dispone el alto tribunal que el rector de la Universidad se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de inscripción formulada por Saguier, con prescindencia de la resolución general 775/68, cuya inconstitucionalidad declara. La negativa de inscribir al recurrente se funda exclusivamente sobre dicha resolución general 775/68, que establece que “no se admitirá la inscripción de alumnos que hayan sido expulsados de otras universidades o institutos de nivel universitario del país o del extranjero”. Con su pronunciamiento la Corte revocó la sentencia por la cual la Sala I en lo Contencioso Administrativo de la Cámara Federal había desestimado el recurso interpuesto por Saguier contra la denegatoria del rector. Expresa el alto cuerpo que cualesquiera hayan sido las causas que determinaron la expulsión de Saguier de esas universidades privadas la resolución 775 no puede ser aplicada en forma automática, sin ponderar las causales que dieron origen a aquellas expulsiones, desde que la conducta asumida en esos dos institutos no significa admitir a priori que el alumno así sancionado necesariamente ha de reincidir en ello. Tal conclusión, que es invocada por la Cámara Federal para confirmar lo resuelto por el rector, agrega la Corte, importa una inhabilitación perpetua para recibir instrucción en el organismo oficial, con patente violación del derecho de aprender que el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país. Expresa que si bien comparte lo dicho por la Cámara en cuanto a que el derecho constitucional de aprender puede ser materia de la debida reglamentación, resulta obvio que la limitación absoluta de que se recurre no puede derivar de la automática aplicación de una norma como la impugnada, que priva al educando de toda posibilidad –por el sólo hecho de haber sido expulsado anteriormente de un instituto privado—de recibir instrucción universitaria oficial, extremo este que por su gravedad requiere el debido análisis de las circunstancias que originaron aquellas medidas, con el fin de que no queden sin resguardo los derechos humanos tutelados por la Ley Suprema. En atención a los antecedentes obrantes y a las consideraciones precedentes, la Corte concluye que corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 1º. De la resolución No. 775/68 dictada por el rector de la Universidad de Buenos Aires en el ejercicio de las facultades del Consejo Superior. Fuente: La Nación, 8-XII-1971, La Prensa, 8-XII-1971, Clarín, 8-XII-1971; La Razón, 7-XII-1971)

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